Por la Educación Pública de calidad, presencial y segura que merece Andalucía

Por la Educación Pública de calidad, presencial y segura que merece Andalucía

El ataque a la Educación Pública lo seguimos sufriendo con el abandono de los centros educativos durante la pandemia y en medio del temporal Filomena. El deterioro de la Educación Pública andaluza al que venimos asistiendo, curso tras curso y bajo gobiernos de distintos signo, -mientras se favorece el incremento de la financiación de la red privada sostenida con fondos públicos- , se suman las condiciones deplorables en las que hemos trabajado alumnado, docentes y personal de administración y servicios con el paso del temporal Filomena y las borrascas que han venido detrás. Todo esto, en el curso de la pandemia, donde la Consejería de Educación ha optado por mantener aulas masificadas (con ratios ilegales en muchos centros) aumentando el riesgo de contagios al no poderse cumplir las medidas sanitarias adecuadas. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras insistimos en defender la educación presencial, pero preservando la seguridad y la calidad de la misma.

La presencialidad es necesaria porque el tipo de relación que establece el alumnado entre sí y con las docentes, al compartir el espacio de nuestros centros educativos, es insustituible. Lo es, además, porque el aprendizaje vía telemática no es accesible para todo el alumnado de igual manera, debido a la brecha digital que existe entre los hogares andaluces, consecuencia, a su vez, de la desigualdad social existente. Lo es, además, porque existen otras brechas producto de múltiples desigualdades, que hacen que el aprendizaje en casa no sea igual de fácil para todo nuestro alumnado. Y lo es, finalmente, porque la escuela pública es el principal espacio donde niñas y niños de Andalucía conviven en un espacio tan diverso como nuestra propia sociedad. (Son vergonzosas las declaraciones hechas por miembros del actual equipo de gobierno sugiriendo que la escuela es poco menos que un aparcadero de niñas y niños).

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Por todo ello, desde antes del inicio de este curso y desde distintos sectores de la comunidad educativa, se le hizo saber a la Consejería de Educación y Deporte que queríamos presencialidad, pero no de cualquier forma. La alternativa que se reclamaba era una presencialidad en la que se garantizara, hasta donde fuera posible, la seguridad sanitaria. Esto pasaba, inevitablemente, por reducir las ratios de manera significativa, pues, a mayor ratio, menos distancia física dentro del aula, y mayor riesgo. El consejero Javier Imbroda lo dejó claro: de bajar las ratios, olvídense. Por supuesto, bajar las ratios requiere un aumento importante de la financiación en la pública. El ataque progresivo a la educación pública andaluza ponía a la comunidad educativa en una situación crítica ante la pandemia.

A esto hay que sumar la situación que estas dos últimas semanas se ha vivido en las aulas, especialmente la semana del 11 de enero, tras las vacaciones navideñas. Una calamidad que solo puede ignorar quien no la ha vivido de primera mano. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, la temperatura en los centros de trabajo durante el invierno, para actividades sedentarias, debe oscilar entre los 17 y los 27 grados. Sin embargo, en estos últimos días, se han registrado temperaturas inferiores a los 10 grados en gran parte de las aulas de los centros públicos andaluces, haciéndose realmente duro, no ya dar clase, sino estar en la clase. Sin duda, es una consecuencia de que las ventanas deban estar abiertas, única forma eficaz según las autoridades sanitarias de protección frente al Covid. Pero si los centros de la red pública andaluza estuvieran debidamente equipados, como establece la Ley de bioclimatización, aprobada en 2019 solo sobre el papel pues aún no se ha puesto en práctica, sin duda la situación habría sido muy distinta. ¿Qué se requiere para ello? Más inversión en la Educación Pública andaluza. Una vez más, el ataque de la administración a la pública andaluza pone a los centros educativos, a su alumnado y a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza a los pies de los caballos.

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Ante esta situación desde el SAT seguimos insistiendo: la presencialidad es necesaria, pero se puede y se debe hacer compatible con la seguridad sanitaria y las condiciones que permitan una educación de calidad y en las condiciones dignas que merecen el alumnado, profesorado y personal docente andaluces. Nuestros centros no son aparcaderos de niñas y niños, sino un lugar para el aprendizaje y crecimiento, en todo su potencial humano. La situación de precariedad y abandono que estamos viviendo este curso en la Educación Pública andaluza habla por sí misma de cuáles son las consecuencias de una operación política de acoso y derribo a la red pública, por parte de una administración que defiende sus postulados neoliberales en favor de la privada financiada con fondos públicos.

Sector Nacional de Enseñanza

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras.

por la Educación Pública de calidad, presencial y seguraque merece Andalucía

Manifiesto conjunto de los movimientos sociales de pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones

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Manifiesto conjunto de los movimientos sociales de pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones

Las organizaciones llaman también a la movilización el día 25 de enero en todo el Estado.

Ante la agresión que las recientes Recomendaciones del Pacto de Toledo y la política del Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, suponen para el Sistema Público de Pensiones, los Movimientos Sociales de pensionistas del Estado Español abajo firmantes MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO FRONTAL a la sustitución complementaria del sistema público de pensiones, por medio de LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESA, VÍA CONVENIOS, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social, debilitando seriamente la caja única de las pensiones. Con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el Sistema Público de Pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados.

DENUNCIAMOS:

1. Que el conjunto de las Recomendaciones del Pacto de Toledo de octubre de 2020 y el desarrollo que de las mismas pretende hacer el Ministro de Seguridad Social excediendo negativamente las medidas propuestas en ese oscuro Pacto, preparan un futuro de pensiones públicas cada vez más reducidas para la mayoría de la población, complementadas con pensiones privadas, ahora bajo la modalidad de empresa, para quien pueda pagarlas.

2. En estos momentos se están negociando las pensiones por agentes sociales, sin presencia de los movimientos de pensionistas en las Mesas de Concertación. Con ello se pretende legitimar un proceso de   privatización de las pensiones empresa a empresa, de espaldas a los y las pensionistas.

3. Las Recomendaciones del Pacto de Toledo no recogen las reivindicaciones por las que llevamos años luchando los movimientos de pensionistas, y de las que destacamos:

– Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual.

– Eliminación de la brecha de género en las pensiones.

– Pensión mínima igual a salario mínimo y éste el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea.

– Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013.

– Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.

– Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social.

– Eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. 100% de la pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad.

ACORDAMOS:

– Iniciar una campaña conjunta contra las propuestas del Pacto de Toledo que empezará con una gran movilización el día 25 de enero de todos los pensionistas.

– Hacer llegar a la población actualmente en activo que estas Recomendaciones afectarán gravemente a sus futuras pensiones.

– Invitar a los Movimientos sociales a sumarse a esta campaña contra unas medidas que afectan a toda la ciudadanía, tanto jubilada como en activo.

                                                                                                                   25 de enero de 2021

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

COESPE – Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones

MADPP – Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas

MODEPEN – Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.

Coordinadora de Cantabria

Coordinadora de Euskadi por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Coordinadora de Bizkaia por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Coordinadora de Pensionistes Alcoià-Comtat

Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Coordina de Pensionistas de Burgos

Plataforma de Badajoz por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Plataforma Segoviana en Defensa de las Pensiones Públicas

Plataforma de Pensionistas de Móstoles en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Yay@flautas Cartagena

16 de enero de 2021MADPPNo Comments

El Ingreso Mínimo Vital en el 2021.

El Ingreso Mínimo Vital en el 2021.

 

ingreso mínimo vital 3El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los fiascos más grandes de esta legislatura. De la Renta Básica se pasó al IMV para convertir las promesas de una renta solidaria y social en un subsidio al que se le fueron reduciendo presupuesto, cantidades a percibir y el propio concepto en el que estaba basado el proyecto inicial. Finalmente, el IMV ha quedado equiparado en alguno de sus tramos de aplicación a otros subsidios que ya estaban vigentes con anterioridad y que ahora se eliminan para ser sustituidos por unas prestaciones económicas que, dado su magro carácter, vienen a ser “más de lo mismo” en manos del gobierno socialdemócrata de coalición del PSOE y UP

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los fiascos más grandes de esta legislatura. De la Renta Básica se pasó al IMV, para convertir las promesas de una renta solidaria y social en un subsidio al que se le fueron reduciendo presupuesto, cantidades a percibir y el propio concepto en el que estaba basado el proyecto inicial. Finalmente, el IMV ha quedado equiparado en alguno de sus tramos de aplicación a otros subsidios que ya estaban vigentes con anterioridad y que ahora se eliminan para ser sustituidos por unas prestaciones económicas que, dado su magro carácter, vienen a ser “más de lo mismo” y que tienden a subsidiar insuficientemente sin aportar ninguna solución de carácter estructural y que carecen e cualquier carácter redistributivo de la riqueza. Este tipo de subsidio ni siquiera iguala – o tiende a igualar- en las políticas sociales del Estado Español a las de algunos estados europeos. Los trabajadores y trabajadoras andaluces volvemos a quedar en manos del presupuesto y voluntad política del gobierno de turno, ahora en manos de los partidos socialdemócratas que conforman la coalición del PSOE y UP

El año 2021 arranca con nuevos presupuestos generales del estado, presupuestos que no habían sido renovados desde 2018 desde las cuentas públicas de Cristóbal Montoro. Suponen los primeros presupuestos bajo el mandato de Pedro Sánchez y estas nuevas cuentas incluyen una subida para el ingreso mínimo vital de un 1,8 %. Además se han incluido nuevos mecanismos para poder acceder de manera más sencilla a esta prestación por parte de la Seguridad Social, ya que se calcula que en el año 2020 en torno a cinco solicitudes de cada seis fueron rechazadas. 

El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 462.508 ciudadanos en todo el estado Español desde que el Gobierno central lo puso en marcha a finales de mayo, cuando la primera ola de la pandemia iba camino de su remisión. Uno de cada tres beneficiarios de esta prestación es andaluz, concretamente 154.477, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El porcentaje de ayudas que ha llegado a Andalucía respecto al total estatal, el 33,4%, es decir casi el doble del peso poblacional de nuestro país dentro del Estado Español.

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Cuantías para 2021 del ingreso mínimo vital

Aquí podéis consultar las cuantías tanto anuales como mensuales correspondientes a la subida del importe del ingreso mínimo vital, tanto para beneficiarios individuales como unidades de convivencia.

Para calcular la cantidad que se recibirá por el ingreso del ingreso mínimo vital se debe atender . nos dice el gobierno- a la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de las personas alcanzadas por el IMV. Alguien debería explicar – por si, acaso, no lo saben- que con estas cantidades es imposible asegurar una subsistencia siquiera digna.

  • Un adulto: 5.639,20 euros, 470 euros mensuales
  • Un adulto y un menor: 8.571,58 euros, 714,29 euros mensuales
  • Un adulto y dos menores: 10.263,34 euros, 855,27 euros mensuales
  • Un adulto y tres o más menores: 11.955,10 euros, 996,25 euros mensuales
  • Dos adultos: 7.330,96 euros, 610,91 euros mensuales
  • Dos adultos y un menor: 9.022,72 euros, 751,89 euros mensuales
  • Dos adultos y dos menores: 10.714,48 euros, 892,27 euros mensuales
  • Dos adultos y tres o más menores: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales
  • Tres adultos: 9.022,72 euros, 751,89 euros mensuales
  • Tres adultos y un menor: 10.714,48 euros, 892,87 euros mensuales
  • Tres adultos y dos o más menores: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales
  • Cuatro adultos: 10.714,48 euros, 892,87 euros mensuales
  • Cuatro adultos y un menor: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales

Los cinco cambios del gobierno para 2021: edad de jubilación, pensiones, permiso de paternidad, cuota de autónomos y salario mínimo

Los cinco cambios del gobierno para 2021: edad de jubilación, pensiones, permiso de paternidad, cuota de autónomos y salario mínimo

Dejamos el nefasto 2020 y llega 2021. Con él se dice adiós a un año que será difícil olvidar. Desgraciadamente, muchos no darán la bienvenida a la nueva anualidad. La esperanza es que lo que viene sea mejor que lo que se va. De momento, hay varias cosas que cambian en 2021 en el aspecto económico. Variaciones que van a afectar las condiciones de trabajadoras y trabajadores ya estén en activo o no.

Algunas de ellas quedaron fijadas el jueves 3 de diciembre con la aprobación de los presupuestos generales del Estado (PGE) La aceptación de dichas cuentas daba el pistoletazo de salida para aplicar, con el nuevo año, las recomendaciones del Pacto de Toledo. Las cuales recibieron la anuencia del Congreso el 19 de noviembre. 

Lee con detenimiento y, cuando te digan que estamos ante los presupuestos del “gobierno más progresista de la historia”, tendrás los datos para sacar tus propias conclusiones.

no gobiernan

Las principales modificaciones dimanantes de la renovación del Pacto de Toledo tienen que ver con la edad de jubilación y con las pensiones mínimas, lo que representa una política ni siquiera socialdemócrata y continuista con la de gobiernos anteriores.

Puede llegar a resultar complicado explicar la variación de las condiciones de las pensiones. Por eso, lo mejor es ir paso a paso (o año a año).

  • Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se activan diversas cosas que cambian en 2021 y que tienen que ver con la renovación del Pacto de Toledo.

pensionistas

1. Se retrasa la edad de jubilación

Desde esta perspectiva, quien en 2021 llegue, como mínimo, a los 37 años y tres meses cotizados podrá jubilarse a los 65 años.

Si no se alcanza esa cantidad de años cotizados, la edad de jubilación para 2021 serán los 66 años. Se estipula que la edad de jubilación llegue a los 67 años en 2027. Entonces, se necesitarán haber cotizado 38 años y seis meses para jubilarse a los 65.

Pacto de Toledo: El sistema  de pensiones en venta.

2. Las  pensiones “suben” con el I.P.C.

En cuanto a las pensiones, que tanta polémica han generado en los últimos años, se recupera el IPC (Índice de Precios al Consumo) como referencia para la revalorización de las pensiones a partir de enero de 2021. Es decir, estas subirán un 0,9 % el próximo año, tal y como queda estipulado en los PGE. Supondrá un aumento de las pensiones mínimas contributivas de entre 2 y 11 euros mensuales. También se incrementa el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación: serán 24 en 2021, con la intención de llegar al objetivo de que sean 25 en 2022.

  • Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se activan diversas cosas que cambian en 2021 y que tienen que ver con la renovación del Pacto de Toledo.
  • En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

Se aprobó también –aunque no hay concreción en cuanto a la cantidad– una mejora de las pensiones mínimas de los pensionistas de edad avanzada que viven solos, sea la pensión de jubilación, incapacidad o viudedad.

Pensiones 2021

papa y mamá

3. El permiso por paternidad se iguala para ambos progenitores

Otra de las novedades económicas y sociales para 2021 es que, por primera vez, se igualará el permiso por nacimiento y cuidado del menor para ambos progenitores, que podrán disfrutar de 16 semanas de prestación. Se convierte así España, subrayan desde el Gobierno “en uno de los países más avanzados de nuestro entorno en cuanto a la equiparación de este permiso, como ocurre en países como Suecia, Islandia o Dinamarca”. En realidad, esta igualación del permiso de paternidad ya estaba legislada desde antes y los sucesivos gobiernos se han limitado a ir haciendo efectivos los plazos de implementación del permiso.

El proceso para igualar ambos permisos de manera progresiva se recoge en el Real Decreto aprobado en marzo de 2019. Con la entrada en vigor de esta norma, el 1 de abril de 2019, el anteriormente llamado permiso de paternidad pasaba de cinco a ocho semanas para el resto del ejercicio, una duración que se aumentaba hasta las 12 semanas para todo 2020, antes de la equiparación a 16 semanas a partir de 2021.

Las 16 semanas de permiso para ambos progenitores, explican, se podrán dividir de la siguiente manera:

  • Seis semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, posteriores al parto (resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción). La madre biológica puede anticipar este periodo hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto
  • Las diez semanas restantes se disfrutarán en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.dentro de los doce meses siguientes al parto o bien la resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción.

Asimismo, hay 3 supuestos en los que este plazo se puede aumentar:

  • Ampliación en una semana para cada progenitor por cada hijo/a, a partir del segundo, en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ampliación en una semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo/a.
  • Ampliación por parto prematuro y hospitalización (por un periodo superior a siete días) a continuación del parto, hasta un máximo de trece semanas.

4. Podría llegar a aplicarse una nueva cuota a los autónomos en función de sus ingresos.

En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

Todo lo comentado anteriormente son cambios ya fijados y de segura aplicación. Estos dos últimos están aún en el aire. En primer lugar, la adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales de los mismos. En enero de 2019 se pergeñó el primer borrador en esta línea, pero, hasta el momento, los trabajadores por cuenta propia sólo han visto crecer sus cuotas. Ni rastro de esa posible adecuación a la situación económica del negocio. El tiempo dirá si esta intentona es la definitiva.

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5. No queda claro si habrá una subida del S.M.I. (de momento, no).

Tampoco está claro que se produzca una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional.  De momento, el gobierno ha prorrogado el actual S.M.I. El último aumento se firmó el 30 de enero de 2020 y lo dejó en 950 euros. Una cantidad notablemente superior a los 633,3 euros mensuales que marcaban el SMI una década antes. El objetivo del Gobierno es que vuelva a crecer en 2021 y, sobre la mesa, está la propuesta de CCOO y UGT de subirlo de los 950 € actuales a 1.000 €.

Junto con estas cosas que cambian en 2021, la ilusión general es que el mayor viraje de rumbo tenga que ver con el aspecto sanitario. La posible  vacunación generalizada de la población es un rayo de luz al que los trabajadores y trabajadoras debemos  asirnos cual salvavidas. Pero aún habrá que esperar para que lleguen cambios reales que consistan en aplicar la Justicia Social con la  que a los socios de gobierno se les llenaba la boca hasta hace poco. ¡Por lo menos que tengamos salud!

SAT Granada.

Asesoría Laboral.

https://satgranada.org/asesoria-laboral-gratuita/

Vídeo del Taller Virtual sobre el contrato posdoctoral Juan de la Cierva- Formación e Incorporación. SAT-PDI

Vídeo del Taller Virtual  sobre el contrato posdoctoral Juan de la Cierva- Formación e Incorporación. SAT-PDI

El martes 22 de diciembre a las 10:00 se desarrolló un taller virtual donde miembros del SAT-UGR expusieron las características del proceso de solicitud del contrato posdoctoral Juan de la Cierva- Formación e Incorporación. Además se expusieron algunas de las luchas del colectivo Juan de la Cierva para reclamar subidas salariales. @InvConDerechos.

#25NContraLaViolenciaMachista: Concentración a las 12 en La Caleta

#25NContraLaViolenciaMachista: Concentración a las 12 en La Caleta

Un año más, CGT, USTEA y SAT, salimos a la calle el 25N, Día Internacional Contra la Violencia Machista, para denunciar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.

Son múltiples los ámbitos donde las mujeres trabajadoras sufrimos la violencia de género ya que el patriarcado, en su alianza con el capitalismo, nos somete a condiciones precarias y de vulnerabilidad tanto laboral como social o familiar.

La conciliación familiar con el ámbito laboral que nos somete a dobles o triples jornadas, la normalización y aceptación de los trabajos precarios (que suelen ir de la mano con los más feminizados) y la falta de ayudas o prestaciones que permitan subsistir dignamente a las mujeres que por sus condiciones laborales o sociales lo tienen más difícil, también son formas de ejerce violencia patriarcal de manera sistemática. Todo esto se perpetúa con la falta de recursos en las políticas y servicios que actúan contra dicha violencia, poniendo al servicio de la ideología patriarcal todo el dispositivo del sistema judicial, de los medios de educación y cultural.

En el escenario al que nos enfrentamos a causa del COVID-19 la discriminación existente se ha visto agravada.

Los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres y que se adscriben a los cuidados, a la enseñanza, la limpieza o la atención de personas dependientes, trabajos que hemos visto como en estos tiempos de crisis se hacen más necesarios e imprescindibles que nunca, a su vez son los que implican un mayor riesgo de precariedad y de exposición al virus.

Es el sistema el que con sus políticas de recortes y de privatizaciones mantiene la desigualdad que sostiene la violencia machista. Esta violencia que sufrimos las mujeres no es individual, no es “violencia doméstica”, es una violencia estructural hacia las mujeres cuya máxima expresión son las muertes.

Nosotras, mujeres trabajadoras, sufrimos violencia en nuestros puestos de trabajo, somos víctimas del acoso sexual, de la brecha salarial, de la precariedad, de la incertidumbre laboral, de los abusos de poder, de la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Y este maltrato se acentúa aún más en los sectores claramente feminizados.

En el ámbito de la administración pública casi todas las solicitudes demandadas a riesgos laborales se han resuelto, por los centros de valoración correspondientes, como riesgo uno, lo cual implica que tendrán que incorporarse a sus puestos de trabajo con medidas básicas de protección a lo que hay que sumar las ratios excesivas y fuera de la legalidad en los centros educativos, que la Junta de Andalucía mantiene de forma sistemática.

La privatización progresiva de los servicios públicos, la no contratación del personal docente necesario para cubrir las necesidades mínimas de la comunidad educativa, la no cobertura de vacantes de personal laboral de la junta de Andalucía y todos los recortes llevados a cabo durante años y años en sanidad o educación, conlleva un aumento de la precariedad laboral, que afecta de manera más acuciante a la mujer.

En los últimos meses, el número de bajas médicas por depresión, estrés o ansiedad ha aumentado considerablemente. Sucede lo mismo con los cuidados y las tareas domésticas en el ámbito privado de las trabajadoras. A esto se añade la incertidumbre de no saber, en algunos casos, si volveremos a recuperar nuestros trabajos precarios.

Por otro lado, observamos sectores como la limpieza o el colectivo de las Kelly´s, donde las mujeres desempeñan una actividad atribuida por el sistema capitalista y patriarcal al género femenino y que, por ende, es infravalorada, convirtiendo a las trabajadoras en víctimas de unas insufribles condiciones laborales que atentan contra su salud y contra la propia dignidad humana.

O como el colectivo de las empleadas del hogar. Triplemente penalizadas por ser mujeres, por ser en gran parte mujeres migrantes y por ocuparse de tareas domésticas de limpieza y cuidado. Estas trabajadoras subsisten en condiciones de cuasi esclavitud que las sume en la pobreza y las somete a la más absoluta precariedad. Trabajadoras muy vulnerables ante laviolencia de género y que a menudo sufren en silencio los abusos y las agresiones machistas que viven en los hogares donde prestan sus servicios debido, ya no solo a la dificultad de presentar pruebas patentes, sino además al enorme miedo a ser despedidas.

Maltrato similar sufren las temporeras. No tenemos que remontarnos mucho en el tiempo para recordar la violenta situación que sufrieron y sufren las mujeres temporeras que viajan hasta Huelva, u otros destinos, para la recogida de la fresa. Abusos sexuales, impagos en sueldos y condiciones insalubres para vivir, son el día a día de muchas mujeres que se ven obligadas a emigrar para poder alimentar a sus familias.

Para muchas mujeres trabajadoras, andaluzas y extranjeras, defender su dignidad supone perder de un solo golpe trabajo y vivienda. Mujeres invisibilizadas, maltratadas por un sistema patriarcal y capitalista que nos necesita calladas y sumisas para soportar la doble, cuando no triple explotación a la que estamos sometidas.

Por último, es necesario hacer mención a la violencia que atenta directamente contra nuestros cuerpos: la explotación sexual de las mujeres, los vientres subrogados, la prohibición del aborto, el acoso laboral y sexual, las violaciones… son la forma más explícita de violencia a la que las mujeres nos vemos sometidas.

Durante la pandemia, muchas mujeres se han visto obligadas a convivir con sus maltratadores, siendo 30 de las 41 mujeres asesinadas a nivel estatal en lo que va de año las que se vieron en esta terrible situación. En Andalucía se han registrado 212 casos de violencia de género en 2020, siendo la región con más asesinatos machistas. En lo que va de año, dos menores y ocho mujeres, dos de ellas en Granada, han sido asesinadas en manos de las parejas o exparejas de éstas.

Por todo ello, hoy salimos a la calle para denunciar estas situaciones que estamos sufriendo y hacemos un llamamiento a la unidad de acción en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo. La violencia machista es un problema estructural que afecta al conjunto de la sociedad y nos corresponde a todas ponerle fin a esta lacra social.

Súmate este 25N a la Concentración contra las violencias hacia las mujeres. Te esperamos a las 12 horas en la Caleta.

¡DEMOS UN DURO GOLPE AL MALTRATO! ¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA MUJER TRABAJADORA, ORGANIZATE Y LUCHA!

#25NContraLaViolenciaMachista

#25NContraElPatriarcadoYElCapital

#25NLuchaFeministaYDeClase

El manifiesto en PDF:

MANIFIESTO 25N FSF

Las familias C.P. del Andrés Segovia protestan ante el excesivo frío en las aulas del colegio.

Las familias C.P. del Andrés Segovia protestan ante el excesivo frío en las aulas del colegio.

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Las familias del Andrés Segovia irán a la Plaza del Carmen ante el excesivo frío en las aulas del colegio. y exigen al Alcalde Luis Salvador que reciba a las familias del Andres Segovia y arregle inmediatamente el problema de las bajas temperaturas en el centro.

Tal y como ha ocurrido a lo largo del mes de Noviembre, el próximo lunes 16 la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Andrés Segovia ha convocado una nueva huelga de familias para exigir una solución urgente que evite el frío que están sufriendo 200 niños y niñas. En este caso acudirán a la Plaza del Carmen ya que el Alcalde de Granada, Luis Salvador sigue sin resolver el problema de las bajas temperaturas en las aulas.

Las movilizaciones de las últimas semanas han obligado a que la Junta de Andalucía inicie con celeridad el proceso para instalar una nueva caldera, pero mientras tanto las temperaturas de las aulas son excesivamente bajas, llegándose a medir 15 grados a primera hora, una temperatura inaceptable para niños y niñas de 3 a 12 años, y menos todavía para el alumnado de educación especial. Según la presidenta del AMPA, Patricia Rodríguez, “en la Junta nos han prometido que las obras se van a ejecutar en Navidad, pero necesitamos soluciones urgentes para evitar que en los dos próximos meses nuestros hijos e hijas enfermen o se contagien de COVID a causa del excesivo frío que hace en las aulas”.

El pasado miércoles representantes del AMPA se reunieron con el Concejal de Salud y Educación, el pediatra Carlos Ruiz Cosano, a quien exigieron que el Ayuntamiento actúe con urgencia para evitar el frío extremo en las aulas y el peligro de infección que conlleva. Las familias solicitaron al responsable de la salud y la educación en Granada la instalación de temporizadores para que las estufas eléctricas suministradas a la escuela puedan empezar a funcionar a las 7 de la mañana con la intención de que a las 9 cuando lleguenLas familias del Andrés Segovia irán a la Plaza del Carmen ante el excesivo frío en las aulas del colegio. los niños y niñas las aulas puedan estar caldeadas. Así mismo, las representantes de la AMAPA plantearon la posibilidad de utilizar otro tipo de estufas para evitar que con la ventilación la temperatura baje demasiado como ahora ocurre por la falta de capacidad de la instalación eléctrica. Según afirman desde el AMPA, “ambas soluciones, la instalación de temporizadores y estufas, son sencillas y baratas, así que no entendemos por qué a día 13 de Noviembre el Ayuntamiento aún no las ha suministrado a este colegio público. Estamos seguras de que en su despacho el Alcalde Luis Salvador no pasa frío, y eso es profundamente injusto para los 200 niños y niñas que acuden a una clase helada todas las mañanas. Así que el lunes vamos a ir al Ayuntamiento con nuestros hijos y nuestras hijas para exigir que el Alcalde nos reciba y solucione inmediatamente un problema del que es responsable junto con el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla”.

AMPA “AMANECER” Email: cpampandresegovia@gmail.com Teléfono: +34 644 57 98 37

Guillermo García-Contreras Ruiz candidato a la Junta de Facultad.

Guillermo García-Contreras Ruiz candidato a la Junta de Facultad.

Guillermo García-Contreras Ruiz es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Especialista en Arqueología Medieval, se licenció y doctoró en la Universidad de Granada y ha realizado estancias en distintas universidades europeas de Polonia, Italia y Reino Unido como parte de su experiencia postdoctoral.

Se presenta a la Junta de Facultad con el convencimiento de que es posible defender y mantener una universidad cien por cien pública en la que primen la alta calidad de una docencia digna con una investigación de impacto no exenta de derechos. Defiende el respeto a la diversidad como una de las insignias de la educación universitaria, aboga por la particularidad y la singularidad alejada de la globalización que pretende, bajo supuestos estándares de calidad, hacernos a todos iguales por abajo. Firmemente convencido de que la cooperación y la colaboración de grupos de trabajo docentes o de investigación es la única forma de mantener los elevados niveles de exigencia académica que nos demanda el avance de la sociedad actual, defiende la necesidad de una universidad crítica, reflexiva y combativa, alejada de la pretensión de convertirla simplemente en una fábrica de mano de obra más o menos cualificada para el mercado. Aboga por defender a toda costa los derechos laborales de todos los sectores que forman parte de la vida universitaria, exigiendo que se dote a estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios de los medios para el desempeño de una docencia y una investigación de calidad. La situación actual requiere de miradas críticas, actuaciones valientes, compromisos firmes y enorme generosidad en la negociación para hacer posible que todas las partes implicadas en la universidad hagan de esta el medio académico en el que se conjuguen la justicia, el respeto y la dignidad de todas las personas con la calidad docente, el impacto de las investigaciones y la transferencia a la sociedad.

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7 de Noviembre, manifestación por la Sanidad y la Educación Públicas.

7 de Noviembre, manifestación por la Sanidad y la Educación Públicas.
Desde el SAT de Granada te invitamos a participar en la manifestación organizada por las Marchas de la Dignidad por una sanidad y una educación públicas, por la defensa del empleo y de los servicios públicos, por una renta básica de emergencia, por una vivienda digna y los suministros básicos. El acto tendrá lugar el 7 de noviembre a las 12’00 horas y arrancará desde la Plaza del carmen.

POR UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS EN DEFENSA DEL EMPLEO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR UNA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA

En estos tiempos difíciles queremos mostrar, en primer lugar, nuestra solidaridad con las personas enfermas, así como transmitir nuestras condolencias a las familias de las víctimas. La pandemia de la Covid-19 nos ha enseñado muchas cosas en las que tenemos que basarnos para construir nuestro futuro. Nos ha vuelto a enseñar el valor de los servicios públicos, de la Sanidad, de la Educación, de los Servicios Sociales y las Pensiones Públicas, de los sectores agroalimentario, del comercio y del transporte. ¿Qué hubiera sido de la mayoría de la población sin esos servicios?

Desde el reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores públicos del sector sanitario por su entrega, esfuerzo y compromiso exigidos por la crisis de salud, así como al resto de personas trabajadoras de los demás sectores y servicios esenciales, que han demostrado quienes son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras sociedades, hacemos un llamamiento a la movilización, en esta ocasión, en defensa de la Sanidad y la Educación públicas, para que nunca más haya recortes, para recuperar todo lo que se ha recortado y devolver a lo público todas las privatizaciones para garantizar que los servicios básicos lleguen a toda la población.

La crisis de 2008 del sistema económico y social capitalista intensificó la explotación de las trabajadoras y trabajadores, con recortes en los sueldos, aumento de la jornada laboral, la extensión de la precarización del empleo y la pérdida de derechos laborales y sociales. Al mismo tiempo se desarticularon servicios públicos esenciales con recortes de plantillas y presupuestarios y con las privatizaciones. En definitiva, empeoraron todavía más las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora.

La nueva crisis derivada de la pandemia actual ha consolidado la precariedad laboral en la que se asentó la salida de la anterior crisis, ha incrementado el paro hasta porcentajes alarmantes, especialmente en los colectivos de mujeres y jóvenes, la mayoría sin ningún tipo de protección. Hay miles de andaluzas y andaluces al borde de la exclusión social, que se sumarían a todas las personas que ya se encuentran en esa situación, de ahí la importancia de blindar y hacer efectivas las medidas de protección social. Para combatir todas estas realidades exigimos la implantación de la Renta Básica y, de manera inmediata, la implantación de la Renta Básica de Emergencia.

La pandemia nos ha demostrado el valor de las personas trabajadoras para mantener a flote la sociedad. Por eso, el modelo económico y social que debe construirse tras la pandemia debe estar basado en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en primer lugar el derecho al trabajo y a un sueldo digno, en poner fin a la precariedad laboral, en la igualdad real de hombres y mujeres en salarios y condiciones laborales, en la eliminación de todas las normas que han recortado los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en la garantía de ingresos suficientes para todas las personas.

En nuestra tierra, es imprescindible que desde las instituciones se ayude a los municipios de acogida de trabajadores y trabajadoras temporeras a adaptar sus servicios públicos a la demanda estacional, y garantizar el acceso a una vivienda digna para la población migrante. Especialmente importante es exigir campañas de concienciación y medidas de sanción, denuncia y control para evitar abusos y agresiones sexuales a mujeres temporeras y exigiendo al gobierno central, con carácter urgente, la regularización de todas las migrantes, como primera medida que puede permitir garantizar su acceso a derechos sociales y laborales.

La pandemia nos ha demostrado también la debilidad de la estructura económica y los servicios públicos de Andalucía. Nos ha confirmado los graves problemas que supone la deslocalización de la producción en busca de mayores beneficios donde se paguen menos salarios y haya menos derechos laborales, la dependencia exclusiva de un sector servicios basado en bajos salarios, pocos derechos y gran desigualdad de trabajadoras y trabajadores, y la falta de una planificación económica que garantice la soberanía productiva de nuestra tierra. Apostamos por un desarrollo

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industrial y agroalimentario andaluz basado en el desarrollo tecnológico y medioambiental, en la I+D+i. Rechazamos volver a un mundo donde los cierres de empresas se decidan en función del mayor beneficio de sus accionistas, y a costa de los puestos de trabajo.

La ciudadanía no puede permitirse una “reconstrucción” que genere más desigualdades, por tanto, el modelo económico y social debe basarse en los intereses de la inmensa mayoría de la población, basado en buenos servicios públicos de calidad y dotados de personal y presupuesto suficiente, en planes de empleo público, un orden que defienda a las personas mayores, que garantice la igualdad de hombres y mujeres y un futuro para la juventud. Un nuevo modelo que atienda la emergencia climática y respete la naturaleza. Y que financien este cambio los que más tienen, la minoría del 1% que tiene más del 30% de la riqueza del país. Todo ello desde una perspectiva de defensa de los intereses y el futuro de Andalucía.

Sin embargo nada de esto está ocurriendo ni en Andalucía ni en el conjunto del Estado. Los servicios públicos, y en especial nuestro sistema sanitario, están en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones. Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras siguen siendo prácticamente las mismas a las de la primera ola de la pandemia. Es inadmisible. Seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes a la vez que muchas niñas y niños están en nuestras escuelas sin que se cumplan las medidas básicas de distanciamiento físico, al igual que ocurre en la gran mayoría de los centros de trabajo y en los transportes públicos. Medidas llevadas a cabo por parte del gobierno central no han respondido suficientemente a las necesidades reales de la mayoría, en relación a la prohibición de los despidos, las enormes dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital, etc. Las cuantiosas subvenciones a empresas y una hibernación económica que apenas duró 9 días muestran una vez más que los beneficios de la patronal parecen valer más que las vidas de los y las trabajadoras. Y por si todo esto fuese poco, un horizonte preocupante con anuncios que ponen en peligro nuestras pensiones y nuestros salarios. Basta ya de concesiones a la patronal y al capital. Hay que enfrentarse a los intereses de los que acaparan las riquezas. No al pago de la deuda, devolución de los 65.000 millones del rescate bancario y todos los medios de la sanidad privada a disposición de la sanidad pública.

Defendemos una sociedad con energías limpias y sostenibles, cuya producción sea respetuosa con el medioambiente, que garanticen unos precios asequibles para todos y no sean un elemento más de lucro para los poderosos a costa de los más débiles. Exigimos una sociedad que ponga fin, de una vez, a todo tipo de violencia contra las mujeres.

Nada de lo que necesitamos nos lo van a regalar. Como con todos los derechos, hay que movilizarse para conseguirlo. Por eso llamamos a una movilización andaluza, descentralizada en las provincias, el próximo 7 de noviembre por la Sanidad y la Educación públicas y por el Empleo digno. Por una renta básica de emergencia.

Con las necesarias medidas sanitarias de protección, volvemos a las calles.