Nueva normalidad, vieja explotación.

Nueva normalidad, vieja explotación.

Antonio J.Gil Cunquero.

Sector Nacional de Hostelería del SAT

Este mes de mayo la actualidad informativa nos ha dejado tres noticias destacadas en relación al mundo del trabajo, unas más importantes que otras, aunque el ruido mediático se dio en relación inversamente proporcional a esta importancia.

Por un lado tenemos dos de ellas: la firma del “Acuerdo Social en Defensa del Empleo”, del que no nos extenderemos aquí más ya que desde el sindicato se ha elaborado un artículo al respecto1, y la publicación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Muy brevemente, pues el asunto del artículo es otro, hay que señalar algo con respecto a este real decreto: supone una victoria para las posiciones de la patronal ya que, en su disposición adicional sexta, posibilita que en las empresas con alta variabilidad o estacionalidad del empleo y en aquellas que concurra riesgo de concurso de acreedores (de quiebra, vamos) no existirá obligación de mantener el empleo. Esto puede suponer, para el sector de la hostelería y el turismo, la salida en dirección a la cola del paro a numerosas trabajadoras y trabajadores.

Por otro lado, la tercera noticia: el ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificó al sector turístico como “estacional, precario y de bajo valor añadido”. Es decir, dijo algo obvio, lo que motivó la petición de rectificación o dimisión de la Mesa del Turismo -que agrupa a unos cincuenta profesionales del sector y miembros de la patronal-. Por supuesto, ni cuestionamos la veracidad de sus palabras (ya conocemos el sector), ni consideramos que su declaración per se atente contra las y los trabajadores del sector, pero nadie podrá negar la pasividad del ministro en particular y del gobierno en general para erradicar la situación precaria que se viene sufriendo desde años en el sector del turismo y de la que son plenamente conscientes.

Pero sucede que la patronal es perfectamente consciente del recrudecimiento de la lucha de clases, y sabe salvaguardar sus intereses y mantener en la línea que a ella conviene a los gobiernos de turno. Más o menos a la par que Garzón, a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, por hacer otra obviedad, ordenar que las inspecciones de Trabajo velen por el cumplimiento de las condiciones laborales, en este caso en el campo (sector donde semana sí, semana también, encontramos casos de abusos de todo tipo y pelaje), la patronal agrícola también este mes le pide la cabeza.

Con respecto a la cuestión del turismo, y ya vamos entrando en la materia del artículo, muchas voces (léase voceros) salieron en defensa del sector (léase de la patronal del mismo): Juanma Moreno, presidente andaluz, presidentes de diputaciones provinciales… La cantinela es siempre la misma, el sector es muy importante para la comunidad y aporta “progreso”. Lo que no está claro es para qué clase, si la trabajadora u otra.


Vivimos tiempos difíciles, en los que la lucha de clases nos deja tan a la defensiva que señalar lo obvio es motivo de ataque. No está en nuestro ánimo salir en defensa del ministro de Consumo (señalaremos rápidamente que la subida de precios en la cesta básica de alimentos es algo que entra dentro del campo de su ministerio. La campaña contra el juego se comenta sola, para muestra el botón de la línea de la revista digital de la patronal del Juego, https://www.azarplus.com/, bastante complacida con el mismo) ni de la ministra de Trabajo (hemos señalado arriba un gol que la patronal ha colado en la negociación al ministerio y a las centrales sindicales CCOO y UGT).

Eso sí, saludamos que gracias a estas noticias se ponga el foco en el sector. Nunca está de más relatar la situación de un sector, el turístico (y no hablamos del campo porque no es objeto de este artículo, pero podríamos estar largo rato), en el cual la precariedad y la estacionalidad son la norma. Por más mentiras que escuchemos al respecto, más o menos “documentadas”. En el Granada Hoy del 17 de mayo, podemos leer en la columna “El balcón” de Ignacio Martínez (@imartinezcano en Twitter, síganlo para más chorradas) que, citamos:

“[…] el sector servicios aporta mucho más valor añadido que la industria, convirtiendo recursos en productos, sin tener en bastantes casos que comprar materias primas. Y precariedad o temporalidad son conceptos aplicables a otros sectores u otros países.”

Luego, en la citada red social, insistía en esa idea: turismo como motor económico, sector servicios como generador de mayor valor añadido que la industria.

Por falta de espacio, no vamos a entrar en la cuestión de la generación de mayor o menor valor añadido que la industria (aunque adelantamos que discrepamos profundamente de esa afirmación).

Respecto a la estacionalidad, podemos decir que en Andalucía la tasa de temporalidad2 no ha bajado del 45% en el periodo 2015-2018, en el que hubo una recuperación de la economía posterior a la crisis de 2008. Es por cierto, en estos cuatro años, que se produce la tasa de temporalidad más elevada de todo el periodo 2008-2018. Señal de que el crecimiento del empleo en este sector tiene su base en la estacionalidad del mismo, y en la vinculación a la demanda.


Y además de estacional, precario, y en fraude de ley, y… Sólo en nuestra provincia, unas 23.000 mujeres y hombres trabajan en el sector turístico. Calculamos que unos 19.500 de estos contratos están realizados en fraude de ley, y estaría por otra parte la cifra (incierta) de personas trabajando sin contrato. Todo esto se traduce en menores cotizaciones a la Seguridad Social, y en una pérdida para las arcas públicas que en otro artículo3 ciframos en unos 47.000.000 de € al año. Para 2018 un total de 399.200 personas se ocuparon en Andalucía en la industria turística. Hagan cuentas: una regla de tres da algo más de 800.000.000 millones de euros. Ochocientos. Millones. Sólo en Andalucía. Aparte de nuestra tierra, hay más lugares donde el turismo está “generando” riqueza.

Podríamos estar así largo rato. Tampoco es necesario. Quienes trabajamos mayormente sobrevivimos en este sector sabemos perfectamente cuáles son las condiciones. Y cualquiera con dos dedos de frente y un mínimo de conciencia social.

Ante un horizonte de horas extra sin cobrar, de horas sin cotizar (la Nueva Normalidad se parece mucho a la de toda la vida), y de previsión de bajadas salariales, podemos preguntarnos, ¿es el turismo 1) una fuente de riqueza o 2) un caldo de cultivo para la pobreza? La respuesta está en función del punto de vista (de clase) que adoptemos: para la patronal del sector es lo primero, y pretenden con uñas y dientes que siga siendo así, a costa de los y las trabajadoras. En nuestra mano, en nuestra organización para afrontar los ataques que vienen y organizar la ofensiva por nuestros derechos, está evitar lo segundo.

1 https://satgranada.wordpress.com/2020/05/13/otro-pacto-social-en-plena-crisis-el-acuerdo-social-en-defensa-del-empleo/

2 el porcentaje de población ocupada con un contrato temporal entre el total de población ocupada

3 https://kaosenlared.net/cual-es-la-rentabilidad-real-de-la-industria-de-la-hosteleria/

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital ( https://satgranada.wordpress.com/ingreso-minimo-vital-guia/ ). El Gobierno ha aprobado esta medida en el Consejo de Ministros del viernes 29 de mayo, una iniciativa que se anunciaba como algo que pondría coto a las situaciones de “pobreza extrema en España” y que podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que el 30% son menores de edad. Además, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.

 

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

La idea es que, con la medida, se asegure a todos los hogares una renta mínima que de media llegue a los 10.070 euros. En este sentido, la expectativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que el IMV medio anual que permita llegar a esa cantidad sea de 4.400 euros.

De esta manera, el IMV complementará las rentas de cualquier tipo que tenga un hogar hasta determinado umbral de ingresos, que dependerá del número de miembros y de la tipología de dicho hogar. En cualquier caso, estas rentas que saldrán de la aplicación del subsido, son bastante magras y difícilmente pueden ayudar a una familia a vivr dignamente en las zonas urbanas con precios de alquileres, servicos, etc, absolutamente disparatados e inaccesibles.

Cuantías por hogar

El Gobierno ha identificado hasta 14 tipos de hogares, cada uno con su propio umbral de ingresos mínimo. El umbral más bajo que se tendrá que asegurar, que es el corresponde a un solo adulto, es de unos 5.538 euros anuales, unos 460 euros al mes. Mientras, el máximo que se podrá percibir a través de esta prestación será lo correspondiente a hogares con cuatro adultos y un niño, con 12.184 euros, unos 1.015 al mes.

Al ser un nuevo derecho subjetivo, podrán ser titulares de la prestación todas las personas de entre 23 y 65 años (a partir de 18 si se tienen hijos) con un año o más de residencia legal y efectiva en España. Además, tienen que demostrar su vulnerabilidad: sus rentas de 2019 tienen que ser inferiores a los que garantiza el IMV, aunque en determinados casos se podrá recurrir a las de 2020. https://www.epdata.es/embed/8e15ef9f-bbc1-495d-bd78-24cb10af0552/450

En cualquier caso, en este cómputo no se tendrá en cuenta las rentas de inserción de las comunidades autónomas, que irán aparte. En este sentido, se entiende que el IMV fijará un “suelo común para los hogares” que cumplan los requisitos y las regiones podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.

Los hogares receptores también se tendrán que someter a un test de patrimonio en el que no se incluye la vivienda habitual. Eso sí, el patrimonio de una familia tendrá que ser inferior al triple de la renta que le garantice el IMC para poder recibir la prestación.

De esta manera, para la prestación más baja el patrimonio neto no podrá superar los 16.614 euros, mientras que en el caso de la prestación más alta tendrá que ser inferior a los 43.100 euros.

Solicitud

Durante el mes de junio, la Seguridad Social actuará de oficio y se estima que otorgará a 100.000 hogares sin que tengan que pedirlo. Las solicitudes se comenzarán a tramitar a partir del 15 de junio, con efectos retroactivos desde el 1 de junio, una condición que se mantendrá hasta mediados de septiembre.

Esta solicitudes se podrán hacer sin necesidad de acudir a centros físicos de las Administraciones Públicas. Se podrá tramitar a través de la web de la Seguridad Social o enviando la documentación  por correo ordinario. Habrá un teléfono 900 para informar a los interesados, que contarán con un asistente virtual y un simulador en la citada web.Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

En cualquier caso, la Seguridad Social cuenta con que el IMV se gestione también a través de ayuntamientos, una vez se firmen convenios previstos.

Obligaciones

El IMV también comporta ciertas obligaciones para los beneficiados. Si no tienen empleo, se deberán inscribir como demandantes de empleo.

Con todo, cuando encuentren trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación para incentivar la búsqueda de empleo. De esta manera, el Gobierno quiere evitar lo que los especialistas llaman la trampa de la pobreza: aceptar un empleo o tener prestación. 

En el caso de los hogares que trabajan, el objetivo de las políticas que acompañan al IMV es aumentar el número de horas trabajadas y que pasen a empleos mejor remunerados. Igual que en el caso anterior, solo habrá una ‘pérdida’ parcial de IMV para los beneficiarios si mejorar su situación laboral. De esta manera, “por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior”.

Para que esta estrategia de incentivos a la búsqueda del empleo tenga éxito, se quiere contar con el sector privado al que se le ofrecerá incentivos a la contratación de beneficiarios de la prestación y la creación de un sello social para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV.

La expectativa del Gobierno es que el impacto presupuestario anual del IMV sea de unos 3.000 millones de euros, si se cumple el objetivo de llegar a los 850.000 hogares.

Por otro lado, cabe recordar que aunque la gestión del IMV va a ser cosa de la Seguridad Social, hay una excepción: País Vasco y Navarra. Las comunidades  forales autogestionarán su propia prestación y sus umbrales debido a las especificidades fiscales y tributarias de las comunidades forales, según ha explicado el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

#InformaticosUGRenlucha LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE AL USUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

#InformaticosUGRenlucha        LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE AL USUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

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#InformaticosUGRenlucha

#SubrogacionContratosGPIC
#NoDespidosUGR
#Los6delaUGR



LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE AL USUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Son trabajadores que realizan un trabajo esencial para la Universidad de Granada y para toda la comunidad universitaria, pero ni la gerencia ni sus jefes les echan cuentas.
Son 6 trabajadores con antigüedades de hasta 11 años que siguen viendo cómo la Universidad de Granada pasa olímpicamente de ellos y mantiene la privatización de este servicio esencial que realizan.
En el año 2017 fueron engañados y obligados por una empresa granadina BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL a renunciar a sus antigüedades si querían seguir trabajando. Ahora, la Universidad pretende contratar a otra empresa. la sevillana GPIC, que quiere despedirlos a todos.
Ni la gerencia de la Universidad, ni el director del CSIRC (estos con sus contratos fijos y muy bien pagados por la UGR) hacen nada para que se cumplan las leyes laborales y estos 6 trabajadores mantengan su empleo y puedan seguir sustentando a sus familias.
Esto no se puede consentir: la Universidad de Granada debe comprometerse y llevar a cabo las actuaciones precisas para que los “6 de la UGR” no sean despedidos y para que sus contratos se subroguen.
– Exigimos el mantenimiento del empleo público, de calidad y con todos los derechos.
– No al mercachifleo de las vidas de trabajadores y sus familias por parte de la Universidad de Granada.
– ¡ No al despido de los 6 de la UGR!

Sección Sindical del SAT en Bios Technology Solutions.

“Acceso a la investigación académica y pensamiento crítico: Perspectivas militantes”

“Acceso a la investigación académica y pensamiento crítico: Perspectivas militantes”

El próximo jueves 4 de junio a las 18:00 horas tendremos el taller “Acceso a la investigación académica y pensamiento crítico: Perspectivas militantes” organizado desde la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en la Universidad de Granada. 
Se realizará en formato de video-conferencia y se expondrán algunas claves, consejos e información valiosa para los estudiantes de Grado , Máster y Doctorado con intereses en la investigación académica militante desde una perspectiva crítica. 
Se expondrán las principales vías de acceso a la investigación académica, claves para escoger y construir líneas de investigación, diseño de estrategias de colaboración entre ciencias sociales y movimientos sociales. Además se expondrán algunas experiencias de investigación militante y de acceso a becas y programas universitarios de investigación.
En enlace de la video conferencia se mostrará unas horas antes de la sesión en el grupo de telegram y Facebook “Descolonizar Andalucía”. Para más información y dudas para conectarse a la sesión se pueden consultar en el WhatsApp 660093716.
¡Os esperamos el próximo jueves 4 de junio a las 18:00!
¡Instrúyanse, conmuévanse, organícense!

SAT Granada.

Sección Sindical Universidad de Granada

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

Nuestro compañero Javi Cuesta que, junto a su familia, ha sufrido una agresión fascista con el allanamiento de su casa.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos denunciar:

1-Denunciar las agresiones fascistas como las que ha sufrido el compañero Javi Cuesta en su casa o un sindicalista de la UGT en Malaga, a lo que se suma que en la manifestación permitida a VOX se hizo apología del fascismo, se profieren gritos homófobos y en algunas de estas se agredió a periodistas.

En Granada esta impunidad no es nueva desde el SAT y más de 20 colectivos sociales solicitamos a la subdelegada de Gobierno hace más de seis meses información sobre qué medidas se habían tomado contra los grupos de ultraderecha que atacaron la mezquita de Granada o se contramanifestaron contra un acto convocado por movimientos sociales a favor del derecho a decidir sin tener a día de hoy respuesta de la misma, también se le solicito información sobre porque a nuestro sindicato y diferentes movimientos sociales como Stop Desahucios habían sido multados por hacer concentraciones de menos de 20 personas sin contar tampoco respuesta por parte de la subdelegada M. Inmaculada López Calahorro

2-La prohibición desde la subdelegación de gobierno de movilizaciones como las que realizábamos los viernes por la readmisión de nuestra compañera Vanesa donde éramos menos de 20 personas y podíamos cumplir las medidas de seguridad, mientras se ha permitido concentraciones ilegales de la ultraderecha en Puerta Real que no cumplía ni la comunicación a la subdelegación de gobierno ni las medidas de seguridad indicadas por los expertos.

3-Denunciar los abusos policiales durante la pandemia.

Nos consta a este sindicato de actuaciones policiales que se han saltado la ley alguna de ellas han sido grabadas en video como las cargas a chavales que llevaban carteles contra la manifestación de la ultraderecha el sábado o las identificaciones y multas a un grupo de personas que protesto contra la concentración ilegal que se produce todos los días en Puerta Real.

Ante este panorama hacemos un llamamiento a las personas que han sufrido abusos policiales o amenazas de la extrema derecha a organizarse y denunciar. Llamamos también a la dimisión de la subdelegada del gobierno M. Inmaculada López Calahorro por su persecución a los movimientos sociales y su permisividad ante los grupos de ultraderecha y los abusos policiales.

SAT Granada.

Unión Territorial.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

Hace años que venimos denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras la discriminación por cuestión de género en el mercado laboral.

Este es un problema que viene afectando a las mujeres trabajadoras y que hoy, se ve acentuado por la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Así nos lo revelan los alarmantes datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una tasa de empleo de las mujeres que se distancia de la de los hombres en 11,07 puntos porcentuales, con una tasa de paro de mujeres trabajadoras que supera en 3,5 puntos a la masculina mientras que la tasa de actividad está 10,6 puntos por debajo de la de los hombres.

Si nos ceñimos a los datos estadísticos, resultaría que casi un 47% de mujeres en edad de trabajar permanecen inactivas, porcentaje muy por encima al de los hombres. Pero, ¿engloban estas cifras a las mujeres que trabajan en economía sumergida?

Pundefinedorque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social.

Limpiadoras, camareras, cocineras, empleadas del hogar, jornaleras, fregantinas… mujeres que trabajan en negro, o con contratos fraudulentos cotizando muchas menos horas de las que trabajan y, que cuando pierden sus empleos debido a la pandemia desatada por el Covid-19, se quedan o bien sin ningún tipo de ingreso o con una miserable prestación.

Tampoco podemos olvidar en esta lista de mujeres “inactivas” a todas aquellas mujeres cuya actividad se centra en los cuidados del hogar y de sus familiares.

Entre los sectores más afectados por esta crisis, se sitúa a la cabeza el sector servicios que casualmente o no, es un sector muy feminizado. Tan solo en este sector se concentra un 97% de la pérdida de puestos de trabajo, siendo un 48,42% mujeres.

Pero no ha sido este el único sector feminizado que ha sufrido el impacto económico de la crisis sanitaria, destaca también el sector de servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas) y otros sectores donde la presencia femenina supera el 67% de los empleos.

Que la tasa de desempleo femenino haya aumentado en los últimos meses hasta superar el 56% con una tendencia a la alza no es sino una correlación que viene determinada por el hecho de que somos las mujeres quienes sufrimos peores condiciones en el mercado laboral: contratos a tiempo parcial y/o temporales, por circunstancias de la producción…

Trabajos precarios, peor remunerados y que se caracterizan por la inseguridad laboral recaen fundamentalmente en las mujeres que hoy engloban las listas del paro o que han quedado en una situación de vulnerabilidad, de hambre y necesidad, sin ningún tipo de cobertura social al trabajar en economía sumergida.

Si bien es cierto que la pérdida de empleo ha afectado a la clase trabajadora en general, también lo es que no debemos olvidar las desigualdades implícitas en el actual sistema económico que discriminan a la mujer en el ámbito laboral (entre otros). Como tampoco podemos obviar que la creación de empleo no atiende a una política de igualdad entre hombres y mujeres, siendo nosotras, las trabajadoras las que más dificultades tenemos a la hora de incorporarnos al mercado laboral.

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del covid-19 están siendo devastadoras para nosotras. Ya no solo perdemos nuestro empleo remunerado, sino que además el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres nos ha desbordado con el cierre de las escuelas y la atención a nuestros mayores en tiempos tan delicados para su salud y su bienestar. Un trabajo invisibilizado en condiciones cuasi esclavas que sin embargo es vital para el desarrollo de la economía.

Esta “nueva normalidad” es un atentado contra nuestros derechos y una negación de nuestras oportunidades para desarrollarnos en igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como personal.

No solo nos hemos convertido en víctimas quienes hemos perdido nuestros puestos de trabajo o quienes nos hemos visto afectadas por un ERTE o por la reducción de jornada, también han condenado a las trabajadoras de las empresas que han optado masivamente por la modalidad del teletrabajo

Es insostenible la sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres que tienen que compatibilizar teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia con las escuelas y los centros de día cerrados si no existe corresponsabilidad en los hogares o, si esta situación se da en hogares monoparentales (con un 82% de mujeres). Y es importante señalar, que la falta de responsabilidad compartida en el núcleo familiar es producto de una educación y una cultura que difícilmente vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y no debemos olvidar que esta cultura patriarcal ha sido alimentada por el propio sistema capitalista para explotar doblemente a la mujer, en su papel productivo, reproductivo y de cuidados.

Será pues, el propio sistema el que nos condene a las tareas del hogar para soportar su crisis económica y solo nos rescatará cuando necesite mano de obra barata.

No obstante, desde el Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras, creemos que la situación de la modalidad del teletrabajo no pasa exclusivamente por la corresponsabilidad, sino por una regularización de este sistema de trabajo: estableciendo mecanismos de control horario, de jornadas, calendario laboral, desconexión digital segura…y por supuesto, regularizando desde una perspectiva de género para que las mujeres podamos compatibilizar nuestros empleos con la vida, en general.

En este escenario de retroceso en los derechos y en la igualdad plena y efectiva de la mujer, hoy más que nunca se hace necesaria la lucha organizada donde las mujeres tengamos un papel protagonista.

La compañera despedida Vanesa Sánchez en un acto reivindicativo.

Y se hace necesario establecer lazos de solidaridad con las compañeras que luchan por nuestros derechos, como es el caso de nuestra compañera Vanesa, delegada sindical en el sector de la limpieza que fue despedida por defender los derechos de las trabajadoras en un sector altamente feminizado y por ende, precarizado. Una mujer trabajadora, madre de dos hijas que se enfrenta a las empresas RYDALCA, VERDIBLANCA y a la propia Junta de Andalucía, para defender su puesto de trabajo y dar dignidad a un sector en el que las mujeres no pueden ser sustituidas como fregonas ni se pueden barrer sus derechos.

En este contexto de crisis y de expolio a los derechos de las mujeres, que Vanesa recupere su puesto de trabajo y sus derechos es una batalla ganada en la guerra contra el sistema patriarcal y los gestores del capitalismo hacia nuestra igualdad.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

Este 23 de mayo, a las 20 horas en la Plaza del Carmen de Granada, salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras,

PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).


PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).




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Y si el SEPE no me paga mi prestación ¿Qué hago?

Y si el SEPE no me paga mi prestación ¿Qué hago?

Ministra de Trabajo
Esta, de rojo, el vestido nada más.

Muchos trabajadores y trabajadoras afectados por un  ERTE están teniendo problemas para cobrar la prestación.  A otros se les demoran las prestaciones que deben recibir por otros conceptos ¿Qué hago si no he recibido las prestaciones que me corresponden del SEPE? Aquí tenéis cómo proceder.

¿CÓMO SÉ SI MI SOLICITUD DE PRESTACIONES ESTÁ APROBADA O DENEGADA?

Presentada la solicitud de prestaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está obligado a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla a la persona interesada. Una vez sea resuelta tu solicitud de prestaciones, recibirás en tu domicilio o en el que hayas facilitado para las notificaciones, la resolución del SEPE comunicándote si tu solicitud ha sido aprobada o denegada, indicándote los motivos en este último caso.
No obstante, en cualquier momento, podrás informarte sobre el estado de tramitación de uu expediente:
En la página Web del SEPE (si dispones de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.
En el servicio de atención telefónica a la ciudadanía Granada 958 900 598 y en el resto de provincias consulta aquí ).
En la oficina de prestaciones en la que presentaste tu solicitud, previa petición de cita (por teléfono o en la Web del SEPE).
Si transcurridos tres meses desde la fecha de presentación de su solicitud, no has recibido la resolución, se podrá entender que te ha sido denegada por silencio administrativo. En este caso, podrás presentar una reclamación previa a la vía judicial. (Fuente: SEPE  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/comunicaciones-resoluciones-reclamaciones/informacion-aprobacion-denegacion-solicitud.html ).

Chica sin pasta

Cómo sabré si cobraré

Aunque muchos sí que han cobrado su prestación, cerca de uno de cada cuatro trabajadores   todavía no lo han hecho y por lo tanto pueden consultar si su ERTE ha sido aprobado o no. Para hacer esta consulta se debe entrar en la sede del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE).

En la pestaña de procedimientos y servicios aparecerá un desplegable en el que hay que seleccionar el apartado “Personas”.

Deberás seleccionar el apartado “Consulte los datos y recibo de su prestación” y pinchar en “Datos de contraste”.

Una vez dentro se debe introducir el DNI, las 10 últimas posiciones de la cuenta bancaria y el número de teléfono. En el caso de que la prestación ya esté reconocida aparecerá la cuantía y la duración de la misma.

¿Qué hago si no he recibido la prestación del SEPE?

Cerca de cuatro millones de trabajadores fueron afectados por un ERTE y se  ha producido una demora del pago de la prestación para un gran número debido al colapso en el SEPE.

Los que se encuentren en situación de impago por parte del SEPE pueden reclamar su prestación. En primer lugar, el trabajador deberá realizar una declaración formal a la empresa. En la declaración, que podrá enviar por e-mail, debe informar de que no ha recibido la prestación. La empresa que ha realizado el ERTE debe tener constancia del retraso en el pago a sus trabajadores.

Después de informar a la empresa, debe presentar una declaración administrativa.

En cuanto a la declaración administrativa: si se trata de una resolución del SEPE en la que deniegan la prestación al trabajador, o no estamos de acuerdo con la cuantía aprobada, debemos presentar una reclamación previa ante el propio SEPE dentro de los 30 días hábiles siguientes a la resolución.

Si después de presentar esta declaración no recibiera la prestación podrá presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

La reclamación puede realizarse por correo certificado o telemáticamente. Si en un plazo de 45 días hábiles desde la presentación de nuestra reclamación previa el SEPE no contesta nuestra solicitud, podemos presentar demanda ante los Juzgados de lo Social en un plazo de 30 días hábiles. El mismo plazo de 30 días es aplicable en caso de que obtengamos una resolución expresa desfavorable.

La administración cuenta con un plazo de 6 meses para resolver, en caso de no hacerlo se entenderá desestimada por silencio administrativo. A partir de este momento puede realizar una demanda judicial.

Para presentar demandas ante los Juzgados de lo Social contra el SEPE, no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador siempre que estemos en primera instancia. Aunque se recomienda contar con los servicios de la asesoría laboral del SAT ASESORIA LABORAL GRATUITA cuya gratuidad es para información y consultas para los no afiliados y de mucho mayor amplitud de servicios para las personas trabajadoras afiliadas al sindicato.

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Humor paro no.

El SAT de Motril – Costa Tropical ante los expedientes a empleados municipales.

El SAT de Motril – Costa Tropical ante los expedientes a empleados municipales.

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Para estos sí hay equipos de protección.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Motril – Costa Tropical y la sección sindical de personal laboral del Ayuntamiento motrileño, quieren manifestar su profundo rechazo a causa de las sanciones que desde el consistorio se quiere aplicar a cuatro trabajadores municipales por verter críticas a la gestión municipal.

El Ayuntamiento ha abierto expedientes disciplinarios a dos trabajadoras de limpieza por criticar la falta de material de equipos de protección contra el coronavirus por redes sociales. En los expedientes disciplinarios el Ayuntamiento indica que las publicaciones de Facebook de los empleados pueden «ser constitutivos de una falta disciplinaria, máxime cuando el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo por garantizar la seguridad de sus trabajadores».

Además, el Consistorio ha abierto otros dos expedientes a conserjes que custodiaban el pabellón de deportes ,cuando era refugio para las personas sin techo, por criticar la decisión en grupos o perfiles públicos de la misma red social.

Desde el SAT de Motril y la sección sindical, consideramos que el derecho a la libertad de expresión otorga a la personas el poder de expresar ideas y opiniones libremente, siempre que se haga de forma respetuosa con los límites constitucionales y que este derecho no se pierde cuando los trabajadores comenzamos nuestra jornada laboral.

También queremos poner en conocimiento de la opinión pública que las lógicas y fundadas quejas de estos cuatro trabajadores (dos mujeres y dos hombres) se produjeron después de ser desatendidas por los responsables municipales.

Desde el SAT estimamos que se ha producido una injustificada limitación del derecho de nuestros compañeros a la libertad de expresión y que un derecho fundamental, no puede conculcarse ante un supuesto “deber de lealtad” a la empresa que no se ajusta al sistema constitucional de relaciones laborales.

Por lo dicho, exigimos la inmediata retirada de los cuatro expedientes disciplinarios y que el Ayuntamiento dote de medios y EPIs (equipos de protección individual) a sus trabajadores y trabajadoras y contemple medidas de amparo hacia las personas sin techo que se cobijaban en el pabellón.

La decisión de abrir expedientes disciplinarios a cuatro trabajadores en momentos de emergencia como este pone en evidencia la actitud de la alcaldesa de Motril que acude a las medidas represoras para acallar las críticas a su muy mejorable gestión, críticas que parten de empleados públicos que están dando la cara y actuando con una entrega encomiable para contener la pandemia.

 

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT)

Motril – Costa Tropical.

Secretaría de Prensa e Información.

(+ Info: 654753602 y 656319784)

SAT Motril

CUÁL ES LA RENTABILIDAD REAL DE LA INDUSTRIA DE LA HOSTELERÍA? El ejemplo de Granada: un camino que jamás se debe volver a andar.

CUÁL ES LA RENTABILIDAD REAL DE LA INDUSTRIA DE LA HOSTELERÍA? El ejemplo de Granada: un camino que jamás se debe volver a andar.

La patronal granadina de la Hostelería y el Turismo, que lleva décadas cimentando su desarrollo sobre los pilares del fraude, la especulación y la destrucción del entorno, el medio ambiente y el territorio, pretende ahora ponerse en una posición de superioridad y exigencia ante el conjunto de la sociedad y las administraciones públicas que le lleve a retomar la senda que durante décadas ha transitado y que ha aportado beneficios para muy pocos y ruina para muchos.

En este artículo pretendemos aportar una serie de razonamientos y análisis que nos lleven a evitar que se vuelva a andar el camino que jamás debiera haberse tomado.

Cuando uno escucha a Gregorio García, a la sazón presidente de la organización patronal Federación Granadina de Hostelería y el Turismo, no encontrará en sus palabras otras razones que no sean la de exigir una liberalización de tasas, de impuestos, de relaciones laborales…Ni una alternativa ni una declaración de buenas intenciones ni una autocrítica ni un proyecto de futuro, nada indica que los empresarios granadinos que representa don Gregorio y que no son, precisamente, la mayoría de ellos, hayan sacado conclusión alguna que contemple el medio y la población que saquean y de la que viven ni a que estén dispuestos a afrontar ningún sacrifico y menos a asumir una responsabilidad social que ante estos tiempos de pandemia debiera exigírseles.

El fraude permanente.

Vamos a hacer unos cálculos bien sencillos para cimentar nuestros razonamientos.

La industria de la Hostelería ocupa a unos 23.000 hombres y mujeres en el conjunto de la provincia de Granada de los cuales unos 19.500 están contratados en fraude de ley ( a los que habría que sumar la incierta cifra de los que se ven obligados a trabajar sin contrato) y cuyos contratos vienen a sumar un fraude, sólo en cotizaciones a la Seguridad Social y tirando por lo bajo, de 46.800.000 € anuales.

Hagamos otra cuenta. Gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la Hostelería y el Turismo tienen contratos a tiempo parcial aunque, realmente, echen jornadas de 55-60 horas semanales. A todos estos trabajadores (como al resto) se les exige disponer de 15 años cotizados a la Seguridad Social para disponer de una pensión contributiva. ¿ Cuántos años deberían trabajar en una empresa tipo de Hostelería para cotizar esos quince años exigidos? Las matemáticas no fallan: debieran trabajar 60 años para tener cotizado ese periodo de tiempo, con lo que la gran mayoría de ellos, después de dejarse la vida y la salud en sus trabajos, tendrán que acceder a pensiones asistenciales.

Una última cuenta para ilustra el artículo. Cada empresario de la Hostelería escatima un promedio de un 31% de los salarios que debieran percibir sus trabajadores. ¿ A cuánto asciende el fraude? Es sencillo calcularlo: unos 112.000.000 de euros anuales son los que dejan de cobrar los trabajadores de la hostelería granadina.

Vistas estas cifras y sin abundar mucho en ellas, debiéramos concluir que el fraude económico y social que ejercen las empresas de Hostelería en la provincia de Granada es de dimensiones gigantescas. ¿De dónde sale, pues, esta superioridad de la que alardea el señor Gregorio García? ¿ Porqué se nos sigue diciendo que la Hostelería es uno de “los motores económicos” de nuestra provincia? ¿ Por qué se sigue insistiendo que Granada vive del Turismo?

Copia de volvemos al trabajo con todos los derechos

El fraude menos visible.

Cada empresa de Hostelería de Granada ocupa, de promedio, a un 41% menos de los trabajadores que debiera emplear si respetase los regímenes de trabajo que determina su convenio colectivo provincial ( horario de trabajo, descansos semanales, turnos, etc). Por lo tanto, deberemos concluir que la Hostelería en absoluto es una industria que crea un empleo razonablemente proporcionado a lo escaso de los impuestos y a las cotizaciones a la Seguridad que abona. Una cifra razonable de ocupaciones en el sector estaría cerca de los 40.000 trabajadores y no las que se barajan actualmente y que son fruto del fraude, del que se aprecia con más facilidad y el que es más difícil contemplar.

Desde una perspectiva empresarial, tanto a nivel fiscal como de Seguridad Social y laboral, las prácticas habituales de los empresarios de Hostelería no sólo generan ciertos riesgos que todos conocemos, sino también otra serie de problemas que no suelen preverse inicialmente. Así las cosas, conviene tener en cuenta todos los peligros que este tipo actuaciones pueden conllevar al estarse incurriendo en responsabilidades laborales y sociales, incluso responsabilidades de índole penal.

Una de las derivadas de, por ejemplo, otra práctica habitual de los empresarios de la Hostelería que es pagar parte del salario “fuera de nómina”, es su no declaración ante Hacienda y la ausencia de retención por parte del empresario que incumple con aquella obligación. Este incumplimiento en materia tributaria puede conllevar para el empresario uno de los riesgos más conocidos, la apertura de expedientes sancionadores con levantamiento de actas de liquidación por los importes no retenidos dentro del plazo de prescripción de 4 años, juntos con sus intereses y recargos, además de actas de infracción.

Con respecto a la incidencia en materia de Seguridad Social, las cantidades “no reflejadas en nómina” o pagar 300 o 400 € por debajo de lo estipulado en las tablas salariales del Convenio de Hostelería, en tanto en cuanto no quedan incluidas en las bases de cotización comunicadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, suponen una infracotización. Como consecuencia de lo anterior, los pagos “fuera de nómina” generan una contingencia por el importe de las cuotas dejadas de ingresar por dichas cantidades más recargos, durante los 4 años siguientes. El empresario, de ser pillado in fraganti deberá abonar entonces, no sólo el importe de la cuota empresarial que no ingresó en su día, sino también el importe a la cuota obrera que irá a su cargo, al no haberla detraído del salario en el momento del pago al trabajador, tal y como ordena el art. 230 apartado b) de la LGSS.

Por otra parte, la falta de declaración de las bases de cotización reales a la Tesorería General de la Seguridad Social puede conllevar también la imposición de sanciones derivadas de infracciones en materia de Seguridad Social. En concreto, se considera que es una infracción muy grave la falta de ingreso de cuotas, salvo que se haya realizado la correspondiente declaración de las bases correctas en los boletines de cotización, lo que no suele ocurrir cuando se abonan los salarios de esta forma. Tras la reforma de Julio de 2012, las sanciones oscilan entre un importe equivalente al 100,01% del importe de las cuotas dejadas de ingresar, incluidos recargos, intereses y costas hasta el 150% de las mismas.

Los riesgos menos conocidos de unas prácticas empresariales fraudulentas.

La Responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones derivada de la infracotización

Si bien las anteriores consecuencias son comúnmente conocidas, no lo es tanto la llamada responsabilidad en orden a las prestaciones prevista en el art. 126.2 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015.). Dicha responsabilidad es una consecuencia que puede derivarse de aquella infracotización. A saber:

“Artículo 126

El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva.
Finalmente, no podemos perder de vista otras consecuencias de suma importancia para el empresario. El pago de salarios “fuera de nómina” suele producirse en aquellos sectores en los que la operativa mercantil conlleva que se genere dinero no declarado fiscalmente. La entrega de ese dinero a los trabajadores como parte de su salario, lo pone en circulación lo que podría poner en evidencia una situación de blanqueo de capitales.

El blanqueo de capitales consiste en toda actividad que busca “legalizar” recursos financieros obtenidos de una actividad delictiva, habiéndose entendido que dicha actividad tendría que estar relacionada con temas de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, etc. No obstante, a raíz de la Ley 10/2010, de 18 de Abril sobre Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de sentencias como la dictada en el caso Ballena Blanca del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2012, se considera como actividad delictiva a efectos de obtención de aquellos fondos, el delito fiscal. Como consecuencia de lo anterior, cuando la cuota defraudada asciende a más de 120.000 euros, cabe incurrir no sólo en un delito fiscal sino también en un delito de blanqueo de capitales. La entrega de dichas cantidades a los trabajadores como parte de su salario puede significar poner en circulación fondos indebidamente obtenidos.

Euros

ERTES, regulaciones y dinero público.

En Granada en el mes de marzo –un mes en que habitualmente se realizan numerosas contrataciones de cara a la Semana Santa y la llegada de la Primavera– se despidieron a 5.800 trabajadores del sector y se solicitaron un total de 3.158 ERTEs motivados por fuerza mayor y por la crisis del coronavirus. Tales regulaciones temporales de empleo han afectado hasta el 1 de mayo a 14.600 trabajadores, lo que ha provocado un descenso ostensible de las retribuciones de estos hombres y mujeres – la mayoría de ellos con contratos en fraude de ley e infracotizados – infinidad de los de los cuales han debido sufrir los golpes y dardos de la patronal y el SEPE al existir gran cantidad de ERTEs no resueltos que no se cobrarán hasta junio, así como otros expedientes tramitados que están pausados por incidencias de distinta índole. Esto significa que cerca de un 60% de empleados no van a cobrar hasta no se sabe cuándo. Como no cabría esperar de otra manera dado el afán de rapiña de los empresarios de la Hostelería granadina ni se han complementando los sueldos de los afectados por las regulaciones de empleo o pagado sus vacaciones: todo lo contrario.

Así vemos que, pese a que los empresarios de la Hostelería ganaron en el año 2019 más que nunca y el ejercicio de ese año cerró con un crecimiento económico del sector turístico registrando las tasas más altas nunca recogidas, estas cifras han vuelto a no traducirse en un apoyo a los trabajadores cuando la situación lo requería. Más aún, las empresas del sector volvieron a ser las destinatarias de una millonaria inversión promocional por parte de las Administraciones Públicas e importantísimas y casi incuantificables subvenciones procedentes del erario público: bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, bonificaciones para la contratación, ayudas a la primera contratación; subvenciones para la financiación consistentes en subvenciones a fondo perdido, pago único, ayudas propias del sector, ayudas al autoempleo; financiación para empresas mediante préstamos ICO a muy bajo interés, financiación bonificada, ayudas directas de la Agencia IDEA y otras…

Granada nunca vivió del Turismo.

La incapacidad y absoluta falta de interés por parte de los políticos profesionales e instituciones que nos gobiernan para acabar con la subordinación económica, subalternidad y dependencia cuasi colonial de Andalucía y, por ende, de Granada, ha llevado a éstos a repetirnos un mantra que a fuerza de escucharlo hemos llegado a asumir como propio y es el de que Andalucía y Granada viven del Turismo. Esta afirmación es infundada y falaz, ya que ni históricamente ni en la actualidad esto ha sido así. Más bien, el retrato sería que la economía y la población granadina es una familia con graves carencias económica – y de diversa índole- que obtiene un complemento para subsistir y que ese complemento, hoy casi imprescindible, pero no mayoritario en términos absolutos, proviene de la Hostelería y el Turismo. El sector de la hostelería en Andalucía cuenta con algo más de 50 mil establecimientos que dan empleo a cerca de 280 mil personas (lo que no llega al 7% de la población activa), con una facturación de 18 mil millones de euros, lo que representa el 7,1% de la riqueza nacional andaluza y, por números de establecimientos Granada se sitúa en cuarta posición, así que por mucho que se quiera ni Granada ni Andalucía viven del Turismo.

La industria de la Hostelería y el Turismo gentrifica nuestros barrios y pueblos, los turistifica , destruye el territorio lo condena al desastre ecológico y sin parar mientes en el daño social añadido que esto conlleva y produce. Todo ello para concentrar el benéfico obtenido en escasísimas manos que ni reinvierten ni dejan su riqueza en nuestra tierra. Siendo todas estas prácticas y sus consecuencias nefastas, hay que añadir que el negocio, el pelotazo hostelero – turístico, se sostiene a base de tolerar el fraude permanente y estructural y a golpe de miles de millones del erario público usurpados a los ciudadanos y destinados al beneficio privado.

El futuro no es el Turismo.

El futuro de Andalucía y de Granada no pueden estar basado en el Turismo por el Turismo y la crisis traída por la pandemia que padecemos nos debería llevar a reflexionar sobre el mañana que queremos para nuestros hijos y nuestra tierra. El turismo es una actividad que aporta un muy escaso valor añadido y altamente mudable, un sector que acapara diversas actividades dentro de un país como Andalucía y que engloba a un sinfín de personas dedicadas a satisfacer necesidades de diverso índole. Cada país ha desarrollado al turismo en sus supuestas mejores facetas, es decir, potencializando el tipo de turismo que represente un arraigo en su patrimonio, no obstante, un principio fundamental de este sector, requiere de adaptar modelos turísticos a las necesidades de la población en la que coexiste dicha actividad, sin olvidar que aun en un país, los Estados y las Ciudades presentan diversas necesidades, pues la cultura, su capital humano, costumbres y tradiciones no son las mismas debido a cada estilo de vida que se ha desarrollado.

Que se nos entienda bien, nosotros ni promovemos ni estamos por una autarquía económica ni nada que pueda parecerse, pero sí sabemos que el futuro para un desarrollo sostenible para nuestra tierra no pasa por reproducir los modelos de saqueo actuales y dentro de los cuales la Hostelería y el Turismo ocupan un lugar preponderante. Tenemos que apostar por el futuro y nunca obviar la capacidad y los suficientes recursos naturales, humanos, intelectuales, etc. de los que disponemos como para no tener que aplicar una desordenada política extractivista y liquidadora de los recursos humanos y naturales como se viene haciendo.

Sobre unas condiciones de trabajo realmente dignas para las personas trabajadoras que desempeñamos nuestras funciones en la Hostelería y el Turismo ya estamos preparando, a modo de secuela, un artículo que ofreceremos en breve.

Sirva el presente escrito para alertar de los males endémicos y estructurales que afectan al pelotazo hostelero que estamos padeciendo y que, de no ser reconducido sobre bases lógicas, equitativas y respetuosas con la legalidad y los derechos de los trabajadores, nos van a llevar al desastre.

Es hora de que, como trabajadores y andaluces, reclamemos nuestra soberanía y actuemos, decidamos y proyectemos un mañana mejor para Granada y Andalucía.

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).

Sector Nacional de Hostelería y Turismo.

(Artículo publicado el 17 de mayo en Kaos en la Red  https://kaosenlared.net/cual-es-la-rentabilidad-real-de-la-industria-de-la-hosteleria/ )

Artículo Kaos

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