Desde el SAT estamos llevando a cabo una campaña consistente en visitar empresa por empresa difundiendo el contenido de la legislación laboral y explicando nuestra posición al respecto y que no es otra que la de poner en evidencia que ni una, ni cien mil leyes son respetadas en el mundo del trabajo si los trabajadores no hacemos que se cumplan.

Trabajar en la hostelería, vivir en la cuerda floja

El sector de la hostelería y el turismo en la provincia de Granada constituyen uno de los paradigmas que ,mejor ilustran el devenir de las relaciones y condiciones laborales que sufrimos los trabajadores andaluces. Todos los empleados y empleadas en este sector padecemos la precariedad contractual y, por ende, los salarios bajos, las jornadas abusivas y una falta generalizada de derechos que convierten a los ocupados en una suerte de nuevos parias sobre los que se asienta el espectacular desarrollo de un sector donde se enriquecen unos pocos y se condena a la mayoría a vivir permanentemente en la cuerda floja.

No dejamos de escuchar y leer en la prensa cómo el turismo es uno de los motores de la economía andaluza: los visitantes aumentan sin cesar; las pernoctaciones hoteleras suben; el sector crece y, en la última semana de enero, el gobierno andaluz acapara FITUR (una de las mayores ferias mundiales de turismo) con un inmenso stand. Algo está claro y es que nunca hubo en nuestra provincia tantas empresas relacionadas con este sector productivo que ya ocupa a más de 15000 granadinos y granadinas (8000 sólo en la capital), pero algo es más evidente todavía y se concreta en que el espectacular desarrollo del negocio hostelero-turístico está asentado sobre una mano de obra sin derechos, malpagada y explotada.

La mayoría de trabajadores y trabajadoras de la hostelería realizamos jornadas extenuhantes sin ningún tipo de contrato o con contratos por días u horas que no vienen a representar ni un 20% de la jornada trabajada; las vacaciones (en el caso que se disfruten) no se pagan; y no cobramos ni horas echadas de más, ni las pagas extraordinarias. Hoy en día (si exceptuamos a unos pocos trabajadores contratados desde hace años en empresas y cadenas señeras del sector)un empleado de la hostelería está cobrando entre 500 y 750 e. al mes y trabajando unas 60 o70 horas seis días a la semana con un coste bajísimo para el empresario. Y estos últimos no dejan de ganar dinero mientras los trabajadores saltamos de empresa a empresa, de contrato miserable a no contrato y sin disponer de unas cotizaciones a la Seguridad Social razonables que nos permitan cobrar el desempleo y, en un futuro, una pensión de jubilación digna. Todas esas condiciones nos hacen vivir en la precariedad permanente, en la cuerda floja: el marco ideal deseado por la patronal de la hostelería, ávida de beneficios, que se niega a ninguna negociación o mejora de las condiciones muy consciente de su posición privilegiada. Tanto es así, que las supuestas condiciones laborales que debieran regir en todas las empresas, recogidas en el Convenio Colectivo provincial, legalmente han expirado en diciembre del 2014 ante la negativa de la patronal a negociar y amparándose en la última reforma laboral que permite el «descuelgue» de los convenios colectivos(1).

Concienciar, organizar, responder a la precariedad

Ante la situación actual, en la que a cerca de un 80% de trabajadores que no se les respetan las condiciones estipuladas en el convenio, desde el SAT estamos llevando a cabo una campaña consistente en visitar empresa por empresa difundiendo el contenido de la legislación laboral y explicando nuestra posición al respecto y que no es otra que la de poner en evidencia que ni una, ni cien mil leyes son respetadas en el mundo del trabajo si los trabajadores no hacemos que se cumplan. Precisamente, hemos llegado a la situación actual con CCOO y UGT firmando año tras año renovaciones del convenio y tablas salariales que, en la mayoría de los casos, eran papel mojado. Para acompañar la campaña de difusión ofrecemos a todos los compañeros de las empresas que visitamos la posibilidad de asesorarse, interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo o los juzgados de lo social, o lo que entre todos veamos; y todo esto acompañado, si fuese necesario, de una denuncia permanente ante la opinión pública (con nombres y apellidos y ante la puerta de los negocios) de los responsables y empresas que abusen de los trabajadores.

No existe otro camino que el de concienciar al mayor número de trabajadores y trabajadoras para que juntos reclamemos y hagamos efectivos nuestros derechos. Y será desde aquí desde donde comenzaremos a recuperar
el protagonismo que nunca deberíams haber perdido en la toma de decisiones sobre nuestras condiciones laborales, nuestros dineros y nuestra dignidad que pretenden arrebatarnos.
La lucha es el único camino, no lo dudéis.

(1) Mientras escribimos estas líneas puede decirse que el convenio ha perdido su validez para todos aquellos contratos firmados desde enero del 2015, si bien esto requiere de una serie de matizaciones que nos comprometemos aclarar en un próximo artículo.