El 8 de abril tenemos una cita con la Libertad de Expresión y nuestros derechos políticos.

El 8 de abril tenemos una cita con la Libertad de Expresión y nuestros derechos políticos.

  

El jueves 8 de abril, a las 19′ 00 horas y con salida desde la Plaza del Carmen, tenemos una cita con una nueva movilización en defensa de la Libertad de Expresión y los derechos políticos que nos asisten a todas y todos los ciudadanos..

Bajo el lema “Libertad para Pablo Hasel y detenidos por luchar y discrepar” y “Por la reforma del Código Penal y por la derogación de la Ley Mordaza”, se desarrollará la manifestación convocada por los sindicatos USTEA y SAT y secundada por numerosos colectivos sociales y políticos granadinos.

Esta movilización y el manifiesto que la acompaña también está apoyada por más de cuatro decenas de personalidades del mundo de la cultura (cantantes escritores, dibujantes, pintores, escritoras, grupos musicales, flamencos, etc) que no han querido dejar pasar la ocasión para sumarse al clamor ciudadano para que, de una vez por todas, desaparezcan los delitos de opinión del código penal, así como para que se deroguen leyes tremendamente represivas y lesivas para los derechos ciudadanos como son la “Ley Mordaza”.

La libertad de Pablo Hasel y de todas y todos aquellos que se encuentran en prisión o han sido represaliados de alguna manera por expresar opiniones divergentes a las del “pensamiento único” será otra de las reivindicaciones que se harán llegar mediante el acto.

A continuación os adjuntamos el manifiesto y las firmas que lo sustentan..

LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIN MORDAZA

El pasado domingo 14 de febrero Pablo Hasél fue capturado y llevado a prisión.Pasó a engrosar la lista de las personas que han sido encarceladas desde 2009 por delitos relacionados con la libertad de expresión. En un primer momento se desató la solidaridad ante lo que es una aberración en un estado democrático. Personalidades muy conocidas del mundo de la cultura mostraron su rechazo ante la sentencia que obliga a Hasél a ingresar en prisión, pidiendo su absolución y clamando por la libertad de expresión.Pronto esa situación de solidaridad fue remitiendo y modificándose. Los disturbios relacionados con las manifestaciones de apoyo, los juicios de valor del propio Hasél sobre determinadas organizaciones políticas y personalidades y el revuelto entre anteriores sentencias y denuncias, han sido utilizados para desviar el foco de antención. Han conseguido que el juicio público no se centre en un sistema penal que puede llevarte a la cárcel por emitir opiniones públicas, sino en la supuesta “calidad” del reo y en el “valor” de sus opiniones. Es como si para defender la libertad de expresión de una persona, tuviéramos que compartir su trayectoria y opinión. Una visión estrecha de la libertad de expresión que dibuja un sistema autoritario que no permite la crítica sobre sus instituciones. Sin embargo, la libertad de expresión es la garantía de emitir libremente opiniones, aún a riesgo de no ser compartidas por quienes las reciben. Este sistema autoritario que no permite discrepancias públicas hoy ha venido a por Pablo Hasél, pero mañana puede venir a por toda aquella persona u organización que emita opiniones críticas hacia cualquier institución del estado. Mientras tanto, la campaña de odio de la extrema derecha en Cataluña contra toda una comunidad, la musulmana,para los comicios del 14, con mucha probabilidad no tendrá recorrido judicial alguno.Es por ello por lo que hay que mostrar públicamente nuestro rechazo a esta barbaridad y tejer una movilización que ponga de nuevo el problema sobre la mesa.Tenemos la responsabilidad de situar el debate donde nunca debió salir: no se puede ir a la cárcel por emitir opiniones públicas. Se puede o no estar de acuerdo con Hasél, pero eso no tiene nada que ver con el problema de fondo. En esta escenario se ha hecho del rapero y su entorno un hombre de paja al que poder golpear desde cualquier lado. Así, se ha intentado hacer escarnio de las manifestaciones de apoyo a Hasél y al menos dos personas en Granada estuvieron enprisión preventiva a la espera de juicio. El autoritarismo del sistema se está disparan-do y es responsabilidad de todos y todas pararle los pies.Por ello, las organizaciones y personalidades firmantes hacemos una llama-miento al resto de sindicatos, al mundo de la cultura y a los movimientos sociales para ir hacia una movilización unitaria el próximo 8 de abril que exija lo que parece obvio en cualquier democracia:

– Por la libertad de expresión

.- Por la reforma del código penal y de la Ley Mordaza.-

Por la liberación inmediata de Pablo Hasél.

Firmantes: -Juan Pinilla. Cantaor Flamenco

-El Niño de las Pinturas. Pintor de Arte urbano

-Ángeles Mora. Poeta, Premio Nacional de Literatura

-Amparo Sánchez. Amparanoia. Cantante

-Lucía Sócam. Cantautora y activista-Manuel Gerena. Cantautor flamenco, destacado luchador antifranquista-Antonio Manuel Rodríguez. Porfesor de derecho de la UCO y escritor-Andrés Vázquez de Sola. Pintor, periodista, humorista y Decano de loscaricaturistas españoles-Angélica Carmenate. Profesora de Historia del Arte y comisariaexposiciones Vázquez de Sola -Amaranta Cano. Directora gira Carlos Cano y primogénita del cantantegranadino-Francisco Manuel Díaz. Guitarrista y constructor de guitarras-Eduardo Castro. Periodista, poeta y escritor-José María Carrillo. Cantante, vocalista del grupo Gente del Pueblo-Olalla Castro. Poeta y escritora-Ángel Rodríguez “Chanquete”. Cantaor flamenco-Máximo Daza. Vocalista del grupo Tatamka-Tony Moreno. Eskorzo, cantante-Sagrario Luna. Periodista musical-Marisa Asensio. Productora musical-Iván Lezno. Rapero cantautor- Pedro Hidalgo. Fotógrafo y músico- Ihmaele. Integrante de fausto Taranto. Músico, escritor y compositor.- “Blanca Almendrita”. Cantante y cantaora.- Alberto Sapillo. Músico y compositor.- Carmencita Calavera. Cantante y diseñadora. – El Jose. Cantante

Empleadas de Hogar: las eternas explotadas.

Empleadas de Hogar: las eternas explotadas.

En el Estado Español, más de 600.000 personas (mujeres en su mayor parte) son empleadas del hogar. Un Sector profesional que celebra hoy, 30 de marzo, su día internacional y en el que existen muchos derechos por los que pelear.

El 32,5% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza en el Estado Español y la situación es especialmente complicada para una de cada seis, en pobreza severa, que sobreviven con menos de 16 euros al día.

En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, desde el SAT lamentamos que los empleadores no están abonando las cotizaciones del 36% del trabajo del hogar y por tanto se está prestando en la economía sumergida, “lo que equivaldría a 2.600 millones de euros en salarios y a 820 millones de euros que está perdiendo la Seguridad Social”.

De las más de 550.000 mujeres que trabajan en el empleo del hogar, superan el 32% las que vive bajo el umbral de la pobreza, frente al 12 % del conjunto de personas asalariadas..

El 96% de las personas que están dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar (dentro del Régimen General) son mujeres, frente a un 4% de hombres. En cifras totales, hay 405.932 personas de alta en febrero de 2019, de las que 387.701 son mujeres y 18.200, hombres; algo que pone de manifiesto que se trata de un sector altamente feminizado y que, culturalmente, es la mujer la que sigue desempeñando las tareas de cuidados y del hogar. Estas cifras, sin embargo, no recogen el amplio número de personas que trabajan en la economía sumergida.

Por ello, desde el SAT seguimos trabajando y denunciando las condiciones de las personas trabajadoras en el Sector del Empleo del Hogar, demandando:

  • La integración en el Régimen General de la Seguridad Social, reconociendo el derecho a la prestación por desempleo, a la baja por enfermedad, al reconocimiento de enfermedades profesionales, en definitiva, a ser considerada una persona trabajadora con plenitud de derechos y obligaciones.
  • La equiparación de las condiciones y derechos laborales del colectivo de empleadas domésticas, promoviendo la ratificación del Convenio nº 189 y su Recomendación nº 201, adoptados en 2011 por la OIT lo que implicaría, entre otras cuestiones, “la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva”.
  • La garantía de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del sector. Determinar y prevenir los riesgos laborales en el sector, en definitiva, su inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  • La protección efectiva frente a toda forma de acoso, abuso y violencia en el trabajo.
  • Profesionalizar el sector, que implica dignificar la realización de las tareas del hogar.
  • Reconocer la cualificación profesional que tienen quienes vienen desempeñando este trabajo. Este reconocimiento debe producirse mediante la acreditación de la experiencia laboral, abriendo un proceso extraordinario en Andalucía . De esta forma se ayudaría a eliminar el trabajo informal en el sector, y a conseguir avanzar en la plena incorporación al Régimen General de la Seguridad Social de las personas que trabajan en el sector, la mayoría de ellas mujeres.

Desde nuestro sindicato, seguimos denunciando el mercado de trabajo informal que cubre las necesidades de muchas familias en los trabajos domésticos y de cuidados, tanto de menores como de familiares dependientes, debido a los recortes que han afectado a las políticas de dependencia y la falta de corresponsabilidad de las Administraciones. Consideramos inviable que en Andalucía , en pleno siglo XXI, continúen trabajando personas sin una cualificación profesional acreditada.

Regulación sobre el trabajo de las empleadas de Hogar.

https://www.mites.gob.es/es/portada/serviciohogar/nueva-regulacion/index.htm

LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS LABORALES

 

 

SAT Y USTEA SE ENTREVISTAN CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.

SAT Y USTEA SE  ENTREVISTAN CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.

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Hoy, una delegación de los sindicatos USTEA – Enseñanza y SAT hemos mantenido una entrevista con la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, reunión a la que han asistido el jefe de asuntos jurídicos y la secretaria general de la legación gubernamental en nuestra ciudad.

Tanto Javier Valdés, por USTEA, como Paco Cabello, por el SAT, hemos hecho hincapié en la profunda preocupación y rechazo que nos han causado las detenciones, encarcelamientos y actuaciones policiales de las pasadas semanas en relación con las manifestaciones que acontecieron exigiendo la libertad de Pablo Hasel.

En el curso de la entrevista le hemos manifestado nuestra repulsa y deseo de derogación de la Ley Mordaza, así como que desde nuestros sindicatos no se van a tolerar violaciones de los Derechos Fundamentales ni detenciones arbitrarias. Del mismo modo, le hemos recalcado que las actuaciones policiales y los “deseos de aplicar medidas ejemplarizantes” son incompatibles con un sistema democrático.

(FOTOGRAFÍA DE LA CONCENTRACIÓN DEL 26 DE FEBRERO EXIGIENDO LA LIBERTAD DE LOS ENCARCELADOS EN ESPERA DE JUICIO)

Por parte de la subdelegada y su equipo jurídico se nos ha hecho saber que “toman nota de todas nuestras palabras y quejas” y que arbitrarán las medidas OPORTUNAS y actuarán de una manera absolutamente neutral en estos asuntos.

No está nunca de más que Movimientos sociales – como somos los sindicatos- vayamos y exijamos justicia ante las autoridades y más en situaciones de abusos policiales como las que parte de la ciudadanía granadina hemos tenido que sufrir estos días pasados.

Antes de terminar con la entrevista hemos puesto en conocimiento de la subdelegada la manifestación que está convocada en DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN el próximo 8 de abril y a la que ya se van sumando numerosos personajes del mundo de la Cultura y de las organizaciones de la izquierda Granadina.

GRANADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

LIBERTAD PABLO HASEL Y DETENIDOS POR LUCHAR.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA.

FERROVIAL reconoce que el despido del delegado del SAT en Granada, fue arbitrario, injusto y no ajustado a Derecho.

FERROVIAL reconoce que el despido del delegado del SAT en Granada, fue arbitrario, injusto y no ajustado a Derecho.

Hoy miércoles 17 de marzo en el Juzgado de lo Social nº 2 de Granada, a las 11’30 horas, estaba señalada la celebración del juicio por despido del delegado del Sección Sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT)  en la Unión Temporal de Empresas FERROVIAL – ALTHEA, encargada del servicio de reparación y mantenimiento del servicio de ELECTROMEDICINA de los Hospitales Públicos granadinos.

Nuestro compañero  fue despedido por la UTE el pasado mes de junio del 2020 mediante un despido disciplinario que venía a a culminar la campaña de acoso permanente que venía padeciendo el compañero desde que los trabajadores de la empresa lo eligieran delegado de la sección el 28 de enero del 2020. Acoso, sanciones al delegado y a otros afiliados del sindicato, etc no eran otra cosa que subterfugios y acciones represivas por parte de FERROVIAL con el objetivo de impedir al implantación de la representación sindical del SAT.

Hoy – sin llegar a entrar a la sala de vistas- la representación legal de FERROIVIAL rectificaba, aceptaba y firmaba ante el juzgado la “improcedencia del despido”, así como la falsedad del expediente disciplinario impuesto al delegado sindical I.. García al que abonaba una elevada indemnización para compensar el abuso cometido.

En el área de las Ciencias de la Salud la electromedicina es la disciplina que se encarga de analizar y estudiar el cuidado de la salud desde el punto de vista de la tecnología sanitaria, es decir, radica en la correcta planificación, aplicación y progreso de equipos y métodos manejados en los exámenes y tratamientos médicos, así como el control de eficacia de los equipos empleados y el control y prevención de los riesgos asociados.

Ferrovial (anteriormente Grupo Ferrovial) es una empresa multinacional que opera en el sector de las infraestructuras, de transporte y servicios a ciudades, a través de cuatro divisiones: Autopistas, Aeropuertos, Construcción y Servicios. El sector de Autopistas desarrolla, financia y opera peajes en carreteras como 407 ETR, North Tarrant Express, LBJ Express, Euroscut Azores, Madrid-Levante y Ausol I. El de Aeropuertos desarrolla y ejecuta los aeropuertos de Heathrow, Glasgow, Aberdeen y Southampton. El negocio de Construcción diseña y realiza obras públicas y privadas tales como carreteras, autopistas, aeropuertos y edificios. El de Servicios consiste en el mantenimiento y conservación de infraestructuras, instalaciones y edificios, la recogida de residuos y tratamiento, y la prestación de otros tipos de servicios públicos. Ferrovial está presente en más de 15 países donde operan sus líneas de negocio con un beneficio anual declarado de 268 millones de euros y unos ingresos superiores a los 6.054 millones de euros (dato 2019). Esta empresa transnacional, que cuenta con una plantilla de 95.000 trabajadores y trabajadoras, fue alumbrada en el año1952 al amparo de los contratos de Obras Públicas otorgados por la dictadura franquista y es propiedad de la familia del Pino Calvo – Sotelo, siendo su actual presidente Ignacio Madridejos .

Tanto desde el Sector de la Siderometalurgia del SAT, como de la secretaría de acción sindical del sindicato, se valora muy positivamente la “marcha atrás” efectuada por FERROVIAL  en el día de hoy y que vienen a esclarecer el fondo de este asunto.

SAT Granada.

 

 

MUY URGENTE. Llamamiento de la PAH (STOP DESAHUCIOS – 15 M).

MUY URGENTE. Llamamiento de la PAH (STOP DESAHUCIOS – 15 M).

 

 

LLAMAMIENTO URGENTE A LA SOLIDARIDAD DE TODAS Y TODOS.

Desde STOP DESAHUCIOS GRANADA 15M SOLICITAMOS TU APOYO SOLIDARIO.
¡Acude!
¡Apoya!
¡Difunde!
Te necesitamos el JUEVES 11 DE MARZO a las 10:30 en plaza Isabel la Católica. (La acción finaliza a las 12.)

  • Para que las familias de Ceferino y su hijo ,Laura y su madre, María y Juan sepan que no están solas, que con STOP DESAHUCIOS GRANADA 15M y tu solidaridad ¡Sí Se Puede!

La constante vulneración de derechos por parte de la BANCA y los fondos buitre hacia las familias de GRANADA debe acabar.

En STOP DESAHUCIOS GRANADA 15M vamos a luchar por nuestros alquileres sociales, reestructuraciones y condonaciones de deudas .Vamos a luchar por lo que nos corresponde, una vivienda digna y tranquilidad para todas.

Vamos a exigir nuestros derechos en las redes sociales, pero también vamos a salir a la calle a señalar directamente a todos aquellos vulneran
nuestro derecho a una VIDA DIGNA.

Las acciones de Stop Desahucios Granada 15M son pacíficas y con todas las medidas de seguridad.

TE ESPERAMOS!!!!


SI NO PUEDES ACUDIR A COLÓN APOYA A ESTAS FAMILIAS LLAMANDO POR TELÉFONO.
Podéis preguntar por estos casos y dar el coñazo en las oficinas bancarias
COMPAÑEROS LLAMENOS A CAIXA POR QUE LA VIVIENDA ES UN DERECHO,NO UNA MERCANCÍA.

 

OFICINAS DE LA CAIXA (Para llamar por teléfono).

Calle Recogidas, 39, 18002 Granada
958 57 75 20

Calle Emperatriz Eugenia, 5, 18002 Granada
958 57 76 00

Camino de Ronda, 158, 18003 Granada
958 57 70 40

Av. de la Constitución, 12, 18012 Granada
958 57 75 50

Plaza de Fontiveros, 27, 18008 Granada
958 57 75 00

Av. de Dílar, 20, 18007 Granada
958 57 75 40

Calle Dulcinea del Toboso, 1, 18008 Granada
958 57 73 80

Ctra. de la Sierra, 44, 18008 Granada
958 57 74 50

Calle Mozárabe, 2, 18006 Granada Empresas
958 57 77 20

Plaza del Campillo Bajo, 5, 18009 Granada
958 22 74 22
Calle Gran Vía de Colón, 16, 18010 Granada
958 57 77 00

Av. Dr. López Cantarero Ballesteros, 1, 18200 Maracena, Granada
958 57 71 70

Calle Hipócrates, 15, 18100 Armilla, Granada
Nevada
638 60 10 81

Calle Poniente, 2, 18100 Armilla, Granada
958 57 70 30

Av. de la Constitución, 1, 18001 Granada
DELEGACION DE HACIENDA
958 27 16 42


Stop Desahucios Granada 15M 11/03/21
Caixabank quiere dejar sin vivienda a 4 familias sin ofrecerles ninguna solución habitacional ni
entrar a negociar un acuerdo mutuo.
– Ceferino y David En 2006 se hace la compra de la vivienda a través de una inmobiliaria,
que a su vez facilitó su financiación por parte de una filial de Caixabank, llamada
Credifimo. Su padre fue incluido como codeudor de dos préstamos hipotecarios. Piden
que se conceda una dación en pago por la vivienda.
– Laura y Montse : Madre e hija que fueran desahuciadas, se vieron sin otra
alternativa que ocupar una vivienda donde residen actualmente. Solicitan un alquiler
social, ya que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
– María Teva al no poder pagar la hipoteca, el banco se quedó la vivienda, sin
ofrecer ninguna solución.
– Juan: en 2008 Caixabank ejecuta la hipoteca sin ofrecer otra posibilidad de reducción
del pago de la hipoteca, intentó vender la casa, pero el banco puso trabas cuando
logró encontrar a un comprador. Solicita un alquiler que pueda pagar conforme a su
situación económica o una reubicación en otra vivienda que posea Caixabank. Ahora la
vivienda es propiedad de un fondo buitre, la compra se produjo sin haberle ofrecido a
Juan la posibilidad de compra.

Concentración en la UGR: a vueltas con la conversión del personal laboral en funcionario.

Concentración en la UGR: a vueltas con la conversión del personal laboral en funcionario.

La coalición SAT – CTI convoca asamblea -concentración el miércoles 24 de febrero a las 10’00 horas en la puerta del Rectorado de la UGR.

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En la UGR se ha llevado a cabo una reconversión de personal laboral a personal funcionario. De los 1.200 laborales se han quedado algo más de 200. Desde la coalición CTI-SAT estamos luchando porque estas personas laborales no pierdan derechos adquiridos y se siga atendiendo al comité de empresa como órgano de negociación. Otro asunto que defendemos, es que los servicios no se vean perjudicados ya que se intenta implantar un calendario laboral 2021, donde con la excusa de la pandemia se está aprovechando para quitar parte de derechos laborales adquiridos; ejemplo los servicios que tienen jornada especial (comedores, deportes y jardines). Así como la obligación de hacer trabajar en el mes de agosto a personal que antes se le impuso disfrutar de sus vacaciones en ese mes.

El Comité de Empresa inicio una campaña de recogida de firmas del personal afectado, se han conseguido unas 100 aproximadamente. Estas firmas se han enviado a la Rectora de la UGR y viendo que nos está posponiendo la negociación, hemos convocado una concentración-asamblea para explicar la situación y reivindicar no perder los derechos laborales conseguidos. Así como exigirles la apertura inmediata de todos los servicios, incluidos los Comedores universitarios.

Esta situación está produciendo numerosos ceses, sobre todo en limpieza y comedores.

Dicha concentración asamblea (comunicada a la UGR a principios de Febrero) está programada para el miércoles 24 de febrero en la Puerta del Hospital Real a las 10’00 horas y están invitados a participar todos los sindicatos con representación en UGR y trabajadores afectados. También se aprovechara para escuchar los problemas por los que están pasando estudiantes y PDI como consecuencia de los cambios de modelo de UGR.

En el siguiente enlace está la notificación a Gerencia de la Asamblea.

Se enviará un comunicado de prensa para que los medios de comunicación acudan y amplíen información.

POR LA DEFENSA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

El Juzgado Social 1 de Granada considera “improcedente” el despido de una delegada sindical del SAT.

El Juzgado Social 1 de Granada considera “improcedente” el despido de una delegada sindical del SAT.

En sentencia emitida ayer, el Juzgado de lo Social n.º 1 de Granada considera como ”improcedente” el despido de la delegada de la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Vanesa Sánchez Martín, que desempeñaba su trabajo de limpiadora en las dependencias de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía a través de la empresa RYDALCA Selección SLU. y que fue despedida por la misma, el 31 de octubre del 2019.

En la referida sentencia, el juez estima “parcialmente la demanda” interpuesta por la trabajadora concediendo una indemnización conforme a lo dispuesto actualmente por la ley y que, pese a tratarse de una cantidad considerable, cuenta con la rebaja adoptada en la última reforma laboral ( marzo de 2012) que beneficia y fomenta los incumplimientos de los empresarios en detrimento de las garantías ante el despido y los derechos de los trabajadores.

El SAT considera que la sentencia “no resarce a la trabajadora de los abusos y violación de derechos cometidos” tildando la resolución judicial como “otra sentencia más que sigue premiando el incumplimiento de la ley que en el sector de la limpieza se comente a diario por parte de las Administración Publica de turno y sus empresas subcontratadas”, apuntando a Gustavo Adolfo Rodríguez – delegado territorial de Turismo, etc de la Junta – y al empresario Juan Jesús Rubio – propietario de RYDALCA – como verdaderos responsables del despido y de la conculcación de los derechos de la trabajadora, que con la presente sentencia no son repuestos más que parcialmente.

El SAT manifiesta que “ el delegado del gobierno trifachito, andaluz, del mismo modo que la Junta de Andalucía en su conjunto, ignoran e inaplican permanentemente la Ley de Contratos Públicos (LCSP) y conculcan los derechos de las trabajadoras de la limpieza mediante la contratación de empresas a las que subarrienda tareas de saneamiento de los espacios públicos, edificios, etc que gestiona, admitiendo las irregularidades y abusos de estas con tal de que les ahorren una parte del presupuesto de unos servicios que debieran gestionarse directamente por la Junta”.

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Respecto a la empresa RYDALCA Selección SLU, el sindicato manifiesta que la saga de los Rubio Torres no debiera ostentar ningún tipo de contrato público a causa de sus reiterados incumplimientos, impagos y deudas con los trabajadores, Seguridad Social y Hacienda, con las que acumulan importantes cantidades que suman a las numerosas empresas que han abierto e ido cerrando para acceder a las diversas licitaciones a las que concurren.

Para el SAT, la contratación pública debe ser, sobre todo, una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de la cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia, algo que ni por asomo se cumple en este y otros muchos casos.

El sindicato finaliza su comunicado poniendo en conocimiento de la Opinión Pública que , en estos momentos, se está estudiando la interposición de recurso contra esta sentencia ante el TSJA. Igualmente, el SAT informa que “ la lucha sindical mantenida por Vanesa Sánchez durante los últimos quince meses ha supuesto un hito en el necesario reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y de la consecución de sus justas reivindicaciones por un trabajo digno, estable y bien remunerado en el Sector de Limpieza: manifestando,por último, su apoyo total e incondicional a nuestra compañera Vanesa Sánchez”.

Granada, 19 de febrero del 2021.

SAT Granada.

Paco Cabello.

Portavoz territorial.

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¿ Para cuándo la ley de plataformas digitales?

¿ Para cuándo la ley de plataformas digitales?

La ley de plataformas digitales ( “Ley Raider” ) que afecta, entre otras, a la regulación de las empresas de reparto de comida a domicilio sigue sin decretarse.

El Gobierno no descarta legislar si no hay acuerdo en la negociación de la Ley de riders, pero ¿cuándo?

El pasado 20 de enero, el Ejecutivo pidió a patronal y sindicato (CCOO -UGT) que se fuese cerrando el texto de la ley de plataformas digitales que debiera evitar el fraude en la contratación o la figura de los “falsos autónomos”, así como legislar sobre distintos aspectos de las plataformas digitales que el obsoleto y parcial ordenamiento jurídico -laboral del Estado Español no contempla. En el último encuentro que se celebró, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz presentó un nuevo documento y pidió que la próxima reunión que se celebrara fuera para cerrar ya el texto de esta normativa.
Posteriormente, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló el martes 2 de febrero que su Ministerio convocaría a los agentes sociales la semana siguiente para tomar una decisión definitiva sobre la Ley de trabajadores de plataformas digitales, conocida como Ley de riders, y que aunque su propósito es alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, “la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo”.

Y ahí siguen: el gobierno sin legislar y la patronal y los sindicatos reunidos y viendo cómo le sacan unos dinerillos al gobierno que pagaremos todos. Por que, eso sí e lo que los “agentes sociales” sí se han puesto de acuerdo es en la creación del observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios y que (cómo no) tendrá su dotación económica y su presupuesto para que estos lumbreras se reúnan a deliberar.

Como novedad, en lo que se va conociendo del texto redactado para la futura ley se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos. Además, en la redacción sigue presente que se establezca una condición de laboralidad, conforme se plasmaba en la última sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.

Glovo, Deliveroo, Uber y otras plataformas de reparto mantienen relación laboral con los falsos autónomos.

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del
contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una “mera intermediaria” en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, para indicar que los trabajadores tienen total dependencia de la empresa.

Los elementos que siempre aparecen en un contrato de trabajo independientemente de cuál sea este, son, entre otros, la dependencia y la ajenidad. Cuando hablamos de dependencia queremos decir que el trabajo que realiza el empleado se lleva a cabo dentro de una organización y con una dirección por parte del empresario.

Dependencia también significa que el trabajador tienen una cierta autonomía a la hora de ejercer su trabajo, pero siempre bajo las directrices del empresario y bajo unas órdenes y unas normas concretas que el trabajador tiene obligatoriamente que aceptar y desarrollar.

Cuando hablamos de ajenidad nos estamos refiriendo a que el trabajo se realiza por cuenta ajena y queda claramente diferenciado del trabajo por cuenta propia. La ajenidad es doble, ya que implica por una lado los frutos y por otro los riesgos. Cuando hablamos de ajenidad en los frutos nos estamos refiriendo a que un contrato de trabajo por cuenta ajena los frutos los recibe una persona distinta que el trabajador contratado.

Cuando nos referimos a ajenidad en los riesgos nos estamos refiriendo a que el coste del trabajo lo asume totalmente el empresario que también recibe el resultado económico de las operaciones en las cuales participa el trabajador, independientemente que este resultado económico sea positivo o negativo, esto es, se consigan ganancias o se acumulen pérdidas.

La sentencia del Tribunal Supremo.

STS_2924_2020SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Desde el año 2018, tras la Sentencia del Juzgado de lo Social de Valencia respecto la empresa Deliveroo, los riders o repartidores a domicilio están librando una batalla judicial, varias sentencias ya se han pronunciado en relación con el carácter laboral de la relación que une a estos repartidores, y, sin embargo, están dados de alta como trabajadores Autónomos.

La sentencia establece que la empresa de reparto a domicilio (Glovo) es la titular de una plataforma virtual en la que, a través de una aplicación, se permite a comercios y locales ofertar sus productos y entregarlos al consumidor mediante un repartidor. Los repartidores o riders, trabajan a través de la aplicación de la empresa, recibiendo las notificaciones de los pedidos que les son asignados en función de diferentes parámetros, como su localización, horario, valoración personal, el volumen histórico de pedidos y la puntuación realizada a los repartidores conforme la valoración de clientes y proveedores.

La sala de lo Social del Supremo determina que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Si no que Fija “las condiciones esenciales para la prestación del servicio y es “titular de los activos esenciales para la realización de la actividad”. Asimismo, establece que Glovo se sirve de repartidores que no tienen una organización empresarial “propia y autónoma”, que “prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador.  Es decir, la organización empresarial subordina a sus repartidores, que no son libres de decidir cuándo y cómo prestan sus servicios.

El Tribunal Supremo considera que concurren las notas definitorias de una relación laboral, como son:

  • Dependencia y ajenidad:  la empresa es la que fija las condiciones esenciales para la prestación del servicio, además de ser la titular de los activos esenciales para la realización de la actividad, es decir, de la plataforma digital.
  • Bajo la organización de la empresa: los repartidores o riders no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, y prestan el servicio insertados en la organización de trabajo del empleador. la empresa tenía en todo momento geolocalizado al trabajador, al que podía pedir explicaciones en cualquier momento, y el trabajador carecía de libertad, dentro de su horario, para rechazar pedidos.
Los riders no tienen las condiciones para ser TRADE

Un falso autónomo no es lo mismo que un TRADE. El trabajador autónomo económicamente dependiente es aquel que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe, como mínimo, el 75% del total de sus ingresos. Además, otra de las condiciones para constituirse como TRADE es no disponer de trabajadores contratados por cuenta ajena.

La Inspección de Trabajo de Granada y la denuncia del SAT.

El 28 agosto 2019 un informe de la Inspección de trabajo, elaborado a requerimiento del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) y de varios raiders afiliados al mismo concluyó que los trabajadores denunciantes eran trabajadores por cuenta ajena.También levantó una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.


Noticia de Canal Sur al respecto del acta de la Inspección de Granada.
La inspección de trabajo de Granada ha obligado a la empresa Glovo a dar de alta en el régimen general de la seguridad social a ciento ochenta repartidores que trabajan como falsos autónomos.
Se trata de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.
El informe de la Inspección de trabajo concluye que son trabajadores por cuenta ajena, al tiempo que ha abierto una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.










Incrustado
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Noticia de Canal Sur al respecto del acta de la Inspección de Granada.

La inspección de trabajo de Granada ha obligado a la empresa Glovo a dar de alta en el régimen general de la seguridad social a ciento ochenta repartidores que trabajan como falsos autónomos.

Se trata de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.

El informe de la Inspección de trabajo concluye que son trabajadores por cuenta ajena, al tiempo que ha abierto una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.

¿Qué es la baja laboral por recaída?

¿Qué es la baja laboral por recaída?

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¿Qué es la baja laboral por recaída?
Comenzaremos por definir lo que es la baja laboral por recaída. Para ello, tomamos como referencia
lo establecido en el artículo 169.2 de la Ley General de la Seguridad Social. El texto dice: “Se
considera que existe recaída en un mismo proceso de incapacidad cuando se produzca una
nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días
naturales siguientes a la fecha de efectos de la alta médica anterior”.
¿Qué ocurre si la nueva baja por incapacidad temporal se produce cuando han pasado más de 6
meses desde el alta inicial, pero la causa es la misma enfermedad o accidente? En este caso ya no se
habla de recaída. El paciente debe pasar por un nuevo reconocimiento médico. Si la enfermedad
es común, debe acreditar que, en los 5 años anteriores, ha cotizado un mínimo de 6 meses. Solo así
podrá cobrar la prestación por incapacidad temporal (en los accidentes de trabajo no se exige un
periodo mínimo cotizado).
Lo mismo se aplica si dentro de ese plazo de 180 días el trabajador vuelve a quedarse de baja por
una dolencia diferente a la anterior.
¿Tienen derecho los trabajadores a cobrar durante las nuevas bajas por incapacidad
temporal?
Por lo que respecta a las prestaciones, la cuantía y el derecho o no a seguir cobrando depende de la
duración de la baja. En este sentido, es importante recordar el máximo reconocido para las
incapacidades temporales es de un año (365 días). Posteriormente, se puede solicitar una
prórroga de 180 días que debe valorar el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (se
podrían dar 6 meses más de prórroga en casos excepcionales).
Pongamos que el trabajador estuvo de baja la primera vez durante 6 meses y que, transcurridos 30
días del alta, sufre una recaída. En ese caso tendría derecho a cobrar, pero constaría como que lleva
7 meses de baja. Esta segunda baja la paga el mismo organismo que abonó la primera (una mutua o
la Seguridad Social).
Recaídas después de agotar los 18 meses de incapacidad temporal
¿Quiere esto decir que si un trabajador sufre una recaída tras haber agotado los 545 días de
incapacidad temporal ya no tiene derecho a recibir ninguna prestación? De nuevo, hay que remitirse
a lo que establece la Ley General de la Seguridad Social.
A modo de resumen, diremos que, si la recaída se produce antes de los 180 días, el trabajador podrá
pedir la baja, pero no cobrará. En cambio, sí tendrá derecho a una nueva prestación si
transcurren más de 3 meses.
Importe de la prestación por incapacidad temporal
Para poder cobrar la baja durante una recaída, es necesario cumplir una serie de requisitos:
· Constar como dado de alta en la Seguridad Social. Es igualmente válido encontrarse en lo que se
conoce como “situación asimilada” (por ejemplo, de baja por maternidad o cobrando el paro).
· Para las enfermedades comunes, haber cotizado 180 días o más a lo largo de los cinco años
anteriores.


Las cuantías varían en función de los días de baja. Así, para las enfermedades comunes o accidentes
que no sean de trabajo, durante los primeros 3 días no se cobra nada. Entre el día 4 y el 21, el
trabajador recibe el 60% de la base reguladora. Posteriormente, la cuantía se incrementa hasta el
75%.
Como la recaída se considera una continuación de la incapacidad temporal anterior, se suman los
días que el trabajador ya había estado de baja. No obstante, es importante señalar que la base
reguladora que se toma como referencia es la correspondiente al mes previo. Por tanto, puede
que las cantidades difieran con respecto a la primera baja.
Cuando la baja está causada por un accidente laboral o una enfermedad profesional, el importe es
del 75% de la base reguladora desde el principio.

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Siguen las cacicadas en la UGR: gerencia y rectorado dispuestos a liquidar al personal Laboral.

Siguen las cacicadas en la UGR: gerencia y rectorado dispuestos a liquidar al personal Laboral.

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Desde la coalición CTI-SAT informamos de que el pasado 4 de febrero se presentaron, en el Registro General de la UGR, cerca de 100 firmas del PAS-Laboral que ha quedado en la Universidad de Granada después del proceso de funcionarización.

Con estas firmas se pide una reunión con la Rectora, Pilar Aranda, puesto que después del proceso de funcionarización se está acorralando al personal laboral desde la institución. De forma que se les niegan derechos como la movilidad o promoción personal, no se están cumpliendo muchos artículos del IV Convenio Colectivo de las Universidades Andaluzas.

Hay personal laboral que ha sido enviado a otro destino que no era el suyo, estando este personal en contra del traslado, cuando en el Convenio Colectivo viene recogida la plaza y turno de trabajo en propiedad, otra cacicada más a las que nos tiene acostumbrados esta gerencia de la Universidad de Granada.

Esta forma de proceder, que cada vez se está haciendo más habitual, es otra manera más de castigarlos, este colectivo está sufriendo una discriminación por parte del equipo de gobierno de la UGR con la Rectora en cabeza, porque la estrategia es, si a todo este personal que no se ha funcionarizado le negamos el agua, el pan y la sal cuando saquemos el segundo plan de funcionarización se van a funcionarizar prácticamente todos y adiós Comité de Empresa.

Desde Gerencia se nos ha informado al Comité de empresa que si queremos seguir teniendo derechos tendremos que asumir un segundo plan de funcionarización.

Mientras están desmantelando los servicios cesando a una gran parte del personal interino del sector servicios.

Hemos intentado negociar con Pilar Aranda, pero nos envía a la Gerente y esta última dice que no hay nada que negociar, hemos entrado en un bucle que solo nos conduce a un callejón sin salida.

Por lo que este registro de firmas es el primer paso para empezar a movilizarnos, puesto que no sólo está recibiendo una agresión el personal laboral, si no que a nuestros compañeros que se funcionarizaron creyendo en este equipo de gobierno, los están cesando.

Coalición CTI-SAT.

Universidad de Granada.