La patronal granadina de la Hostelería y el Turismo, que lleva décadas cimentando su desarrollo sobre los pilares del fraude, la especulación y la destrucción del entorno, el medio ambiente y el territorio, pretende ahora ponerse en una posición de superioridad y exigencia ante el conjunto de la sociedad y las administraciones públicas que le lleve a retomar la senda que durante décadas ha transitado y que ha aportado beneficios para muy pocos y ruina para muchos.
En este artículo pretendemos aportar una serie de razonamientos y análisis que nos lleven a evitar que se vuelva a andar el camino que jamás debiera haberse tomado.
Cuando uno escucha a Gregorio García, a la sazón presidente de la organización patronal Federación Granadina de Hostelería y el Turismo, no encontrará en sus palabras otras razones que no sean la de exigir una liberalización de tasas, de impuestos, de relaciones laborales…Ni una alternativa ni una declaración de buenas intenciones ni una autocrítica ni un proyecto de futuro, nada indica que los empresarios granadinos que representa don Gregorio y que no son, precisamente, la mayoría de ellos, hayan sacado conclusión alguna que contemple el medio y la población que saquean y de la que viven ni a que estén dispuestos a afrontar ningún sacrifico y menos a asumir una responsabilidad social que ante estos tiempos de pandemia debiera exigírseles.
El fraude permanente.
Vamos a hacer unos cálculos bien sencillos para cimentar nuestros razonamientos.
La industria de la Hostelería ocupa a unos 23.000 hombres y mujeres en el conjunto de la provincia de Granada de los cuales unos 19.500 están contratados en fraude de ley ( a los que habría que sumar la incierta cifra de los que se ven obligados a trabajar sin contrato) y cuyos contratos vienen a sumar un fraude, sólo en cotizaciones a la Seguridad Social y tirando por lo bajo, de 46.800.000 € anuales.
Hagamos otra cuenta. Gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la Hostelería y el Turismo tienen contratos a tiempo parcial aunque, realmente, echen jornadas de 55-60 horas semanales. A todos estos trabajadores (como al resto) se les exige disponer de 15 años cotizados a la Seguridad Social para disponer de una pensión contributiva. ¿ Cuántos años deberían trabajar en una empresa tipo de Hostelería para cotizar esos quince años exigidos? Las matemáticas no fallan: debieran trabajar 60 años para tener cotizado ese periodo de tiempo, con lo que la gran mayoría de ellos, después de dejarse la vida y la salud en sus trabajos, tendrán que acceder a pensiones asistenciales.
Una última cuenta para ilustra el artículo. Cada empresario de la Hostelería escatima un promedio de un 31% de los salarios que debieran percibir sus trabajadores. ¿ A cuánto asciende el fraude? Es sencillo calcularlo: unos 112.000.000 de euros anuales son los que dejan de cobrar los trabajadores de la hostelería granadina.
Vistas estas cifras y sin abundar mucho en ellas, debiéramos concluir que el fraude económico y social que ejercen las empresas de Hostelería en la provincia de Granada es de dimensiones gigantescas. ¿De dónde sale, pues, esta superioridad de la que alardea el señor Gregorio García? ¿ Porqué se nos sigue diciendo que la Hostelería es uno de “los motores económicos” de nuestra provincia? ¿ Por qué se sigue insistiendo que Granada vive del Turismo?

El fraude menos visible.
Cada empresa de Hostelería de Granada ocupa, de promedio, a un 41% menos de los trabajadores que debiera emplear si respetase los regímenes de trabajo que determina su convenio colectivo provincial ( horario de trabajo, descansos semanales, turnos, etc). Por lo tanto, deberemos concluir que la Hostelería en absoluto es una industria que crea un empleo razonablemente proporcionado a lo escaso de los impuestos y a las cotizaciones a la Seguridad que abona. Una cifra razonable de ocupaciones en el sector estaría cerca de los 40.000 trabajadores y no las que se barajan actualmente y que son fruto del fraude, del que se aprecia con más facilidad y el que es más difícil contemplar.
Desde una perspectiva empresarial, tanto a nivel fiscal como de Seguridad Social y laboral, las prácticas habituales de los empresarios de Hostelería no sólo generan ciertos riesgos que todos conocemos, sino también otra serie de problemas que no suelen preverse inicialmente. Así las cosas, conviene tener en cuenta todos los peligros que este tipo actuaciones pueden conllevar al estarse incurriendo en responsabilidades laborales y sociales, incluso responsabilidades de índole penal.
Una de las derivadas de, por ejemplo, otra práctica habitual de los empresarios de la Hostelería que es pagar parte del salario “fuera de nómina”, es su no declaración ante Hacienda y la ausencia de retención por parte del empresario que incumple con aquella obligación. Este incumplimiento en materia tributaria puede conllevar para el empresario uno de los riesgos más conocidos, la apertura de expedientes sancionadores con levantamiento de actas de liquidación por los importes no retenidos dentro del plazo de prescripción de 4 años, juntos con sus intereses y recargos, además de actas de infracción.
Con respecto a la incidencia en materia de Seguridad Social, las cantidades “no reflejadas en nómina” o pagar 300 o 400 € por debajo de lo estipulado en las tablas salariales del Convenio de Hostelería, en tanto en cuanto no quedan incluidas en las bases de cotización comunicadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, suponen una infracotización. Como consecuencia de lo anterior, los pagos “fuera de nómina” generan una contingencia por el importe de las cuotas dejadas de ingresar por dichas cantidades más recargos, durante los 4 años siguientes. El empresario, de ser pillado in fraganti deberá abonar entonces, no sólo el importe de la cuota empresarial que no ingresó en su día, sino también el importe a la cuota obrera que irá a su cargo, al no haberla detraído del salario en el momento del pago al trabajador, tal y como ordena el art. 230 apartado b) de la LGSS.
Por otra parte, la falta de declaración de las bases de cotización reales a la Tesorería General de la Seguridad Social puede conllevar también la imposición de sanciones derivadas de infracciones en materia de Seguridad Social. En concreto, se considera que es una infracción muy grave la falta de ingreso de cuotas, salvo que se haya realizado la correspondiente declaración de las bases correctas en los boletines de cotización, lo que no suele ocurrir cuando se abonan los salarios de esta forma. Tras la reforma de Julio de 2012, las sanciones oscilan entre un importe equivalente al 100,01% del importe de las cuotas dejadas de ingresar, incluidos recargos, intereses y costas hasta el 150% de las mismas.
Los riesgos menos conocidos de unas prácticas empresariales fraudulentas.
La Responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones derivada de la infracotización
Si bien las anteriores consecuencias son comúnmente conocidas, no lo es tanto la llamada responsabilidad en orden a las prestaciones prevista en el art. 126.2 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015.). Dicha responsabilidad es una consecuencia que puede derivarse de aquella infracotización. A saber:
“Artículo 126
El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva.
Finalmente, no podemos perder de vista otras consecuencias de suma importancia para el empresario. El pago de salarios “fuera de nómina” suele producirse en aquellos sectores en los que la operativa mercantil conlleva que se genere dinero no declarado fiscalmente. La entrega de ese dinero a los trabajadores como parte de su salario, lo pone en circulación lo que podría poner en evidencia una situación de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales consiste en toda actividad que busca “legalizar” recursos financieros obtenidos de una actividad delictiva, habiéndose entendido que dicha actividad tendría que estar relacionada con temas de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, etc. No obstante, a raíz de la Ley 10/2010, de 18 de Abril sobre Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de sentencias como la dictada en el caso Ballena Blanca del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2012, se considera como actividad delictiva a efectos de obtención de aquellos fondos, el delito fiscal. Como consecuencia de lo anterior, cuando la cuota defraudada asciende a más de 120.000 euros, cabe incurrir no sólo en un delito fiscal sino también en un delito de blanqueo de capitales. La entrega de dichas cantidades a los trabajadores como parte de su salario puede significar poner en circulación fondos indebidamente obtenidos.

ERTES, regulaciones y dinero público.
En Granada en el mes de marzo –un mes en que habitualmente se realizan numerosas contrataciones de cara a la Semana Santa y la llegada de la Primavera– se despidieron a 5.800 trabajadores del sector y se solicitaron un total de 3.158 ERTEs motivados por fuerza mayor y por la crisis del coronavirus. Tales regulaciones temporales de empleo han afectado hasta el 1 de mayo a 14.600 trabajadores, lo que ha provocado un descenso ostensible de las retribuciones de estos hombres y mujeres – la mayoría de ellos con contratos en fraude de ley e infracotizados – infinidad de los de los cuales han debido sufrir los golpes y dardos de la patronal y el SEPE al existir gran cantidad de ERTEs no resueltos que no se cobrarán hasta junio, así como otros expedientes tramitados que están pausados por incidencias de distinta índole. Esto significa que cerca de un 60% de empleados no van a cobrar hasta no se sabe cuándo. Como no cabría esperar de otra manera dado el afán de rapiña de los empresarios de la Hostelería granadina ni se han complementando los sueldos de los afectados por las regulaciones de empleo o pagado sus vacaciones: todo lo contrario.
Así vemos que, pese a que los empresarios de la Hostelería ganaron en el año 2019 más que nunca y el ejercicio de ese año cerró con un crecimiento económico del sector turístico registrando las tasas más altas nunca recogidas, estas cifras han vuelto a no traducirse en un apoyo a los trabajadores cuando la situación lo requería. Más aún, las empresas del sector volvieron a ser las destinatarias de una millonaria inversión promocional por parte de las Administraciones Públicas e importantísimas y casi incuantificables subvenciones procedentes del erario público: bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, bonificaciones para la contratación, ayudas a la primera contratación; subvenciones para la financiación consistentes en subvenciones a fondo perdido, pago único, ayudas propias del sector, ayudas al autoempleo; financiación para empresas mediante préstamos ICO a muy bajo interés, financiación bonificada, ayudas directas de la Agencia IDEA y otras…
Granada nunca vivió del Turismo.
La incapacidad y absoluta falta de interés por parte de los políticos profesionales e instituciones que nos gobiernan para acabar con la subordinación económica, subalternidad y dependencia cuasi colonial de Andalucía y, por ende, de Granada, ha llevado a éstos a repetirnos un mantra que a fuerza de escucharlo hemos llegado a asumir como propio y es el de que Andalucía y Granada viven del Turismo. Esta afirmación es infundada y falaz, ya que ni históricamente ni en la actualidad esto ha sido así. Más bien, el retrato sería que la economía y la población granadina es una familia con graves carencias económica – y de diversa índole- que obtiene un complemento para subsistir y que ese complemento, hoy casi imprescindible, pero no mayoritario en términos absolutos, proviene de la Hostelería y el Turismo. El sector de la hostelería en Andalucía cuenta con algo más de 50 mil establecimientos que dan empleo a cerca de 280 mil personas (lo que no llega al 7% de la población activa), con una facturación de 18 mil millones de euros, lo que representa el 7,1% de la riqueza nacional andaluza y, por números de establecimientos Granada se sitúa en cuarta posición, así que por mucho que se quiera ni Granada ni Andalucía viven del Turismo.
La industria de la Hostelería y el Turismo gentrifica nuestros barrios y pueblos, los turistifica , destruye el territorio lo condena al desastre ecológico y sin parar mientes en el daño social añadido que esto conlleva y produce. Todo ello para concentrar el benéfico obtenido en escasísimas manos que ni reinvierten ni dejan su riqueza en nuestra tierra. Siendo todas estas prácticas y sus consecuencias nefastas, hay que añadir que el negocio, el pelotazo hostelero – turístico, se sostiene a base de tolerar el fraude permanente y estructural y a golpe de miles de millones del erario público usurpados a los ciudadanos y destinados al beneficio privado.
El futuro no es el Turismo.
El futuro de Andalucía y de Granada no pueden estar basado en el Turismo por el Turismo y la crisis traída por la pandemia que padecemos nos debería llevar a reflexionar sobre el mañana que queremos para nuestros hijos y nuestra tierra. El turismo es una actividad que aporta un muy escaso valor añadido y altamente mudable, un sector que acapara diversas actividades dentro de un país como Andalucía y que engloba a un sinfín de personas dedicadas a satisfacer necesidades de diverso índole. Cada país ha desarrollado al turismo en sus supuestas mejores facetas, es decir, potencializando el tipo de turismo que represente un arraigo en su patrimonio, no obstante, un principio fundamental de este sector, requiere de adaptar modelos turísticos a las necesidades de la población en la que coexiste dicha actividad, sin olvidar que aun en un país, los Estados y las Ciudades presentan diversas necesidades, pues la cultura, su capital humano, costumbres y tradiciones no son las mismas debido a cada estilo de vida que se ha desarrollado.
Que se nos entienda bien, nosotros ni promovemos ni estamos por una autarquía económica ni nada que pueda parecerse, pero sí sabemos que el futuro para un desarrollo sostenible para nuestra tierra no pasa por reproducir los modelos de saqueo actuales y dentro de los cuales la Hostelería y el Turismo ocupan un lugar preponderante. Tenemos que apostar por el futuro y nunca obviar la capacidad y los suficientes recursos naturales, humanos, intelectuales, etc. de los que disponemos como para no tener que aplicar una desordenada política extractivista y liquidadora de los recursos humanos y naturales como se viene haciendo.
Sobre unas condiciones de trabajo realmente dignas para las personas trabajadoras que desempeñamos nuestras funciones en la Hostelería y el Turismo ya estamos preparando, a modo de secuela, un artículo que ofreceremos en breve.
Sirva el presente escrito para alertar de los males endémicos y estructurales que afectan al pelotazo hostelero que estamos padeciendo y que, de no ser reconducido sobre bases lógicas, equitativas y respetuosas con la legalidad y los derechos de los trabajadores, nos van a llevar al desastre.
Es hora de que, como trabajadores y andaluces, reclamemos nuestra soberanía y actuemos, decidamos y proyectemos un mañana mejor para Granada y Andalucía.
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).
Sector Nacional de Hostelería y Turismo.
(Artículo publicado el 17 de mayo en Kaos en la Red https://kaosenlared.net/cual-es-la-rentabilidad-real-de-la-industria-de-la-hosteleria/ )
Artículo Kaos
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