LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES DEL CAU SENTENCIADOS COMO”IMPROCEDENTES”.

LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES DEL CAU SENTENCIADOS COMO”IMPROCEDENTES”.

El Juzgado de lo Social n.º 5 de Granada ha dictado sentencia por despido improcedente a instancias de la demanda emprendida por la Sección Sindical del SAT en el CAU. Dicha sentencia se pronuncia en contra de las pretensiones de la Universidad de Granada y condena a BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L. a pagar elevadas indemnizaciones a los trabajadores en caso de que no los readmita.

La sentencia desbarata las pretensiones de la rectora y la gerente de la UGR que negaron en su día “que se produjese un despido”, actitud de ambas que coadyuvó al despido por parte de BIOS TECHNOLOGY para permitir la entrada del arribista Ignacio Soto con su empresa GPIC, quienes actualmente gestionan el servicio del CAU desde la precarización más absoluta de los puestos de trabajo, el pago de salarios ridículos y una total falta de respeto a los derechos de los trabajadores en los que tanto rectora, gerente y GPIC son responsables y coincidentes.

Bien conocida es la política de privatizaciones, externalizaciones y liquidación de puestos de trabajo del personal laboral de la UGR que marcan la agenda de Pilar Aranda y que se aplica mediante los dictados del brazo ejecutor de la gerente, María del Mar Holgado Molina y de Evaristo Molero (CCOO), Jefe de recursos humanos.

Los trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención al Usuario (CAU) (el popular teléfono 36000, para averías y demás incidencias relacionadas con la red informática de la UGR) cumplieron un mes de Huelga Indefinida que se inició el pasado 15 de junio del 2020 y se prolongó hasta el día en que fueron despedidos. Ese servicio era atendido por 6 trabajadores que tras muchos años de esfuerzos, dedicación y entrega en su trabajo, vieron cedido el servicio a una empresa con patente de corso (GPIC) que se negó a subrogar sus contratos.

Igualmente, los trabajadores, a través del comité de Huelga y la sección sindical del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras), depositaron ante el registro general de la Universidad un documento respaldado por la práctica totalidad de trabajadores del CSIRC ( Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones) y por destacados miembros de la comunidad universitaria en un número total de 590 adhesiones, escrito que no sirvió para hacer cambiar la actitud de las jefas de la UGR.

En el escrito, los firmantes solicitaban a la rectora que velara por la estabilidad en el empleo de las empresas que la Universidad subcontrata y exigieron que se subrogasen los contratos de los seis trabajadores entonces amenazados de despido “ como determina la legislación laboral y se ha venido produciendo hasta hoy en los tres cambios de empresa que han padecido los empleados del CAU”.

Entre otras actividades realizadas en su día, los huelguistas del CAU (cuya plantilla secundó el paro al 100% desde el primer día) dirigieron escritos a la rectora y a la gerente dela Universidad, así como al jefe del CSIRC, Francisco Cano y a la empresa sevillana GPIC en la persona de su gerente, Ignacio Soto, (que se vio favorecida por la UGR en la licitación del servicio) para establecer una mesa de diálogo que retrotrajera las actuaciones de la UGR a la senda de la legalidad y el respeto a los derechos de los trabajadores y que concluya con el mantenimiento del empleo.

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Ni la huelga, ni la petición generalizada en contra de los despidos protagonizada por los usuarios del CAU y gran parte de la comunidad universitaria, así como las entrevistas con diputados granadinos para que elevaran preguntas a los responsables de universidades tanto en el ámbito del gobierno andaluz como ante el Ministerio de Ciencia e innovación, sirvió para nada. La mano de hierro de Aranda y su gerente – más amigas del estamento militar y de las empresas especuladoras que de la educación y el servicio público- se impuso a la razón y la Justicia.

La sentencia del Juzgado de lo Social nº5 de Granada no restituye totalmente los derechos de los trabajadores del CAU, pero reconoce que se ha producido un despido, por lo que desde el SAT se valora como positivo el fallo judicial.

La secretaría jurídica del SAT ya ha anunciado recurso ante la Sala de lo Social del TSJA para, completar el reconocimiento de los derechos usurpados en su día por GPIC y la dirección de la UGR a nuestros compañeros del CAU.

¡ La lucha que se pierde es la que no se emprende!

¡ Hasta la victoria siempre!

SAT Granada.

Secretaría de prensa e información.

Tractorada y manifestación en Caniles contra la mega planta solar.

Tractorada y manifestación en Caniles contra la mega planta solar.

El proyecto de instalación de la Planta Solar Fotovoltaica Ququima en los términos municipales de Baza y Caniles (Granada), una megaplanta solar que ocupará más de 500 hectáreas y afectará a más de 700 hectáreas de terrenos, amenaza no solo el desarrollo agrícola de la zona y algunas de las inversiones previstas por la industria alimentaria, sino que presenta dudas sobre la posible destrucción del paisaje rural y el turismo sostenible, y la biodiversidad. Muchas voces se alzan en su contra y los agricultores afectados son los que más, dado que podrían sufrir la expropiación de sus tierras y perder su modo de vida. No se detiene aquí la controversia, sino que hay otros parques fotovoltaicos y proyectos de energías renovables allí pendientes, así como en otros puntos de la provincia de Granada, que no parece que se estén haciendo con el suficiente orden y control por parte de las administraciones públicas, favoreciendo más con ellos a grandes empresas y a fondos de inversión que a las zonas donde se ubican. 
Desde el SAT nada tenemos en contra de la producción de energía a partir de fuentes renovables, entendiendo que es una apuesta de la Agenda 2030 con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible previstos a nivel mundial mediante la sustitución de las energías fósiles por otras alternativas. Eso no obsta a que se pueda compatibilizar con el desarrollo de la actividad agroganadera y a que se respeten los derechos de los agricultores y ganaderos a continuar ejerciendo su profesión, algo que incumple el proyecto de Placas Solares Ququima que actualmente tramita la Administración central, haciendo la vista gorda a los inconvenientes de todo tipo que genera. 
Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Granada exigimos la paralización de la Declaración de Utilidad Pública que se tramita actualmente junto con la autorización administrativa previa del proyecto, e instamos a la participación de los afectados y de los ayuntamientos para llegar a un acuerdo de reconversión reduciendo la superficie, buscando otros terrenos aledaños baldíos o de más baja productividad o que no estén en vías de mejora mediante su puesta en regadío. A la Junta de Andalucía hay que exigirle que no recurra a la vía de la expropiación para la puesta en marcha de los proyectos fotovoltaicos previstos, con el fin de tratar de frenar el boom indiscriminado de empresas e intermediarios que amedrentan a los agricultores con esta medida para que firmen sus contratos. 

En pié de guerra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRACTORADA Y MANIFESTACIÓN EN CANILES ( Granada)
La comarca del Altiplano está «en pie de guerra» ante el proyecto Ququima que plantea instalar una megaplanta de energía fotovoltaíca de 700 hectáreas en los municipios de Baza y de Caniles.
El proyecto Ququima es un proyecto desproporcionado que pone en peligro la sostenibilidad del territorio del Altiplano de Granada en favor de intereses empresariales ajenos por completo a la comarca.
La proyectada megaplanta solar, en la actualidad en fase de exposición pública previa a la declaración de impacto ambiental e interés público, prevé la instalación de más de medio millón de placas solares en un terreno actualmente ocupado por olivos, almendros y zonas de regadío, a apenas 5 kilometros de las poblaciones de Baza y Caniles, con una población de 25.000 habitantes y que ataca de lleno al desarrollo sostenible del territorio.
 

El arresto de Néstor Salvador, la represión y la política.

El arresto de Néstor Salvador, la represión y la política.

El militante del SAT, compañero y amigo Néstor Salvador, fue detenido la noche del 22 de julio cuando acababa de concluir el tradicional Acto-Homenaje a la Huelga de la Construcción de 1970. Desde este artículo ponemos, negro sobre blanco, algunas de las claves del sorprendente arresto .

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Como sucintamente se destacaba en el “párrafo de plomo” anterior, Salvador era detenido sobre las 22’ 25 horas cuando, tras realizar la ofrenda floral ante el monumento a la Huelga del 70 y de entonar el Himno de Andalucía y la Internacional, los compañeros y compañeras congregados retornaban a la zona peatonal de La Caleta. Según el mando de dispositivo de polizontes, «Néstor era detenido por encontrarse en situación de búsqueda y captura a cargo de un juzgado de instrucción granadino».

La razón argüida por la policía no puede ser más falaz, puesto a que Néstor llevaba meses en «búsqueda y captura» al no haber recogido una citación judicial en el que se le llamaba a declarar a los efectos de instruir la denuncia que Gustavo Adolfo Rodríguez, a la sazón delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, interpuso contra Vanesa Sánchez, El propio Salvador, María José Sánchez y quien suscribe estas líneas, Paco Cabello.

Y ¿ a causa de qué nos denuncia un trápala como Gustavo Adolfo? Pues por el motivo de haber repartido propaganda dentro de la sede de la delegación de Cultura de la Junta durante el largo conflicto sindical – que se prolongó durante quince meses- y en el que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) y su delegada sindical en RYDALCA SOLUCIÖN S.L. ( empresa que prestaba servicio de limpieza en Cultura) mantuvieron para exigir la readmisión de la propia Vanesa Sánchez.

Como bien podrán apreciar los lectores, tanto el hecho de poner a Néstor en condición de prófugo de la justicia a causa de una falta tan nimia que, a buen seguro, quedará pronto archivada, como la propia denuncia hecha por un zángano del calibre de Gustavo Adolfo Rodríguez y la actuación y arresto de Néstor por parte de la policía en la noche del 22 de julio, ponen en tela de juicio la equidad del sistema judicial y de las fuerzas represivas que actúan a sus órdenes.

Detenido nuestro compañero ya conocíamos sobradamente el periplo que desde la noche del arresto iba a emprender Néstor: a la comisaría de La Palmita, cumplimentar el atestado y pernoctar allí, para ser llevado la mañana del día 23 de nuevo a la Plaza de la Caleta, ser puesto en disposición del Juzgado de Guardia y allí recibir la notificación que por no haber sido recogida anteriormente “obligaba a su detención”. La astracanada estaba servida.

Naturalmente, Néstor Salvador contó con la presencia de un grupo de compañeras, del portavoz territorial del sindicato y de asistencia letrada a cargo de Javier Galech, durante su estancia en la comisaría y el día siguiente.

A las 9 de la mañana del día 23 de julio, Néstor fue conducido a los calabozos del edifico de los Juzgados ante cuyas puertas ya se encontraban concentrados numerosos activistas y gente del mundo sindical -durante el curso de la concentración llegó desde Sevilla el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina – para que el compañero supiera que no estaba solo.

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Tras recibir la citación y prestar declaración, Néstor fue puesto en libertad a las 11’ 00 horas del viernes 23.

Tanta mierda, represión y abusos para hacer un pan como una hostia. ¡Esta es la Justicia y la democracia que nos brinda el Estado Español!

Respecto a la denuncia, el futuro y la puerta giratoria que esperan a Gustavo Adolfo Rodríguez, seguiremos informando.

Paco Cabello.

Portavoz Territorial

SAT Granada.

LA MIOPÍA DEL SINDICALISMO INSTITUCIONAL Y UNOS POLÍTICOS INCAPACES

LA MIOPÍA DEL SINDICALISMO INSTITUCIONAL Y UNOS POLÍTICOS INCAPACES

  Por un voto, con una abrumadora cantidad de reproches y en segunda votación se ha salvado el Real Decreto sobre la temporalidad en las administraciones públicas , el más conocido como «ICETAZO», tras una ajustadísima negociación en el parlamento de última hora, pasará a tramitarse como proyecto de ley, así los diferentes grupos políticos podrán introducir aportaciones y enmiendas, pero no nos engañemos, lo volvemos a recalcar, nuestra posición dada la ingente cantidad de personal en abuso y la imposibilidad del estado de afrontar semejante deuda en indemnizaciones disuasorias, sólo deja un camino para los que están en abuso de temporalidad, LA FIJEZA, no se trata de acceder a la función pública, los abusados ya accedieron hace tiempo y en su inmensa mayoría superando las correspondientes pruebas selectivas, se trata de resarcir y sancionar el abuso cometido por las administraciones públicas, y ante la falta de legislación concreta en el estado español al respecto, EL DERECHO EUROPEO solo ve una salida, la permanencia en el puesto como personal a extinguir (cosa que es constitucional y que se ha hecho múltiples veces con personal de empresas externas absorbidas por la administración o con personal eventual) aspecto que también avala en un informe nada más y nada menos que la ex-presidenta del tribunal constitucional María Emilia Casas.

               

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    El globo sonda lanzado sobre el “trato de favor” (que no es tal, si nos atenemos a los requisitos que van ligados a la pseudopropuesta) a los interinos que lleven más de 10 años que está corriendo por los medios como la pólvora es algo que no tiene ni pies ni cabeza y fue parte de la justificación para no tumbar el mezquino acuerdo transformado en RD realizado por los sindicatos mayoritarios y un ministro de función pública fantasmagórico, que aparece, firma y lo cambian de ministerio, un acuerdo llevado a Real Decreto y que no contó  con el resto de los grupos políticos, ni siquiera con los socios de gobierno, ni con los afectados, no olvidemos que tras las recientes sentencias y autos, tanto la jurisprudencia europea, como el tribunal supremo establece el abuso en 3 años, por lo tanto no tiene ningún sentido que se esté ahora hablando de otras franjas de corte que además son una gran falacia pues solo afectaría a una ínfima y marginal parte de personal en abuso con las condiciones en las que se plantea esta rocambolesca medida, y que lo único que hace es confundir al personal e intentar dividirlo, pero a estas alturas, colectivos de abusados, abogados especialistas en la materia y el sindicalismo alternativo de clase estamos hartos de hacer didáctica sobre el abuso de temporalidad y no van lograr dividir a un colectivo cada vez más fuerte y con más conciencia de que han jugado con su pan y su futuro, además con la gravedad que supone haberlo hecho a sabiendas.

                    Tras la vergüenza que supone llevar al parlamento un RD que casi no sale adelante, puede que volvamos a ver con la complicidad de los sindicatos institucionales el intento de firmar retorcidos textos en forma de ley donde se hacen malabares para justificar lo injustificable, pero es Europa quien ya cansada de sentar las bases de qué se debe hacer en el caso que nos ocupa, tendrá que volver a intervenir.  

                    Los nuevos opositores además están siendo utilizados para enfrentarlos con el personal abusado, después de tenerlos años en  academias (un suculento negocio) con promesas de miles de plazas que ningún año terminan de materializarse, no al menos las realmente necesarias, y ya hemos visto que la administración está en los huesos y se ha demostrado en la reciente crisis de la pandemia, los opositores no se dan cuenta de que ellos también están dentro de la rueda y que su futuro podría ser el de la eterna temporalidad como hasta ahora está pasando con muchos interinos o incluso peor, no olvidemos lo de la “patada a los tres años”. ¿Por qué donde hay 50 plazas sacan 8? aquí está la cuestión, este ha sido el juego hasta ahora, porque así tienen a personal con menos derechos, más manipulables y con menos capacidad de movilización. No se pretende que se le regale la plaza a nadie, ni de que se de alguna migaja para subir el concurso a los abusados o poner unas oposiciones muy fáciles, o cualquier cosa que quieran inventar, se trata de que se cumpla la ley, la jurisprudencia y el derecho europeo tras más de 20  años sin trasponer a las leyes estatales la directiva  1999/70/CE. Así que se dejen de historias.

                    Por otro lado, hay cosas tan curiosas como la indemnización que propone el texto del RD, (20 días por año trabajado y además con un tope de 12 mensualidades, vaya que te hagas rico) ¿No es muy, muy parecida a la del despido improcedente actual?… ¿Pero no es esa indemnización la que está en la reforma laboral que se pretende derogar? Y llaman a eso sanción disuasoria…de vergüenza.

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                    A falta de los aportes y enmiendas de los grupos parlamentarios, que ya veremos en que queda, lo único que tenemos hasta ahora es el texto de este Real Decreto de Iceta que vulnera la primacía del derecho europeo por mucho disfraz que le pongan. Así que, dura voraz se plantea esta batalla, pero hay que decir las verdades para que al menos algunos se pongan colorados si se llega a llevar a cabo la escabechina que dejara en la estacada a miles y miles de personas que han accedido a la función pública en procesos selectivos, que han demostrado mérito y capacidad sobradamente, que están en abuso de temporalidad y por lo tanto contratados en fraude de ley. Y ojo, ya se están moviendo hilos para pedir responsabilidades penales, por ejemplo, la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) ya ha conseguido sentar en el banquillo por prevaricación a dos autoridades…veremos en que termina todo.

                    Los procesos selectivos de libre concurrencia, así como las medidas planteadas no son sanción ni medidas disuasorias para que no vuelva a repetirse el abuso en la contratación temporal y tampoco compensan o resarcen adecuadamente a los trabajadores actualmente en abuso.

                     HAY QUE SANCIONAR EL ABUSO NO A LAS VICTIMAS

                  PERSONAL FIJO A EXTINGUIR ES LA SOLUCIÓN A COSTE 0

SECCIONES SINDICALES SAT-UGR P.A.S LABORAL 639287176 – P.D.I. – P.A.S FUNCIONARIO 652580109Tlf. corporativo: 77942 Dirección electronica: sat@ugr.es  Dirección web: https://satgranada.org/category/universidad-de-granada
Complejo Administrativo Triunfo. Cuesta del hospicio s/n, 18071 Granada.

PRIMERA SENTENCIA GANADA CONTRA CABANA TAPAS S.L.U.

PRIMERA SENTENCIA GANADA CONTRA CABANA TAPAS S.L.U.

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El Juzgado de lo Social n.º 1 de Granada ha dictado sentencia favorable al primer trabajador que interpuso demanda contra CABANA TAPAS SLU, empresa cuyo responsable “desapareció” dejando en el paro a los trabajadores de tres centros de trabajo en Granada.
En la sentencia citada se reconocen al trabajador su jornada real (que era sensiblemente superior a la que figuraba en su contrato), las horas extraordinarias que echaba semanalmente y, además de la correspondiente indemnización y pago de las diferencias, así como el abono de los salarios de tramitación hasta el dia de la sentencia ya que considera imposible la readmisión del trabajador al estar cerrada definitivamente la empresa.
La empresa CABANA TAPAS SLU ( y el empresario chorizo y “a la fuga” ) son condenados a abonar una muy importante cantidad económica y, de no hacerlo, sería el Fondo de garantía Salarial (FOGASA) quien deberá hacerlo.
La empresa dejó en la calle el 30 de septiembre del 2020 a cerca de 15 trabajadores de diversos centros de trabajo que habían permanecido en ERTE y, tras intentar engañarlos para que firmaran bajas voluntarias ( cosa que no consiguieron), fue denunciada a través del Sector de Hostelería del SAT por cerca del 90% de la plantilla.
Desde el Sector de Hostelería del SAT nos felicitamos por esta primera sentencia cuyo camino, a buen seguro, seguirán las del resto de los compañeros denunciantes que, así, recibirán una indemnización de acorde con lo previsto por la ley, recibirán sus salarios hasta el día de la sentencia y verán reconocidas sus jornadas de trabajo reales de trabajo y horas extraordinarias a efectos indemnizatorios y de cotización a la Seguridad Social.

SAT Granada.
Sector de Hostelería y Turismo
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Acto-Homenaje a la HUELGA DEL 70.

Cartel definitivo Huelga construcción 2021

MANIFIESTO “HUELGA DEL 70” DEL AÑO 2021.

( Acto público el jueves 22 de julio desde las 20′ 30 horas en La Caleta)

El 21 de julio de 1970 y todo el proceso desarrollado alrededor de esta fecha y de la Huelga de la

Construcción de 1970, marcan un hito en la historia del Movimiento Obrero en Andalucía y en la ciudad que fue testigo directo de aquellos acontecimientos: Granada.

Cuando la presencia del fascismo vuelve, de mano de los Mass Media, a las instituciones y asistimos al “blanqueo” de las propuestas autoritarias mientras la violencia intolerante aparece de nuevo en las calles, celebramos este acto de homenaje a tres víctimas de la propia intolerancia y del fascismo del que se valen los poderosos para mantener y aumentar sus privilegios.

El asesinato de tres trabajadores a manos de la policía franquista y la represión que trajo aparejada y

sufrieron los protagonistas de aquellos acontecimientos, deben ser recuerdos imperecederos para todos nosotros y nosotras los que, desde posiciones y comportamientos sindicales de Clase, pretendemos hacer de la lucha obrera un elemento indispensable para la superación de las desigualdades y las injusticias y que sirva para encaminarnos hacia una sociedad realmente libre e igualitaria que posibilite el desarrollo personal y moral de todos y todas sobre las bases de la igualdad, la equidad y la Justicia y que lleve a la emancipación de los trabajadores y trabajadoras.

La Granada de 1970 era testigo de la emigración forzosa, de las nefastas condiciones laborales, de los salarios miserables y víctima de la represión, del paro galopante y de la falta de alternativas y futuro para su población trabajadora. El territorio de una Granada abandonada a su suerte, olvidada por los planes desarrollistas del régimen franquista, era un escenario mudo de las mayores injusticias sociales, de la pobreza y de la marginalidad. Era Granada, entonces, una ciudad altamente dependiente de su entorno agrícola y sustentada por funcionarios y administrativos, por una población que vivía del comercio, los transportes, pequeños talleres de diversa índole y un sector de la construcción que había ido desarrollándose paulatinamente a lo largo de la década anterior. A parte de eso, Granada era un lugar ajeno a la industria y al desarrollo, como tantas otras zonas de Andalucía, un mercado de consumo de lo que se elaboraba en otras zonas del Estado Español: un olvidado territorio víctima del extractivismo de sus materias primas, sus trabajadores y trabajadoras y de todos sus recursos para el beneficio de unos pocos.

Huelga 70

En el citado sector de la Construcción – y cuando la ciudad crecía hacia el Zaidín y La Chana- había acudido una ingente mano de obra desde la provincia para obtener un trabajo que no les obligara a emigrar con destino a Cataluña o a Europa como ya hicieran más de 300.000 granadinos y granadinas entre las décadas de los 50 y los 70. Eran, principalmente, trabajadores procedentes del campo que observaron cómo sus salarios de albañiles apenas daban margen, y mucho menos permitían buscar consuelo en los incipientes hábitos del consumo de masas que se habían ido extendiendo en otras zonas del Estado y de como, amparados por la abundante mano de obra y la legislación favorable, los empresarios del sector exprimían al máximo a la clase obrera local, repartiendo unos salarios de hambre. De hecho, las lamentables condiciones de trabajo en el sector de la construcción de Granada pueden resumirse así: los peones cobraban unas 1.200 pesetas semanales, en las que estaban incluidas las pagas, los permisos y el plus familiar. Las jornadas eran de 10 horas y se trabajaba seis días a la semana, y además estaban generalizados el sistema de destajos y las horas extras, lo que provocaba un alto nivel de paro.

Antes de junio de 1970 ya había comenzado a fraguarse entre los obreros de la Construcción una idea muy clara: era indispensable establecer las bases, negociar y aplicar un convenio colectivo justo que satisficiera sus justas aspiraciones. Pero la organización de los trabajadores era entonces escasa y tarea muy difícil en un sector de pequeñas empresas y cuadrillas de albañiles. Las Comisiones Obreras de entonces ya habían hecho acto de aparición en Granada a mediados de la década anterior con el PCE – importantes vertebradores de la Huelga del 70 -, junto a estas últimas, las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) y grupos pequeños de anarcosindicalistas que habían resistido la feroz represión de décadas de franquismo, conducían su actividad en la auto organización obrera y en la creación de un Movimiento Obrero consciente.

En estas condiciones, sin cultura reciente de lucha obrera, pero con la digna obstinación de quienes saben de lo justo y necesario de sus reivindicaciones, se enfrentó la negociación del convenio de la Construcción, donde la Patronal se cerró en banda y se negó a aceptar unas reivindicaciones modestas consistentes en la reducción de las diferencias salariales entre las diversas categorías, un salario para el peón de 240 pesetas diarias, por 8 horas, la eliminación de las horas extraordinarias y los destajos que embrutecían al trabajador y aumentaban el paro, así como reducir al mínimo posible la eventualidad y los despidos. De ahí, se llegó a la huelga. Tras una multitudinaria asamblea en el salón de actos del edifico del Sindicato Vertical, la inmensa mayoría de trabajadores decidió defender la propuesta de convenio hasta sus últimas consecuencias; la noticia de la convocatoria del paro para el día siguiente voló de boca en boca por los barrios y pueblos cercanos.

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El resultado de la primera jornada de huelga fue el de paro total por parte de 12.000 albañiles de Granada y su Vega, seguido de diversas movilizaciones que, finalmente, fueron atacadas por la Policía Armada, primero con botes de humo, luego a tiro limpio. Hacia las dos de la tarde el grueso de la manifestación obrera había reculado hacia La Caleta, en el ambiente se respiraba el pánico y la violencia desatada por la policía. Allí caerán, asesinados por las balas de los polizontes, los compañeros Antonio Huertas Remigio, de Maracena, peón de albañil; Cristóbal Ibáñez Encinas, marmolista de Granada, y Manuel Sánchez Mesa, de Armilla, peón de albañil, además de existir numerosos heridos entre el resto de los trabajadores.

Hoy, 51 años después de la Huelga del 70 y pese a los lógicos avances y transformaciones acaecidas, la Andalucía y, por ende, la Granada de nuestros tiempos sigue siendo un territorio alejado del desarrollo y condenado a la improductiva industria del Turismo que gentrifica, empobrece y entrega – sin apenas incidir en la economía local- todos sus beneficios a un reducido grupo de especuladores. Nuevamente hoy, son muchos los granadinos y granadinas que se ven abocados a la emigración económica, a los trabajos precarios y a una interinidad permanente que los mantiene en los umbrales de la pobreza, con escasa esperanza de superar estas carencias y un más que negro futuro. Hoy, las mujeres siguen siendo discriminadas, malpagadas, marginadas y, finalmente, en muchos casos, asesinadas. Seguimos siendo y soportando el estigma de estar en “la periferia de la periferia”, viendo como un cinturón de cemento y hormigón envuelve nuestra ciudades e infertiliza nuestra Vega; contemplando como se construyen tendidos eléctricos y lineas férreas de Alta Velocidad que ni necesitamos ni disfrutaremos. Finalmente, somos testigos de cómo zozobran las ilusiones y las esperanzas de otros trabajadores que se dirigen a nuestra tierra para escapar de unas peores condiciones de vida y como, muchos de ellos, dejan sus vidas en el empeño a causa de políticas criminales que traen la muerte o a la reclusión en CIEs.

Cuando recordamos a nuestros compañeros asesinados en 1970, también recordamos sus anhelos de construir una vida y una sociedad más digna, más justa, más igualitaria. En cambio, todo lo que se nos ofrece desde la Europa de los Mercaderes, desde los gobiernos central y autonómico y desde el propio gobierno de la ciudad de Granada es la precariedad, la sumisión, la resignación ante el fracaso impuesto.

La crisis que nos trae la pandemia del COVID – 19 nunca debe ser la excusa para que nuestra vida y condiciones de trabajo sufran merma alguna, más bien de todo lo contrario. Este debiera ser el momento en que la sociedad en su conjunto apostara por una disminución del horario de trabajo, por un reconocimiento real de los derechos laborales y por una apuesta decidida por una sociedad más justa y equitativa que haga del reparto de la riqueza su mayor valor.

La postración y el papel asignado a Granada y a Andalucía, como fuente y mina del  extractivismo humano, material, económico y de recursos naturales a que nos somete el Capitalismo y las  políticas neo-liberales que aplican los gobiernos -ora socialdemócratas, ora liberales- a su servicio, condena a nuestros jóvenes al desempleo, cuando no a la interinidad del infraempleo o la emigración forzosa y al conjunto de andaluzas y andaluces a una subsistencia miserable sin un futuro de progreso social que nos permita vivir y trabajar en nuestra tierra.

Por supuesto nada de todo esto sería posible si no hubiese ido acompañado de una fuerte criminalización de la protesta, ayudándose para ello de una ley mordaza que todavía sigue sin ser derogada. Vendiendo en los medios de comunicación el miedo a las movilizaciones, acusándonos de irresponsables por organizar movilizaciones porque nos quieren en casa callados/as y desorganizados/as mientras nos lo quitan todo.

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Por eso, es imprescindible una clase trabajadora fuerte, organizada y sin miedo. No les compramos el discurso de que todos estamos juntos en esto, mientras somos la mayoría quienes perdemos y unos pocos los que se benefician. Es urgente imponer mediante la movilización un programa de urgencia social que responda a las necesidades de los/as trabajadoras y de la juventud. Las políticas de los gobiernos actuales no van en ese sentido. Es urgente revertirlas. En el caso contrario seguirá creciendo la derecha y la extrema derecha que ya se atreve incluso con convocar manifestaciones el 1º de mayo. Que no nos engañen, la extrema derecha siempre ha defendido los intereses de los más ricos dividiendo a nuestra clase entre nativos y extranjeros.

Con pandemia o sin pandemia, la lucha de clases continúa y la clase trabajadora sólo podrá autoemanciparse enfrentándose a quienes hacen posible este sistema injusto y criminal.

Por ello, del mismo modo que en 1970 lo entendieran los trabajadores granadinos de la Construcción, hoy debemos apostar por la unidad en la lucha para conseguir unas reivindicaciones indispensables que aporten un nuevo rumbo a nuestras vidas: unificando las luchas y haciendo comunes nuestras reivindicaciones.

Es por todo ello que, coincidiendo con el quincuagésimo primer aniversario de las muertes de Antonio, Manuel y Cristóbal, como trabajadores y trabajadoras deseemos ensalzar el recuerdo y el sacrifico de nuestros compañeros, que entregaron su bien más precioso por una sociedad mejor. Por ellos, que dieron sus vidas, hoy y siempre en Granada, debemos honrar su memoria y conjurarnos para luchar contra todo aquello que ellos nunca hubieran deseado y para exigir desde Andalucía la soberanía que nos pertenece, nuestro protagonismo y poner en nuestras manos obreras y trabajadoras la decisión y el rumbo de nuestro destino hasta que lleguemos a la total emancipación.

ANTONIO HUERTAS REMIGIO, CRISTÓBAL IBÁÑEZ ENCINAS Y MANUEL SÁNCHEZ MESA, SIEMPRE ESTARÉIS PRESENTES EN NUESTRO RECUERDO.

¡ QUÉ VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!

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Sentencia judicial: El Ayuntamiento de El Valle debe contratar como “indefinida” a la delegada del SAT.

Sentencia judicial: El Ayuntamiento de El Valle debe contratar como “indefinida” a la delegada del SAT.

 

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La delegada de la sección sindical de personal laboral del Ayuntamiento de El Valle (Granada) ha ganado el pleito planteado ante el consistorio y la Diputación Provincial, viendo reconocida su condición de trabajadora indefinida del Servicio de Ayudo a Domicilio del municipio del Valle de Lecrín citado.

El Juzgado de lo Social n° 5 de Granada aprecia que los diferentes contratos que ha ido firmando desde el año 2015 han sido celebrados «en fraude de ley», indicando que: «Como reiteradamente tiene establecido la jurisprudencia los requisitos necesarios para la validez del contrato de obra o servicio que aparece disciplinado en los artículos 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 del Real Decreto 2720/98 de 18 de diciembre que lo desarrolla son los dos siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la

actividad laboral de la empresa; y b) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto. Es preciso que concurran conjuntamente ambos requisitos, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho. Es decisivo que quede acreditada cumplidamente la causa de la temporalidad. Y de ahí la trascendencia de que se cumpla inexcusablemente la previsión legal (art 2.2 a) del RD 2720/98) de que «el contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituya su objeto»».- Y esta doctrina es aplicable tanto a las empresas privadas como a la Administración….»

En la sentencia también se especifica que los argumentos que da el Ayuntamiento para justificar la temporalidad de los contratos ,« como falta de competencia en el servicio, tratarse de una actividad puntual y no permanente etc, no pueden ser tenidos en cuenta la alegada falta de competencia del Ayuntamiento en materia de ayuda domicilio y de la normativa en materia de financiación de dicho servicio cuya gestión ha asumido de forma directa en virtud del Convenio de colaboración entre la Diputación de Granada y los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Granada para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio previsto en la Orden de 15 de noviembre de 2007 por la que se regula este servicio en la comunidad autónoma de Andalucía, lo cierto es que la actividad para la que viene siendo contratada la actora constituye la ordinaria o habitual de la Corporación y lo único temporal es la persistencia del convenio y la forma de financiación, que no la obra o servicio, lo que conlleva a estimar que ningún óbice existe para que el Ayuntamiento hubiese acudido a la contratación indefinida».

Por todo ello, nuestra compañera, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio y una de las responsables del Sector del SAT en Granada, es a partir de ahora, trabajadora indefinida en su puesto de trabajo.

Desde la Unión Territorial del SAT de Granada nos felicitamos por el resultado obtenido y que es fruto del trabajo y lucha de la delegada del SAT y del equipo jurídico del sindicato.

 

SAT GRANADA

Unión Territorial.

andaluza y feminista 1

Otro fiasco: Plan de Choque para reducir la temporalidad en el empleo público.

Otro fiasco: Plan de Choque para reducir la temporalidad en el empleo público.

Temporal 1

A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS TEMPORALES

               Tal y como nos temíamos el que han denominado «Acuerdo sobre Plan de choque para reducir la temporalidad en el empleo público» firmado por CCOO, UGT Y CSIF con el ministro de función Pública Miquel Iceta que modifica el TREBEP es una cuerda al cuello de los trabajadores públicos en abuso de temporalidad, lo venden a bombo y platillo como un hito, como algo histórico. Lo mismo llevan razón.

               Hemos visto como los borradores del acuerdo pasaban en unos días de una indemnización de 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, de cualquier manera ni una ni otra es una sanción disuasoria, tampoco se traspone correctamente la directiva 1999/70/CE y no se sanciona debidamente a las administraciones que hasta ahora han estado abusando del personal, por otro lado áreas como salud y educación deben ser secundarias, ya que retrasan hasta un año la adopción de estas medidas en los dos ámbitos….a estas horas ya hay presentadas quejas a la Comisión Europea por parte de bufetes de abogados y anunciadas movilizaciones al respecto por diversos colectivos de personal afectado.

          Este acuerdo va a tramitarse como Real Decreto por la vía de urgencia, una urgencia que no han tenido en más de 20 años en los que no se ha traspuesto a las leyes estatales la directiva europea 1999/70/CE, unas prisas inauditas que vienen curiosamente tras las aplastantes sentencias y autos europeos sobre el abuso de temporalidad y la correcta aplicación de la directiva europea 1999/70/CE. Por mucho aval o bendición de los sindicatos firmantes que tenga este Real Decreto, más conocido como el Icetazo, no va ser mas legal o justo, lo peor de todo es que además lo saben.

               En el acuerdo se reconocen las responsabilidades de las distintas Administraciones Públicas y el problema generado con la temporalidad, (antes eramos cuatro asusta viejas los que veníamos diciendo esto del abuso y hablando de directivas extrañas) además se esfuerzan en intentar demostrar que las medidas propuestas son adecuadas al ordenamiento jurídico del estado, a la directiva 1999/70/CE y a la jurisprudencia del TJUE. El acuerdo viene a modificar el TREBEP, pero el análisis que se hace de la problemática de la temporalidad y las soluciones propuestas son más de lo mismo, las medidas sancionadoras por el abuso de temporalidad son irrisorias, se reinventan los procesos de estabilización para reducir la tasa de temporalidad con el mismo error de estabilizar las plazas pero no a las personas que las vienen ocupando, y no se han parado en ningún momento a explorar ni un solo mecanismo para la estabilización real del personal en situación de abuso de temporalidad. Por otro lado como si de una medida estrella se tratara se plantea elevar la fase de méritos del concurso-oposición hasta un 40%, aunque es algo que ya viene sucediendo en los diferentes procesos selectivos de estabilización de manera mas o menos generalizada, y aun así, estos llamados procesos de estabilización no han frenado la sangría de personal en situación de abuso que se va a a la calle con lo que ello conlleva en perdida de capital humano para la administración en forma de experiencia y el drama que presupone para la persona en abuso, que con una media de edad de más de 50 años, se ve abocada a la exclusión laboral con una ridícula indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades y dos años de desempleo. Así es como pretenden rejuvenecer la administración, terrible.

Temporal 2

               En el articulado del proyecto del Real decreto que se concreta en dos artículos y varias disposiciones adicionales, donde se modifica el articulo 10 del TREBEP, se añade un nuevo apartado al articulo 11 (para el personal laboral), y se establecen los futuros procesos de estabilización y regulan las situaciones de interinidad de la siguiente forma a futuro:

               Se acota la condición de funcionario interino enumerando las justificaciones para el nombramiento, dejando claro que cuando el nombramiento sea a causa de la existencia de plazas vacantes no cubiertas por funcionarios de carrera, el tiempo máximo del nombramiento será de tres años. Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, sancionando a la administración con la supresión de la plaza. Solo habrá dos excepciones a esto:

-Cuando el proceso selectivo que se haya convocado para cubrir la vacante haya quedado desierto

-Cuando se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, pero sin que su cese de lugar a compensación económica.

               La compensación económica para el personal funcionario interino que cese, se producirá cuando haya entrado en vigor esta reforma del TREBEP y sólo cuando se incumplan los plazos máximos de permanencia de un interino en una vacante, es decir los efectos de esta compensación económica no son retroactivos; el cálculo de la compensación se hará sobre el tiempo contado desde el último nombramiento que cause el incumplimiento de los plazos máximos (tres años), Así mismo no habrá derecho a compensación cuando el cese se produzca por causas disciplinarias o renuncia.

temporal 3

               En lo referente a los procesos de estabilización que son supuestamente los que tienen que hacer justicia con el personal en abuso, decir de entrada que son son casi calcados a los suscritos por CCOO, UGT Y CSIF EN 2017 y 2018, es decir, se estabilizan las plazas y no a las personas que ocupan éstas, apostando de nuevo por la linea firmada en el pasado con el ex-Ministro Montoro y que se ha demostrado totalmente ineficaz en lo que a la consolidación del personal en abuso se refiere, abriendo así la puerta al despido de miles de interinos e imponiendo una vez más las llamadas tasas de reposición. Se autorizan ofertas de empleo de las plazas que quedaron fuera de los procesos de estabilización de 2017 y 2018, en un nuevo proceso con las siguientes condiciones:

-Se incluirán las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

-Las respectivas ofertas públicas de empleo (OPE) deberán publicarse en los Diarios oficiales antes del 31 de diciembre de 2021.

-Las convocatorias de los procesos selectivos deberán publicarse en los Diarios oficiales antes del 31 de diciembre de 2022.

-La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de diciembre de 2024

-El sistema de selección será exclusivamente el concurso-oposición.

-La fase de concurso podrá alcanzar hasta un 40% de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia previa.

– Se fija una compensación económica para el personal interino o laboral temporal como consecuencia de la no superación del proceso selectivo de estabilización siempre que hubiese rebasado los tiempos máximos de permanencia. (Independientemente de lo que se establece para las compensaciones económicas anteriormente citadas, las que se deriven de los procesos de estabilización, tienen en cuenta los servicios prestados antes del cese como consecuencia de no haber superado el proceso selectivo de estabilización, es decir si serán retroactivas). 

-La compensación económica será de veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. Las personas interinas que no participen en el proceso selectivo de estabilización no tendrán derecho a la citada indemnización.

               Todo un despropósito, una huida hacía delante, un juego de trileros para acabar cuanto antes y con los mismos viejos métodos, con un problema generado por una gestión nefasta de los sucesivos gobiernos y administraciones, y aunque se tengan que llevar por delante a las víctimas, esas miles de personas que han dado lo mejor de si durante años en la función pública, no dudan en seguir una hoja de ruta equivocada y que está condenada a terminar de nuevo en tribunales europeos.

Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

(Pincha arriba para consultar o descargar el acuerdo)

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EN LA HOSTELERÍA TENEMOS DERECHOS.

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