LA MIOPÍA DEL SINDICALISMO INSTITUCIONAL Y UNOS POLÍTICOS INCAPACES

LA MIOPÍA DEL SINDICALISMO INSTITUCIONAL Y UNOS POLÍTICOS INCAPACES

  Por un voto, con una abrumadora cantidad de reproches y en segunda votación se ha salvado el Real Decreto sobre la temporalidad en las administraciones públicas , el más conocido como “ICETAZO”, tras una ajustadísima negociación en el parlamento de última hora, pasará a tramitarse como proyecto de ley, así los diferentes grupos políticos podrán introducir aportaciones y enmiendas, pero no nos engañemos, lo volvemos a recalcar, nuestra posición dada la ingente cantidad de personal en abuso y la imposibilidad del estado de afrontar semejante deuda en indemnizaciones disuasorias, sólo deja un camino para los que están en abuso de temporalidad, LA FIJEZA, no se trata de acceder a la función pública, los abusados ya accedieron hace tiempo y en su inmensa mayoría superando las correspondientes pruebas selectivas, se trata de resarcir y sancionar el abuso cometido por las administraciones públicas, y ante la falta de legislación concreta en el estado español al respecto, EL DERECHO EUROPEO solo ve una salida, la permanencia en el puesto como personal a extinguir (cosa que es constitucional y que se ha hecho múltiples veces con personal de empresas externas absorbidas por la administración o con personal eventual) aspecto que también avala en un informe nada más y nada menos que la ex-presidenta del tribunal constitucional María Emilia Casas.

               

miopía 4

    El globo sonda lanzado sobre el “trato de favor” (que no es tal, si nos atenemos a los requisitos que van ligados a la pseudopropuesta) a los interinos que lleven más de 10 años que está corriendo por los medios como la pólvora es algo que no tiene ni pies ni cabeza y fue parte de la justificación para no tumbar el mezquino acuerdo transformado en RD realizado por los sindicatos mayoritarios y un ministro de función pública fantasmagórico, que aparece, firma y lo cambian de ministerio, un acuerdo llevado a Real Decreto y que no contó  con el resto de los grupos políticos, ni siquiera con los socios de gobierno, ni con los afectados, no olvidemos que tras las recientes sentencias y autos, tanto la jurisprudencia europea, como el tribunal supremo establece el abuso en 3 años, por lo tanto no tiene ningún sentido que se esté ahora hablando de otras franjas de corte que además son una gran falacia pues solo afectaría a una ínfima y marginal parte de personal en abuso con las condiciones en las que se plantea esta rocambolesca medida, y que lo único que hace es confundir al personal e intentar dividirlo, pero a estas alturas, colectivos de abusados, abogados especialistas en la materia y el sindicalismo alternativo de clase estamos hartos de hacer didáctica sobre el abuso de temporalidad y no van lograr dividir a un colectivo cada vez más fuerte y con más conciencia de que han jugado con su pan y su futuro, además con la gravedad que supone haberlo hecho a sabiendas.

                    Tras la vergüenza que supone llevar al parlamento un RD que casi no sale adelante, puede que volvamos a ver con la complicidad de los sindicatos institucionales el intento de firmar retorcidos textos en forma de ley donde se hacen malabares para justificar lo injustificable, pero es Europa quien ya cansada de sentar las bases de qué se debe hacer en el caso que nos ocupa, tendrá que volver a intervenir.  

                    Los nuevos opositores además están siendo utilizados para enfrentarlos con el personal abusado, después de tenerlos años en  academias (un suculento negocio) con promesas de miles de plazas que ningún año terminan de materializarse, no al menos las realmente necesarias, y ya hemos visto que la administración está en los huesos y se ha demostrado en la reciente crisis de la pandemia, los opositores no se dan cuenta de que ellos también están dentro de la rueda y que su futuro podría ser el de la eterna temporalidad como hasta ahora está pasando con muchos interinos o incluso peor, no olvidemos lo de la “patada a los tres años”. ¿Por qué donde hay 50 plazas sacan 8? aquí está la cuestión, este ha sido el juego hasta ahora, porque así tienen a personal con menos derechos, más manipulables y con menos capacidad de movilización. No se pretende que se le regale la plaza a nadie, ni de que se de alguna migaja para subir el concurso a los abusados o poner unas oposiciones muy fáciles, o cualquier cosa que quieran inventar, se trata de que se cumpla la ley, la jurisprudencia y el derecho europeo tras más de 20  años sin trasponer a las leyes estatales la directiva  1999/70/CE. Así que se dejen de historias.

                    Por otro lado, hay cosas tan curiosas como la indemnización que propone el texto del RD, (20 días por año trabajado y además con un tope de 12 mensualidades, vaya que te hagas rico) ¿No es muy, muy parecida a la del despido improcedente actual?… ¿Pero no es esa indemnización la que está en la reforma laboral que se pretende derogar? Y llaman a eso sanción disuasoria…de vergüenza.

miopía 3

                    A falta de los aportes y enmiendas de los grupos parlamentarios, que ya veremos en que queda, lo único que tenemos hasta ahora es el texto de este Real Decreto de Iceta que vulnera la primacía del derecho europeo por mucho disfraz que le pongan. Así que, dura voraz se plantea esta batalla, pero hay que decir las verdades para que al menos algunos se pongan colorados si se llega a llevar a cabo la escabechina que dejara en la estacada a miles y miles de personas que han accedido a la función pública en procesos selectivos, que han demostrado mérito y capacidad sobradamente, que están en abuso de temporalidad y por lo tanto contratados en fraude de ley. Y ojo, ya se están moviendo hilos para pedir responsabilidades penales, por ejemplo, la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) ya ha conseguido sentar en el banquillo por prevaricación a dos autoridades…veremos en que termina todo.

                    Los procesos selectivos de libre concurrencia, así como las medidas planteadas no son sanción ni medidas disuasorias para que no vuelva a repetirse el abuso en la contratación temporal y tampoco compensan o resarcen adecuadamente a los trabajadores actualmente en abuso.

                     HAY QUE SANCIONAR EL ABUSO NO A LAS VICTIMAS

                  PERSONAL FIJO A EXTINGUIR ES LA SOLUCIÓN A COSTE 0

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Sentencia judicial: El Ayuntamiento de El Valle debe contratar como “indefinida” a la delegada del SAT.

Sentencia judicial: El Ayuntamiento de El Valle debe contratar como “indefinida” a la delegada del SAT.

 

martillo juez

La delegada de la sección sindical de personal laboral del Ayuntamiento de El Valle (Granada) ha ganado el pleito planteado ante el consistorio y la Diputación Provincial, viendo reconocida su condición de trabajadora indefinida del Servicio de Ayudo a Domicilio del municipio del Valle de Lecrín citado.

El Juzgado de lo Social n° 5 de Granada aprecia que los diferentes contratos que ha ido firmando desde el año 2015 han sido celebrados “en fraude de ley”, indicando que: «Como reiteradamente tiene establecido la jurisprudencia los requisitos necesarios para la validez del contrato de obra o servicio que aparece disciplinado en los artículos 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 del Real Decreto 2720/98 de 18 de diciembre que lo desarrolla son los dos siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la

actividad laboral de la empresa; y b) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto. Es preciso que concurran conjuntamente ambos requisitos, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho. Es decisivo que quede acreditada cumplidamente la causa de la temporalidad. Y de ahí la trascendencia de que se cumpla inexcusablemente la previsión legal (art 2.2 a) del RD 2720/98) de que «el contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituya su objeto»”.- Y esta doctrina es aplicable tanto a las empresas privadas como a la Administración….»

En la sentencia también se especifica que los argumentos que da el Ayuntamiento para justificar la temporalidad de los contratos ,« como falta de competencia en el servicio, tratarse de una actividad puntual y no permanente etc, no pueden ser tenidos en cuenta la alegada falta de competencia del Ayuntamiento en materia de ayuda domicilio y de la normativa en materia de financiación de dicho servicio cuya gestión ha asumido de forma directa en virtud del Convenio de colaboración entre la Diputación de Granada y los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Granada para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio previsto en la Orden de 15 de noviembre de 2007 por la que se regula este servicio en la comunidad autónoma de Andalucía, lo cierto es que la actividad para la que viene siendo contratada la actora constituye la ordinaria o habitual de la Corporación y lo único temporal es la persistencia del convenio y la forma de financiación, que no la obra o servicio, lo que conlleva a estimar que ningún óbice existe para que el Ayuntamiento hubiese acudido a la contratación indefinida».

Por todo ello, nuestra compañera, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio y una de las responsables del Sector del SAT en Granada, es a partir de ahora, trabajadora indefinida en su puesto de trabajo.

Desde la Unión Territorial del SAT de Granada nos felicitamos por el resultado obtenido y que es fruto del trabajo y lucha de la delegada del SAT y del equipo jurídico del sindicato.

 

SAT GRANADA

Unión Territorial.

andaluza y feminista 1

Otro fiasco: Plan de Choque para reducir la temporalidad en el empleo público.

Otro fiasco: Plan de Choque para reducir la temporalidad en el empleo público.

Temporal 1

A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS TEMPORALES

               Tal y como nos temíamos el que han denominado “Acuerdo sobre Plan de choque para reducir la temporalidad en el empleo público” firmado por CCOO, UGT Y CSIF con el ministro de función Pública Miquel Iceta que modifica el TREBEP es una cuerda al cuello de los trabajadores públicos en abuso de temporalidad, lo venden a bombo y platillo como un hito, como algo histórico. Lo mismo llevan razón.

               Hemos visto como los borradores del acuerdo pasaban en unos días de una indemnización de 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, de cualquier manera ni una ni otra es una sanción disuasoria, tampoco se traspone correctamente la directiva 1999/70/CE y no se sanciona debidamente a las administraciones que hasta ahora han estado abusando del personal, por otro lado áreas como salud y educación deben ser secundarias, ya que retrasan hasta un año la adopción de estas medidas en los dos ámbitos….a estas horas ya hay presentadas quejas a la Comisión Europea por parte de bufetes de abogados y anunciadas movilizaciones al respecto por diversos colectivos de personal afectado.

          Este acuerdo va a tramitarse como Real Decreto por la vía de urgencia, una urgencia que no han tenido en más de 20 años en los que no se ha traspuesto a las leyes estatales la directiva europea 1999/70/CE, unas prisas inauditas que vienen curiosamente tras las aplastantes sentencias y autos europeos sobre el abuso de temporalidad y la correcta aplicación de la directiva europea 1999/70/CE. Por mucho aval o bendición de los sindicatos firmantes que tenga este Real Decreto, más conocido como el Icetazo, no va ser mas legal o justo, lo peor de todo es que además lo saben.

               En el acuerdo se reconocen las responsabilidades de las distintas Administraciones Públicas y el problema generado con la temporalidad, (antes eramos cuatro asusta viejas los que veníamos diciendo esto del abuso y hablando de directivas extrañas) además se esfuerzan en intentar demostrar que las medidas propuestas son adecuadas al ordenamiento jurídico del estado, a la directiva 1999/70/CE y a la jurisprudencia del TJUE. El acuerdo viene a modificar el TREBEP, pero el análisis que se hace de la problemática de la temporalidad y las soluciones propuestas son más de lo mismo, las medidas sancionadoras por el abuso de temporalidad son irrisorias, se reinventan los procesos de estabilización para reducir la tasa de temporalidad con el mismo error de estabilizar las plazas pero no a las personas que las vienen ocupando, y no se han parado en ningún momento a explorar ni un solo mecanismo para la estabilización real del personal en situación de abuso de temporalidad. Por otro lado como si de una medida estrella se tratara se plantea elevar la fase de méritos del concurso-oposición hasta un 40%, aunque es algo que ya viene sucediendo en los diferentes procesos selectivos de estabilización de manera mas o menos generalizada, y aun así, estos llamados procesos de estabilización no han frenado la sangría de personal en situación de abuso que se va a a la calle con lo que ello conlleva en perdida de capital humano para la administración en forma de experiencia y el drama que presupone para la persona en abuso, que con una media de edad de más de 50 años, se ve abocada a la exclusión laboral con una ridícula indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades y dos años de desempleo. Así es como pretenden rejuvenecer la administración, terrible.

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               En el articulado del proyecto del Real decreto que se concreta en dos artículos y varias disposiciones adicionales, donde se modifica el articulo 10 del TREBEP, se añade un nuevo apartado al articulo 11 (para el personal laboral), y se establecen los futuros procesos de estabilización y regulan las situaciones de interinidad de la siguiente forma a futuro:

               Se acota la condición de funcionario interino enumerando las justificaciones para el nombramiento, dejando claro que cuando el nombramiento sea a causa de la existencia de plazas vacantes no cubiertas por funcionarios de carrera, el tiempo máximo del nombramiento será de tres años. Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, sancionando a la administración con la supresión de la plaza. Solo habrá dos excepciones a esto:

-Cuando el proceso selectivo que se haya convocado para cubrir la vacante haya quedado desierto

-Cuando se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, pero sin que su cese de lugar a compensación económica.

               La compensación económica para el personal funcionario interino que cese, se producirá cuando haya entrado en vigor esta reforma del TREBEP y sólo cuando se incumplan los plazos máximos de permanencia de un interino en una vacante, es decir los efectos de esta compensación económica no son retroactivos; el cálculo de la compensación se hará sobre el tiempo contado desde el último nombramiento que cause el incumplimiento de los plazos máximos (tres años), Así mismo no habrá derecho a compensación cuando el cese se produzca por causas disciplinarias o renuncia.

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               En lo referente a los procesos de estabilización que son supuestamente los que tienen que hacer justicia con el personal en abuso, decir de entrada que son son casi calcados a los suscritos por CCOO, UGT Y CSIF EN 2017 y 2018, es decir, se estabilizan las plazas y no a las personas que ocupan éstas, apostando de nuevo por la linea firmada en el pasado con el ex-Ministro Montoro y que se ha demostrado totalmente ineficaz en lo que a la consolidación del personal en abuso se refiere, abriendo así la puerta al despido de miles de interinos e imponiendo una vez más las llamadas tasas de reposición. Se autorizan ofertas de empleo de las plazas que quedaron fuera de los procesos de estabilización de 2017 y 2018, en un nuevo proceso con las siguientes condiciones:

-Se incluirán las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

-Las respectivas ofertas públicas de empleo (OPE) deberán publicarse en los Diarios oficiales antes del 31 de diciembre de 2021.

-Las convocatorias de los procesos selectivos deberán publicarse en los Diarios oficiales antes del 31 de diciembre de 2022.

-La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de diciembre de 2024

-El sistema de selección será exclusivamente el concurso-oposición.

-La fase de concurso podrá alcanzar hasta un 40% de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia previa.

– Se fija una compensación económica para el personal interino o laboral temporal como consecuencia de la no superación del proceso selectivo de estabilización siempre que hubiese rebasado los tiempos máximos de permanencia. (Independientemente de lo que se establece para las compensaciones económicas anteriormente citadas, las que se deriven de los procesos de estabilización, tienen en cuenta los servicios prestados antes del cese como consecuencia de no haber superado el proceso selectivo de estabilización, es decir si serán retroactivas). 

-La compensación económica será de veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. Las personas interinas que no participen en el proceso selectivo de estabilización no tendrán derecho a la citada indemnización.

               Todo un despropósito, una huida hacía delante, un juego de trileros para acabar cuanto antes y con los mismos viejos métodos, con un problema generado por una gestión nefasta de los sucesivos gobiernos y administraciones, y aunque se tengan que llevar por delante a las víctimas, esas miles de personas que han dado lo mejor de si durante años en la función pública, no dudan en seguir una hoja de ruta equivocada y que está condenada a terminar de nuevo en tribunales europeos.

Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

(Pincha arriba para consultar o descargar el acuerdo)

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SAT Universidad (Granada) mujeres docentes e investigadoras: campaña de afiliación.

SAT Universidad (Granada) mujeres docentes e investigadoras: campaña de afiliación.

Resistir, persistir..

🟣🟣🟣MUJERES DOCENTES E INVESTIGADORAS🟣🟣🟣

Las docentes e investigadoras son parte indispensable de la #UGR y del sistema español de ciencia y de universidades.

Lamentablemente, pese a que hay más mujeres que hombres en etapas iniciales de la carrera investigadora (como la fase predoctoral), pocas mujeres son las que llegan a las últimas fases (estabilización, cátedras).

Esto evidencia que las carreras investigadora y académica son carrera laborales machistas que no tienen en cuenta al 50% de la población

La ciencia y la docencia universitaria no deben estar al servicio de una minoría privilegiada.

Desde el #SAT luchamos todos los días para cambiar esto.
Queremos una UGR y un sistema de ciencia inclusivo y justo para las mujeres.
#CienciaConDerechos #DocenciaConDerechos #InvestigaciónConDerechos

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.sat.satgranada

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Huelga 18 de junio: POR LA FIJEZA DEL PERSONAL EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

Huelga 18 de junio: POR LA FIJEZA DEL PERSONAL EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

 

Huelga 18 de junio

HUELGA 18 DE JUNIO

POR LA FIJEZA DEL PERSONAL EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

QUIENES ESTÁN SE QUEDAN!!!

Huelga 18 de junio desde las 00:00 horas a las 24 horas convocados todos los empleados públicos temporales de las diferentes administraciones, tanto las estatales, como las de las comunidades y ciudades autónomas y administraciones locales, así como las universidades y organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

Trabajo fijo

Nos sumamos y alentamos a uniros a la huelga convocada por las diferentes organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores públicos en abuso de temporalidad a nivel estatal, así mismo exigimos la retirada de la propuesta del Sr. Ministro Iceta, toda vez que lo que se pretende es castigar más al personal en abuso y esquiva los diferentes autos y sentencias europeas, como la reciente e importante sentencia de 03/06/21 del TJUE derivada de unas cuestiones prejudiciales del TSJM sobre la aplicación de la directiva europea 1999/70/CE y en concreto del apartado 5 del Acuerdo Marco y que en resumidas cuentas obligan al estado español a acabar con la temporalidad abusiva, a sancionar a las administraciones incumplidoras y a reparar a las víctimas.

Lo que sabemos y hasta ahora y Europa deja claro en autos y sentencias:

-Las administraciones que han practicado el abuso de temporalidad con sus trabajadores deben ser sancionadas.

-Los argumentos esgrimidos en relación a cuestiones presupuestarias para no sacar las plazas en tiempo y forma no son excusa valida.

-Las oposiciones de libre concurrencia no son una sanción disuasoria al abuso

-Son personal abusado los que encadenan contratos durante más de tres años, así como los que tienen un solo contrato o nombramiento.

-Las víctimas deben ser resarcidas

Trabajo fijo 2

Por ello, el estado español debe dotarse de una legislación que dé una solución real al problema. Nos llevan usando y tirando más de 40 años. BASTA YA! .

EN DEFENSA DEL PERSONAL ABUSADO

-AUDITORÍA Y SEPARACIÓN DE LAS PLAZAS OCUPADAS POR PERSONAL EN ABUSO DE TEMPORALIDAD DE LAS OFERTAS DE EMPLEO LIBRE, PROHIBICIÓN DE CESE DE LOS Y LAS TRABAJADORAS EN ABUSO

-SANCIÓN DISUASORIA PARA LAS ADMINISTRACIONES INCUMPLIDORAS Y RESARCITORIA PARA EL PERSONAL EN ABUSO. DETERMINAR SI HAY RESPONSABILIDADES PENALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTAS CON PATRIMONIO PERSONAL O INHABILITACIÓN PARA EJERCER EL CARGO.

-SANCIÓN ACORDE AL DERECHO Y JURISPRUDENCIA EUROPEA. SOLUCIÓN A COSTE 0 PARA LA ADMINISTRACIÓN, REGULACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PERSONAL EN ABUSO MEDIANTE LA FIGURA DE EMPLEADO PÚBLICO FIJO A EXTINGUIR.

-RECUPERACIÓN DE TODAS LAS PLAZAS PERDIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y REFUERZO DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PARA UN SERVICIO AL CIUDADANO Y UN EMPLEO PÚBLICO CON GARANTÍAS Y DE CALIDAD.

SECCIONES SINDICALES SAT-UGR
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Manifestación viernes 28 a las 11′ 00 h. de los trabajadores públicos en huelga

Manifestación viernes 28 a las 11′ 00 h. de los trabajadores públicos en huelga

¡TODAS Y TODOS A LA MANIFESTACIÓN EL VIERNES 28 DE MAYO A LAS 11′ 00 HORAS DESDE LA PUERTA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA!WhatsApp Image 2021-05-25 at 10.11.08

MOTIVOS PARA LA HUELGA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA
La precariedad de l@s emplead@s públic@s en forma de alta tasa de temporalidad y el abuso de ésta por parte de las administraciones es insostenible. Son miles las personas que han demostrado mérito y capacidad durante años, y que han superado en la inmensa mayoría de ocasiones los diferentes procesos selectivos que la administración les exigió en su momento para acceder a la función pública. Paralelamente, las ofertas de empleo público siguen siendo insuficientes para cubrir realmente las necesidades estructurales que requieren los servicios, llevando a estos, a una vía de privatización que avanza imparable en sectores clave para la ciudadanía como sanidad y educación.
La directiva 1999/70/CE, de obligatorio cumplimiento para los estados miembros de la UE, y diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejan claro, que si no existe normativa sancionadora estatal (caso del estado español) para el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas, la fijeza del personal en abuso tiene el amparo legal para ser la sanción disuasoria para la administración y compensatoria para los afectados.
La inestabilidad y precariedad que sufren l@s trabajador@s de las subcontratas (con peores condiciones laborales y económicas), así como las miles de personas opositoras, a las que se ha dejado en la estacada sin las correspondientes convocatorias anuales, o bien con ofertas de empleo que no se ajustan a la realidad de los puestos estructurales que realmente necesitan cubrirse, han sido las claves de unas políticas neoliberales que han priorizado el beneficio de la empresas privada en detrimento de unos servicios públicos de calidad, debilitando así las estructuras de éstos.
NO PODEMOS PERMITIR QUE CESEN A PERSONAS PREPARADAS QUE HAN DADO LO MEJOR DE SUS VIDAS COMO SERVIDORES PÚBLICOS

MANIFA
NO PODEMOS PERMITIR QUE SE PIERDAN MILES DE PLAZAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE EMPRESAS PRIVADAS CON EL ÚNICO INTERÉS DE EXPOLIAR EL DINERO DE TODA LA CIUDADANÍA.
EL DÍA 28-M LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEBEN PARAR PARA RECLAMAR Y EXIGIR A LEGISLADORES Y ALTOS CARGOS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES:
-La paralización de los procesos selectivos, auditoría de los puestos ocupados por interinos y sustitutos en abuso de temporalidad y separación de estás plazas de los procesos selectivos de libre concurrencia. Cumplimiento de la directiva europea 1999/70/CE y del derecho comunitario. Regulación administrativa para el personal en abuso en personal fijo a extinguir.
-Convocatorias anuales acordes a las necesidades reales. Eliminación de las tasas de reposición y recuperación de las miles de plazas que se han perdido en los últimos años, así como la creación de todas aquellas plazas necesarias estructuralmente para unos servicios públicos de calidad.
-Expulsión de empresas privadas de las administraciones públicas, y recuperación de los servicios externalizados, expansión y refuerzo de estos servicios mediante una mayor inversión orientada a necesidades colectivas y sociales para garantizar a la población unos servicios públicos dignos, especialmente a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.
-Dotar a la inspección de trabajo con herramientas y personal para la detección de contratación fraudulenta en las administraciones públicas y establecimiento de mecanismos de sanción como el pago con patrimonio privado o inhabilitación para el desempeño en la administración pública para aquellos gestor@s públic@s que utilicen la contratación en fraude de ley.

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“¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

“¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

¿JUSTICIA JUSTA

En Andalucía, los Juzgados de lo Social están colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos en Granada, Córdoba, Almería o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 o 2025 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social.

La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro no es ninguna excepción. Todos sus predecesores y él mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc.

Esta situación también tiene mucha incidencia en los casos de desahucios y de violencia machista.


Las reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de demandas a años vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público.

A finales de 2020 no se ha podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se abordaba la violación del derecho Fundamental a la Huelga por parte de la Junta de Andalucía, por falta de medios telemáticos (ordenador, software y conexión). Finalmente se celebró en marzo 2021 y la sentencia ha puesto en vilo este Derecho Fundamental, al ponerse de perfil el tribunal sin sancionar a la Junta y remitir a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo que declaraba nulos y abusivos unos servicios mínimos en la huelga general del 8M pero que no conlleva que la clase política pueda seguir conculcando el derecho Fundamental a la huelga mediante un decreto de servicios mínimos ilegales que no le van a suponer ningún coste ni económico, ni social, ni responsabilidad política alguna porque los tribunales así lo han decidido. Hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.

Observamos cómo surgen en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. El mejor exponente de esto en Andalucía resulta ser el SERCLA, donde la invasión de competencias -antes públicas- es la tónica dominante de los últimos años junto a la financiación de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO.

Los señalamientos a años vista obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales, que dejan ser útiles y no surten efecto. Así se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de l@s trabajador@s.

Con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito sobre el que la patronal (la más incumplidora) mantiene un indisimulado silencio, ya que este mecanismo perverso juega a su favor.
Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:

  • Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía.
  • Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
  • Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.

También queremos denunciar las problemáticas que nos encontramos en los juzgados cuando tratamos de tutelar el derecho a la vivienda, regulado en el artículo 47 de la Constitución.
Los juzgados sistemáticamente incumplen la normativa contenida en los Tratados Internacionales que hemos suscrito como Estado. Con frecuencia nos encontramos ante procesos judiciales en los que no se garantizan los derechos de los menores y su protección jurídica. Son muchos los procedimientos en los que magistrados y jueces decretan el lanzamiento de familias económicamente vulnerables sin haber ponderado otras opciones menos gravosas y sin garantías de alternativas habitacionales para los menores de edad, las hijas e hijos de la clase trabajadora.

A lo anterior se unen las reticencias en la aplicación de figuras jurídicas amparadas por el Derecho, como el estado de necesidad como causa eximente de la responsabilidad criminal. La aplicación de esta figura, tras la acreditación de los requisitos exigidos legalmente, permitiría eximir de responsabilidad criminal a las familias obreras que ocupan viviendas vacías en manos de entidades bancarias o de otros grandes tenedores, al no dejarle el Estado ninguna otra opción para satisfacer su necesidad permanente de acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. L@s trabajador@s ya nos hemos cansado de ver cómo los poderes públicos incumplen el mandato constitucional de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre la ciudadanía (artículo 9.2 de la Constitución).

En los juzgados es necesario:

  • Implementar protocolos específicos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y que llevaran a estos a actuar de manera uniforme. Protocolos que deberían contemplar, en los casos en los que no hubiera alternativa habitacional, medidas como: suspensión del lanzamiento, solicitud a los servicios sociales de su intervención de manera activa para la solución del problema entre otras.
  • Relacionado con esto, los jueces deberían suspender los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., siendo esta una medida que podría llevarse a cabo si en los juzgados se tuviera en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales que con frecuencia es ignorada, en muchos casos a sabiendas.

Por todo esto, la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno a este angustioso problema de la clase trabajadora, con objeto de preparar una movilización general que pueda ser el comienzo de una lucha colectiva por la reconquista de los derechos laborales y sociales perdidos y para avanzar en justicia social.

Andalucía 21 de abril de 2021

¡EL 20 de mayo se nos va a escuchar en los juzgados!

Marchas de la Dignidad de Andalucía.

CONCENTRACIÓN sábado 15 de mayo por la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos.

CONCENTRACIÓN sábado 15 de mayo por la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos.

 

MOTIVOS PARA LA HUELGA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA

La precariedad de l@s emplead@s públic@s en forma de alta tasa de temporalidad y el abuso de ésta por parte de las administraciones es insostenible. Son miles las personas que han demostrado mérito y capacidad durante años, y que han superado en la inmensa mayoría de ocasiones los diferentes procesos selectivos que la administración les exigió en su momento para acceder a la función pública. Paralelamente, las ofertas de empleo público siguen siendo insuficientes para cubrir realmente las necesidades estructurales que requieren los servicios, llevando a estos, a una vía de privatización que avanza imparable en sectores clave para la ciudadanía como sanidad y educación.

La directiva 1999/70/CE, de obligatorio cumplimiento para los estados miembros de la UE, y diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejan claro, que si no existe normativa sancionadora estatal (caso del estado español) para el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas, la fijeza del personal en abuso tiene el amparo legal para ser la sanción disuasoria para la administración y compensatoria para los afectados.

RAZONES PARA UNA HUELGA, 28 M

La inestabilidad y precariedad que sufren l@s trabajador@s de las subcontratas (con peores condiciones laborales y económicas), así como las miles de personas opositoras, a las que se ha dejado en la estacada sin las correspondientes convocatorias anuales, o bien con ofertas de empleo que no se ajustan a la realidad de los puestos estructurales que realmente necesitan cubrirse, han sido las claves de unas políticas neoliberales que han priorizado el beneficio de la empresas privada en detrimento de unos servicios públicos de calidad, debilitando así las estructuras de éstos.

NO PODEMOS PERMITIR QUE CESEN A PERSONAS PREPARADAS QUE HAN DADO LO MEJOR DE SUS VIDAS COMO SERVIDORES PÚBLICOS

NO PODEMOS PERMITIR QUE SE PIERDAN MILES DE PLAZAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE EMPRESAS PRIVADAS CON EL ÚNICO INTERÉS DE EXPOLIAR EL DINERO DE TODA LA CIUDADANÍA.

EL DÍA 28-M LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEBEN PARAR PARA RECLAMAR Y EXIGIR A LEGISLADORES Y ALTOS CARGOS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES:

-La paralización de los procesos selectivos, auditoría de los puestos ocupados por interinos y sustitutos en abuso de temporalidad y separación de estás plazas de los procesos selectivos de libre concurrencia. Cumplimiento de la directiva europea 1999/70/CE y del derecho comunitario. Regulación administrativa para el personal en abuso en personal fijo a extinguir.

-Convocatorias anuales acordes a las necesidades reales. Eliminación de las tasas de reposición y recuperación de las miles de plazas que se han perdido en los últimos años, así como la creación de todas aquellas plazas necesarias estructuralmente para unos servicios públicos de calidad.

-Expulsión de empresas privadas de las administraciones públicas, y recuperación de los servicios externalizados, expansión y refuerzo de estos servicios mediante una mayor inversión orientada a necesidades colectivas y sociales para garantizar a la población unos servicios públicos dignos, especialmente a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.

-Dotar a la inspección de trabajo con herramientas y personal para la detección de contratación fraudulenta en las administraciones públicas y establecimiento de mecanismos de sanción como el pago con patrimonio privado o inhabilitación para el desempeño en la administración pública para aquellos gestor@s públic@s que utilicen la contratación en fraude de ley.

RAZONES PARA UNA HUELGA, 28 M-1

28 de mayo Huelga General del Sector Público y sus contratas ¡ QUIENES ESTÁN, SE QUEDAN!

28 de mayo Huelga General del Sector Público y sus contratas ¡ QUIENES ESTÁN, SE QUEDAN!

28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

HACÍA LA HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

PÚBLICO Y FIJEZA YA PARA EL PERSONAL EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

Es un clamor…concentraciones por todo el estado, caravanas de coches en todas las ciudades, convocatoria para la tercera manifestación a nivel estatal el 22 de Mayo, huelgas de hambre, como la de Irune, interina en el Ayuntamiento de Bilbao, Koro, de comedores escolares en Guipuzkoa o María Jesús Casado que lleva desde el 6 de abril y es empleada fija de la delegación de hacienda en Alicante y está haciendo la huelga en solidaridad por sus compañer@s interin@s, las diferentes convocatorias de huelga en Galicia o la indefinida de los canarios con ocupación de edificios públicos por el comité de huelga, acciones penales como la querella interpuesta por la Plataforma de Interinos de Cataluña ante los juzgados de Barcelona por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Annabel Marcos, secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat de Cataluña, y contra Pilar Sorribas, directora general de Función Pública de la Generalitat de Cataluña. Y así, una constante de lucha, entre estrés y ansiedad por parte de los empleados públicos en abuso de temporalidad.

A la vez vemos cómo las ofertas de empleo público siguen siendo insuficientes para cubrir realmente las necesidades de los servicios públicos y como se privatizan a marchas forzadas cosas tan importantes como la sanidad y la educación. La precariedad de los empleados públicos, la alta tasa de temporalidad y el abuso de ésta por parte de las administraciones es insostenible.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajador@s nos preguntamos…

POR QUÉ los que firmaron un supuesto acuerdo de estabilización con el exministro Montoro siguen de perfil o incluso presionan para que las OPEs se agilicen, aún a sabiendas de que están poniendo en la palestra a personas que sobradamente han demostrado, mérito y capacidad durante años, y que han superado en la mayoría de las ocasiones los diferentes procesos selectivos que se les exigieron en su momento para acceder a la función pública. A estas personas les asiste el derecho y la jurisprudencia europea, toda vez que no hay sanción legislada en el estado español que sancione el abuso de temporalidad por parte de la administración. Las centrales firmantes (CCOO, UGT y CSIF) de los llamados procesos de “estabilización” que iban orientados a las plazas y no a las personas, en vez de rectificar su error y defender a los trabajadores públicos en abuso, están siendo cómplices de un ERE encubierto que puede mandar a la exclusión a 800.000 trabajadores públicos con una media de edad de 52 años, con el agravante en términos de igualdad y con carácter general en las diferentes administraciones, de casi un 60% de mujeres. Además los firmantes eran conscientes de las miles de plazas necesarias, para dotar a los servicios públicos eficientemente, que se dejaban atrás, y el consiguiente perjuicio que ocasionaba a nuev@s opositor@s.

Copia de 28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

En el Sindicato Andaluz de Trabajador@s lo tenemos muy claro, los empleados públicos en abuso de temporalidad llevan razón, no nos sirve que CCOO, UGT Y CSIF, se limiten a decir que es anticonstitucional hacer fijos a los empleados abusados, sus servicios jurídicos saben que en base a la directiva 1999/70/CE, que es de obligatorio cumplimiento para los estados miembros de la UE, bajo el principio de primacía del derecho de la unión europea sobre la normativa española incluida la constitución vigente, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que si no existe normativa sancionadora estatal para el abuso de la temporalidad, la fijeza tiene el amparo legal para ser la sanción disuasoria y compensatoria para los afectados, es decir, la administración que abusa de la temporalidad para cubrir necesidades permanentes y estructurales aprovechándose del personal temporal debe ser sancionada y ha de repararse el daño a las víctimas, ergo la relación temporal abusiva ha de transformarse en fija. Y por si no queda claro, que la FIJEZA para el personal en abuso es constitucional, nada más y nada menos que María Emilia Casas, ex-presidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha firmado un informe con su actual gabinete jurídico en el que afirma que:

  • Es constitucional una reforma legal que convierta en personal fijo “a extinguir” en nueva categoría de “personal estabilizado con carácter indefinido” a los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad.
  • Niega que se vulneren los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público dado que ya tuvieron que satisfacerse, a excepción de determinados casos, para el acceso al puesto temporal.
  • Y es la mejor forma para dar cumplimiento por los legisladores nacionales a la normativa y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la importante sentencia de 19/03/2020.

¿Qué intereses hay por parte de CCOO, UGT y CSIF y por qué defienden en las mesas de negociación seguir adelante con Ofertas Públicas de Empleo masivas y express si son conocedores de la problemática existente?

Emplazamos a estos sindicatos a que estudien cambiar sus posturas en las mesas porque es un grave perjuicio el que se está creando a miles de familias trabajadoras.

INSISTIMOS. TJUE HA DICTAMINADO QUE LAS OPES NO SON UNA

SANCIÓN NI UN ELEMENTO DISUASORIO DE LA TEMPORALIDAD, Y NO SE

AJUSTA A DERECHO LA PERDIDA DEL EMPLEO DEL QUE HA SUFRIDO EL ABUSO O CONTRATACIÓN FRAUDULENTA.

Copia de Copia de 28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Otra cuestión es, la inacción de los sucesivos gobiernos y la no transposición de la directiva 1999/70/CE, que ha provocado el anuncio de sanciones contra el estado que incumpla las directivas y resoluciones judiciales europeas, además, en las últimas semanas también hemos sabido que Europa vincula la ayuda de los famosos fondos COVID a que el Estado Español acabe con el abuso de temporalidad y su alta tasa. En la huida hacia delante de la administración, se han acelerado los mal llamados procesos de consolidación y ofertas de empleo público, a la vez que se hace oídos sordos a la jurisprudencia y derecho Europeo, para así, ir cesando o despidiendo con alevosía y gratuitamente a l@s emplead@s públicos en abuso, una forma muy ruín de deshacerse del problema, ya que unos procesos de libre concurrencia pueden suponer cese o despido para el personal en fraude en el caso de no superar la prueba, es decir, en un paradigma de lo absurdo, la sanción recae sobre el empleado en abuso y no sobre la administración o empresa contratante que es la que incumple.

Para colmo, no dejan de llover sentencias en primera instancia favorables a la fijeza como sanción al abuso. Buena prueba de ello son la del pasado 4 de Marzo donde el Juzgado de lo Social Nº11 de Bilbao declaraba la fijeza de una trabajadora temporal de la Universidad del País Vasco con una sentencia, que considera que el contrato de la demandante era abusivo, al estar en situación de precariedad desde 2003. Por primera vez, esta contundente sentencia no declaraba a la demandante indefinida no fija, sino FIJA directamente, con las consecuencias legales y económicas inherentes a dicho reconocimiento. O la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante, que dictó seis sentencias por las que hacía fijos a 16 funcionarios interinos de la Universidad de Alicante, condenando a esta Universidad a reconocerles el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, aunque sin adquirir la condición de funcionario de carrera. La sentencia no sólo se sustenta en la argumentación del fallo del mismo juzgado de 8 de junio de 2020, sino que refuerza las posiciones de la justicia europea en el Auto del TJUE de 30/09/2020, asunto Gondomar; y de la STJUE de 11/02/2021 asunto C-770/18, que afirman que si la Legislación de un Estado miembro no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los empleados del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin que pueda invocarse por las autoridades nacionales la normativa interna que solo en este sector prohíbe esta conversión, ya que para que opere una prohibición de este tipo, es necesario que la Legislación nacional prevea en este Sector público –y la Legislación española no la prevé – otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de contratos temporales.

Por otro lado hemos conocido también la existencia de un preacuerdo para dar fijeza al personal en abuso al que llegaron el comité de huelga en Canarias y el gobierno autonómico, aunque este último dio marcha atrás a causa de una llamada de desautorización del Ministro Iceta, o la también importante aprobación en el Parlamento Asturiano de la Proposición No de Ley (PNL) de Podemos Asturias en la que en el texto original se insta al Gobierno autonómico a paralizar los procesos de estabilización de los puestos de los empleados públicos en abuso de temporalidad y la aprobación de una regularización administrativa que los mantenga en sus puestos, para dar cumplimiento a la normativa y sentencias europeas, en la que finalmente sale adelante con la abstención de PSOE del Gobierno autonómico, y con una modificación para que el Gobierno Asturiano se dirija al nacional para pedirle que “impulse” modificaciones legales que permitan esos puntos además de una comprobación de los puestos en fraude de temporalidad. Los grupos coinciden en que es un fraude de ley condenado por sentencia europea y el Gobierno del Estado debe acometer una reforma urgente porque “están en riesgo” los fondos europeos de recuperación.

Copia de 28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO-1

La inestabilidad y precariedad de los trabajador@s de las diferentes administraciones y subcontratas, es un continuo calvario para l@s que están y para las miles de personas que quieren acceder a los servicios públicos, y ven como año tras año no salen las plazas que debería salir, ni se ocupan los puestos estructurales necesarios. Las políticas en clave neoliberal, ineficaces e irresponsables de los sucesivos gobiernos, buscan mermar la capacidad y calidad de los servicios públicos, debilitando las estructuras de estos y derivando conscientemente a la privatización sectores fundamentales para la ciudadanía, repitiendo una y otra vez el mantra de qué lo público no es eficaz, ni suficiente, para reforzar y presentar como “salvadoras” a las grandes empresas que hacen negocio con las necesidades de la ciudadanía y que vienen a suplir “las carencias de un sistema que no funciona”, y que en su afán de expoliar el dinero público, intentan reventar un sistema que ha demostrado ser robusto, eficaz, necesario e imprescindible, a pesar del deterioro, expolio y ataques permanentes al que se ha visto sometido por las clases dirigentes e influyentes para fulminarlo.

POR TODO ESTO Y POR MÁS HEMOS DECIDIDO SUMARNOS A LA HUELGA

CONVOCADA POR L@S COMPAÑER@S DE C.G.T EL DÍA 28-M EN LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA.

INVITAMOS Y ANIMAMOS A TODAS LAS FUERZAS SINDICALES

ALTERNATIVAS, OPOSITORES, PERSONAL DE SUBCONTRATAS Y

COLECTIVOS O ASOCIACIONES DE INTERINOS Y TEMPORALES EN ABUSO A UNIRSE A LA MISMA.

Por todo lo expuesto anteriormente pedimos:

-Paralización de los procesos selectivos, auditoría de los puestos ocupados por interinos y sustitutos en abuso de temporalidad, regulación administrativa y conversión que se ajuste a derecho del personal en abuso según jurisprudencia y directiva europea 1999/70CE.

-Convocatorias acordes a las necesidades reales, ya vale de infradotar a las administraciones públicas a favor de empresas privadas. Eliminación de las tasas de reposición y recuperación de las miles de plazas que se han perdido en los últimos años, la creación de todas aquellas plazas que sean necesarias estructuralmente para unos servicios públicos robustos y sin ningún tipo de carencias.

-La expulsión de lo público de las empresas privadas, la recuperación de los servicios externalizados o privatizados, así como la necesaria expansión de estos servicios mediante una mayor inversión en las necesidades colectivas y sociales, para garantizar así unas condiciones dignas de vida para la población y especialmente para la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.

-Dotar a la inspección de trabajo con herramientas y personal para detectar la contratación fraudulenta en las administraciones públicas así como las plazas ocupadas con supuestos contratos de programa y que realmente son estructurales.

– Establecer mecanismos de sanción, para que aquellos gestor@s públicos que utilicen la contratación en fraude de ley, paguen con su patrimonio privado o con la inhabilitación para el desempeño en la administración pública su presunto delito, porque no debe ser la propia administración con el dinero de tod@s la que pague los presuntos fraudes o corruptelas que hayan cometido est@s gestor@s.

Fran Romero – Delegado Sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en la

Universidad de Granada

Cartel provisonal 28 de mayo

A continuación las diversas sentencias europeas y españolas, en relación al abuso de temporalidad, así como los enlaces a las fuentes de información.

SENTENCIAS TJUE

Sentencia Mascolo del 26 de noviembre de 2014 (Italia)

de abuso de temporalidad en empleados públicos -en ese caso de Educación- sin sanción adecuada a la administración recogida en el ordenamiento italiano. La sentencia tiene la siguiente consecuencia:

1. promulgación en Italia de una Ley, n.º 107/2015 de 13 de julio de 2015, a raíz precisamente de esa sentencia para adaptar la normativa nacional italiana a la Directiva Europea que además de fijar en 36 meses la temporalidad máxima absoluta y una serie de indemnizaciones como sanciones a la administración (aparte de la reducción de la productividad de los directivos responsables de los recursos humanos de la normativa general) para disuadir en el futuro la repetición del abuso incluía una disposición transitoria ( art. 1 apartado 95 sobre el plan extraordinario de contratación indefinida) para que se transformara la relación laboral temporal del personal de Educación ya en situación de abuso de temporalidad en relación laboral indefinida ( es decir, fija en la terminología española).

Sentencia Santoro 7 marzo del 2018 (Italia)

1. En el sector público no basta con una indemnización para sancionar el abuso de la temporalidad porque la paga del tesoro público, para ser disuasoria tiene que haber además una multa a la autoridad administrativa responsable.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX

%3A62016CJ0494

Sentencia Rossato 15 Mayo del 2019 (Italia)

Por el caso de empleado público de Educación de Italia ya convertido en fijo: ante el abuso en la temporalidad la conversión a fijo es una medida suficiente y no hay obligación de indemnización adicional.

http://apiscam.blogspot.com/2019/05/sentencia-del-tribunal-de-justiciade.html?m=1

Sentencia 19 marzo 2020 Sánchez Ruiz TJUE (Estado Español)

  1. Cuando se ha producido un abuso es indispensable la sanción a la administración empleadora.
  2. Le corresponde al ordenamiento español fijar la sanción.
  3. Las convocatorias a oposiciones no son sanción, porque no se sanciona al responsable de los abusos. Porque en ellos sancionamos no al delincuente sino a la víctima. Solo cumpliría la directiva lo procesos restringidos donde participen las víctimas del abuso.
  4. La figura del indefinido no fijo no es sanción.
  5. Las indemnizaciones pueden ser sanción, pero para cumplir la directiva tienen que estar específicamente previstas en la legislación a tal efecto y tiene que ser disuasorias, reprimir y penalizar al causante del daño.

https://www.sostemporalespublicos.com/documentos/SENTENCIA-TJUE-19Marzo-2020.pdf http://apiscam.blogspot.com/2020/03/sentencia-demoledora-yespranzadora-del.html

AUTO 30 de septiembre 2020 Gondomar (Portugal)

El Tribunal Supremo pregunta que tiene que hacer, ya que como la administración no ha previsto una sanción, ¿que si tiene la obligación de hacerlos fijos a los temporales?

  1. Si, se tiene la obligación de hacer fijos a los trabajadores públicos temporales en abuso mientras que la legislación nacional no establezca una sanción.
  2. No se puede aplicar la ley interna que prohíbe hacer fijos a los interinos precisamente porque el país ha incumplido su obligación de trasponer la directiva en una norma.

Importante: Habla de legislación, que es el legislador el que tiene que fijar la sanción y que, si el legislador no la ha fijado, esa sanción no puede ser inventada por los tribunales, es el legislador el que fija la sanción y si el legislador no ha fijado la sanción, la fijeza como única solución. Y el auto se refiere a todo el sector público, (laborales y funcionarios) https://drive.google.com/file/d/12eRfjGUdEZC98H4OxtNM1Le0Q67KjWc5/view http://apiscam.blogspot.com/2020/10/el-tribunal-de-justicia-de-la-union.html

Sentencia 11 FEBRERO 2021 (Grecia)

  1. La directiva no impone la transformación en fijo de los interinos, ya que:
  2. Cada estado miembro tiene la libertad de fijar la sanción que estime más oportuna, salvo que ese estado miembro no haya fijado una sanción en su legislación, en cuyo caso:
  3. las autoridades nacionales de un Estado miembro están obligadas a transformar la relación temporal abusiva en una relación fija si en la Legislación de ese Estado miembro no existe ninguna medida sancionadora.
  • La sentencia analiza una antigua ley griega 1920 que permite hacerlos fijos y es contraria a la actual Constitución Griega.
  • La autoridad nacional lo primero que tiene que hacer es ver si existe alguna medida sancionadora y si no existe tiene que aplicar la ley de 1920 que obliga a hacer fijos i No aplicar la Constitución. Por el principio de prevalencia, el derecho de la unión prevalece sobre la Constitución y segundo porque en ese caso el abuso quedaría sin sanción y se estarían socavando los objetivos y el efecto útil de la directiva.

http://apiscam.blogspot.com/2021/02/sentencia-del-tribunal-europeodel.html?m=1 http://apiscam.blogspot.com/2021/02/arauz-sobre-la-nueva-sentencia-deltjue.html?m=1 https://www.sostemporalespublicos.com/documentos/2021.02.11-Sentencia %20C-760_18-GRECIA.pdf

Conclusiones Abogacía General de la UE “Gilda-UNAMS” (Italia) 18 de marzo 2021

1. profesores de religión excluidos de la conversión administrativa a fijos que tuvieron el resto de docentes tras la sentencia europea del asunto Mascolo:

su situación también está protegida por la Directiva contra el abuso de temporalidad y la conversión a fijo como medida de sanción es obligatoria en este caso aunque lo prohíba la normativa nacional. http://apiscam.blogspot.com/2021/03/conclusiones-de-la-abogacia-generalde.html

SENTENCIAS ESTADO ESPAÑOL

Sentencia del juzgado contencioso-administrativo nº 4 de Alicante del 08 de junio de 2020

 PRIMERA SENTENCIA EN ESPAÑA QUE DA LA FIJEZA A UNA FUNCIONARIA INTERINA EN FRAUDE DE LEY POR ABUSO DE LA TEMPORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Sentencia 146/2021 del Juzgado contencioso-administrativo Nº4 de Alicante del 24 de marzo de 2021

 sentencia fijeza a 16 funcionarios interinos de la Universidad de Alicante como sanción al abuso de temporalidad en el empleo público aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Si la legislación no ha fijado una medida sancionadora en el sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija”

Sentencia de Fijeza del juzgado nº4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante a funcionario interino 13 años del 31 de marzo de 2021

 funcionario interino 13 años, personal de Administración y Servicios, en mismo puesto de la Universidad de Alicante como sanción al abuso de temporalidad en el empleo público por la Directiva Europea 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, en especial la sentencia de 19/03/2020 del asunto “Sánchez Ruiz y otros” reafirmada en la consecuencia de fijeza por el Auto de 30/09/2020 en el asunto portugués “Gondomar” y la sentencia de 11/02/2021 en el asunto griego “Agios Nikolaoshttp://apiscam.blogspot.com/2021/04/nueva-sentencia-del-fijeza-del-juzgado.html

Sentencia de Fijeza 29 de marzo. El TS crea jurisprudencia nacional con respecto a los contratos temporales

  • “El Tribunal Supremo crea jurisprudencia nacional con respecto a los contratos temporales. El tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Universidad de Valladolid, considera fraude de ley la situación de una trabajadora temporal, le concede la condición de indefinida (fija), y condena en costas a la Universidad.
  • El Supremo estima indefinido un contrato por servicio de más de ocho años en el Instituto de Biología de la UVA. Confirma la sentencia por despido improcedente en 2017 de una técnica de la ‘prueba del talón’ y condena a costas a la Universidad de Valladolid.

https://www.sostemporalespublicos.com/documentos/2021-03-29-sentencia %20casacion%20TS-obra%20y%20servicio-indefinida.pdf

Sentencia 445/2020 del Juzgado de lo Social Nº 1 de Toledo

Descarga la Sentencia 445/2020

  • 30 de octubre de 2020. Una jueza condena a un ayuntamiento de Toledo a hacer fijos a 11 empleados públicos temporales en fraude de ley. La sentencia reconoce la fijeza a los trabajadores, que accedieron a sus puestos mediante entrevistas, bolsas de empleo y concursos, ya que considera que es la medida más adecuada para sancionar y prevenir el abuso de los temporales en la Administración Pública. Sentencia 502/2020 del TSJ de Galicia Sala de lo Social

Descarga la Sentencia 502/2020

  • Con fecha de 10 de septiembre de 2020, el TSJ de Galicia Sala de lo Social Falla que estimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de doña María Consuelo, contra la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de lo Social número dos de los de Pontevedra, en proceso tramitado a instancia de la recurrente frente al Concello de Pontevedra, debemos revocar en parte la misma y estimando la demanda rectora de las presentes actuaciones, en su pretensión principal, declaramos que la actora tiene la condición de trabajadora fija de la Administración demandada, condenando a la demandada a estar y pasar por dicho pronunciamiento, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia de instancia.

Sentencia de Fijeza de Laboral nº 134/2021. JUZGADO DE LO SOCIAL N° 11 DE BILBAO

Descarga la Sentencia nº 134/2021. JUZGADO DE LO SOCIAL N° 11 DE BILBAO

08 de marzo de 2021, nueva sentencia de FIJEZA. El juzgado de lo social 11 de Bilbao, acaba de dictar sentencia ante una demanda de una trabajadora temporal de la Universidad del País Vasco que habíamos presentado dentro de nuestra campaña, y la declara FIJA, dado que considera que su contrato era abusivo, ya que llevaba en precariedad desde 2003. No la declara indefinida no fija, sino FIJA directamente, La sentencia son 16 páginas, y es impecable, y llena de referencias jurisprudenciales, no solo del TJUE, sino también del TS y en cuanto a lo de que la trabajadora no entró por oposición, la sentencia termina con este párrafo tan contundente:

Cuarto.- Y ello no supone vulneración de los artículos 9 y 103 de la Constitución Española, el segundo de los cuales impone el respeto a los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público, pues dichos principios y por tanto dichos preceptos constitucionales han de ser respetados por la Administración no ahora el 2021 sino cuando se accede -sea de modo temporal o definitivo- a dichos puestos, con lo que es la Administración la que debió, en 2003, fijar el proceso selectivo adecuado para ingresar en ella incluso como interino y si no lo hizo o el proceso que ideó no se estima suficiente debió haberlo modificado, no siendo el ciudadano el pagano de las inadecuadas actuaciones de dicha Administración.

¿Quién decide y elabora la política laboral en la Universidad de Granada?

¿Quién decide y elabora la política laboral en la Universidad de Granada?

¿Quién decide y elabora la política laboral en la Universidad de Granada?

por José Antonio Martín Pérez (delegado sindical del SAT-UGR)

Pues para no andarnos por las ramas diremos que la política laboral se decide en las mesas sectoriales y mesa general, donde están presentes los sindicatos “mayoritarios” (CC.OO.; UGT y CSIF) además de los representantes de Gerencia, donde no está presente un órgano tan importante y que representa al personal laboral de la Universidad de Granada como es el Comité de Empresa, este órgano está excluido de dichas mesas y tan solo se le informa de los acuerdos que salen de ellas.

Comenzamos haciendo un poco de historia para poder entender la política laboral que la Universidad de Granada está llevando a cabo de un tiempo a esta parte.

En el mes de junio de 2019 se celebran elecciones sindicales para Comité de Empresa a las que concurren siete secciones sindicales – CC.OO.; UGT; NOTUGR; CSIF; USTEA y la Coalición CTI-SAT y a las que fueron convocados aproximadamente unos 1400 trabajadores y trabajadoras laborales, estas elecciones sindicales se celebran después de dos laudos que fueron presentados por los sindicatos, llamados minoritarios, por el retraso que ya se llevaba en la convocatoria de dichas elecciones, estos sindicatos “minoritarios” no estaban presentes en la mesa de negociación en la que se negociaba el proceso de funcionarización del personal laboral. Ambos arbitrajes resultaron con laudos ganados por estos sindicatos “minoritarios” a pesar de que la empresa puso todo el empeño en que no salieran adelante las elecciones en las fechas que debieron convocarse, entre otras cosas porque peligraba todo ese proceso si los resultados de las elecciones se decantaban por un cambio en el seno del Comité. A resultas de esto tuvieron que convocarse dichas elecciones antes de que el proceso de funcionarización fuera aprobado en Junta de Gobierno de la Universidad de Granada. Lo que vino después ya es conocido por todos ya que las formaciones sindicales “mayoritarias” salieron victoriosas en dichas elecciones y se pudo culminar el proceso de funcionarización con el apoyo de estos sindicatos, un proceso de funcionarización con muchas lagunas y muchos flecos sin negociar debido a la naturaleza exprés con la que se negoció.

¿Qué ha pasado con el Comité de Empresa de la Universidad de Granada? Parece algo difícil de entender pero voy a intentar sintetizar en pocos renglones, una vez finalizado y aprobado el proceso de funcionarización en la Universidad de Granada los sindicatos CC.OO.; UGT; CSIF y NOTUGR abandonan dicho órgano, unos porque en las listas de candidatos a las elecciones sindicales no les quedaba nadie que se hubiera quedado como personal laboral y otros como CC.OO. y UGT no hacen correr las listas para que compañeros, que si estaban en dichas listas y que se habían quedado como personal laboral, ocuparan su puesto como delegados en el Comité de Empresa y se mantienen a personas que en esos momentos no representan a nadie disfrutando de crédito sindical, un verdadero disparate incluso auspiciado por la Gerencia de la Universidad.

En resumen que de un Comité de Empresa de 23 miembros se queda tan solo con ocho representantes, cuatro por USTEA y otros cuatro por la Coalición CTI-SAT.

¿Qué ocurrencia ha tenido la gerencia de la Universidad, concretamente en este mes de febrero?: la de pedir un informe de legitimación del Comité de Empresa al CMAC, después de más de un año de comenzar dicho órgano su andadura y todo, porque este Comité le ha salido un tanto díscolo y poco dócil, comunicando, al mismo tiempo al mismo, que mientras no se pronuncie la autoridad laboral no piensa reunirse, ni negociar nada con este Órgano que representa a los trabajadores laborales de la Universidad, La respuesta del CMAC a la Gerencia de la Universidad de Granada es que este Comité no es que tan solo es legitimo, sino que tiene capacidad de negociación y debe ser consultado y tenido en cuenta durante el periodo de vigencia del mismo, que no es otro que por cuatro años desde que se celebraron las elecciones sindicales.

En estos momentos nos encontramos en que ni el Comité de Empresa, ni las secciones sindicales por su cuenta han logrado arrancar, después de todo este tiempo, un calendario de negociación en el que se contemplen los problemas que aquejan a todo el personal que ha decidido voluntariamente quedarse como personal laboral. En la actualidad se pisotea el Convenio Colectivo de las Universidades Andaluzas y se incumplen todos y cada uno de los acuerdos que con tanto esfuerzo se habían conseguido. Tanto la Sra. Rectora, como la Sra. Gerente nos dan largas e incumplen una tras otra promesas de sentarse a negociar, dejando bien claro que a todo el personal laboral lo han arrinconado y solo esperan a que se extingan sus contratos como tales “laborales” en estos años venideros. Lo que se entiende menos aún, por no decir nada, es que sindicatos que se denominan de clase, hagan lo mismo que la empresa y hayan abandonado a todos estos trabajadores a su suerte, apostando por el proceso de funcionarización y comiendo de la mano de la empresa, ya que para ellos como para la empresa somos escoria que hay que limpiar de todas las maneras posibles.

Lo último, de lo último que se le ha ocurrido a estas “famosas” mesas de negociación, es eliminar delegados de las centrales sindicales “minoritarias”, favoreciendo a los sindicatos que han ayudado a culminar el proceso de funcionarización, a los cuales les han cedido tanto crédito de horas sindicales, que no les queda otra que tenerlo que repartir entre sus afiliados. El problema de fondo no es lo del crédito horario que tiene su importancia por lo expuesto anteriormente la cuestión es que se conculca la Libertad Sindical y que se ha castigado a los delegados incómodos y que han estado defendiendo los intereses del personal laboral. Con todo y con eso, lo peor es la falta de talante negociador que presenta el equipo de gerencia de la Universidad de Granada con el órgano que representa al PAS laboral, con el que se muestran prepotentes y arrogantes, llegando incluso a manifestar su desprecio por algún representantes de los trabajadores y trabajadoras laborales. Todo esto sirve que sirve de muestra para que nos hagamos una idea del respeto que tienen por el personal laboral.

Vuelvo a decir que para estas personas del equipo de Gobierno de la Universidad de Granada, el personal laboral o PAS–Laboral como también se le denomina- y ampliamente demostrado por sus prácticas discriminatorias y contrarias a ala Libertad Sindical adoptadas contra nosotros y nuestros representantes, somos escoria y unos indeseables; personal que hay que castigar por su osadía de permanecer voluntariamente como laborales, que es como comenzamos a trabajar en esta empresa.