#FranMoleroLibertad. CAMPAÑA DE REDES

#FranMoleroLibertad.  CAMPAÑA DE REDES

Molero

🔴📢📢¡¡¡ CAMPAÑA DE REDES !!!📢📢🔴

Este domingo día 30 de mayo y coincidiendo con los 3 años de
la entrada en prisión del compañero Francisco Molero vamos a realizar una campaña en redes desde las 12:00 hasta las 15: 00 horas, para la que os pedimos que participéis con el hashtag de #FranMoleroLibertad y compartiendo el enlace al crowdfunding solidario, para conseguir la cantidad para hacer efectiva la responsabilidad civil necesaria para que nuestro compañero Fran pueda acceder a su libertad condicional.

¡Ni un día más de restricciones a la LIBERTAD de FRAN!
8 años desde su detención por exigir derechos para todxs
1 año en el exilio
3 años en prisión

¡MÁXIMA DIFUSIÓN!
Aporta y comparte con tus contactos , whattsapp, Facebook,
Instagram,Telegram,Twiter, etc…

Enlace crownfounding solidario
👇👇👇h
https://www.gofundme.com/f/apoyo-a-fran-molero-para-…/donate

¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

“¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

“¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

¿JUSTICIA JUSTA

En Andalucía, los Juzgados de lo Social están colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos en Granada, Córdoba, Almería o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 o 2025 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social.

La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro no es ninguna excepción. Todos sus predecesores y él mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc.

Esta situación también tiene mucha incidencia en los casos de desahucios y de violencia machista.


Las reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de demandas a años vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público.

A finales de 2020 no se ha podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se abordaba la violación del derecho Fundamental a la Huelga por parte de la Junta de Andalucía, por falta de medios telemáticos (ordenador, software y conexión). Finalmente se celebró en marzo 2021 y la sentencia ha puesto en vilo este Derecho Fundamental, al ponerse de perfil el tribunal sin sancionar a la Junta y remitir a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo que declaraba nulos y abusivos unos servicios mínimos en la huelga general del 8M pero que no conlleva que la clase política pueda seguir conculcando el derecho Fundamental a la huelga mediante un decreto de servicios mínimos ilegales que no le van a suponer ningún coste ni económico, ni social, ni responsabilidad política alguna porque los tribunales así lo han decidido. Hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.

Observamos cómo surgen en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. El mejor exponente de esto en Andalucía resulta ser el SERCLA, donde la invasión de competencias -antes públicas- es la tónica dominante de los últimos años junto a la financiación de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO.

Los señalamientos a años vista obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales, que dejan ser útiles y no surten efecto. Así se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de l@s trabajador@s.

Con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito sobre el que la patronal (la más incumplidora) mantiene un indisimulado silencio, ya que este mecanismo perverso juega a su favor.
Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:

  • Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía.
  • Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
  • Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.

También queremos denunciar las problemáticas que nos encontramos en los juzgados cuando tratamos de tutelar el derecho a la vivienda, regulado en el artículo 47 de la Constitución.
Los juzgados sistemáticamente incumplen la normativa contenida en los Tratados Internacionales que hemos suscrito como Estado. Con frecuencia nos encontramos ante procesos judiciales en los que no se garantizan los derechos de los menores y su protección jurídica. Son muchos los procedimientos en los que magistrados y jueces decretan el lanzamiento de familias económicamente vulnerables sin haber ponderado otras opciones menos gravosas y sin garantías de alternativas habitacionales para los menores de edad, las hijas e hijos de la clase trabajadora.

A lo anterior se unen las reticencias en la aplicación de figuras jurídicas amparadas por el Derecho, como el estado de necesidad como causa eximente de la responsabilidad criminal. La aplicación de esta figura, tras la acreditación de los requisitos exigidos legalmente, permitiría eximir de responsabilidad criminal a las familias obreras que ocupan viviendas vacías en manos de entidades bancarias o de otros grandes tenedores, al no dejarle el Estado ninguna otra opción para satisfacer su necesidad permanente de acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. L@s trabajador@s ya nos hemos cansado de ver cómo los poderes públicos incumplen el mandato constitucional de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre la ciudadanía (artículo 9.2 de la Constitución).

En los juzgados es necesario:

  • Implementar protocolos específicos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y que llevaran a estos a actuar de manera uniforme. Protocolos que deberían contemplar, en los casos en los que no hubiera alternativa habitacional, medidas como: suspensión del lanzamiento, solicitud a los servicios sociales de su intervención de manera activa para la solución del problema entre otras.
  • Relacionado con esto, los jueces deberían suspender los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., siendo esta una medida que podría llevarse a cabo si en los juzgados se tuviera en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales que con frecuencia es ignorada, en muchos casos a sabiendas.

Por todo esto, la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno a este angustioso problema de la clase trabajadora, con objeto de preparar una movilización general que pueda ser el comienzo de una lucha colectiva por la reconquista de los derechos laborales y sociales perdidos y para avanzar en justicia social.

Andalucía 21 de abril de 2021

¡EL 20 de mayo se nos va a escuchar en los juzgados!

Marchas de la Dignidad de Andalucía.

CONCENTRACIÓN sábado 15 de mayo por la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos.

CONCENTRACIÓN sábado 15 de mayo por la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos.

 

MOTIVOS PARA LA HUELGA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA

La precariedad de l@s emplead@s públic@s en forma de alta tasa de temporalidad y el abuso de ésta por parte de las administraciones es insostenible. Son miles las personas que han demostrado mérito y capacidad durante años, y que han superado en la inmensa mayoría de ocasiones los diferentes procesos selectivos que la administración les exigió en su momento para acceder a la función pública. Paralelamente, las ofertas de empleo público siguen siendo insuficientes para cubrir realmente las necesidades estructurales que requieren los servicios, llevando a estos, a una vía de privatización que avanza imparable en sectores clave para la ciudadanía como sanidad y educación.

La directiva 1999/70/CE, de obligatorio cumplimiento para los estados miembros de la UE, y diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejan claro, que si no existe normativa sancionadora estatal (caso del estado español) para el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas, la fijeza del personal en abuso tiene el amparo legal para ser la sanción disuasoria para la administración y compensatoria para los afectados.

RAZONES PARA UNA HUELGA, 28 M

La inestabilidad y precariedad que sufren l@s trabajador@s de las subcontratas (con peores condiciones laborales y económicas), así como las miles de personas opositoras, a las que se ha dejado en la estacada sin las correspondientes convocatorias anuales, o bien con ofertas de empleo que no se ajustan a la realidad de los puestos estructurales que realmente necesitan cubrirse, han sido las claves de unas políticas neoliberales que han priorizado el beneficio de la empresas privada en detrimento de unos servicios públicos de calidad, debilitando así las estructuras de éstos.

NO PODEMOS PERMITIR QUE CESEN A PERSONAS PREPARADAS QUE HAN DADO LO MEJOR DE SUS VIDAS COMO SERVIDORES PÚBLICOS

NO PODEMOS PERMITIR QUE SE PIERDAN MILES DE PLAZAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE EMPRESAS PRIVADAS CON EL ÚNICO INTERÉS DE EXPOLIAR EL DINERO DE TODA LA CIUDADANÍA.

EL DÍA 28-M LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEBEN PARAR PARA RECLAMAR Y EXIGIR A LEGISLADORES Y ALTOS CARGOS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES:

-La paralización de los procesos selectivos, auditoría de los puestos ocupados por interinos y sustitutos en abuso de temporalidad y separación de estás plazas de los procesos selectivos de libre concurrencia. Cumplimiento de la directiva europea 1999/70/CE y del derecho comunitario. Regulación administrativa para el personal en abuso en personal fijo a extinguir.

-Convocatorias anuales acordes a las necesidades reales. Eliminación de las tasas de reposición y recuperación de las miles de plazas que se han perdido en los últimos años, así como la creación de todas aquellas plazas necesarias estructuralmente para unos servicios públicos de calidad.

-Expulsión de empresas privadas de las administraciones públicas, y recuperación de los servicios externalizados, expansión y refuerzo de estos servicios mediante una mayor inversión orientada a necesidades colectivas y sociales para garantizar a la población unos servicios públicos dignos, especialmente a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.

-Dotar a la inspección de trabajo con herramientas y personal para la detección de contratación fraudulenta en las administraciones públicas y establecimiento de mecanismos de sanción como el pago con patrimonio privado o inhabilitación para el desempeño en la administración pública para aquellos gestor@s públic@s que utilicen la contratación en fraude de ley.

RAZONES PARA UNA HUELGA, 28 M-1

28 de mayo Huelga General del Sector Público y sus contratas ¡ QUIENES ESTÁN, SE QUEDAN!

28 de mayo Huelga General del Sector Público y sus contratas ¡ QUIENES ESTÁN, SE QUEDAN!

28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

HACÍA LA HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

PÚBLICO Y FIJEZA YA PARA EL PERSONAL EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

Es un clamor…concentraciones por todo el estado, caravanas de coches en todas las ciudades, convocatoria para la tercera manifestación a nivel estatal el 22 de Mayo, huelgas de hambre, como la de Irune, interina en el Ayuntamiento de Bilbao, Koro, de comedores escolares en Guipuzkoa o María Jesús Casado que lleva desde el 6 de abril y es empleada fija de la delegación de hacienda en Alicante y está haciendo la huelga en solidaridad por sus compañer@s interin@s, las diferentes convocatorias de huelga en Galicia o la indefinida de los canarios con ocupación de edificios públicos por el comité de huelga, acciones penales como la querella interpuesta por la Plataforma de Interinos de Cataluña ante los juzgados de Barcelona por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Annabel Marcos, secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat de Cataluña, y contra Pilar Sorribas, directora general de Función Pública de la Generalitat de Cataluña. Y así, una constante de lucha, entre estrés y ansiedad por parte de los empleados públicos en abuso de temporalidad.

A la vez vemos cómo las ofertas de empleo público siguen siendo insuficientes para cubrir realmente las necesidades de los servicios públicos y como se privatizan a marchas forzadas cosas tan importantes como la sanidad y la educación. La precariedad de los empleados públicos, la alta tasa de temporalidad y el abuso de ésta por parte de las administraciones es insostenible.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajador@s nos preguntamos…

POR QUÉ los que firmaron un supuesto acuerdo de estabilización con el exministro Montoro siguen de perfil o incluso presionan para que las OPEs se agilicen, aún a sabiendas de que están poniendo en la palestra a personas que sobradamente han demostrado, mérito y capacidad durante años, y que han superado en la mayoría de las ocasiones los diferentes procesos selectivos que se les exigieron en su momento para acceder a la función pública. A estas personas les asiste el derecho y la jurisprudencia europea, toda vez que no hay sanción legislada en el estado español que sancione el abuso de temporalidad por parte de la administración. Las centrales firmantes (CCOO, UGT y CSIF) de los llamados procesos de “estabilización” que iban orientados a las plazas y no a las personas, en vez de rectificar su error y defender a los trabajadores públicos en abuso, están siendo cómplices de un ERE encubierto que puede mandar a la exclusión a 800.000 trabajadores públicos con una media de edad de 52 años, con el agravante en términos de igualdad y con carácter general en las diferentes administraciones, de casi un 60% de mujeres. Además los firmantes eran conscientes de las miles de plazas necesarias, para dotar a los servicios públicos eficientemente, que se dejaban atrás, y el consiguiente perjuicio que ocasionaba a nuev@s opositor@s.

Copia de 28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

En el Sindicato Andaluz de Trabajador@s lo tenemos muy claro, los empleados públicos en abuso de temporalidad llevan razón, no nos sirve que CCOO, UGT Y CSIF, se limiten a decir que es anticonstitucional hacer fijos a los empleados abusados, sus servicios jurídicos saben que en base a la directiva 1999/70/CE, que es de obligatorio cumplimiento para los estados miembros de la UE, bajo el principio de primacía del derecho de la unión europea sobre la normativa española incluida la constitución vigente, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que si no existe normativa sancionadora estatal para el abuso de la temporalidad, la fijeza tiene el amparo legal para ser la sanción disuasoria y compensatoria para los afectados, es decir, la administración que abusa de la temporalidad para cubrir necesidades permanentes y estructurales aprovechándose del personal temporal debe ser sancionada y ha de repararse el daño a las víctimas, ergo la relación temporal abusiva ha de transformarse en fija. Y por si no queda claro, que la FIJEZA para el personal en abuso es constitucional, nada más y nada menos que María Emilia Casas, ex-presidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha firmado un informe con su actual gabinete jurídico en el que afirma que:

  • Es constitucional una reforma legal que convierta en personal fijo “a extinguir” en nueva categoría de “personal estabilizado con carácter indefinido” a los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad.
  • Niega que se vulneren los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público dado que ya tuvieron que satisfacerse, a excepción de determinados casos, para el acceso al puesto temporal.
  • Y es la mejor forma para dar cumplimiento por los legisladores nacionales a la normativa y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la importante sentencia de 19/03/2020.

¿Qué intereses hay por parte de CCOO, UGT y CSIF y por qué defienden en las mesas de negociación seguir adelante con Ofertas Públicas de Empleo masivas y express si son conocedores de la problemática existente?

Emplazamos a estos sindicatos a que estudien cambiar sus posturas en las mesas porque es un grave perjuicio el que se está creando a miles de familias trabajadoras.

INSISTIMOS. TJUE HA DICTAMINADO QUE LAS OPES NO SON UNA

SANCIÓN NI UN ELEMENTO DISUASORIO DE LA TEMPORALIDAD, Y NO SE

AJUSTA A DERECHO LA PERDIDA DEL EMPLEO DEL QUE HA SUFRIDO EL ABUSO O CONTRATACIÓN FRAUDULENTA.

Copia de Copia de 28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Otra cuestión es, la inacción de los sucesivos gobiernos y la no transposición de la directiva 1999/70/CE, que ha provocado el anuncio de sanciones contra el estado que incumpla las directivas y resoluciones judiciales europeas, además, en las últimas semanas también hemos sabido que Europa vincula la ayuda de los famosos fondos COVID a que el Estado Español acabe con el abuso de temporalidad y su alta tasa. En la huida hacia delante de la administración, se han acelerado los mal llamados procesos de consolidación y ofertas de empleo público, a la vez que se hace oídos sordos a la jurisprudencia y derecho Europeo, para así, ir cesando o despidiendo con alevosía y gratuitamente a l@s emplead@s públicos en abuso, una forma muy ruín de deshacerse del problema, ya que unos procesos de libre concurrencia pueden suponer cese o despido para el personal en fraude en el caso de no superar la prueba, es decir, en un paradigma de lo absurdo, la sanción recae sobre el empleado en abuso y no sobre la administración o empresa contratante que es la que incumple.

Para colmo, no dejan de llover sentencias en primera instancia favorables a la fijeza como sanción al abuso. Buena prueba de ello son la del pasado 4 de Marzo donde el Juzgado de lo Social Nº11 de Bilbao declaraba la fijeza de una trabajadora temporal de la Universidad del País Vasco con una sentencia, que considera que el contrato de la demandante era abusivo, al estar en situación de precariedad desde 2003. Por primera vez, esta contundente sentencia no declaraba a la demandante indefinida no fija, sino FIJA directamente, con las consecuencias legales y económicas inherentes a dicho reconocimiento. O la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante, que dictó seis sentencias por las que hacía fijos a 16 funcionarios interinos de la Universidad de Alicante, condenando a esta Universidad a reconocerles el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, aunque sin adquirir la condición de funcionario de carrera. La sentencia no sólo se sustenta en la argumentación del fallo del mismo juzgado de 8 de junio de 2020, sino que refuerza las posiciones de la justicia europea en el Auto del TJUE de 30/09/2020, asunto Gondomar; y de la STJUE de 11/02/2021 asunto C-770/18, que afirman que si la Legislación de un Estado miembro no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los empleados del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin que pueda invocarse por las autoridades nacionales la normativa interna que solo en este sector prohíbe esta conversión, ya que para que opere una prohibición de este tipo, es necesario que la Legislación nacional prevea en este Sector público –y la Legislación española no la prevé – otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de contratos temporales.

Por otro lado hemos conocido también la existencia de un preacuerdo para dar fijeza al personal en abuso al que llegaron el comité de huelga en Canarias y el gobierno autonómico, aunque este último dio marcha atrás a causa de una llamada de desautorización del Ministro Iceta, o la también importante aprobación en el Parlamento Asturiano de la Proposición No de Ley (PNL) de Podemos Asturias en la que en el texto original se insta al Gobierno autonómico a paralizar los procesos de estabilización de los puestos de los empleados públicos en abuso de temporalidad y la aprobación de una regularización administrativa que los mantenga en sus puestos, para dar cumplimiento a la normativa y sentencias europeas, en la que finalmente sale adelante con la abstención de PSOE del Gobierno autonómico, y con una modificación para que el Gobierno Asturiano se dirija al nacional para pedirle que “impulse” modificaciones legales que permitan esos puntos además de una comprobación de los puestos en fraude de temporalidad. Los grupos coinciden en que es un fraude de ley condenado por sentencia europea y el Gobierno del Estado debe acometer una reforma urgente porque “están en riesgo” los fondos europeos de recuperación.

Copia de 28 de mayo HUELGA POR LA DOTACIÓN REAL DE PLAZAS PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO-1

La inestabilidad y precariedad de los trabajador@s de las diferentes administraciones y subcontratas, es un continuo calvario para l@s que están y para las miles de personas que quieren acceder a los servicios públicos, y ven como año tras año no salen las plazas que debería salir, ni se ocupan los puestos estructurales necesarios. Las políticas en clave neoliberal, ineficaces e irresponsables de los sucesivos gobiernos, buscan mermar la capacidad y calidad de los servicios públicos, debilitando las estructuras de estos y derivando conscientemente a la privatización sectores fundamentales para la ciudadanía, repitiendo una y otra vez el mantra de qué lo público no es eficaz, ni suficiente, para reforzar y presentar como “salvadoras” a las grandes empresas que hacen negocio con las necesidades de la ciudadanía y que vienen a suplir “las carencias de un sistema que no funciona”, y que en su afán de expoliar el dinero público, intentan reventar un sistema que ha demostrado ser robusto, eficaz, necesario e imprescindible, a pesar del deterioro, expolio y ataques permanentes al que se ha visto sometido por las clases dirigentes e influyentes para fulminarlo.

POR TODO ESTO Y POR MÁS HEMOS DECIDIDO SUMARNOS A LA HUELGA

CONVOCADA POR L@S COMPAÑER@S DE C.G.T EL DÍA 28-M EN LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA.

INVITAMOS Y ANIMAMOS A TODAS LAS FUERZAS SINDICALES

ALTERNATIVAS, OPOSITORES, PERSONAL DE SUBCONTRATAS Y

COLECTIVOS O ASOCIACIONES DE INTERINOS Y TEMPORALES EN ABUSO A UNIRSE A LA MISMA.

Por todo lo expuesto anteriormente pedimos:

-Paralización de los procesos selectivos, auditoría de los puestos ocupados por interinos y sustitutos en abuso de temporalidad, regulación administrativa y conversión que se ajuste a derecho del personal en abuso según jurisprudencia y directiva europea 1999/70CE.

-Convocatorias acordes a las necesidades reales, ya vale de infradotar a las administraciones públicas a favor de empresas privadas. Eliminación de las tasas de reposición y recuperación de las miles de plazas que se han perdido en los últimos años, la creación de todas aquellas plazas que sean necesarias estructuralmente para unos servicios públicos robustos y sin ningún tipo de carencias.

-La expulsión de lo público de las empresas privadas, la recuperación de los servicios externalizados o privatizados, así como la necesaria expansión de estos servicios mediante una mayor inversión en las necesidades colectivas y sociales, para garantizar así unas condiciones dignas de vida para la población y especialmente para la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.

-Dotar a la inspección de trabajo con herramientas y personal para detectar la contratación fraudulenta en las administraciones públicas así como las plazas ocupadas con supuestos contratos de programa y que realmente son estructurales.

– Establecer mecanismos de sanción, para que aquellos gestor@s públicos que utilicen la contratación en fraude de ley, paguen con su patrimonio privado o con la inhabilitación para el desempeño en la administración pública su presunto delito, porque no debe ser la propia administración con el dinero de tod@s la que pague los presuntos fraudes o corruptelas que hayan cometido est@s gestor@s.

Fran Romero – Delegado Sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en la

Universidad de Granada

Cartel provisonal 28 de mayo

A continuación las diversas sentencias europeas y españolas, en relación al abuso de temporalidad, así como los enlaces a las fuentes de información.

SENTENCIAS TJUE

Sentencia Mascolo del 26 de noviembre de 2014 (Italia)

de abuso de temporalidad en empleados públicos -en ese caso de Educación- sin sanción adecuada a la administración recogida en el ordenamiento italiano. La sentencia tiene la siguiente consecuencia:

1. promulgación en Italia de una Ley, n.º 107/2015 de 13 de julio de 2015, a raíz precisamente de esa sentencia para adaptar la normativa nacional italiana a la Directiva Europea que además de fijar en 36 meses la temporalidad máxima absoluta y una serie de indemnizaciones como sanciones a la administración (aparte de la reducción de la productividad de los directivos responsables de los recursos humanos de la normativa general) para disuadir en el futuro la repetición del abuso incluía una disposición transitoria ( art. 1 apartado 95 sobre el plan extraordinario de contratación indefinida) para que se transformara la relación laboral temporal del personal de Educación ya en situación de abuso de temporalidad en relación laboral indefinida ( es decir, fija en la terminología española).

Sentencia Santoro 7 marzo del 2018 (Italia)

1. En el sector público no basta con una indemnización para sancionar el abuso de la temporalidad porque la paga del tesoro público, para ser disuasoria tiene que haber además una multa a la autoridad administrativa responsable.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX

%3A62016CJ0494

Sentencia Rossato 15 Mayo del 2019 (Italia)

Por el caso de empleado público de Educación de Italia ya convertido en fijo: ante el abuso en la temporalidad la conversión a fijo es una medida suficiente y no hay obligación de indemnización adicional.

http://apiscam.blogspot.com/2019/05/sentencia-del-tribunal-de-justiciade.html?m=1

Sentencia 19 marzo 2020 Sánchez Ruiz TJUE (Estado Español)

  1. Cuando se ha producido un abuso es indispensable la sanción a la administración empleadora.
  2. Le corresponde al ordenamiento español fijar la sanción.
  3. Las convocatorias a oposiciones no son sanción, porque no se sanciona al responsable de los abusos. Porque en ellos sancionamos no al delincuente sino a la víctima. Solo cumpliría la directiva lo procesos restringidos donde participen las víctimas del abuso.
  4. La figura del indefinido no fijo no es sanción.
  5. Las indemnizaciones pueden ser sanción, pero para cumplir la directiva tienen que estar específicamente previstas en la legislación a tal efecto y tiene que ser disuasorias, reprimir y penalizar al causante del daño.

https://www.sostemporalespublicos.com/documentos/SENTENCIA-TJUE-19Marzo-2020.pdf http://apiscam.blogspot.com/2020/03/sentencia-demoledora-yespranzadora-del.html

AUTO 30 de septiembre 2020 Gondomar (Portugal)

El Tribunal Supremo pregunta que tiene que hacer, ya que como la administración no ha previsto una sanción, ¿que si tiene la obligación de hacerlos fijos a los temporales?

  1. Si, se tiene la obligación de hacer fijos a los trabajadores públicos temporales en abuso mientras que la legislación nacional no establezca una sanción.
  2. No se puede aplicar la ley interna que prohíbe hacer fijos a los interinos precisamente porque el país ha incumplido su obligación de trasponer la directiva en una norma.

Importante: Habla de legislación, que es el legislador el que tiene que fijar la sanción y que, si el legislador no la ha fijado, esa sanción no puede ser inventada por los tribunales, es el legislador el que fija la sanción y si el legislador no ha fijado la sanción, la fijeza como única solución. Y el auto se refiere a todo el sector público, (laborales y funcionarios) https://drive.google.com/file/d/12eRfjGUdEZC98H4OxtNM1Le0Q67KjWc5/view http://apiscam.blogspot.com/2020/10/el-tribunal-de-justicia-de-la-union.html

Sentencia 11 FEBRERO 2021 (Grecia)

  1. La directiva no impone la transformación en fijo de los interinos, ya que:
  2. Cada estado miembro tiene la libertad de fijar la sanción que estime más oportuna, salvo que ese estado miembro no haya fijado una sanción en su legislación, en cuyo caso:
  3. las autoridades nacionales de un Estado miembro están obligadas a transformar la relación temporal abusiva en una relación fija si en la Legislación de ese Estado miembro no existe ninguna medida sancionadora.
  • La sentencia analiza una antigua ley griega 1920 que permite hacerlos fijos y es contraria a la actual Constitución Griega.
  • La autoridad nacional lo primero que tiene que hacer es ver si existe alguna medida sancionadora y si no existe tiene que aplicar la ley de 1920 que obliga a hacer fijos i No aplicar la Constitución. Por el principio de prevalencia, el derecho de la unión prevalece sobre la Constitución y segundo porque en ese caso el abuso quedaría sin sanción y se estarían socavando los objetivos y el efecto útil de la directiva.

http://apiscam.blogspot.com/2021/02/sentencia-del-tribunal-europeodel.html?m=1 http://apiscam.blogspot.com/2021/02/arauz-sobre-la-nueva-sentencia-deltjue.html?m=1 https://www.sostemporalespublicos.com/documentos/2021.02.11-Sentencia %20C-760_18-GRECIA.pdf

Conclusiones Abogacía General de la UE “Gilda-UNAMS” (Italia) 18 de marzo 2021

1. profesores de religión excluidos de la conversión administrativa a fijos que tuvieron el resto de docentes tras la sentencia europea del asunto Mascolo:

su situación también está protegida por la Directiva contra el abuso de temporalidad y la conversión a fijo como medida de sanción es obligatoria en este caso aunque lo prohíba la normativa nacional. http://apiscam.blogspot.com/2021/03/conclusiones-de-la-abogacia-generalde.html

SENTENCIAS ESTADO ESPAÑOL

Sentencia del juzgado contencioso-administrativo nº 4 de Alicante del 08 de junio de 2020

 PRIMERA SENTENCIA EN ESPAÑA QUE DA LA FIJEZA A UNA FUNCIONARIA INTERINA EN FRAUDE DE LEY POR ABUSO DE LA TEMPORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Sentencia 146/2021 del Juzgado contencioso-administrativo Nº4 de Alicante del 24 de marzo de 2021

 sentencia fijeza a 16 funcionarios interinos de la Universidad de Alicante como sanción al abuso de temporalidad en el empleo público aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Si la legislación no ha fijado una medida sancionadora en el sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija”

Sentencia de Fijeza del juzgado nº4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante a funcionario interino 13 años del 31 de marzo de 2021

 funcionario interino 13 años, personal de Administración y Servicios, en mismo puesto de la Universidad de Alicante como sanción al abuso de temporalidad en el empleo público por la Directiva Europea 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, en especial la sentencia de 19/03/2020 del asunto “Sánchez Ruiz y otros” reafirmada en la consecuencia de fijeza por el Auto de 30/09/2020 en el asunto portugués “Gondomar” y la sentencia de 11/02/2021 en el asunto griego “Agios Nikolaoshttp://apiscam.blogspot.com/2021/04/nueva-sentencia-del-fijeza-del-juzgado.html

Sentencia de Fijeza 29 de marzo. El TS crea jurisprudencia nacional con respecto a los contratos temporales

  • “El Tribunal Supremo crea jurisprudencia nacional con respecto a los contratos temporales. El tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Universidad de Valladolid, considera fraude de ley la situación de una trabajadora temporal, le concede la condición de indefinida (fija), y condena en costas a la Universidad.
  • El Supremo estima indefinido un contrato por servicio de más de ocho años en el Instituto de Biología de la UVA. Confirma la sentencia por despido improcedente en 2017 de una técnica de la ‘prueba del talón’ y condena a costas a la Universidad de Valladolid.

https://www.sostemporalespublicos.com/documentos/2021-03-29-sentencia %20casacion%20TS-obra%20y%20servicio-indefinida.pdf

Sentencia 445/2020 del Juzgado de lo Social Nº 1 de Toledo

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  • 30 de octubre de 2020. Una jueza condena a un ayuntamiento de Toledo a hacer fijos a 11 empleados públicos temporales en fraude de ley. La sentencia reconoce la fijeza a los trabajadores, que accedieron a sus puestos mediante entrevistas, bolsas de empleo y concursos, ya que considera que es la medida más adecuada para sancionar y prevenir el abuso de los temporales en la Administración Pública. Sentencia 502/2020 del TSJ de Galicia Sala de lo Social

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  • Con fecha de 10 de septiembre de 2020, el TSJ de Galicia Sala de lo Social Falla que estimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de doña María Consuelo, contra la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de lo Social número dos de los de Pontevedra, en proceso tramitado a instancia de la recurrente frente al Concello de Pontevedra, debemos revocar en parte la misma y estimando la demanda rectora de las presentes actuaciones, en su pretensión principal, declaramos que la actora tiene la condición de trabajadora fija de la Administración demandada, condenando a la demandada a estar y pasar por dicho pronunciamiento, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia de instancia.

Sentencia de Fijeza de Laboral nº 134/2021. JUZGADO DE LO SOCIAL N° 11 DE BILBAO

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08 de marzo de 2021, nueva sentencia de FIJEZA. El juzgado de lo social 11 de Bilbao, acaba de dictar sentencia ante una demanda de una trabajadora temporal de la Universidad del País Vasco que habíamos presentado dentro de nuestra campaña, y la declara FIJA, dado que considera que su contrato era abusivo, ya que llevaba en precariedad desde 2003. No la declara indefinida no fija, sino FIJA directamente, La sentencia son 16 páginas, y es impecable, y llena de referencias jurisprudenciales, no solo del TJUE, sino también del TS y en cuanto a lo de que la trabajadora no entró por oposición, la sentencia termina con este párrafo tan contundente:

Cuarto.- Y ello no supone vulneración de los artículos 9 y 103 de la Constitución Española, el segundo de los cuales impone el respeto a los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público, pues dichos principios y por tanto dichos preceptos constitucionales han de ser respetados por la Administración no ahora el 2021 sino cuando se accede -sea de modo temporal o definitivo- a dichos puestos, con lo que es la Administración la que debió, en 2003, fijar el proceso selectivo adecuado para ingresar en ella incluso como interino y si no lo hizo o el proceso que ideó no se estima suficiente debió haberlo modificado, no siendo el ciudadano el pagano de las inadecuadas actuaciones de dicha Administración.

Estoy en ERTE, ¿pueden despedirme?

Estoy en ERTE, ¿pueden despedirme?

Estoy en ERTE, ¿pueden despedirme?

¿Un empleado puede perder su trabajo si está afectado por un ERTE?

El 31 de mayo finalizan algunso ERTEs y la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha facilitado que muchas empresas se hayan aprovechado para a declarar un ERTE para sus trabajadores; eso sí, el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo BOE-A-2020-3692-consolidado, establece que las compañías debían mantener a sus empleados durante 6 meses desde la reanudación de su actividad.

Entonces, ¿un empleado puede perder su trabajo si está afectado por un ERTE? En este post te contamos los motivos por los que puedes ser despedido estando en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

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Motivos de despido estando en ERTE

A pesar de que el Real Decreto-Ley establecía que las empresas debían mantener a sus trabajadores durante 6 meses, dos meses más tarde se flexibilizó esta ley y, mediante el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, muchos empleados perdieron su empleo durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

BOE-A-2020-4959-consolidadoEn muchas ocasiones, pueden surgir dudas sobre si tienes derecho o no a recibir una indemnización, en este caso, lo más recomendable es acudir al sindicato, quienes te pueden orientar y ayudar, si es necesario establecer una reclamación. 

A continuación te mostramos los principales motivos por los que puedes ser despedido estando de ERTE.

Motivos económicos: si la empresa está en riesgo de concurso de acreedores, ya sea por causas económicas, organizativas o de producción, puede despedir a sus empleados en ERTE; en este caso, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Motivos disciplinarios: según establece el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en esta ocasión, no se tiene derecho a indemnización. Dentro de los supuestos que conllevan este despido disciplinario encontramos el acoso, las ofensas físicas o verbales, la disminución del rendimiento o la desobediencia, entre otros.

También se puede extinguir un contrato por los siguientes motivos: dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, fin de contrato de personas con contrato fijo-discontinuo.

Del mismo modo, es importante señalar que los trabajadores que no han formado parte de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo pueden perder su trabajo, ya que no se han visto afectados por estas medidas económicas.

Qué hacer si te despiden durante un ERTE

Si has perdido tu empleo estando de ERTE y consideras que se debe a un motivo distintos a los anteriores, lo mejor es solicitar la ayuda de la asesoría del sindicato; estos pueden ayudarte y, si tienes que reclamar una indemnización, te orientarán para su realización.

Del misma manera, hay que destacar que la empresa puede presentar un ERE después de un ERTE (desde la Reforma laboral del 2012 es “pan comido” para los empresarios), si la empresa arguye que los daños provocados por la crisis de la COVID-19 han sido tan severos que la empresa se ha visto obligada a su cierre y al despido de su plantilla.

Por otro lado, si un trabajador ha retomado su actividad laboral después de un ERTE y, 6 meses después, ha sido despedido, el Gobierno le otorga al empleado una prestación por 180 días.

Motivos de despido estando en ERTE

A pesar de que el Real Decreto-Ley establecía que las empresas debían mantener a sus trabajadores durante 6 meses, dos meses más tarde se flexibilizó esta ley y, mediante el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, muchos empleados perdieron su empleo durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

En muchas ocasiones, pueden surgir dudas sobre si tienes derecho o no a recibir una indemnización, en este caso, lo más recomendable es acudir al sindicato quienes te pueden orientar y ayudar, si es necesario establecer una reclamación. 

 

A continuación te mostramos los principales motivos por los que puedes ser despedido estando de ERTE.

Motivos económicas: si la empresa está en riesgo de concurso de acreedores, ya sea por causas económicas, organizativas o de producción, puede despedir a sus empleados en ERTE; en este caso, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Motivos disciplinarios: según establece el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en esta ocasión, no se tiene derecho a indemnización. Dentro de los supuestos que conllevan este despido disciplinario encontramos el acoso, las ofensas físicas o verbales, la disminución del rendimiento o la desobediencia, entre otros.

También se puede extinguir un contrato por los siguientes motivos: dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, fin de contrato de personas con contrato fijo-discontinuo.

Del mismo modo, es importante señalar que los trabajadores que no han formado parte de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo pueden perder su trabajo, ya que no se han visto afectados por estas medidas económicas.

Despido barato

Diferencias entre ERTE y ERE

La principal diferencia entre un ERTE y un ERE la encontramos en que los segundos suponen el despido efectivo y directo de los trabajadores afectados, mientras que el ERTE suspende, de forma temporal, el empleo a toda o parte de la plantilla; además, en este último caso también puede llevar a una reducción temporal de la jornada.

El ERTE es válido durante un período de tiempo determinado; después, la empresa debe volver a contratar a los trabajadores, de forma que se trata de una medida excepcional. Por su parte, el ERE es una medida permanente; por ello, muchas empresas declararon un ERTE para sus empleados y, después, tuvieron que presentar un ERE.

También es importante señalar que el ERTE y el ERE tienen diferencias en su procedimiento. Los Expedientes de Regulación de Empleo son más rigurosos y complejos, ya que es necesario un tiempo de consultas con los representantes y la presentación de una memoria explicativa de las causas, así como una documentación contable y fiscal y unos informes técnicos; en cambio, el ERTE es más ágil y sencillo.

En definitiva, debes saber que si es posible perder tu trabajo estando en ERTE, aunque si el despido no es por ninguno de los motivos que hemos comentado, puedes reclamar una indemnización.

Trabajadores migrantes y arraigo laboral. (Sentencia del Tribunal Supremo (1184/2021 de 25 de marzo de 2021 )

Trabajadores migrantes y arraigo laboral. (Sentencia del Tribunal Supremo (1184/2021 de 25 de marzo de 2021 )

De la importancia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1184/2021 de 25 de marzo de 2021

 

Antonia Franco.

Abogada , activista social y luchadora en defensa de los derechos de las personas migrantes.

 

Recientemente hemos conocido la STS 1184/2021 de 25/03/2021 del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso en la que ha sido ponente Dª Angeles Huet De Sande, en la que se fija doctrina de como el arraigo laboral puede ser acreditado.

Estamos en presencia de un recurso de casación que se interpone por la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo y que se inicia por la presentación por parte de una trabajadora la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral. Tal petición fue desestimada por la subdelegación del Gobierno en Almería y posteriormente la actora interpuso demanda que fue desestimada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 de Almería. En el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución judicial, la sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, lo estimó por sentencia de 11 de abril de 2019

Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si, para poder obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, es imprescindible o no que la acreditación de la relación laboral y de su duración lo sea exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del artículo 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, precisando si se trata de una enumeración tasada o no.

 

Esta sentencia puede significar, bajo mi punto de vista, abrir un nuevo camino para la regularización de personas que se encuentran en situación de irregularidad sobrevenida como consecuencia de la extinción de la relación contractual que tenían con anterioridad, que ciertamente es de especial importancia para quienes se han visto afectadas por la grave crisis sanitaria y su negativo impacto. En cualquier caso, para la aplicación sustentada por la sentencia será necesaria la previa realización de una actividad laboral regular, por lo que los requisitos del segundo párrafo del artículo 124.1 del RD 557/2011 seguirán siendo necesarios para quienes soliciten el arraigo laboral.

 

La Sala fija doctrina en el sentido de que el arraigo laboral puede ser acreditado “por cualquier medio de prueba válido en derecho, incluido, por tanto, los certificados de vida laboral que acrediten una relación laboral que pueda haber derivado de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia”. Y sustenta, también, su tesis en el criterio defendido por el Defensor del Pueblo en la sugerencia formulada de 12 de julio de 2017. Aplicando esta doctrina a la situación laboral regular, anterior a la irregularidad sobrevenida, de la persona trabajadora era cercana en el tiempo a su petición, se concluye que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fue plenamente ajustada a derecho.

 

Para concluir, hace más de un año y a raíz de la situación excepcional vivida provocada por el COVID, se forjó un movimiento y plataforma para solicitar al Gobierno de España que todas personas migrantes que se encontraban en nuestro país de forma irregular tuvieran un proceso de Regularización; movimientos, propuestas y manifestaciones que culminaron el día 19 de junio de 2020 cuando se presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de regularización de personas migrantes, apoyada por más de 1.100 colectivos de todo el país. En la propuesta se pedía una regularización urgente, permanente y sin condiciones para las personas migrantes y refugiadas que viven en España, por una cuestión de justicia social y un cambio de paradigma en el que la vida de todas las personas sea importante. Propuesta que fue rechazada. Esperemos que con la interpretación ampliamente integradora hecha por TS se avance en esta situación de necesidad que viven tantas personas migrantes en nuestro país. Esto solo tiene, a mi parecer, un límite y es que está por ver cómo será interpretado tanto por autoridades administrativas como por las judiciales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.- ARRAIGO LABORAL-1

 

RENTA 2020: Desgrava tus cotizaciones del sindicato.

RENTA 2020: Desgrava tus cotizaciones del sindicato.

RENTA 2020

Qué necesito para incluir las cuotas sindicales a la declaración de la Renta

Para incluir las cuotas sindicales en la declaración de la Renta es conveniente tener a mano los recibos bancarios de los pagos realizados como justificantes. El SATos entregará un certificado con la totalidad del pago efectuado en el caso de que una vez efectuada la Declaración de la Renta, HACIENDA OS LO SOLICITE . En caso contrario NO ES NECESARIO DISPONER DEL CERTIFICADO que, en todo caso, no se puede incluir dentro de la Declaración. Es conveniente recordar que, por defecto, Hacienda no indica en el borrador la cantidad abonada a los sindicatos, por lo que es necesario incluirla a mano.

Una vez que sepamos cuánto se ha pagado en total, se incluye esta cantidad a deducir en el espacio reservado a ‘Cuotas satisfechas a sindicatos’ del IRPF dentro del apartado ‘Rendimientos del Trabajo’.

La casilla en la que se añaden las cuotas sindicales

Para incluir las cuotas sindicales en tu declaración de la Renta de 2020 debes dirigirte a la CASILLA NÚMERO 14, en el apartado ‘Rendimientos del trabajo‘, donde habitualmente se incluyen las nóminas o las facturas en el caso de los autónomos. En esta casilla puede leerse ‘Cuotas satisfechas a sindicatos

Fechas clave en la declaración de la Renta

A partir de hoy ya es posible hacer la declaración de la Renta, pero solo a través del portal web de la Agencia Tributaria o la aplicación móvil de la misma. a continuación te resumimos las fechas clave que debes tener en cuenta:

Miércoles 7 de abril. Comienza la campaña de la Renta 2020-2021 con presentación por Internet de las declaraciones del IRPF.

Martes 4 de mayo. Un mes después será posible pedir cita previa para ser atendido por teléfono.

Jueves 6 de mayo. A partir del 6 de mayo comienza el plazo para presentar la declaración de la rentavía telefónica.

Jueves 27 de mayo. Es posible solicitar cita para realizar la declaración de manera presencial con la ayuda de un técnico en alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria.

Miércoles 2 de junio. Empieza la campaña de la declaración de la renta de forma presencial.

Viernes 25 de junio. Termina el plazo de las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.

Miércoles 30 de junio. Finaliza la campaña de la renta 2020-2021.

El 8 de abril tenemos una cita con la Libertad de Expresión y nuestros derechos políticos.

El 8 de abril tenemos una cita con la Libertad de Expresión y nuestros derechos políticos.

  

El jueves 8 de abril, a las 19′ 00 horas y con salida desde la Plaza del Carmen, tenemos una cita con una nueva movilización en defensa de la Libertad de Expresión y los derechos políticos que nos asisten a todas y todos los ciudadanos..

Bajo el lema “Libertad para Pablo Hasel y detenidos por luchar y discrepar” y “Por la reforma del Código Penal y por la derogación de la Ley Mordaza”, se desarrollará la manifestación convocada por los sindicatos USTEA y SAT y secundada por numerosos colectivos sociales y políticos granadinos.

Esta movilización y el manifiesto que la acompaña también está apoyada por más de cuatro decenas de personalidades del mundo de la cultura (cantantes escritores, dibujantes, pintores, escritoras, grupos musicales, flamencos, etc) que no han querido dejar pasar la ocasión para sumarse al clamor ciudadano para que, de una vez por todas, desaparezcan los delitos de opinión del código penal, así como para que se deroguen leyes tremendamente represivas y lesivas para los derechos ciudadanos como son la “Ley Mordaza”.

La libertad de Pablo Hasel y de todas y todos aquellos que se encuentran en prisión o han sido represaliados de alguna manera por expresar opiniones divergentes a las del “pensamiento único” será otra de las reivindicaciones que se harán llegar mediante el acto.

A continuación os adjuntamos el manifiesto y las firmas que lo sustentan..

LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIN MORDAZA

El pasado domingo 14 de febrero Pablo Hasél fue capturado y llevado a prisión.Pasó a engrosar la lista de las personas que han sido encarceladas desde 2009 por delitos relacionados con la libertad de expresión. En un primer momento se desató la solidaridad ante lo que es una aberración en un estado democrático. Personalidades muy conocidas del mundo de la cultura mostraron su rechazo ante la sentencia que obliga a Hasél a ingresar en prisión, pidiendo su absolución y clamando por la libertad de expresión.Pronto esa situación de solidaridad fue remitiendo y modificándose. Los disturbios relacionados con las manifestaciones de apoyo, los juicios de valor del propio Hasél sobre determinadas organizaciones políticas y personalidades y el revuelto entre anteriores sentencias y denuncias, han sido utilizados para desviar el foco de antención. Han conseguido que el juicio público no se centre en un sistema penal que puede llevarte a la cárcel por emitir opiniones públicas, sino en la supuesta “calidad” del reo y en el “valor” de sus opiniones. Es como si para defender la libertad de expresión de una persona, tuviéramos que compartir su trayectoria y opinión. Una visión estrecha de la libertad de expresión que dibuja un sistema autoritario que no permite la crítica sobre sus instituciones. Sin embargo, la libertad de expresión es la garantía de emitir libremente opiniones, aún a riesgo de no ser compartidas por quienes las reciben. Este sistema autoritario que no permite discrepancias públicas hoy ha venido a por Pablo Hasél, pero mañana puede venir a por toda aquella persona u organización que emita opiniones críticas hacia cualquier institución del estado. Mientras tanto, la campaña de odio de la extrema derecha en Cataluña contra toda una comunidad, la musulmana,para los comicios del 14, con mucha probabilidad no tendrá recorrido judicial alguno.Es por ello por lo que hay que mostrar públicamente nuestro rechazo a esta barbaridad y tejer una movilización que ponga de nuevo el problema sobre la mesa.Tenemos la responsabilidad de situar el debate donde nunca debió salir: no se puede ir a la cárcel por emitir opiniones públicas. Se puede o no estar de acuerdo con Hasél, pero eso no tiene nada que ver con el problema de fondo. En esta escenario se ha hecho del rapero y su entorno un hombre de paja al que poder golpear desde cualquier lado. Así, se ha intentado hacer escarnio de las manifestaciones de apoyo a Hasél y al menos dos personas en Granada estuvieron enprisión preventiva a la espera de juicio. El autoritarismo del sistema se está disparan-do y es responsabilidad de todos y todas pararle los pies.Por ello, las organizaciones y personalidades firmantes hacemos una llama-miento al resto de sindicatos, al mundo de la cultura y a los movimientos sociales para ir hacia una movilización unitaria el próximo 8 de abril que exija lo que parece obvio en cualquier democracia:

– Por la libertad de expresión

.- Por la reforma del código penal y de la Ley Mordaza.-

Por la liberación inmediata de Pablo Hasél.

Firmantes: -Juan Pinilla. Cantaor Flamenco

-El Niño de las Pinturas. Pintor de Arte urbano

-Ángeles Mora. Poeta, Premio Nacional de Literatura

-Amparo Sánchez. Amparanoia. Cantante

-Lucía Sócam. Cantautora y activista-Manuel Gerena. Cantautor flamenco, destacado luchador antifranquista-Antonio Manuel Rodríguez. Porfesor de derecho de la UCO y escritor-Andrés Vázquez de Sola. Pintor, periodista, humorista y Decano de loscaricaturistas españoles-Angélica Carmenate. Profesora de Historia del Arte y comisariaexposiciones Vázquez de Sola -Amaranta Cano. Directora gira Carlos Cano y primogénita del cantantegranadino-Francisco Manuel Díaz. Guitarrista y constructor de guitarras-Eduardo Castro. Periodista, poeta y escritor-José María Carrillo. Cantante, vocalista del grupo Gente del Pueblo-Olalla Castro. Poeta y escritora-Ángel Rodríguez “Chanquete”. Cantaor flamenco-Máximo Daza. Vocalista del grupo Tatamka-Tony Moreno. Eskorzo, cantante-Sagrario Luna. Periodista musical-Marisa Asensio. Productora musical-Iván Lezno. Rapero cantautor- Pedro Hidalgo. Fotógrafo y músico- Ihmaele. Integrante de fausto Taranto. Músico, escritor y compositor.- “Blanca Almendrita”. Cantante y cantaora.- Alberto Sapillo. Músico y compositor.- Carmencita Calavera. Cantante y diseñadora. – El Jose. Cantante

Empleadas de Hogar: las eternas explotadas.

Empleadas de Hogar: las eternas explotadas.

En el Estado Español, más de 600.000 personas (mujeres en su mayor parte) son empleadas del hogar. Un Sector profesional que celebra hoy, 30 de marzo, su día internacional y en el que existen muchos derechos por los que pelear.

El 32,5% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza en el Estado Español y la situación es especialmente complicada para una de cada seis, en pobreza severa, que sobreviven con menos de 16 euros al día.

En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, desde el SAT lamentamos que los empleadores no están abonando las cotizaciones del 36% del trabajo del hogar y por tanto se está prestando en la economía sumergida, “lo que equivaldría a 2.600 millones de euros en salarios y a 820 millones de euros que está perdiendo la Seguridad Social”.

De las más de 550.000 mujeres que trabajan en el empleo del hogar, superan el 32% las que vive bajo el umbral de la pobreza, frente al 12 % del conjunto de personas asalariadas..

El 96% de las personas que están dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar (dentro del Régimen General) son mujeres, frente a un 4% de hombres. En cifras totales, hay 405.932 personas de alta en febrero de 2019, de las que 387.701 son mujeres y 18.200, hombres; algo que pone de manifiesto que se trata de un sector altamente feminizado y que, culturalmente, es la mujer la que sigue desempeñando las tareas de cuidados y del hogar. Estas cifras, sin embargo, no recogen el amplio número de personas que trabajan en la economía sumergida.

Por ello, desde el SAT seguimos trabajando y denunciando las condiciones de las personas trabajadoras en el Sector del Empleo del Hogar, demandando:

  • La integración en el Régimen General de la Seguridad Social, reconociendo el derecho a la prestación por desempleo, a la baja por enfermedad, al reconocimiento de enfermedades profesionales, en definitiva, a ser considerada una persona trabajadora con plenitud de derechos y obligaciones.
  • La equiparación de las condiciones y derechos laborales del colectivo de empleadas domésticas, promoviendo la ratificación del Convenio nº 189 y su Recomendación nº 201, adoptados en 2011 por la OIT lo que implicaría, entre otras cuestiones, “la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva”.
  • La garantía de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del sector. Determinar y prevenir los riesgos laborales en el sector, en definitiva, su inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  • La protección efectiva frente a toda forma de acoso, abuso y violencia en el trabajo.
  • Profesionalizar el sector, que implica dignificar la realización de las tareas del hogar.
  • Reconocer la cualificación profesional que tienen quienes vienen desempeñando este trabajo. Este reconocimiento debe producirse mediante la acreditación de la experiencia laboral, abriendo un proceso extraordinario en Andalucía . De esta forma se ayudaría a eliminar el trabajo informal en el sector, y a conseguir avanzar en la plena incorporación al Régimen General de la Seguridad Social de las personas que trabajan en el sector, la mayoría de ellas mujeres.

Desde nuestro sindicato, seguimos denunciando el mercado de trabajo informal que cubre las necesidades de muchas familias en los trabajos domésticos y de cuidados, tanto de menores como de familiares dependientes, debido a los recortes que han afectado a las políticas de dependencia y la falta de corresponsabilidad de las Administraciones. Consideramos inviable que en Andalucía , en pleno siglo XXI, continúen trabajando personas sin una cualificación profesional acreditada.

Regulación sobre el trabajo de las empleadas de Hogar.

https://www.mites.gob.es/es/portada/serviciohogar/nueva-regulacion/index.htm

LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS LABORALES

 

 

SAT Y USTEA SE ENTREVISTAN CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.

SAT Y USTEA SE  ENTREVISTAN CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.

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Hoy, una delegación de los sindicatos USTEA – Enseñanza y SAT hemos mantenido una entrevista con la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, reunión a la que han asistido el jefe de asuntos jurídicos y la secretaria general de la legación gubernamental en nuestra ciudad.

Tanto Javier Valdés, por USTEA, como Paco Cabello, por el SAT, hemos hecho hincapié en la profunda preocupación y rechazo que nos han causado las detenciones, encarcelamientos y actuaciones policiales de las pasadas semanas en relación con las manifestaciones que acontecieron exigiendo la libertad de Pablo Hasel.

En el curso de la entrevista le hemos manifestado nuestra repulsa y deseo de derogación de la Ley Mordaza, así como que desde nuestros sindicatos no se van a tolerar violaciones de los Derechos Fundamentales ni detenciones arbitrarias. Del mismo modo, le hemos recalcado que las actuaciones policiales y los “deseos de aplicar medidas ejemplarizantes” son incompatibles con un sistema democrático.

(FOTOGRAFÍA DE LA CONCENTRACIÓN DEL 26 DE FEBRERO EXIGIENDO LA LIBERTAD DE LOS ENCARCELADOS EN ESPERA DE JUICIO)

Por parte de la subdelegada y su equipo jurídico se nos ha hecho saber que “toman nota de todas nuestras palabras y quejas” y que arbitrarán las medidas OPORTUNAS y actuarán de una manera absolutamente neutral en estos asuntos.

No está nunca de más que Movimientos sociales – como somos los sindicatos- vayamos y exijamos justicia ante las autoridades y más en situaciones de abusos policiales como las que parte de la ciudadanía granadina hemos tenido que sufrir estos días pasados.

Antes de terminar con la entrevista hemos puesto en conocimiento de la subdelegada la manifestación que está convocada en DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN el próximo 8 de abril y a la que ya se van sumando numerosos personajes del mundo de la Cultura y de las organizaciones de la izquierda Granadina.

GRANADA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

LIBERTAD PABLO HASEL Y DETENIDOS POR LUCHAR.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA.