EL SAT PIDE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD QUE RESCINDA SUS CONTRATOS CON CLECE S.A. EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE GRANADA.

EL SAT PIDE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD QUE RESCINDA SUS CONTRATOS CON CLECE S.A. EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE GRANADA.

CLECE

La sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) se va a dirigir al Servicio Andaluz de Salud para que, a través de los organismos que la Junta de Andalucía utiliza para la contratación pública, rescinda el contrato que mantiene en los Hospitales Públicos de Granada con la empresa CLECE S.A.

El SAT, que ha presentado numerosas denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo contra CLECE S.A. – entre ellas por incumplimiento del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- y que hoy ha comparecido ante el SERCLA para intentar que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza se aviniera a limpiar y desinfectar los uniformes de trabajo del personal de limpieza de los hospitales de Granada -medida que se le exige a la empresa desde noviembre del 2013 por parte de la Inspección y que, pese a las actas de infracción y sanciones sufridas, la multinacional española se niega a aceptar- ha concluido con la decisión del sindicato de presentar el escrito correspondiente y promover cuantas acciones legales sean precisas para el cumplimiento de la ley citada, así como para que se retire la adjudicación a CLECE S.A.

El RD 664/1997 es tajante, exigiendo a los empresarios “ la responsabilidad del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo”, disposición en virtud de la cual la Inspección de Trabajo exigió a la empresa que “todos (los trabajadores) deben guardar su ropa para el lavado y descontaminación de la misma por parte de la empresa”, indicando a CLECE S.A. que debe disponer de un lugar adecuado para el almacenamiento de la ropa para proceder a lavarla y descontaminarla.

El resultado de la comparecencia ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos (SERCLA) ha concluido “sin avenencia” ante una nueva negativa de CLECE a aceptar lo estipulado legalmente y cuyo resultado es que más de un millar de trabajadoras y trabajadores de la limpieza deambulen, trasladen y transporten uniformes de trabajo expuestos a contaminación biológica por el transporte público y privado por las calles de Granada y su área metropolitana.

Según el Sindicato Andaluz, La L 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público –EDL 2017/226876– responde a la necesidad de transponer las nuevas Directivas Comunitarias 2014/24 -contratación pública-, EDL 2014/35497 y 2014/23 -contratos de concesión, EDL 2014/35496-. Estas Directivas presentan como novedad importante la preocupación por conseguir la integración de los aspectos medioambientales, sociales y laborales en la contratación pública, lo que incide no solamente en los procedimientos de adjudicación sino muy especialmente en la ejecución contractual. Por ello, considerando que el incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades o a la resolución contractual, la sección sindical del SAT y su representantes en el comité de empresa presentarán la próxima semana una demanda ante el Juzgado de lo Social y, además, solicitarán a la Junta de Andalucía que rescinda sus contratos con CLECES.A. al no respetar esta empresa licitadora la normativa dispuesta en materia social y laboral.

Sección Sindical del SAT en CLECE S.A.

Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves (Granada).

EL SAT DENUNCIARÁ A CLECE S.A. POR INCUMPLIR LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.

EL SAT DENUNCIARÁ A CLECE S.A. POR INCUMPLIR LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.

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La Sección Sindical en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) procedió a registrarnel 18 de noviembre ante el SERCLA (servicio extrajudicial de conflictos) papeleta de conciliación previa a la denuncia judicial contra CLECE S.A., empresa contratada en el servicio de limpieza de los hospitales granadinos y concretamente por su actuación en la ciudad Sanitaria arriba mencionada y que engloba a los hospitales de Traumatología, Dermatología, Maternidad, Virgen de las Nieves, Pediatría, Ruiz de Alda, etc).

En dichos centros se incumplen las medidas higiénicas del artículo 7 del Real decreto 664/1997de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, que en su artículo 7.4 establece: “el empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven la misma a su domicilio para tal fin”, pero ante la negativa por parte de CLECE S.A. a atender los requerimientos de los sindicatos y de la Inspección de Trabajo, las trabajadoras y trabajadores se ven obligados a sacar de los recintos sanitarios su ropa de trabajo, debiendo lavarla en sus propias casas, lavanderías públicas, etc viéndose forzados a transportar y manipular en sus domicilio la ropa expuesta a contaminación biológica, incluido el Covid 19.

Desde el año 2014, la Inspección de Trabajo ha requerido y levantado actas de infracción reiteradamente a la empresa para que cumpla con sus obligaciones en la materia antes descrita, requerimientos que la multinacional propiedad de Florentino Pérez siempre desoye.

Así pues – según los portavoces del Sindicato Andaluz Manuel de la Blanca e Inmaculada Santiago – , CLECE, S.A. incumple las medidas higiénicas previstas en el artículo 7 del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y crea un riesgo grave para la integridad física y la salud de los trabajadores afectados”.

Igualmente y según el SAT “ la falta de respeto y aplicación de estas medidas de protección cobran especial relevancia al estar inmersos en la pandemia que sufrimos actualmente” y el sindicato exige a la empresa concesionaria del servicio de limpieza que a partir del día siguiente al de la celebración del acto de conciliación-mediación, proceda al lavado y descontaminación de la ropa de trabajo de los limpiadores expuestos a riesgos biológicos en el desempeño de sus tareas.

Junto con CLECE S.A. ha sido citado a la Consejería de Salud Familias de la Junta de Andalucía como parte interesada en esta mediación que de no llegar aun acuerdo satisfactorio para los trabajadores y trabajadoras y la Salud Pública en general, traerá como consecuencia la correspondiente denuncia del Sindicato Andaluz ante los Juzgados de lo Social.

SAT Granada.

Secretaría de Prensa e Información.



www.satgranada.wordpress.com

7 de Noviembre, manifestación por la Sanidad y la Educación Públicas.

7 de Noviembre, manifestación por la Sanidad y la Educación Públicas.
Desde el SAT de Granada te invitamos a participar en la manifestación organizada por las Marchas de la Dignidad por una sanidad y una educación públicas, por la defensa del empleo y de los servicios públicos, por una renta básica de emergencia, por una vivienda digna y los suministros básicos. El acto tendrá lugar el 7 de noviembre a las 12’00 horas y arrancará desde la Plaza del carmen.

POR UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS EN DEFENSA DEL EMPLEO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR UNA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA

En estos tiempos difíciles queremos mostrar, en primer lugar, nuestra solidaridad con las personas enfermas, así como transmitir nuestras condolencias a las familias de las víctimas. La pandemia de la Covid-19 nos ha enseñado muchas cosas en las que tenemos que basarnos para construir nuestro futuro. Nos ha vuelto a enseñar el valor de los servicios públicos, de la Sanidad, de la Educación, de los Servicios Sociales y las Pensiones Públicas, de los sectores agroalimentario, del comercio y del transporte. ¿Qué hubiera sido de la mayoría de la población sin esos servicios?

Desde el reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores públicos del sector sanitario por su entrega, esfuerzo y compromiso exigidos por la crisis de salud, así como al resto de personas trabajadoras de los demás sectores y servicios esenciales, que han demostrado quienes son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras sociedades, hacemos un llamamiento a la movilización, en esta ocasión, en defensa de la Sanidad y la Educación públicas, para que nunca más haya recortes, para recuperar todo lo que se ha recortado y devolver a lo público todas las privatizaciones para garantizar que los servicios básicos lleguen a toda la población.

La crisis de 2008 del sistema económico y social capitalista intensificó la explotación de las trabajadoras y trabajadores, con recortes en los sueldos, aumento de la jornada laboral, la extensión de la precarización del empleo y la pérdida de derechos laborales y sociales. Al mismo tiempo se desarticularon servicios públicos esenciales con recortes de plantillas y presupuestarios y con las privatizaciones. En definitiva, empeoraron todavía más las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora.

La nueva crisis derivada de la pandemia actual ha consolidado la precariedad laboral en la que se asentó la salida de la anterior crisis, ha incrementado el paro hasta porcentajes alarmantes, especialmente en los colectivos de mujeres y jóvenes, la mayoría sin ningún tipo de protección. Hay miles de andaluzas y andaluces al borde de la exclusión social, que se sumarían a todas las personas que ya se encuentran en esa situación, de ahí la importancia de blindar y hacer efectivas las medidas de protección social. Para combatir todas estas realidades exigimos la implantación de la Renta Básica y, de manera inmediata, la implantación de la Renta Básica de Emergencia.

La pandemia nos ha demostrado el valor de las personas trabajadoras para mantener a flote la sociedad. Por eso, el modelo económico y social que debe construirse tras la pandemia debe estar basado en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en primer lugar el derecho al trabajo y a un sueldo digno, en poner fin a la precariedad laboral, en la igualdad real de hombres y mujeres en salarios y condiciones laborales, en la eliminación de todas las normas que han recortado los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en la garantía de ingresos suficientes para todas las personas.

En nuestra tierra, es imprescindible que desde las instituciones se ayude a los municipios de acogida de trabajadores y trabajadoras temporeras a adaptar sus servicios públicos a la demanda estacional, y garantizar el acceso a una vivienda digna para la población migrante. Especialmente importante es exigir campañas de concienciación y medidas de sanción, denuncia y control para evitar abusos y agresiones sexuales a mujeres temporeras y exigiendo al gobierno central, con carácter urgente, la regularización de todas las migrantes, como primera medida que puede permitir garantizar su acceso a derechos sociales y laborales.

La pandemia nos ha demostrado también la debilidad de la estructura económica y los servicios públicos de Andalucía. Nos ha confirmado los graves problemas que supone la deslocalización de la producción en busca de mayores beneficios donde se paguen menos salarios y haya menos derechos laborales, la dependencia exclusiva de un sector servicios basado en bajos salarios, pocos derechos y gran desigualdad de trabajadoras y trabajadores, y la falta de una planificación económica que garantice la soberanía productiva de nuestra tierra. Apostamos por un desarrollo

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industrial y agroalimentario andaluz basado en el desarrollo tecnológico y medioambiental, en la I+D+i. Rechazamos volver a un mundo donde los cierres de empresas se decidan en función del mayor beneficio de sus accionistas, y a costa de los puestos de trabajo.

La ciudadanía no puede permitirse una “reconstrucción” que genere más desigualdades, por tanto, el modelo económico y social debe basarse en los intereses de la inmensa mayoría de la población, basado en buenos servicios públicos de calidad y dotados de personal y presupuesto suficiente, en planes de empleo público, un orden que defienda a las personas mayores, que garantice la igualdad de hombres y mujeres y un futuro para la juventud. Un nuevo modelo que atienda la emergencia climática y respete la naturaleza. Y que financien este cambio los que más tienen, la minoría del 1% que tiene más del 30% de la riqueza del país. Todo ello desde una perspectiva de defensa de los intereses y el futuro de Andalucía.

Sin embargo nada de esto está ocurriendo ni en Andalucía ni en el conjunto del Estado. Los servicios públicos, y en especial nuestro sistema sanitario, están en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones. Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras siguen siendo prácticamente las mismas a las de la primera ola de la pandemia. Es inadmisible. Seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes a la vez que muchas niñas y niños están en nuestras escuelas sin que se cumplan las medidas básicas de distanciamiento físico, al igual que ocurre en la gran mayoría de los centros de trabajo y en los transportes públicos. Medidas llevadas a cabo por parte del gobierno central no han respondido suficientemente a las necesidades reales de la mayoría, en relación a la prohibición de los despidos, las enormes dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital, etc. Las cuantiosas subvenciones a empresas y una hibernación económica que apenas duró 9 días muestran una vez más que los beneficios de la patronal parecen valer más que las vidas de los y las trabajadoras. Y por si todo esto fuese poco, un horizonte preocupante con anuncios que ponen en peligro nuestras pensiones y nuestros salarios. Basta ya de concesiones a la patronal y al capital. Hay que enfrentarse a los intereses de los que acaparan las riquezas. No al pago de la deuda, devolución de los 65.000 millones del rescate bancario y todos los medios de la sanidad privada a disposición de la sanidad pública.

Defendemos una sociedad con energías limpias y sostenibles, cuya producción sea respetuosa con el medioambiente, que garanticen unos precios asequibles para todos y no sean un elemento más de lucro para los poderosos a costa de los más débiles. Exigimos una sociedad que ponga fin, de una vez, a todo tipo de violencia contra las mujeres.

Nada de lo que necesitamos nos lo van a regalar. Como con todos los derechos, hay que movilizarse para conseguirlo. Por eso llamamos a una movilización andaluza, descentralizada en las provincias, el próximo 7 de noviembre por la Sanidad y la Educación públicas y por el Empleo digno. Por una renta básica de emergencia.

Con las necesarias medidas sanitarias de protección, volvemos a las calles.

Jueves 28, 18’00 horas Plaza Sol y Luna (Zaidín), en defensa de la Sanidad y la Escuela Pública.

Jueves 28, 18’00 horas Plaza Sol y Luna (Zaidín), en defensa de la Sanidad y la Escuela Pública.

 

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Si te preocupa tu centro de salud y tu escuela públicos, esto te interesa.

Estamos en la segunda ola de la pandemia y lejos de haber prevenido lo que era evidente, nos encontramos ante un panorama similar al de la primera: En Sanidad tenemos una atención primaria colapsada, con profesionales agotados, saturados de trabajo, consultas sobrecargadas con esperas de10-15 días para un primer contacto telefónico con nuestro médico y centros de salud convertidos en bunkers donde es imposible acceder o contactar.De igual modo, en Educación nos encontramos con docentes dedicados a tareas de carácter sanitario y de prevención de riesgos laborales, con medios insuficientes, con aulas sin poder respetarse las distancias mínimas de seguridad, con el cierre de aulas matinales y comedores escolares. Y con más de 1300 informes de personal vulnerable para el que no se ha previsto ninguna medida real.Esta situación no es casual, tiene unos responsables: ni desde la Junta de Andalucía ni desde el gobierno central se han tomado medidas que reviertan la situación: ni aumento real de plantillas, ni bajadas reales de ratios, una prohibición de los despidos que no ha sido tal, dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital, ERTES pagados con el dinero de l@s trabajadores… políticas por las que esta crisis la pagamos l@s mism@s de siempre, pareciendo que los beneficios de la patronal valen más que nuestras vidas. Así, ante la situación de colapso del sistema sanitario y los centros de salud, ante la falta de respuestas por parte de los gobiernos central y autónomico, ante los problemas en el comienzo del curso y la reapertura de los centros escolares, invitamos a los vecinos y vecinas y a los trabajadores y trabajadoras de los centros escolares y de salud al encuentro que tendrá lugar este próximo jueves 29 de octubre a las 18 horas en la plaza Sol y Luna, junto a la Avenida de Dilar para poder dialogar sobre la situación que vivimos y las medidas a tomar para defender nuestros servicios públicos de educación y sanidad con la calidad que necesitamos en un barrio obrero como el nuestro. Y por las mismas razones, nos movilizaremos el día 7 de noviembre, de manera coordinada a lo largo de Andalucía y del Estado. EXIGIMOS:

1- En los centros de Atención Primaria: aumento de las plantillas, agilización de las citas previas y las bajas laborales, apertura de los centros de Atención Primaria mañana y tarde, cobertura inmediata de todas las bajas, permisos y periodos vacacionales.

2-En los centros educativos: reducción de las ratios, aumento de la plantilla docente y laboral, inversión en infraestructuras, coordinación con las administraciones locales para cesión de espacios.

3-Eliminación de los conciertos sanitarios y educativos para acabar con la transferencia de recursos públicos a manos privadas.

4- Aplicación estricta de la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

5- Medidas COVID con el incremento de epidemiólogos y de rastreadores, agilización del servicio salud responde. 6- Transparencia económica e informativa sobre el destino de las partidas económicas implementadas y sobre los casos de contagio.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores/as denuncia a CLECE S.L. y al SAS ante la Inspección de Trabajo las insuficientes medidas de protección que sufren los trabajadores de limpieza de Hospitales.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores/as denuncia a CLECE S.L. y al SAS ante la Inspección de Trabajo las insuficientes medidas de protección que sufren los trabajadores de limpieza de Hospitales.

 

 

Resistir, persistir..

El Sindicato Andaluz de Trabajadores/as denuncia a CLECE S.L. y al SAS ante la Inspección de Trabajo las insuficientes medidas de protección que sufren los trabajadores de limpieza de Hospitales.

La sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ha presentado denuncia en la Inspección de Trabajo de Granada contra CLECE S.L. ( empresa subcontratada y que presta el servicio de limpieza) el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a causa de las insuficientes e ineficaces medidas de protección que sufren y padecen los componentes de la plantilla de limpieza de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves.

En el escrito remitido por el sindicato andaluz se hace constar al órgano inspector que los y las trabajadores de CLECE S.A. encargada de la limpieza de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves están en permanente contacto con material sanitario y propio que puede transmitir el COVID 19 y están desempeñando sus funciones diariamente y dentro de las instalaciones sanitarias con mascarillas “higiénicas o de barrera” manipuladas por CLECE S.L. que no son suficientes para la protección de trabajadores y trabajadoras. Esas mascarillas (insuficientes para la protección) se usan por toda la jornada laboral y que este tipo de mascarillas no se considera producto sanitario ni tampoco equipo de protección individual (EPI), y no están diseñadas para “proteger de ningún riesgo”, por lo que no se recomienda su uso en “situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos”, tal y como indica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En la denuncia del SAT también se advierte de que los trabajadores y trabajadoras no se les realiza un análisis PCR cuando se reincorporan al trabajo, por ejemplo tras una baja o la reincorporación al trabajo tras vacaciones. Esto significa una evidente discriminación y un atentado contra la salud, pues al personal sanitario sí se les hace.

Del mismo modo, se observa ante la Inspección de trabajo que La ropa de trabajo que hace meses entregaron los trabajadores a la empresa y que CLECE se niega a lavar, permanece tirada en el suelo, sin lavar y sin almacenar en el espacio que antecede al almacén de material, donde los trabajadores/as van a sellar la entrada y salida y pasan a recoger el distinto material para desempeñar su trabajo en cada jornada laboral.

Por todo ello el sindicato considera que existe un grave riesgo para la salud de limpiadoras y limpiadores, dado que la falta de unas medidas adecuadas de protección y la inexistencia de equipos de protección individual apropiados constituye una evidente discriminación y agravio comparativo que tanto la empresa CLECE S.L. como el Servicio Andaluz de Salud deben de solucionar cuanto antes.

El SAT anuncia también demandas ante el Juzgado de lo Social y movilizaciones si no se termina con este agravio que está poniendo en grave riesgo a trabajadores, enfermos y acompañantes.

SAT Granada.

Sector de Limpieza y sección sindical Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves

Despedido el delegado del SAT en la UTE Ferrovial-Althea.

Despedido el delegado del SAT en la UTE Ferrovial-Althea.

 

El delegado de la sección sindical  del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) en la Unión Temporal de Empresas (UTE) FERROVIAL-ALTHEA  ha sido despedido con fecha 16 de junio debido a su actividad sindical.

Después de no haber recibido ni una sola amonestación durante el trabajo desempeñado desde años atrás para la empresa encargada del mantenimiento y reparación de la maquinaria de electromedicina en los dos hospitales granadinos (Parque Tecnológico de la Salud y Virgen de las Nieves), nuestro compañero Ismael García, ha sido despedido de forma fulminante. ¿El motivo? Su actividad sindical.

El trabajo del compañero no había sido objeto de ninguna queja, advertencia ni sanción por parte de la empresa desde el año 2018 en que se incorporó al trabajo. Ahora, cuando, tras la creación de la sección sindical del SAT en la empresa, la presentación de varias quejas a la empresa por el incumplimiento del convenio colectivo, la intervención de la Inspección de Trabajo y la presentación del preaviso de elecciones sindicales, la dirección de UTE – Ferrovial-ALTHEA ha entregado una carta de despido a nuestro compañero en la que, sorprendentemente, le acusa de numerosas faltas en su trabajo en los últimos veinte días (todas ellas falsas).

Para el SAT, el despido de nuestro delegado, justo cuando se ha presentado el preaviso de elecciones sindicales para los trabajadores de la contrata UTR Ferrovial- ALTHEA deja muy clara la actitud represiva y antisindical del monstruo empresarial que gestiona los servicios ante señalados en los hospitales granadinos.

Ferrovial

Desde el SAT se tiene muy claro que el compañero Ismael García va a recuperar su puesto de trabajo y ya se están preparando las acciones solidarias y demandas judiciales que van a conseguir la readmisión del delegado despedido. Para comenzar, la sección sindical del SAT en en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves y sus delegados en el comité de empresa y la propia sección, ya han hecho pública su solidaridad con el compañero.

Del mismo modo, desde el SAT anunciamos que las elecciones van a celebrarse a partir de la fecha señalada en el preaviso y que en las mismas va a participar nuestro compañero.

SAT Granada.

Unión Territorial.

libretad sindical

LA FUNDAMENTAL DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ANDALUZA.

LA FUNDAMENTAL DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ANDALUZA.

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Este sábado 20 de junio en toda Andalucía y el Estado Español se va a sentir una inmensa ola reivindicativa y de Solidaridad con la Sanidad Pública. Plataformas de trabajadores y usuarios, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, etc. inundarán las calles para exigir que cese el progresivo y calculado desde años atrás desmantelamiento de un servicio público esencial que es propiedad y valor común de todas las ciudadanas y ciudadanos.

La historia del asentamiento y desarrollo de la Sanidad Pública en Andalucía tiene su propio recorrido y, aunque actualmente sufrimos el gobierno del “trifachito” (PP, Cs y Vox), no es menos cierto que aquellos que contribuyeron al asentamiento e implantación de la Sanidad Pública en Andalucía, llegado un punto, fueron los mismos que comenzaron y siguieron contribuyendo a su desmantelamiento. Como en toda la historia reciente de Andalucía los que han gobernado la Junta durante los últimos cuarenta años, han sepultado las esperanzas de autogobierno y de desarrollo de los andaluces y andaluzas. El PSOE ha sido, pues, el elemento que ha negado y frenado el real autogobierno andaluz para supeditarlo a los intereses del Estado español y, como no podría ser de otra manera, el mismo agente fundamental que sepultó un proyecto sanitario igualitario, universal y genuinamente nuestro.

Las cosas tienen un comienzo, incluso una prehistoria. La Junta de Andalucía recibió las transferencias sanitarias en 1984. Dos años más tarde, nace el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al amparo de la Ley General de Sanidad del 86  -fundamento indiscutido durante décadas de la arquitectura del Sistema Nacional de Salud-, que dio en términos prácticos carta de naturaleza a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, todo un programa de formateo profesional al servicio de la idea de un sistema sanitario público, universal y de acceso gratuito, en el que la clave iba a ser la Atención Primaria. Se suele obviar, pero lo que recibieron las nacionalidades históricas y entre ellas Andalucía – en virtud a su original acceso a la autonomía plena; las que accedieron por el artículo 143 esperaron al cambio de siglo- fue un conglomerado heterogéneo de recursos cuyo núcleo central lo constituían los restos de la política social del último franquismo. Básicamente, hospitales concentrados en las capitales de provincia.

Primero, hubo que homogeneizar recursos tan dispares en su origen y en sus funciones como las casas de socorro municipales, los hospitales y manicomios de las diputaciones, los centros universitarios, los del Seguro Obligatorio de Enfermedad y los dispositivos vinculados a organizaciones solidarias, la mayoría ligadas institucionalmente a la Iglesia católica. Aquello no iba de ponerle el mismo letrero a todos los edificios: había que crear una cultura común sin hacer saltar demasiadas chispas entre el personal, integrado por empleados, cada uno, ideológica, funcional y administrativamente, de su padre y de su madre. Todo ello en un contexto social en el que la medicina aún se entendía como una profesión liberal, cuyo ejercicio privado se complementaba, por razones éticas, de mercado o de ambos tipos, con echar unas horas viendo pacientes del seguro o de la beneficencia.

La primera reforma de gran calado que hubo de acometer la Sanidad Pública Andaluza se centró en el desarrollo de la Atención Primaria, que llevó a los pueblos andaluces recursos asistenciales que sólo se habían entendido hasta entonces como propios de las capitales de provincia, y los dotó del respaldo de una red, nueva o remozada, de hospitales comarcales. En las decisiones de ubicación de esos centros no siempre fue el primer criterio el de la necesidad asistencial y, con el tiempo, se han pagado esos errores. Esa reforma que puso en el mapa a la Medicina de Familia, a la Enfermería Comunitaria y a los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP) iba a culminar en 1992, pero el plazo se estiró hasta difuminarse como icono programático hacia el final de los 90. A partir de ahí las reformas e implantación de la Sanidad pública Andaluza quedaron en suspenso y los distintos gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz abrazaron en gran medida y en muchos aspectos las políticas neo-liberales “de moda” para proceder a recortar y desmantelar lo que nunca llegó a implantarse plenamente. Y de aquellos barros vienen estos lodos…

Las decidas políticas privatizadoras de los gobiernos del PP en materia sanitaria han influido en cierta manera en el desarrollo de la Sanidad Pública Andaluza, pero nunca de una manera excepcional ni decisiva, dado el alto grado – por no decir total- de transferencias en materia sanitaria de las que han sido depositarios los gobiernos autónomos de nuestra tierra.

Sanidad Pública

Por ello es imprescindible decir hoy, en el año 2020, que de la misma manera que las esperanzas políticas del pueblo andaluz fueron refrenadas y truncadas por los gobiernos de la Junta, la Sanidad Pública Andaluza ha corrido en paralelo en cuanto a sus limitaciones y siempre vinculada a la voluntad política de quienes nos han gobernado y nos han mantenido inmersos en un sistema cuasi colonial.

Como ejemplo valga lo acontecido en una de las comisiones parlamentarias del Parlamento de Andalucía en las que el diputado Juan Manuel Sánchez Gordillo, acusaba a la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, – hoy ministra de hacienda – de connivencia con los intereses del capitalismo por permitir que, en Málaga, el número de camas hospitalarias de titularidad privada casi superase la cifra de las de titularidad pública. Montero respondió a nuestro compañero que la sanidad privada es una riqueza, porque aporta empresas y empleo; y una aliada, porque su actividad permite aliviar la presión sobre el sistema público. Últimamente, las organizaciones corporativas de la sanidad privada insisten en reivindicar su pertenencia, de hecho, al Sistema Nacional de Salud.

Hoy, con el PP gobernando Andalucía, nadie puede dudar que el desmantelamiento y la privatización de nuestra sanidad va a seguir produciéndose a una alta velocidad si entre todos no le ponemos freno y remedio.

Es por ello que desde le Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos aportar esta visión en clave andaluza de la defensa de la Sanidad Pública.

En tanto en cuanto los andaluces y andaluzas podamos encauzar nuestra senda dentro de un proyecto nacional andaluz, podremos hacer fuertes e intocables nuestros muy necesarios servicios públicos fundamentales.

Por ello, este 20 de junio acudiremos a la concentración en Granada a las 12’00 horas en La Caleta, en defensa de la Sanidad Pública, Gratuita, Universal y…ANDALUZA.

Paco Cabello.

Portavoz Territorial del SAT de Granada.

La Salud Pública: un guión para la desescalada con derechos desde el bien común

La Salud Pública: un guión para la desescalada con derechos desde el bien común

Sanidad andaluza

Comunicado sanidad covid-19

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a las autoridades sanitarias y a la población con el siguiente comunicado:

La pandemia por el Covid‐19 ha puesto en cuestión las políticas de salud pública que se han practicado en los últimos años. Los recortes y las privatizaciones realizadas han generado un verdadero problema social y de salud, con servicios sanitarios saturados, al borde del colapso de sus profesionales, que han soportado el impacto de la epidemia en nuestro país con más de 31.000 profesionales afectados (alrededor del 22% en Andalucía). En estos momentos el consenso social está manifestando la necesidad de reforzar los servicios públicos, en particular una sanidad pública universal y de calidad.

Se ha puesto de manifiesto la dependencia económica que la globalización ha instalado en nuestra economía. Ha resultado increíble que hayamos dependido de la industria China para la provisión de mascarillas, EPIs, test diagnósticos y respiradores. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro país, junto con las comunidades autónomas, ha de tener planes de contingencia, previsiones para una provisión garantizada de los bienes esenciales en caso de necesidad, para escenarios de pandemias o catástrofes que pudieran darse.

De alarmante puede calificarse el número de fallecidos en residencias de mayores por covid‐19 o con síntomas compatibles, alcanzando estos días la cifra de más de 13.600, es decir, alrededor del 67% del total de fallecidos. Está en duda la capacidad de respuesta en una raquítica estructura de los servicios sociales y sociosanitarios, descoordinados, privatizados en un 90% tanto en los servicios de apoyo a domicilio, Residencias o Geriátricos. La crisis económica anterior y el sistema de conciertos y subvenciones han determinado una precariedad en medios y en personal que han perjudicado la calidad de vida y asistencial en las residencias. No hay que olvidar que la política de contratación en sanidad, mediante contratos de corta duración, perjudica tanto a los profesionales como al correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Queremos resaltar y aplaudir, como cada día realiza toda la ciudadanía, el esfuerzo y la entrega personal de todos los profesionales sanitarios que están junto a otros ciudadanos en la primera línea de combate contra la pandemia. El contexto donde están realizando su trabajo no es el más idóneo ni para preservar su salud ni la de la ciudadanía: falta de equipos de protección, de test diagnósticos, de respiradores, ausencia de sustituciones, contratos precarios, déficit de personal (9.1 sanitarios por cada mil habitantes frente a la media europea de 11.9).

Por todo ello, planteamos las siguientes propuestas que son exigibles a las autoridades sanitarias tanto en el presente como en el futuro más inmediato:

1‐ La retirada de la prohibición de denunciar públicamente la situación que se vive en los centros sanitarios. Es inadmisible que en una de las comunidades con mayor personal sanitario contagiado no se pueda denunciar la situación que da lugar a tal hecho.

2‐ Mejorar los mecanismos de coordinación y gobierno del Sistema Nacional de salud, redefiniendo las competencias de estado y de autonomías y asignando al consejo interterritorial de sanidad un papel más determinante en las tares de planificación sanitaria y de coordinación ejecutiva y en contextos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo.
3‐ Mejoras de las condiciones laborales y de prevención de riesgos, de todos los profesionales en el ámbito sociosanitario, desde los servicios sanitarios hasta las residencias de mayores y los servicios de atención domiciliaria, pasando por los celadores, personal de Lencería y lavandería, personal de cocina, personal de mantenimiento y el personal de limpieza. Más contratos estables para una mayor estabilidad de nuestra sanidad pública. Cuidemos a nuestros profesionales

4‐ En la nueva fase de abordaje de la pandemia es necesario un modelo de respuesta más comunitaria desarrollando las siguientes medidas:

Reforzar la red de atención primaria, salud mental comunitaria y los servicios sociales de ayuntamientos, reconociéndoles como esenciales, para facilitar el trabajo en los centros y a domicilio en la detección de nuevos casos, personas inmunizadas, garantizando el seguimiento y el aislamiento preventivo de las personas de riesgo. Apoyamos la idea de hoteles medicalizados para personas infectadas que no tengan condiciones mínimas domiciliarias para la cuarentena.

Reforzar los servicios de atención telefónica coordinada que permita mejoras en la atención personalizada de personas en aislamiento soledad o desamparo.

Apoyo personal, familiar y comunitario para afrontar el duelo de las familias que no han podido despedir a sus familiares.

Ofrecer hostales o pisos vacíos disponibles para las familias sin hogar y en riesgo de exclusión, incluyendo la oferta de provisión de alimentos y bienes básicos, sin menoscabo de los derechos laborales de los y las empleadas de esos hoteles.

Articular de manera efectiva la renta mínima de emergencia.

Implicación y coordinación de los líderes comunitarios para mapear y llevar a cabo las acciones de intervención comunitaria.

Apertura progresiva y organizada de los espacios públicos para niños y niñas.

5‐ Es necesaria un plan de contingencias que aborde de manera prioritaria las ya desmesuradas listas de espera de personas para consultas de especialista, de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas.

6‐Revertir las externalizaciones de servicios así como los conciertos con hospitales privados, lo que ha provocado la disminución de la oferta de empleo público y más recortes en sanidad.

De esta crisis sanitaria, económica y social saldremos, si lo hacemos todos juntos, desde el bien común y con el objetivo de reforzar desde hoy mismo los servicios públicos.

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Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, USTEA, SAT, CGT, Amigos del centro de Salud del Albaicín, Ajuntamientos Albaicín, Ajuntamientos Centro‐Sagrario, STOP Desahucios, Granada Laica, AMPA del CEIP Gómez Moreno, USE, Podemos Granada, PCE, IZAR, Defender Granada, Círculo de Salud Podemos Granada.

LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS POR DELITO PENAL CONTRA CLECE S.A. Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS POR DELITO PENAL CONTRA 				CLECE S.A. Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

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La Fiscalía de Granada ha abierto Diligencias de Investigación Penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa encargada de la limpieza en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves de Granada, CLECE SA y todo ello a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).

En la denuncia, presentada el 14 de de3 abril del 2020,a requerimiento del Sector de Limpieza y de los representantes de los trabajadores del SAT y en el comité de empresa de la Ciudad Sanitaria, se aprecian numerosos delitos de índole penal y se demanda de la Fiscalía Provincial que actúe en aras de conseguir la tutela jurídico-penal de la vida y la salud de los trabajadores que se confía, específicamente, en el Código Penal en sus artículos 316 y 317, a los que deben añadirse los artículos 142 y 152 del mismo Código, que penalizan el hecho de propiciar por imprudencia grave de muerte y lesiones. El Sindicato Andaluz también observa en su denuncia el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo que está contemplado dentro del Título XV del Código Penal dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores. La conducta perseguida por este delito viene recogida en el artículo 316 del Código Penal de la siguiente manera: «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.”

Estos y otros extremos expresados en la denuncia hoy registrada, se manifiestan de manera reiterada en actuaciones por parte de la empresa CLECE SA que, desde el año 2014 viene negándose a realizar las labores de su competencia de limpiar y desinfectar la ropa de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, negativa que a raíz del desencadenamiento de la epidemia de COVID -19 adquiere una dramática actualidad poniendo en grave riesgo a los trabajadores de limpieza, al resto de trabajadores y a usuarios y familiares del Hospital.

En la misma denuncia se piden responsabilidades penales que competieran a los directivos y gerentes (SAS) del Servicio Andaluz de Salud Hospital en tanto en cuanto que la seguridad e higiene en el trabajo tienen el rango de principios rectores de la política social y económica y, por tanto, se obliga a los poderes públicos a velar por ellas (art. 40.2 de la Constitución Española -CE-).

Hoy, 7 de mayo de 2020, en oficio remitido desde la Fiscalía de la Comunidad Autónoma andaluza, se ha notificado al SAT la definitiva apertura de diligencias por delitos penales.

Granada, 7 de mayo del 2020.

Sector de Limpieza.

SAT Granada

Resistir, persistir..

EL SAT DENUNCIA A CLECE S.A. Y AL S.A.S. ANTE LA FISCALÍA POR SU PERMANENTE VULNERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EL SAT DENUNCIA A CLECE S.A. Y AL S.A.S. ANTE LA FISCALÍA POR SU PERMANENTE VULNERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Fotos de ropa de trabajo embolsada y tirada en el suelo que CLECE, pese a las reiteradas órdenes de la Inspección de Trabajo, se niega a lavar y desinfectar. (Foto sección sindical del SAT)

 

El portavoz Territorial del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ha presentado hoy ante la Fiscalía Provincial de Granada la denuncia elaborada por la asesoría laboral del sindicato y en la que se acusa a CLECE S.A. ( empresa adjudicataria del servicio de limpieza del Complejo Sanitario Virgen de las Nieves) por la reiterada inaplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, por crear un riesgo grave para la integridad física y la salud de los trabajadores afectados y por ignorar y desobedecer reiteradamente los mandatos imperativos de. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la propia Inspección de Trabajo de Granada.

En la denuncia, presentada a requerimiento del Sector de Limpieza y de los representantes de los trabajadores del Sat y en el comité de empresa de la Ciudad Sanitaria, se aprecian numerosos delitos de índole penal y se demanda de la Fiscalía Provincial que actúe en aras de conseguir la tutela jurídico-penal de la vida y la salud de los trabajadores que se confía, específicamente, en el Código Penal en sus artículos 316 y 317, a los que deben añadirse los artículos 142 y 152 del mismo Código, que penalizan el hecho de propiciar por imprudencia grave de muerte y lesiones. El Sindicato Andaluz también observa en su denuncia el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo que está contemplado dentro del Título XV del Código Penal dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores. La conducta perseguida por este delito viene recogida en el artículo 316 del Código Penal de la siguiente manera: «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.

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Estos y otros extremos expresados en la denuncia hoy registrada, se manifiestan de manera reiterada en actuaciones por parte de la empresa CLECE SA que, desde el año 2014 viene negándose a realizar las labores de su competencia de limpiar y desinfectar la ropa de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, negativa que a raíz del desencadenamiento de la epidemia de

COVID -19 adquiere una dramática actualidad poniendo en grave riesgo a los trabajadores de limpieza, al resto de trabajadores y a usuarios y familiares del Hospital.

En la misma denuncia se piden responsabilidades penales que competieran a los directivos y gerentes (SAS) del Servicio Andaluz de Salud Hospital en tanto en cuanto que la seguridad e higiene en el trabajo tienen el rango de principios rectores de la política social y económica y, por tanto, se obliga a los poderes públicos a velar por ellas (art. 40.2 de la Constitución Española -CE-).

 

SAT Granada.

Sector de Limpieza y secretaría de prensa e información.

( + Info: 661408703 . Manuel de la Blanca)