El arresto de Néstor Salvador, la represión y la política.

El arresto de Néstor Salvador, la represión y la política.

El militante del SAT, compañero y amigo Néstor Salvador, fue detenido la noche del 22 de julio cuando acababa de concluir el tradicional Acto-Homenaje a la Huelga de la Construcción de 1970. Desde este artículo ponemos, negro sobre blanco, algunas de las claves del sorprendente arresto .

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Como sucintamente se destacaba en el “párrafo de plomo” anterior, Salvador era detenido sobre las 22’ 25 horas cuando, tras realizar la ofrenda floral ante el monumento a la Huelga del 70 y de entonar el Himno de Andalucía y la Internacional, los compañeros y compañeras congregados retornaban a la zona peatonal de La Caleta. Según el mando de dispositivo de polizontes, «Néstor era detenido por encontrarse en situación de búsqueda y captura a cargo de un juzgado de instrucción granadino».

La razón argüida por la policía no puede ser más falaz, puesto a que Néstor llevaba meses en «búsqueda y captura» al no haber recogido una citación judicial en el que se le llamaba a declarar a los efectos de instruir la denuncia que Gustavo Adolfo Rodríguez, a la sazón delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, interpuso contra Vanesa Sánchez, El propio Salvador, María José Sánchez y quien suscribe estas líneas, Paco Cabello.

Y ¿ a causa de qué nos denuncia un trápala como Gustavo Adolfo? Pues por el motivo de haber repartido propaganda dentro de la sede de la delegación de Cultura de la Junta durante el largo conflicto sindical – que se prolongó durante quince meses- y en el que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) y su delegada sindical en RYDALCA SOLUCIÖN S.L. ( empresa que prestaba servicio de limpieza en Cultura) mantuvieron para exigir la readmisión de la propia Vanesa Sánchez.

Como bien podrán apreciar los lectores, tanto el hecho de poner a Néstor en condición de prófugo de la justicia a causa de una falta tan nimia que, a buen seguro, quedará pronto archivada, como la propia denuncia hecha por un zángano del calibre de Gustavo Adolfo Rodríguez y la actuación y arresto de Néstor por parte de la policía en la noche del 22 de julio, ponen en tela de juicio la equidad del sistema judicial y de las fuerzas represivas que actúan a sus órdenes.

Detenido nuestro compañero ya conocíamos sobradamente el periplo que desde la noche del arresto iba a emprender Néstor: a la comisaría de La Palmita, cumplimentar el atestado y pernoctar allí, para ser llevado la mañana del día 23 de nuevo a la Plaza de la Caleta, ser puesto en disposición del Juzgado de Guardia y allí recibir la notificación que por no haber sido recogida anteriormente “obligaba a su detención”. La astracanada estaba servida.

Naturalmente, Néstor Salvador contó con la presencia de un grupo de compañeras, del portavoz territorial del sindicato y de asistencia letrada a cargo de Javier Galech, durante su estancia en la comisaría y el día siguiente.

A las 9 de la mañana del día 23 de julio, Néstor fue conducido a los calabozos del edifico de los Juzgados ante cuyas puertas ya se encontraban concentrados numerosos activistas y gente del mundo sindical -durante el curso de la concentración llegó desde Sevilla el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina – para que el compañero supiera que no estaba solo.

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Tras recibir la citación y prestar declaración, Néstor fue puesto en libertad a las 11’ 00 horas del viernes 23.

Tanta mierda, represión y abusos para hacer un pan como una hostia. ¡Esta es la Justicia y la democracia que nos brinda el Estado Español!

Respecto a la denuncia, el futuro y la puerta giratoria que esperan a Gustavo Adolfo Rodríguez, seguiremos informando.

Paco Cabello.

Portavoz Territorial

SAT Granada.

LA MIOPÍA DEL SINDICALISMO INSTITUCIONAL Y UNOS POLÍTICOS INCAPACES

LA MIOPÍA DEL SINDICALISMO INSTITUCIONAL Y UNOS POLÍTICOS INCAPACES

  Por un voto, con una abrumadora cantidad de reproches y en segunda votación se ha salvado el Real Decreto sobre la temporalidad en las administraciones públicas , el más conocido como “ICETAZO”, tras una ajustadísima negociación en el parlamento de última hora, pasará a tramitarse como proyecto de ley, así los diferentes grupos políticos podrán introducir aportaciones y enmiendas, pero no nos engañemos, lo volvemos a recalcar, nuestra posición dada la ingente cantidad de personal en abuso y la imposibilidad del estado de afrontar semejante deuda en indemnizaciones disuasorias, sólo deja un camino para los que están en abuso de temporalidad, LA FIJEZA, no se trata de acceder a la función pública, los abusados ya accedieron hace tiempo y en su inmensa mayoría superando las correspondientes pruebas selectivas, se trata de resarcir y sancionar el abuso cometido por las administraciones públicas, y ante la falta de legislación concreta en el estado español al respecto, EL DERECHO EUROPEO solo ve una salida, la permanencia en el puesto como personal a extinguir (cosa que es constitucional y que se ha hecho múltiples veces con personal de empresas externas absorbidas por la administración o con personal eventual) aspecto que también avala en un informe nada más y nada menos que la ex-presidenta del tribunal constitucional María Emilia Casas.

               

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    El globo sonda lanzado sobre el “trato de favor” (que no es tal, si nos atenemos a los requisitos que van ligados a la pseudopropuesta) a los interinos que lleven más de 10 años que está corriendo por los medios como la pólvora es algo que no tiene ni pies ni cabeza y fue parte de la justificación para no tumbar el mezquino acuerdo transformado en RD realizado por los sindicatos mayoritarios y un ministro de función pública fantasmagórico, que aparece, firma y lo cambian de ministerio, un acuerdo llevado a Real Decreto y que no contó  con el resto de los grupos políticos, ni siquiera con los socios de gobierno, ni con los afectados, no olvidemos que tras las recientes sentencias y autos, tanto la jurisprudencia europea, como el tribunal supremo establece el abuso en 3 años, por lo tanto no tiene ningún sentido que se esté ahora hablando de otras franjas de corte que además son una gran falacia pues solo afectaría a una ínfima y marginal parte de personal en abuso con las condiciones en las que se plantea esta rocambolesca medida, y que lo único que hace es confundir al personal e intentar dividirlo, pero a estas alturas, colectivos de abusados, abogados especialistas en la materia y el sindicalismo alternativo de clase estamos hartos de hacer didáctica sobre el abuso de temporalidad y no van lograr dividir a un colectivo cada vez más fuerte y con más conciencia de que han jugado con su pan y su futuro, además con la gravedad que supone haberlo hecho a sabiendas.

                    Tras la vergüenza que supone llevar al parlamento un RD que casi no sale adelante, puede que volvamos a ver con la complicidad de los sindicatos institucionales el intento de firmar retorcidos textos en forma de ley donde se hacen malabares para justificar lo injustificable, pero es Europa quien ya cansada de sentar las bases de qué se debe hacer en el caso que nos ocupa, tendrá que volver a intervenir.  

                    Los nuevos opositores además están siendo utilizados para enfrentarlos con el personal abusado, después de tenerlos años en  academias (un suculento negocio) con promesas de miles de plazas que ningún año terminan de materializarse, no al menos las realmente necesarias, y ya hemos visto que la administración está en los huesos y se ha demostrado en la reciente crisis de la pandemia, los opositores no se dan cuenta de que ellos también están dentro de la rueda y que su futuro podría ser el de la eterna temporalidad como hasta ahora está pasando con muchos interinos o incluso peor, no olvidemos lo de la “patada a los tres años”. ¿Por qué donde hay 50 plazas sacan 8? aquí está la cuestión, este ha sido el juego hasta ahora, porque así tienen a personal con menos derechos, más manipulables y con menos capacidad de movilización. No se pretende que se le regale la plaza a nadie, ni de que se de alguna migaja para subir el concurso a los abusados o poner unas oposiciones muy fáciles, o cualquier cosa que quieran inventar, se trata de que se cumpla la ley, la jurisprudencia y el derecho europeo tras más de 20  años sin trasponer a las leyes estatales la directiva  1999/70/CE. Así que se dejen de historias.

                    Por otro lado, hay cosas tan curiosas como la indemnización que propone el texto del RD, (20 días por año trabajado y además con un tope de 12 mensualidades, vaya que te hagas rico) ¿No es muy, muy parecida a la del despido improcedente actual?… ¿Pero no es esa indemnización la que está en la reforma laboral que se pretende derogar? Y llaman a eso sanción disuasoria…de vergüenza.

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                    A falta de los aportes y enmiendas de los grupos parlamentarios, que ya veremos en que queda, lo único que tenemos hasta ahora es el texto de este Real Decreto de Iceta que vulnera la primacía del derecho europeo por mucho disfraz que le pongan. Así que, dura voraz se plantea esta batalla, pero hay que decir las verdades para que al menos algunos se pongan colorados si se llega a llevar a cabo la escabechina que dejara en la estacada a miles y miles de personas que han accedido a la función pública en procesos selectivos, que han demostrado mérito y capacidad sobradamente, que están en abuso de temporalidad y por lo tanto contratados en fraude de ley. Y ojo, ya se están moviendo hilos para pedir responsabilidades penales, por ejemplo, la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) ya ha conseguido sentar en el banquillo por prevaricación a dos autoridades…veremos en que termina todo.

                    Los procesos selectivos de libre concurrencia, así como las medidas planteadas no son sanción ni medidas disuasorias para que no vuelva a repetirse el abuso en la contratación temporal y tampoco compensan o resarcen adecuadamente a los trabajadores actualmente en abuso.

                     HAY QUE SANCIONAR EL ABUSO NO A LAS VICTIMAS

                  PERSONAL FIJO A EXTINGUIR ES LA SOLUCIÓN A COSTE 0

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“¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

“¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

¿JUSTICIA JUSTA

En Andalucía, los Juzgados de lo Social están colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos en Granada, Córdoba, Almería o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 o 2025 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social.

La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro no es ninguna excepción. Todos sus predecesores y él mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc.

Esta situación también tiene mucha incidencia en los casos de desahucios y de violencia machista.


Las reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de demandas a años vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público.

A finales de 2020 no se ha podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se abordaba la violación del derecho Fundamental a la Huelga por parte de la Junta de Andalucía, por falta de medios telemáticos (ordenador, software y conexión). Finalmente se celebró en marzo 2021 y la sentencia ha puesto en vilo este Derecho Fundamental, al ponerse de perfil el tribunal sin sancionar a la Junta y remitir a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo que declaraba nulos y abusivos unos servicios mínimos en la huelga general del 8M pero que no conlleva que la clase política pueda seguir conculcando el derecho Fundamental a la huelga mediante un decreto de servicios mínimos ilegales que no le van a suponer ningún coste ni económico, ni social, ni responsabilidad política alguna porque los tribunales así lo han decidido. Hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.

Observamos cómo surgen en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. El mejor exponente de esto en Andalucía resulta ser el SERCLA, donde la invasión de competencias -antes públicas- es la tónica dominante de los últimos años junto a la financiación de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO.

Los señalamientos a años vista obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales, que dejan ser útiles y no surten efecto. Así se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de l@s trabajador@s.

Con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito sobre el que la patronal (la más incumplidora) mantiene un indisimulado silencio, ya que este mecanismo perverso juega a su favor.
Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:

  • Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía.
  • Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
  • Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.

También queremos denunciar las problemáticas que nos encontramos en los juzgados cuando tratamos de tutelar el derecho a la vivienda, regulado en el artículo 47 de la Constitución.
Los juzgados sistemáticamente incumplen la normativa contenida en los Tratados Internacionales que hemos suscrito como Estado. Con frecuencia nos encontramos ante procesos judiciales en los que no se garantizan los derechos de los menores y su protección jurídica. Son muchos los procedimientos en los que magistrados y jueces decretan el lanzamiento de familias económicamente vulnerables sin haber ponderado otras opciones menos gravosas y sin garantías de alternativas habitacionales para los menores de edad, las hijas e hijos de la clase trabajadora.

A lo anterior se unen las reticencias en la aplicación de figuras jurídicas amparadas por el Derecho, como el estado de necesidad como causa eximente de la responsabilidad criminal. La aplicación de esta figura, tras la acreditación de los requisitos exigidos legalmente, permitiría eximir de responsabilidad criminal a las familias obreras que ocupan viviendas vacías en manos de entidades bancarias o de otros grandes tenedores, al no dejarle el Estado ninguna otra opción para satisfacer su necesidad permanente de acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. L@s trabajador@s ya nos hemos cansado de ver cómo los poderes públicos incumplen el mandato constitucional de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre la ciudadanía (artículo 9.2 de la Constitución).

En los juzgados es necesario:

  • Implementar protocolos específicos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y que llevaran a estos a actuar de manera uniforme. Protocolos que deberían contemplar, en los casos en los que no hubiera alternativa habitacional, medidas como: suspensión del lanzamiento, solicitud a los servicios sociales de su intervención de manera activa para la solución del problema entre otras.
  • Relacionado con esto, los jueces deberían suspender los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., siendo esta una medida que podría llevarse a cabo si en los juzgados se tuviera en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales que con frecuencia es ignorada, en muchos casos a sabiendas.

Por todo esto, la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno a este angustioso problema de la clase trabajadora, con objeto de preparar una movilización general que pueda ser el comienzo de una lucha colectiva por la reconquista de los derechos laborales y sociales perdidos y para avanzar en justicia social.

Andalucía 21 de abril de 2021

¡EL 20 de mayo se nos va a escuchar en los juzgados!

Marchas de la Dignidad de Andalucía.

Trabajadores migrantes y arraigo laboral. (Sentencia del Tribunal Supremo (1184/2021 de 25 de marzo de 2021 )

Trabajadores migrantes y arraigo laboral. (Sentencia del Tribunal Supremo (1184/2021 de 25 de marzo de 2021 )

De la importancia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1184/2021 de 25 de marzo de 2021

 

Antonia Franco.

Abogada , activista social y luchadora en defensa de los derechos de las personas migrantes.

 

Recientemente hemos conocido la STS 1184/2021 de 25/03/2021 del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso en la que ha sido ponente Dª Angeles Huet De Sande, en la que se fija doctrina de como el arraigo laboral puede ser acreditado.

Estamos en presencia de un recurso de casación que se interpone por la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo y que se inicia por la presentación por parte de una trabajadora la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral. Tal petición fue desestimada por la subdelegación del Gobierno en Almería y posteriormente la actora interpuso demanda que fue desestimada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 de Almería. En el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución judicial, la sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, lo estimó por sentencia de 11 de abril de 2019

Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si, para poder obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, es imprescindible o no que la acreditación de la relación laboral y de su duración lo sea exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del artículo 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, precisando si se trata de una enumeración tasada o no.

 

Esta sentencia puede significar, bajo mi punto de vista, abrir un nuevo camino para la regularización de personas que se encuentran en situación de irregularidad sobrevenida como consecuencia de la extinción de la relación contractual que tenían con anterioridad, que ciertamente es de especial importancia para quienes se han visto afectadas por la grave crisis sanitaria y su negativo impacto. En cualquier caso, para la aplicación sustentada por la sentencia será necesaria la previa realización de una actividad laboral regular, por lo que los requisitos del segundo párrafo del artículo 124.1 del RD 557/2011 seguirán siendo necesarios para quienes soliciten el arraigo laboral.

 

La Sala fija doctrina en el sentido de que el arraigo laboral puede ser acreditado “por cualquier medio de prueba válido en derecho, incluido, por tanto, los certificados de vida laboral que acrediten una relación laboral que pueda haber derivado de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia”. Y sustenta, también, su tesis en el criterio defendido por el Defensor del Pueblo en la sugerencia formulada de 12 de julio de 2017. Aplicando esta doctrina a la situación laboral regular, anterior a la irregularidad sobrevenida, de la persona trabajadora era cercana en el tiempo a su petición, se concluye que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fue plenamente ajustada a derecho.

 

Para concluir, hace más de un año y a raíz de la situación excepcional vivida provocada por el COVID, se forjó un movimiento y plataforma para solicitar al Gobierno de España que todas personas migrantes que se encontraban en nuestro país de forma irregular tuvieran un proceso de Regularización; movimientos, propuestas y manifestaciones que culminaron el día 19 de junio de 2020 cuando se presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de regularización de personas migrantes, apoyada por más de 1.100 colectivos de todo el país. En la propuesta se pedía una regularización urgente, permanente y sin condiciones para las personas migrantes y refugiadas que viven en España, por una cuestión de justicia social y un cambio de paradigma en el que la vida de todas las personas sea importante. Propuesta que fue rechazada. Esperemos que con la interpretación ampliamente integradora hecha por TS se avance en esta situación de necesidad que viven tantas personas migrantes en nuestro país. Esto solo tiene, a mi parecer, un límite y es que está por ver cómo será interpretado tanto por autoridades administrativas como por las judiciales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.- ARRAIGO LABORAL-1

 

Granada por la Libertad de Expresión.

Granada por la Libertad de Expresión.

Esta mañana, los sindicatos SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras) y USTEA-ENSEÑANZA, hemos realizado la rueda de prensa para presentar el manifiesto por la libertad de expresión al que se han adherido multitud de personalidades del mundo de la cultura y la manifestación del día 8 de abril secundada por distintos colectivos y movimientos sociales de Granada.
Aquí adjuntamos el manifiesto con las adhesiones que se tienen hasta el momento y el cartel con todas las organizaciones que apoyan la movilización del día 8 de abril, que esperamos que sea una gran movilización ciudadana en defensa de la Libertad de Expresión.

SAT Granada

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SAT Y USTEA SE ENTREVISTAN CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.

SAT Y USTEA SE  ENTREVISTAN CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.

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Hoy, una delegación de los sindicatos USTEA – Enseñanza y SAT hemos mantenido una entrevista con la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, reunión a la que han asistido el jefe de asuntos jurídicos y la secretaria general de la legación gubernamental en nuestra ciudad.

Tanto Javier Valdés, por USTEA, como Paco Cabello, por el SAT, hemos hecho hincapié en la profunda preocupación y rechazo que nos han causado las detenciones, encarcelamientos y actuaciones policiales de las pasadas semanas en relación con las manifestaciones que acontecieron exigiendo la libertad de Pablo Hasel.

En el curso de la entrevista le hemos manifestado nuestra repulsa y deseo de derogación de la Ley Mordaza, así como que desde nuestros sindicatos no se van a tolerar violaciones de los Derechos Fundamentales ni detenciones arbitrarias. Del mismo modo, le hemos recalcado que las actuaciones policiales y los “deseos de aplicar medidas ejemplarizantes” son incompatibles con un sistema democrático.

(FOTOGRAFÍA DE LA CONCENTRACIÓN DEL 26 DE FEBRERO EXIGIENDO LA LIBERTAD DE LOS ENCARCELADOS EN ESPERA DE JUICIO)

Por parte de la subdelegada y su equipo jurídico se nos ha hecho saber que “toman nota de todas nuestras palabras y quejas” y que arbitrarán las medidas OPORTUNAS y actuarán de una manera absolutamente neutral en estos asuntos.

No está nunca de más que Movimientos sociales – como somos los sindicatos- vayamos y exijamos justicia ante las autoridades y más en situaciones de abusos policiales como las que parte de la ciudadanía granadina hemos tenido que sufrir estos días pasados.

Antes de terminar con la entrevista hemos puesto en conocimiento de la subdelegada la manifestación que está convocada en DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN el próximo 8 de abril y a la que ya se van sumando numerosos personajes del mundo de la Cultura y de las organizaciones de la izquierda Granadina.

GRANADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

LIBERTAD PABLO HASEL Y DETENIDOS POR LUCHAR.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA.

EN APOYO DE LAS CARAVANAS CONTRA EL ABUSO.

EN APOYO DE LAS CARAVANAS CONTRA EL ABUSO.

Sanidad andaluza

Hoy 14 de Marzo vuelven las caravanas de los trabajadores públicos en abuso de temporalidad a nuestras calles, la hoja de ruta de las administraciones públicas con la complicidad de los sindicatos firmantes del “acuerdazo” de “estabilización”, pasa por acelerar los procesos selectivos y hacer oídos sordos a las leyes y jurisprudencia europea, casi 900.000 interinos en abuso de temporalidad se juegan el futuro en unas OPOs express diseñadas para mantener el negocio de academias, temarios y cursos de las centrales sindicales, así pueden marcar a  fuego con sus siglas a aquellos opositores que luego darán sus votos para que sigan sentados en unas mesas de negociación que han provocado esta situación de alta tasa de temporalidad y precariedad de los trabajadores públicos.     Las víctimas, no deben ser las que paguen el error de las diferentes administraciones públicas jugándose el puesto de trabajo en el que han demostrado merito y capacidad durante años, las víctimas accedieron a la función pública con las pruebas y requisitos que se les impuso, las víctimas superaron unos procesos por los que no tiene sentido que se les vuelva a hacer pasar, las víctimas no tienen la culpa de que la administración haya estado jugando con el numero de plazas y no sacando todas las que debieran haber salido en tiempo y forma.     Hay que sancionar a las administraciones incumplidoras y resarcir a las víctimas del abuso, unas oposiciones no son una sanción ni reparan el daño hecho a los trabajadores públicos,  y así de claro lo dejan diversos juzgados en el estado español y Europa en sucesivas sentencias dictadas al amparo de la directiva 1999/70 CE, de obligatorio cumplimiento para los estados miembros por encima de leyes estatales.   La solución pasa por auditar aquellas plazas ocupadas por víctimas del abuso, para separarlas de aquellas que deben salir a libre concurrencia anualmente, y así, poder hacer una reconversión administrativa del personal afectado por el abuso de temporalidad en personal fijo, una medida que sería a coste 0 para las administraciones y lo suficientemente compensatoria para resarcir a las personas abusadas.                                                                                                                                                         ¡¡¡  FIJEZA YA!!!

  SECCIÓN SINDICAL SAT-UGR

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Sobre las manifestaciones por la capitalidad judicial de Granada.

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Hace pocas fechas fuimos testigos en Granada de una multitudinaria manifestación que reclamaba, más allá de la “capitalidad judicial” en Andalucía que recoge el Estatuto de Autonomía, la exigencia de que las nuevas salas que se crearán dentro del Superior de Justicia de Andalucía no tengan sede ni en Málaga ni en Sevilla.

Que estas manifestaciones se produzcan y que determinados colectivos hagan públicas sus exigencias entra dentro de la normalidad, lo que no es óbice para que nos sorprenda el ahínco y tesón que han puesto numerosas entidades y fuerzas políticas que se dicen de izquierda y progresistas en la reivindicación de la exclusividad en capitalidad judicial y de “salir en la foto” para no quedar empero rezagados en el viaje a ninguna parte que conlleva y significa este tipo de reivindicaciones.

¿En qué favorece a los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos de Granada ostentar esa “exclusividad “en la capitalidad judicial andaluza? ¿Acaso es progresista obligar a los malagueños y a los sevillanos a trasladarse obligatoriamente a nuestra ciudad para solventar cualquier asunto propio del TSJA? ¿Por qué narices un país como Andalucía que está actualmente administrado en base a sus ocho territorios debe contar con una única sede judicial para determinados asuntos y pleitos? ¿En base a qué política o razones de equidad debe obligarse a un onubense, a un almeriense o a un giennense a trasladarse a Granada cada vez que el peso de la Audiencia caiga sobre él?

Cabría recordar que la Real Audiencia y Chancillería de Granada comenzó a existir en 1505, cuando, por orden de Isabel I, fue arrebatada a Ciudad Real, [1]. Por ese motivo, y por los sucesivos ordenamientos de reparto y ordenación judiciales ocurridos durante el paso de los tiempos, es por lo que hoy, y recogido dentro del Estatuto de Autonomía vigente, Granada ostenta la sede del TSJA. Así comprobaremos, que no es porque los granadinos seamos más listos, más guapos o más inteligentes que los demás, si no por una Real Orden de 1505 por lo que “disfrutamos” de una sede judicial que bien podría estar ahora en cualquier otro lugar.

Durante este último año, los granadinos hemos sido testigos y protagonistas de diversas reivindicaciones que han desembocado en manifestaciones multitudinarias. La defensa de “dos hospitales completos” ha marcado un antes y un después en este fenómeno social que, en algunas ocasiones y en el que ahora nos ocupa, cuenta con el apoyo masivo de partidos y personas que no dudan en sostener en el poder a gobiernos que privatizan la sanidad y el resto de los Servicios Públicos. Otro tanto sucede con la reivindicación de la capitalidad judicial, pero no cuando se reivindica el muy necesario final del aislamiento ferroviario de nuestra ciudad y su territorio.

Favorecer y apuntarse a determinadas reivindicaciones “porque sí”, para no quedar fuera de la foto y sin reflexionar por qué se producen y a qué intereses favorecen esas movilizaciones no es muy edificante ni tan siquiera serio. Es por ello que, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), sindicato de izquierdas, andaluz, solidario y a pie de tajo analizamos cada una de ellas y, en función de este análisis y de la decisión adoptada por nuestras asambleas, actuamos en consecuencia. Desde el SAT entendemos que nuestra primera obligación como sindicalistas -empeñados en cambiar esta sociedad en que vivimos para conseguir las aspiraciones de justicia, trabajo y dignidad que demanda el pueblo andaluz- es la de conocer la realidad. Esta realidad nos muestra cómo muchos de aquellos que pusieron el grito en el cielo cuando, con la llegada de la Democracia, se crearon las diversas Universidades Andaluzas con la excusa de que se robaba a Granada su hegemonía universitaria en la Alta Andalucía (la Andalucía Oriental dirían ellos) ahora claman por un TSJA con todas las salas aquí, o defienden el mantenimiento de dos hospitales, los mismos que ellos privatizarían sin pestañear.

En el SAT conocemos muy bien cómo es aquello de “hacer el paseíllo” por Plaza Nueva y cruzar el umbral de la Chancillería para responder ante los magistrados a causa de luchar por la justicia social. Sabemos y padecemos las precariedades de los ocho juzgados de lo Social que existen en la provincia; sufrimos, como cualquier trabajador, los golpes de una justica viciada, politizada y falta de medios que no suele tratar por igual a ricos y a trabajadores.

Acompañar y tocar las palmas en campañas orquestadas por los elementos, partidos e instituciones más rancios, irracionales y conservadores de nuestra Granada, sólo conducen al “Sevilla nos roba” y otras zarandajas que no es otra cosa que la expresión histórica de la insolidaridad que siempre ha servido de excusa a gobernantes y burguesía granadina para justificar todos los males que nos aquejan y que suelen ser responsabilidad de ellos.

Del mismo modo que analizamos, debatimos, hicimos pública nuestra postura y participamos en las reivindicaciones por los “dos hospitales completos” en aras de la defensa de una Sanidad Pública andaluza y digna, ahora, desde el SAT, nos manifestamos públicamente diciendo que jamás nos van a encontrar en una manifestación que defienda exclusivamente la capitalidad judicial de Granada. Por cierto, tampoco estaría mal que aquellos que llaman a la ciudadanía a manifestarse en defensa de sus intereses particulares explicaran a los ciudadanos que, desde hace muchos años, existen salas de lo Penal y de lo Contencioso – Administrativo fuera de Granada y de su TSJA. Esto, obviamente, no lo van a hacer, pues ellos mismos firmaron sin rechistar la creación de estas salsas.

 

Paco Cabello

Portavoz Territorial del SAT de Granada

[1] La reina Isabel ordenó crear la Real Audiencia y Chancillería, el Tribunal Supremo de la época, con dos salas: una al norte del Tajo, en Valladolid, y otra al sur del rio, en Ciudad Real. En 1505, `pocos años después de la conquista del Reino de Granada, ordenó trasladar la sede de Ciudad Real a Granada, dada la relevancia otorgada por Castilla a la capital del reino conquistado y por el numerosísimo volumen de asuntos judiciales que se daban allí.