ACIDESA: la lucha constante contra la precariedad y la reforma Laboral.

ACIDESA: la lucha constante contra la precariedad y la reforma Laboral.

Hace exactamente 14 años se creaba la empresa ACIDESA (Atarfe Ciudad Deportiva S.A.), sociedad de capital 100 % público mediante la cual el ayuntamiento de Atarfe venía a agrupar los servicios y gestión de las instalaciones deportivas del municipio. ACIDESA, además de la gestión de las infraestructuras e instalaciones deportivas del municipio (gimnasio, pistas de pádel, campo de fútbol, piscina, pabellón de deportes, etc), organiza actividades físico – deportivas, ocio, tiempo libre y salud, realiza eventos deportivos, así como se ocupa del desarrollo de acciones formativas, etc e integra en sus instalaciones al equipo de fútbol local así comoa algunas otras sociedades y clubes deportivos.

El hecho de que en el año 2008 el ayuntamiento decidiera crear ACIDESA en algo bastante comprensible si nos remontamos a la historia reciente y previa de primeros ediles, concejales y equipos municipales denunciados, procesados y siendo los protagonistas de los permanentes escándalos que sufrió el municipio atarfeño a causa de las trapacerías y vesania especulativa y delictiva de la mayor parte de los políticos que rigieron los destinos de la localidad situada en la zona centro – norte de la Vega de Granada.

– ¿Pero, qué es, al fin a y al cabo, una sociedad?-

La sociedad es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica distinta de los socios que constituyen la sociedad. Es más, esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios individualmente considerados.

– ¿ Vamos siguiendo el hilo, u os damos algún dato más?-.

La Sociedad Anónima es una persona jurídica conformada por accionistas que reúnen un capital común. Cada socio accionista responde hasta el monto de dinero que aportó, lo que implica que la responsabilidad es limitada.

Las sociedades anónimas son administradas por un directorio que debe tener como mínimo tres miembros, que, a su vez, deben elegir un gerente y un presidente.

Se caracterizan además porque las decisiones se toman por mayoría, es decir a través de la votación de todos los socios que la conforman.

En el caso que nos ocupa, ningún responsable municipal tendrá que hacer frente a ninguna responsabilidad, pues los fondos aportados son estrictamente municipales al igual que los miembros del Consejo de Administración no son otros que los concejales del consistorio.

Así el ayuntamiento “salva el culo” ( salvó en su día el culo) a unos políticos que presuponía corruptos o tendentes a serlo y evitó meterse en vericuetos tales como los de velar por la transparencia de la contratación pública, buscar la estabilidad real de sus empleados y “demás zarandajas” para convertir a trabajadores eminentemente públicos en simples empleados de una sociedad anónima.

El chiringuito de la Negociación Colectiva y ACIDESA: presente y futuro.

Así y en virtud de la creación de ACIDESA, nos encontramos en el año 2022 con una plantilla de trabajadoras y trabajadores que, pese a gestionar los servicios municipales deportivos de Atarfe, se rige – al contrario que la mayoría de empleados públicos del municipio- por el convenio estatal de Gimnasios e Instalaciones Deportivas, un convenio que no se adapta a las peculiaridades y diversidad de servicos que desde ACIDESA se ofrecen, pero un convenio que -al igual que la legislación laboral- es repetidamente ignorado e incumplido por el consejo e administración que no son otros que una parte de los concejales.

AytoAtarfe

Por si faltara poco, los y las trabajadoras de ACIDESA deben sufrir la inacción de CCOO-UGT en la mejora del convenio estatal que lleva años prácticamente inalterado y del paripé de la representación unitaria de los trabajadores que aquí desempeña un delegado de personal de la UGT que ni representa, ni negocia ni defiende otros intereses que no sean los del propio ayuntamiento atarfeño, que “pone a la firma” del delegado sindical todo aquello que quiere aplicar, sabedor de que el representante de los trabajadores lo firma y acata.

Últimamente los trabajadores de ACIDESA han visto cómo se les hacía llegar una notificación de que “disponían” ( los que tuvieran jornada continuada) de 20 minutos como “tiempo del bocadillo” y que durante ese tiempo no podían ausentarse del trabajo, sino que debían consumirlo en el centro de trabajo. El escrito referido apunta que “ ese es el acuerdo negociado entre el consejo de administración y el representante de los trabajadores (sic)…» Lo que ocurre es que esos 20 minutos se encuentran de por sí recogidos, no ya en el convenio, sino en el propio Estatuto de los Trabajadores, así que habrá que preguntarse qué cuernos ha negociado el representante de la UGT si el acuerdo que obtiene es el que ya existe reconocido legalmente para todas y todos los trabajadores.

Hace unos meses, el propio representante de la UGT hizo circular una propuesta de “convenio de empresa” ( que le pasó la empresa, dicho sea de paso), sin tan siquiera molestarse en comprobar que el documento que “había negociado” con el consejo e administración no era otra cosa que un “corta y pega” del convenio ya vigente con algunas mejoras para la empresa, que no para los trabajadores.

Primera sentencia contra los despidos.

Pero lo peor de lo peor de esta “política sindical” de la UGT ( que consiste en tener delegados al coste que sea, aunque el coste sea no hacer nada) es que, tras el verano, cinco trabajadores “correturnos” y habitualmente los que venían cubriendo vacaciones de otros, etc. eran despedidos por ACIDESA con la intención, obvia, de privatizar el servicio en un futuro próximo y de disponer, mientras tanto, de esas plaza a antojo. En ningún momento el delegado de la UGT informó a los trabajadores despedidos de que esos licenciamientos eran ilegales y, de ninguna manera, se dispuso el delegado a defender el derecho al trabajo de los compañeros arbitrariamente despedidos.

En todos los casos expuestos y en muchos otros, ha sido la sección sindical del SAT la que ha tenido que explicar y defender a las compañeras y compañeros y, en concreto, el 18 de enero de este mismo 2022, el Juzgado de lo Social n.º 1 de Granada dictaba sentencia a favor del primero de los compañeros despedidos reconociéndoles su relación laboral con el ayuntamiento, como trabajador fijo-discontinuo, con su categoría y jornada de 35 horas semanales y con la condena al consejo de administración de ACIDESA a abonarle las diferencias salariales no pagadas.

Tras esta sentencia irán cayendo el resto para que los trabajadores despedidos por el ayuntamiento e ignorados por el “representante de los trabajadores” recuperen su empleo y sus derechos.

Y en estas seguimos, con una “negociación colectiva” que no existe y que es una pantomima y con un futuro incierto para las compañeras y compañeros de Atarfe Ciudad deportiva S.A.

SAT Granda.

Secretaría de acción sindical.

Subsidio Agrario y Renta Agraria 2022

Subsidio Agrario y Renta Agraria 2022

Subsidio Agrario y Renta Agraria

La renta agraria se trata de un subsidio por desempleo destinado para los trabajadores eventuales del campo en las zonas de Andalucía y Extremadura afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social de Andalucía y Extremadura.

Existen dos tipos de subsidio por desempleo como medidas de protección:

  1. Subsidio agrícola a favor de las personas trabajadoras eventuales del Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social.
  2. Subsidios especial agrícola a favor de las personas trabajadoras eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuanta Ajena Agrarios de la Seguridad Social mayores de 52 años.

Tanto el Subsidio Agrario, Renta Agraria como Subvención Agrícola en su conjunto forman las Ayudas REASS.  Estas ayudas se pueden definir como un subsidio de 430€ mensuales que pueden cobrar durante 6 meses todos aquellos trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura que acreditan el número de peonadas mínimas del año anterior.

Requisitos para el subsidio agrario

Los requisitos para cobrar la renta agraria son los siguientes:

  • Estar desempleado o inscrito como demandante de empleo.
  • Tener entre 16 años y la edad mínima de jubilación.
  • Estar empadronado en alguna localidad de Andalucía o Extremadura y haber percibido este subsidio en alguno de los 3 años anteriores a la fecha de su solicitud.
  • Estas inscrito en el Sistema Agrario de la Seguridad Social (SEASS) como un trabajador por cuenta ajena, en situación de alta o asimilada al alta y al corriente del pago de la cuota fija.
  • Debe haber transcurrido más de 12 meses desde el inicio del último subsidio recibido.
  • No te debes encontrar en ninguna situación incompatible con este subsidio.
  • Debes tener un mínimo de jornadas reales de trabajo, es decir, de peonadas. Debes haber trabajado un mínimo de 35 jornadas al año. En el caso de ser beneficiario del empleo comunitario de 1983, puedes acceder con 20 jornadas y cotizaciones en trabajos AEPSA.

¿Cuánto se cobra con este subsidio agrario?

El subsidio medio que puedes recibir es de 512€ al mes pero cuidado le debes restar 86€ por el sello agrario que deben ser abonadas por los jornaleros. En definitiva, recibes un total de 430€ mensuales  siendo el mismo importe que reciben los beneficiarios del resto de subsidio de empleo.

IMPORTANTE: una vez finalizado este subsidio, no podrás acceder al Plan Prepara ni a cualquier otro subsidio por desempleo o a la Renta Activa de Inserción (RAI).

¿Cuánto dura el subsidio agrario?

La duración del paro agrícola o subsidio agrario depende de varios factores:

  • Trabajadores con 35 o más jornadas reales: en este caso tenemos que identificar según la edad.
    • Menor de 25 años y sin cargas familiares: deberás multiplicar 3,43 por cada día cotizado con un máximo de 180 días.
    • Menor de 25 años con cargar familiares y todos aquellos trabajadores que tengan entre 25 y 52 años: en este caso tienen que tener en cuenta los 180 días de subsidio.
    • Estar entre los 52 y 59 años: con o sin cargas familiares, tienen que tener en cuenta 300 días.
    • Más de 60 años: quienes tengas más de 60 años y mayores de 52 que tengan el periodo de cotización para acceder a una pensión de jubilación del SEASS pero no pueden hacerlo por no tener la edad mínima. En este caso independientemente de que tengan responsabilidades familiares o no tienen que tener en cuenta 360 días.
  • Trabajadores con menos de 35 jornadas reales pero fueron beneficiarios del empleo comunitario del año 1983:
    • 20 jornadas cotizadas: en este caso te corresponde 100 días de subsidio.
    • 21 y 35 jornadas: en este caso depende de la edad.
      • Entre 29 y 52 años: debes multiplicar 5,33 días de subsidio por cada jornada laboral.
      • Entre 52 y 60 años: debes multiplicar 13,33 días de subsidio por cada jornada.
      • Mayores de 60 años: 17,33 días de subsidio por jornada cotizada.

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Documentación necesaria para solicitar el subsidio agrario

  • Modelo Oficial de la Solicitud.
  • Identificación de la persona que solicita este subsidio y sus familiares. En este caso hay que diferenciar entre:
    • Españoles: deben identificarse con el DNI o pasaporte.
    • Extranjer@s residentes en España:
      • Nacionalidades de la Unión Europea: deben entregar el certificado de registro de cuidadan@ de la Unión Europea en el que conste el NIE, pasaporte o documento identificador en su país de origen.
      • No nacionales de la Unión Europea: se deben identificar con la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y el pasaporte.
  • Documento bancario que aparezca el número de cuenta que seas tú el titular.
  • Libro de familia o documento equivalente en el caso de ser persona extranjera.
  • Sentencia o convenio regulador en el caso de separación o divorcio.
  • Resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento en el que conste el consentimiento por la Entidad Pública que en cada territorio tenga encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.
  • Dependiendo de la situación, debes entregar otros documentos:
    • Justificante, en su caso, de los ingresos obtenidos en los doce meses anteriores a la solicitud, por la persona solicitante y por quienes componen la unidad familiar que consten en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 de la solicitud, distintos a los obtenidos por trabajos en tareas agrícolas como persona trabajadora por cuenta ajena de carácter eventual.
    • Certificado de Empresa firmado y sellado por las distintas empresas en las que se haya trabajado, si estas no lo han enviado al Servicio Público de Empleo Estatal.
    • Certificación emitida por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, en la que consten las jornadas trabajadas en faenas agrícolas temporales en el extranjero.
    • Certificado de Empresa de las jornadas PER/AEPSA trabajadas en los 12 meses anteriores a la situación de desempleo emitido por el organismo inversor.

Renta agraria

La renta agraria es una prestación por desempleo al Régimen Agrario de la Seguridad Social de Andalucía y Extremadura.

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¿Quien puede pedir la renta agraria?

La renta agraria la pueden pedir aquellos trabajadores que están incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social (SEASS) residentes en Andalucía y Extremadura y que se encuentra alguna de estas dos situaciones:

  • Estar desempleado y NO poder ser beneficiario del Subsidio agrícola debido a que no ha sido beneficiario del subsidio en algunos de los 3 años anteriores a la fecha de solicitud.
  • Tener un contrato fijo de forma discontinua y dejar de prestas servicios a consecuencia de la finalización, interrupción de la actividad de la empresa o se ha quedado suspendida la actividad a consecuencia de causas económicas, tecnológicas o cualquier otra fuerza que han acabado con dicho trabajo.

Requisitos que hay que cumplir para la renta agraria

  • Si es tu primera vez, debes estar inscrito en SEASS durante 12 meses anteriores a la solicitud.
  • Si eres mayor de 45 años, debes haber permanecido o debes permanecer en SEASS a lo largo de tu vida laboral con los siguientes periodos de cotización:
    • 45 a 51 años: debes tener 5 años de inscripción en SEASS.
    • 52 a 59 años: debes tener 10 años de inscripción en SEASS.
    • 60 o más años: debes tener 20 de inscripcion en SEASS.
  • No ser solicitante o su cónyuge titulares de explotaciones agropecuarias.
  • Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo y suscribirse en el compromiso de la actividad.
  • Tener el domicilio en alguna localidad de Andalucía o Extremadura.
  • No haber cumplido la edad mínima que te permita obtener una pensión de jubilación.
  • No haberse beneficiado del subsidio por desempleo agrario en alguno de los 3 años anteriores a la solicitud.
  • Estar al corriente del pago de las cotizaciones.
  • Carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo anual superen la cuantía mínima del Salario Mínimo Interprofesional.

Duración de la renta agraria

En este caso, la duración depende de la edad del solicitante, si tiene o no responsabilidades familiares y el total de días trabajados en los 12 meses anteriores.

  • 16 a 24 años
    • Con responsabilidades familiares: la duración de la renta agraria será de 180 días.
    • Sin responsabilidades familiares: su duración sera de 3,4 días por cada día trabajado con un máximo de 180 días.
  • 25 a 51 años: independientemente de si tienes o no responsabilidades familiares, su duración de la renta sera de 180 días.
  • 52 o más años: independientemente de tiener o no responsabilidades familiares, su duración de la renta sera de 300 días.

¿Cuándo se recibe la cuantía de la renta agraria?

La cuantía la recibirás a partir del día siguiente en el que se cumpla los 3 meses desde la fecha de solicitud, salvo que en el plazo, el solicitante se coloque o participe en acciones de inserción laboral.

Plazo para pedir la renta agraria

Para pedir la renta agraria, debes estar inscrito como demandante de empleo o apuntarte al paro en el momento en el que vayas a pedir dicha renta.

Dicha solicitud puede presentarse:

  • Si es tu primera vez: debes presentarla a partir de la situación de desempleo.
  • Si lo has recibido con anterioridad: debe de ser a partir de de los 12 meses transcurridos al menos desde el inicio del derecho anterior.

Valores mensuales y anuales del SMI y del IPREM para el año 2022.

https://satgranada.org/2022/01/06/paro-subsidos-rai-y-otras-actualizaciones-para-el-2022/(abre en una nueva pestaña)
SMI IPREM
MENSUAL 965,00 € 579,02 €
ANUAL 13.510 € (14 pagas) 6.948,24 €

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(Descarga el contenido de la Hoja Informativa)

Nota info

Entra en vigor la reforma laboral

Entra en vigor la reforma laboral

Por Paco Cabello.

Secretario de acción sindical del SAT de Granada

Entra en vigor la reforma laboral: algunas de las claves más trascendentes.

El Real Decreto-ley que implanta la Reforma Laboral 2021 pactada entre el Gobierno y los agentes sociales entrará en vigor este viernes, 31 de diciembre, tras su publicación el 29 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, el nuevo marco de contratación establecido en esta norma entrará en vigor tres meses después de la publicación del decreto en el BOE, por lo que las empresas tendrán de plazo hasta el 30 de marzo para adaptarse al mismo.

Los contratos de obra o servicio y los eventuales por circunstancias de la producción celebrados desde hoy hasta el 30 de marzo de 2022 se regirán por la normativa legal vigente en la fecha en la que se hayan concertado, pero su duración no podrá superar los seis meses.

En el caso de haberse celebrado antes del 31 de diciembre, estos contratos, así como los contratos fijos de obra de la construcción, resultarán de aplicación hasta su duración máxima.

La reforma laboral, aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros, persigue poner coto a la temporalidad, devolver todo el poder ( y los dineros y subvenciones) a CCOO-UGT en la negociación colectiva e incorporar a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que sustituirán a los utilizados en pandemia, pero con el mismo objetivo: dar todo el poder regulatorio a los empresarios arguyendo que así se evitarán los despidos.

Contrato de trabajo.

El contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse contratos temporales con causas que los empresaurios consideren oportunas.

La reforma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse contratos temporales con las siguientes causas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo.

El primero sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno.

Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas ( esto va a aser «mortal» para el ya precarizado sector agropecuario), por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. En este tiempo, las empresas podrán realizar contratos temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada dentro de la contratación fija.

De esta forma, se abandona el contrato por obra o servicio para sustituirlo por otros más breves en el tiempo, que permitía temporalidades que en algunas ocasiones llegaban a los cuatro años.

El contrato temporal por sustitución podrá celebrarse para sustituir a personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional, así como para cubrir vacantes durante un proceso de selección. En este último supuesto la duración del contrato no podrá exceder de tres meses.

Con esta reforma, el contrato de obra en la construcción pasará a ser indefinido y cuando finalicen las tareas de la obra para la que ha sido contratado un trabajador, la empresa tendrá que indemnizarle,  recolocarle en otra obra o formarle.

Si el trabajador rechazara la oferta o no pudiera recolocarse por no existir puesto adecuado, se producirá la extinción del contrato, con una mísera indemnización del 7% calculada sobre los conceptos salariales establecidos en convenio colectivo.

Los sectores que estacionalmente recurren a contratos temporales tendrán que utilizar a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación de contratos el fijo-discontinuo, que, en principio, pueden dar lugar  a los mismos derechos que el resto de indefinidos.

Los trabajadores con este tipo de contratos serán colectivo preferente para las acciones formativas. Los convenios sectoriales podrán establecer bolsas de empleo ( al servicio del enchufismo y clientelismo de los sindicatos del pesebre y la patronal) para, supuestamente,  favorecer su contratación y mejorar su formación durante los periodos de inactividad.

Asimismo, la norma reducirá a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente, lo que constituye una nueva institualización y legislación de la contratación precaria.

Multas de hasta 10.000 euros

El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. Las sanciones por el uso fraudulento de la contratación temporal se elevan desde un máximo de 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros y pasarán a aplicarse por cada situación fraudulenta y no por empresa, como hasta ahora.

Además, la reforma penalizará con una tasa fija a las empresas que abusen de contratos temporales inferiores a 30 días: tendrán que pagar una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 euros por cada contrato que den de baja.

Esta penalización será creciente. Así, cuantos más contratos de corta duración se den de baja, mayor será el desincentivo. Con un contrato corto de 10 días la penalización será de 26 euros; si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días de duración, el sobrecoste en la cotización sería de 52 euros.

Esta cotización adicional no se aplicará excepcionalmente a los regímenes especiales de trabajadores por cuenta ajena agrarios, de empleados de hogar, de la minería del carbón y tampoco a los contratos por sustitución.

Los «nuevos» contratos de formación

Al mismo tiempo, la reforma refuerza la definición y causalidad del contrato formativo, ofreciendo dos tipos de contrato: el de formación en alternancia, que combinará trabajo y formación, y el contrato para la adquisición de la practica profesional.

En el primero de ellos, las jornadas no podrán superar el 65% el primer año y el 85% en el segundo año, sin poder realizar horas extra, trabajo a turnos o jornadas nocturnas. La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar del 60% el primer año y del 75% en el segundo año. Nunca será menor al SMI proporcional a la jornada y un tutor se encargará de monitorizar el plan formativo individual.

Por su parte, los contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta un máximo de tres años (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación. Tendrán entre seis meses y un año de duración. La retribución será la propia del convenio para el puesto y contarán también con seguimiento tutorial.

El decreto deroga  la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores que permitía acometer despidos por causas económicas en las administraciones públicas, disposición que sognificaba una amenza que, hasta el momento, nunca se había aplicado desde el año 2012.

Negociación colectiva, y ERTE

La norma recupera la ‘ultraactividad’ plena de los convenios colectivos, de forma que éstos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo.

Además, el convenio de sector recuperará alguna ( que no toda) su prevalencia sobre el convenio de empresa. En una clara cesión y claudicación ante los empresarios, se regula que el convenio de empresa  podrá regular la elección entre abono o compensación de horas extras; el horario y la distribución del tiempo de trabajo; la adaptación de la clasificación profesional y las medidas de conciliación familiar, pero no la jornada laboral ni el salario.

Además, a las contratas y subcontratas se les aplicará el convenio del sector de la actividad realizada o el de la empresa principal. El convenio de empresa sólo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación.

Asimismo, la norma potencia los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que ponen en manos de losempresarios el futuro y salarios de trabajadoras y trabajadores, pero que pagaremos entre todos . De este modo se generaliza la legislación laboral ordinaria  a favor de los ERTE empresariales que se han utilizado masivamente durante la pandemia,  ahora con mayores facilidades para su tramitación, y creará unos nuevos bajo la denominación Mecanismo RED para responder ante  supuestas crisis cíclicas o sectoriales, o lo que es lo mismo: para cuando los empresaurios consideren necesario aplicarlos.

El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por la reforma mediante el análisis de los datos de la contratación temporal e indefinida en enero de 2025, publicando la tasa de temporalidad general y por sectores, evaluación que deberá repetirse cada dos años.

«REFORMA LABORAL» SIGUE SIGNIFICANDO LO MISMO.

«REFORMA LABORAL»  SIGUE SIGNIFICANDO LO MISMO.

REFORMA LABORAL SIGUE SIGNIFICANDO LO MISMO.

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Por Paco  Cabello

Portavoz del SAT de Granada

La ministra de empleo y sus corifeos nos anuncian a bombo y platillo la próxima promulgación de una nueva Reforma Laboral acordada por UGT-CCOO, la Patronal y el gobierno de Madrid. El acuerdo no supone una derogación de la reforma del PP, como han defendido durante meses algunos sectores del Gobierno, en especial la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El texto enmienda levemente algunos de los aspectos más lesivos como el abuso de las subcontratas, y pretende ser más ambicioso en la lucha contra el auge de la citada temporalidad, pero su redacción final no atenta básicamente contra ninguna de las disposiciones neo-liberales aprobadas por el gobierno de Rajoy en el 2012 – y cuyo camino ya había señalado el PSOE de Zapatero- . De hecho, que se hayan mantenido las cuantías de las indemnizaciones por despido dentro de un ERE (de 20 días por año trabajado) se entiende como un gesto en busca del consenso con los empresarios.

Reforma 1

Mariano Hoya, vicesecretario general de política sindical de UGT, celebra el acuerdo: “Es la primera reforma laboral que se hace en democracia en la que se recuperan derechos”. Tanto CEOE como Cepyme han asegurado a través de un comunicado que el acuerdo “consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo”; del mismo modo que “mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la paz social”.

Total, que de recuperar los derechos laborales y sociales birlados a la Clase Trabajadora entre el 2010 y el 2012, nada de nada. La nueva reforma viene a apuntalar y acrisolar unas políticas dictadas por Bruselas que exigía, precisamente, el respaldo de patronal y sindicatos burocratizados como una de sus principales demandas y que la propia Comisión Europea ha impuesto supervisando de cerca el sentido de las negociaciones.

Los derechos sociales, pues, siguen cercenados en el Estado Español y esta monumental injustica vuelve a apuntalarse sobre algunas de las patas sobre las que se asienta esa abstracción metafísica que significa el Estado: gobierno, patrones y lameculos – o vende obreros- de los patrones ( CCOO-UGT).

Reforma 2

Los derechos sociales, como su nombre indica, van ligados al concepto de sociedad, es decir, necesitan de la existencia de una sociedad, de grupos organizados en los que cada persona desempeña unos roles y ocupa un lugar que le es reconocido por sus semejantes, para poder existir. Y cuando se condena a alguno de estos grupos sociales a estar a la merced de los más poderosos ya no podrán ni sostenerse ni mucho menos asegurar la existencia de tales derechos.

Los derechos sociales fundamentales, que más tarde dieron origen a lo que se llamó Estado Social, se pueden resumir así:

  • Derecho a un empleo y a un salario justo.

  • Derecho a la protección social en casos de necesidad (seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc.).

  • Derecho a la vivienda.

  • Derecho a la educación gratuita y de calidad.

  • Derecho a la sanidad pública y universal.

  • Derecho a un entorno saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad.

  • Derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria.

Cuando el Partido Popular obtuvo su última victoria electoral, y tras la investidura de Rajoy como presidente el martes 20 de diciembre del 2011, no tardó más de cincuenta días en imponer la más feroz e injusta reforma laboral de las hasta entonces acaecidas en el estado Español y que vinimos a padecer todas las trabajadoras y trabajadores.

La Reforma Laboral del Partido Popular se hizo por decreto, sin consensuar ni preguntar a nadie qué les parecía aquella imposición destinada a machacar a la clase trabajadora en beneficio de los más poderosos.

Yolanda Díaz, vendida por socialdemócratas, podemitas y el Partido Comunista de España como futura lideresa de la izquierda y “gran esperanza blanca”, ha estado mareando la perdiz durante meses y engañando a los propios y extraños que se hayan dejado engañar, para acordar junto a Nadia Calviño, CCOO-UGT y los patrones una serie de disposiciones que pretenden perpetuar la Reforma Laboral del PP, tan aplaudida en su momento por la troika comunitaria.

Nada de que trabajadoras y trabajadores recuperemos los derechos perdidos; nada de justicia social.

O dicho de otro modo, si el principal objetivo del derecho social es intervenir en las situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad para velar por el reconocimiento de las personas afectadas: adiós al Derecho Social.

La coalición de gobierno del PSOE y UNIDAS PODEMOS nunca tuvo en su agenda la erradicación de la propia reforma y de sus nefastos resultados que hoy en día vivimos con su mayor crudeza.

Reforma Laboral sigue significando lo mismo: todo para unos pocos y nada para la Clase Trabajadora.

Yolanda Avería

PINCHA AQUÍ Y PODRÁS DESCARGAR EL ÚLTIMO BORRADOR DE LA REFORMA LABORAL  QUE HA FILTRADO EL GOBIERNO.

Borrador Reforma Laboral

La Reforma Laboral MATA.

La Reforma Laboral MATA.

Reforma 4

La reforma laboral mediante la cual se favorece las cadenas de subcontratación, la precariedad y permite al empresario sortear e incumplir la ley, son los motivos principales por los cuales no dejan de subir las cifras de siniestralidad laboral.

Entre los datos de muertes en el trabajo, de los cuales habría que destacar que el mes de octubre de 2021 ya se había superado ampliamente la cifra del año anterior completo ascendiendo el dato hasta los 130 fallecidos, destaca – como no- Andalucía, a la cabeza en las cifras de accidentados y decesos.

La lacra de los accidentes de trabajo en Andalucía no deja de arrojar datos muy preocupantes en modo de muertes en el trabajo y de accidentes laborales que provocan situaciones de incapacidades e invalidez, los escalofriantes datos del primer semestre a nuestra comunidad autónoma con mayor índice de accidentalidad de todo el país pese a que también es la que cuenta con mayor número de personas desempleadas y en la que la actividad industrial es prácticamente testimonial al haber quedado prácticamente relegada al sector servicios, agricultura…

Resulta muy llamativo que Andalucía, nacionalidad con el mayor índice de paro, también ostente el dudoso honor de encabezar el ranking de muertes y accidentes en el tajo, teniendo en cuenta además que muchos de los accidentes que se producen se invisibilizan y no se computan oficialmente, como pueden ser los que se producen entre las filas de las mujeres y hombres que nutren la economía sumergida en nuestra tierra.

La situación de emergencia en materia de seguridad en el trabajo es un hecho incontestable en Andalucía y se hace preciso que, con urgencia, se establezca un plan de actuación institucional contra la grave situación de indefensión que sufren los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo, a los que se les niega u omite el derecho a la formación en materia de prevención de Riesgos laborales, no se les dota de los Equipos de Protección Individual legalmente establecidos y en muchos casos son inadecuados, no se realizan las evaluaciones de riesgos preceptivas de los centros de trabajo, de las máquinas y herramientas, etc. todo ello aderezado con la falta de cultura preventiva en el trabajo tanto de los empresaurios como de las personas trabajadoras, la falta de Inspecciones ante la exigua plantilla de Inspectores/as de Trabajo y la precariedad laboral que fuerza a hacer valer el trabajar de cualquier modo a trabajar con seguridad y salud laboral.

Un muerto en Andalucía cada 60 horas.

La cifra de trabajadores fallecidos durante los primeros siete meses del año ascendió ya a 87, lo que supone un aumento de casi un 36% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa que en Andalucía muere un trabajador cada 60 horas.

Reforma laboral 3Escandalosa es la cifra del número de trabajadores fallecidos en accidente in itínere, con un aumento de casi un 138%, lo que demuestra que a medida que se ha ido retomando la actividad presencial en los centros de trabajo, la realidad evidencia lo que hemos venimos denunciando, y que no es más que la escasa o nula implantación de medidas de prevención y formación en las empresas que atajen de forma radical esta hemorragia de accidentes laborales.

La provincia de Córdoba es donde más se ha acusado este ascenso de accidentes mortales, aumentando su cifra en un 150% en comparación con 2020, ostentando Granda unas cifras tremendamente escandalosas.

La construcción, la peor parte

Este mismo ascenso de la siniestralidad se plasma en todos los sectores de actividad, donde el sector de la construcción es el que sufre un brutal incremento en el número de accidentes mortales, suponiendo un aumento del 89%, seguido de cerca del sector servicios, donde el ascenso supone 71% de incremento con respecto a 2020.

De entre todos los accidentes registrados durante el mes de julio, destacamos la muerte de un joven de 25 años en su primer día trabajo en accidente in itínere.

En relación a las enfermedades profesionales, en Andalucía sigue existiendo una infra declaración de las mismas. Nuestra tierra tiene un 16% de asalariados del total del territorio Estado Español, sin embargo solo declara el 5,35% de los partes de enfermedades profesionales hasta el mes de julio con respecto a la totalidad del Estado.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Granada demandamos soluciones a las Administraciones competentes y también a la Inspección de Trabajo para incremente el número de visitas a las empresas, lo que debe conllevar el aumento en el número de efectivos. Exigimos, pues desde SAT Granada, que se actúe de manera contundente contra aquellas empresas que incumplen sistemáticamente la ley y donde las condiciones laborales dejan a los trabajadores y trabajadoras en un estado de indefensión, aceptando realizar tareas sin las medidas de protección ni prevención adecuadas bajo la amenaza del despido.

Reforma laboral 1

Ante esta situación, desde SAT Granada , demandamos la implantación de un plan de choque en el que entre otras medidas esenciales, se impongan soluciones urgentes y extraordinarias que vengan a enmendar la ausencia de controles y planificación imprescindible entre el gran número de pequeñas empresas que conforman el tejido productivo andaluz y carecen de representación de los trabajadores/as, ya que está demostrado que las empresas en la que existen delegados/as de prevención, las estadísticas de siniestralidad laboral son más bajas.

Desde SAT Granada llamamos a la movilización permanente para conseguir:
1- Que se deroguen ya las reformas laborales del 2010 (elaborada e instaurada por el PSOE) y 2012 ( del PP).
2- Derogar el pensionazo, volver a la edad de jubilación de 65 años y establecer la pensión mínima exigida por el movimiento pensionista (1.080 €).
3- Que se derogue la LOMCE y se reviertan los salvajes recortes sufridos por la  educación y la sanidad públicas durante los últimos 10 año; y, acabar con los conciertos educativos.
4- La Jornada laboral de 35 horas sin reducción del salario.
5- Ampliación de los permisos de maternidad, también de los de las mujeres no asalariadas y precarias, y protección a la crianza por encima de los intereses del mercado.
6- La Derogación del Articulo 135 de la Constitución que antepone el pago de la deuda a las necesidades de la gente.
7.- Exijamos unas medidas realmente efectivas que terminen con la especulación inmobiliaria, con los desahucios y aseguren a todas las familias trabajadoras el derecho a una vivienda digna y a los suministros básicos como son el agua y la electricidad.
¡ ADELANTE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE LUCHAN POR LA DIGNIFICACIÓN DE
LA VIDA DE LA CLASE OBRERA!
¡ DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!
¡ VIVA LA CLASE TRABAJADORA!

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Notas:
– Se incluyen los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial (véase Nota metodológica).
– La distribución territorial se realiza según la provincia de la autoridad laboral que recepciona el accidente.
Modificación importante en la definición de accidente mortal: Bajo el epígrafe de accidente mortal se incluyen todos los fallecimientos a consecuencia del accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de la gravedad inicial.

Por el reconocimiento a los complementos salariales para el PDI de la UGR!

Por el reconocimiento  a los complementos salariales para el PDI de la UGR!

¡A igual trabajo igual derecho! Por el reconocimiento y el derecho a complementos salariales para el PDI de la UGR!

MANIFA

 

Un año más, vuelve a abrirse la convocatoria de los complementos por docencia (quinquenios) y una vez más la UGR deja fuera al personal laboral temporal. Como seguramente se quedarán también fuera de la convocatoria de los complementos por investigación (sexenios) el mes que viene, y como sistemáticamente dejan fuera del complemento de antigüedad (trienios).
Esta situación no es arbitraria, responde al acuerdo llegado entre las universidades y los sindicatos mayoritarios en el convenio colectivo del personal docente e investigador de 2008, convenio en el que se acordó dejar fuera de dichos complementos al personal laboral temporal, algo que desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (Sección PDI de la UGR) llevamos años denunciando pues supone una evidente discriminación laboral.
En los últimos meses los juzgados nos están dando la razón. Primero los juzgados obligaron a la UGR a pagar complementos al los PCD interinos ‘por el principio de igualdad con los laborales indefinidos o fijos’. Después, el Tribunal Superior en Madrid obligó a las Universidades madrileñas a reconocer los complementos al personal laboral temporal y hace días la justicia andaluza obliga a la UGR a reconocer todos los complementos a TODO el personal.
Dictan así algo que desde el SAT venimos reivindicando desde hace años: a igual trabajo realizado, los derechos deben ser también iguales. Desde el SAT vamos un paso más allá. La multiplicidad de categorizaciones laborales a la que se ve sometido el personal laboral universitario no es más que un mecanismo de precarización y merma de derechos, especialmente plausible en el caso del Profesorado Ayudante Doctor: ¿No tiene el PAD la misma carga docente que el personal indefinido? ¿No investiga de la misma forma? ¿No evalúa, coordina asignaturas y firma actas en las mismas condiciones? No hay nada, en el desempeño de sus funciones, que justifique que el PAD, el PSI o los postdoctorales, no puedan solicitar complementos de antigüedad, investigación o docencia igual que lo hace el personal indefinido.
No obstante, la UGR no tiene intención de contemplar dichos complementos, y sólo mediante la presión podremos hacerlos efectivos por lo que animamos a todo el personal laboral no sólo a reivindicar sus derechos en los juzgados si no a exigirlos también mediante la movilización. Solo así podremos avanzar en la igualdad salarial y en la equiparación de derechos del personal laboral fijo y no fijo.

Para tratar todos estos temas, para informar al persona docente e investigador y para prepara acciones de presión y movilizaciones os convocamos a una asamblea informativa el próximo jueves 2 de diciembre a las 12:00 en la oficina del Sindicato Andaluz de Trabajadores en el Edificio de Sindicatos del Complejo Administrativo Triunfo. La reunión se transmitirá también mediante una sala virtual a la que os podréis conectar mediante el siguiente enlace:https://meet.google.com/rkv-sqgx-bcj
Allí os esperamos para organizarnos por el reconocimiento y el derecho de complementos salariales a todo el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada.

“Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitamos de toda nuestra fuerza.”
Antonio Gramsci

Huelga del Metal de Cádiz: punto y…¿ final?

Huelga del Metal de Cádiz: punto y…¿ final?

Yo

Huelga del Metal de Cádiz: punto y…¿ final?

Por Paco Cabello.

Secretario de acción sindical SAT Granada

 

Los trabajadores del Metal de Cádiz verán cómo se ratifica ( quieran ellos o no) hoy el preacuerdo alcanzado anoche entre CCOO-UGT y la Federación de Empresarios del Metal (FEMCA) y previsiblemente volverán a sus puestos poniendo fin a la huelga indefinida que han mantenido durante nueve días.

Los burócratas sindicales de UGT y CCOO no han hecho públicos hoy los detalles de este preacuerdo, pero nosotros os los contamos.

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Incrementos salariales.

  • Año 2021: Incremento salarial del 2% ( con efectos desde enero del 2021 y que debe abonarse entre mes y el de diciembre). Una vez que se revise la subida real del IPC – y si este superase el 2% se procedería abonar el 80 % de esa diferencia.

  • Año 2022: Incremento salarial del 2% ( con efectos del 1 de enero del 2022) y cuando se conozca la subida del PIC se procedería a subir el 80% de la diferencia entre la subioda y el 2%).

  • Año 2023: Lo mismo que en los otros años.

  • Para el 2024 ( y con efectos del 1 de enero) se enjugará la diferencia del IPC con las subidas añadiéndose tal porcentaje en las tablas salariales del próximo convenio, pero “ sin que genere atrasos”.

  • Para los trabajadores eventuales, las empresas “tratarán de abonar” ( es literal en el texto del acuerdo) las subidas del 2% desde principios del año ( para los años 2022 y 2023, para este año no).

  • Finalmente (o más bien al principio, porque ahí figura en el acuerdo suscrito) se crea una comisión de seguimiento del convenio conformada por dos representantes de CCOO y 2 de la UGT y 4 de la patronal. A dicha comisión, donde se evaluará la actitud de las empresas que no cumplan el convenio, se “invitará a participar” a la Inspección de Trabajo, a la Consejería de Empleo de la Junta, a la Tesorería de la Seguridad Social y al SEPE.

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Así, Patronal y CCOO-UGT lograron este preacuerdo anoche, en la cuarta reunión que mantuvieron desde el inicio de la huelga indefinida y que se celebró, durante once horas, en Sevilla, en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, el órgano de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

El preacuerdo ha puesto fin a una huelga indefinida que durante nueve días ha sembrado de lucha obrera muy digna las calles de los centros industriales del Territorio de Cádiz, resultando de la cerrazón patronal y de la represión policial la consecución de disturbios, cortes de carreteras, barricadas e incendios de contenedores en los principales nudos industriales de la provincia.

El acuerdo alcanzado, pues, no llega al 3% de subida previsto para ningún año y se ha conseguido a base de que sean los trabajadores quienes «financien» a los empresarios las subidas salariales – que se atrasan en el tiempo, pero se «compensan» con la inclusión de estas subidas en el salario base y en la revisión de las subidas salariales cuando se conozcan los índices definitivos de subida del IPC anualmente-. También se establece la comisión de seguimiento que no tiene ningún carácter ejecutivo ni puede obligar a que el convenio se respete.

En definitiva, un acuerdo » muy de CCOO y UGT» y que se fía a la buena voluntad de la Patronal y que no consigue actualizar la subidas salariales a las necesidades reales. El pegote de la «comisión de seguimiento» ante la que deben comparecer las empresas incumplidoras, al no tener ningún poder ejecutivo ( sólo el coercitivo de la Inspección de Trabajo, en el caso de que acudiera), no significa casi nada ante los centenares de pequeñas y medianas empresas que no respeten lo acordado.

Ambas partes manifestaron anoche su satisfacción por haber llegado a un pacto con el que «los trabajadores pueden ver cubiertas sus expectativas», según dijo el secretario provincial de Industria de UGT, Antonio Montoro.

El sector del metal de Cádiz está compuesto por 29.000 trabajadores y 5.600 empresas, entre las que figuran industrias auxiliares de las grandes factorías del ámbito naval y aeronáutico, como Navantia o Airbus, que es donde la incidencia de la protesta ha sido mayoritaria, junto talleres mecánicos, de fontanería o de carpintería metálica. Contra el acuerdo suscrito se han manifestado la CTM ( confluencia de Trabajadores del Metal, donde se encuentra encuadrado el SAT), CGT y algunas otras organizaciones a la izquierda de las burocracias sindicales.

De toda esta nueva claudicación de los “ maquinistas de la Huelga Indefinida”, habría que quedarse con el alto grado de conciencia de clase desarrollada por los trabajadores del Sector , sus familias y sus vecinos y de que, sobre el papel, la Patronal ha sido puesto en entredicho y vigilada estrechamente, pero poco más. Tampoco es desdeñable el grado de combatividad mostrado y la importante solidaridad obtenida por los huelguistas desde Cádiz, Andalucía entera y otras partes del Estado.

Este 4 de Diciembre, día Nacional de Andalucía, puede ser un buen momento para acudir a los actos centrales convocados en la capital gaditana y de exigir la soberanía que como andaluces se nos niega y que nos obliga a aceptar acuerdos como el referido y que está impuesto por una legislación laboral hecha a medida desde Madrid para CCOO-UGT.

Para este 4 D hay que relanzar que la causa de Andalucía sea la causa de su clase obrera, para que ésta, a su vez, tenga como suya la causa de una Andalucía Libre y Soberana.

 

Metal Cádiz


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Las empresas se niegan a subir el IPC.

En la huelga del Metal de Cádiz hemos vuelto a constatar cómo las empresas no son partidarias de aplicar las subidas reales del Índice de Precios al Consumo IPC), sino que optan siempre por las subidas fijas (y por debajo del índice), para seguir multiplicando sus beneficios.

Esa ha sido una de las principales claudicaciones de CCOO-UGT ene ste proceso de huelga.

Esto quiere decir que de momento, para no perder dinero, a todos los trabajadores del Metal de Cádiz les deberían haber subido el salario el salario de 2020 un 5% con efectos retroactivos desde el 1/1/21.

Si la subida se aplicara a partir del salario de años anteriores, también habría que incluir las subidas y bajadas anteriores del IPC histórico. Y eso, ni siquiera, sería realmente una subida salarial sino solo mantener los mismos salarios de antes

Como los precios seguirán subiendo, la subida tendría que ir acompañada de lo que se conoce técnicamente como una “cláusula de revisión salarial”. Esto significa que si al final de cada año el IPC real hubiera subido aún más que lo pactado, habría que volver a aplicar una subida y en los salarios, se tendrían que pagar la diferencia a comienzos del año siguiente. También se conoce como “paga de atrasos” o una de las formas de paga de atrasos.

El conflicto de la huelga del metal de Cádiz está principalmente en eso. La patronal lo que no quiere de ninguna manera el enjugar las diferencias de salarios y, para eso, ya están CCOO y UGT firmando lo que els pongan por delante.

UGR: NO, NO, NO A LA PRIVATIZACIÓN  

UGR: NO, NO, NO A LA PRIVATIZACIÓN  

Euros

          Sin negociación, sin contar con los legítimos órganos de representación, la Gerencia por la gracia del más grande, sigue su hoja de ruta y su plan neoliberal enmarcado en un modelo de universidad pública sin empleos públicos, y en un alarde de bondadosa autoridad promete al personal interino del servicio de limpieza (exclusivamente) el acceso a las conserjerías, golosina suprema para despejar la era a presuntas empresas explotadoras que albergan a presuntos buitres de bolsillo ancho y chequera pequeña.

        Según Gerencia, los compañeros y compañeras de limpieza tendrán una posibilidad de promoción profesional, permitiendo que incluso como personal interino o de sustituciones puedan acceder a las Conserjerías… al menos un tiempo.

          Pero…¿y el resto de los colectivos del sector de especialidades?…¿aún no les toca, no? todo llegará con la varita mágica de privatizar….es más, ¿Qué pasa con el personal que viene derivado de legitimas bolsas de empleo y que han superado los correspondientes procesos selectivos para ser personal de conserjería en la UGR?…   

        Gerencia en su deriva autoritaria, está escorándose hacía unas nefastas y miopes políticas en las que se saltan sus propios acuerdos y resoluciones, y lo más grave, están cubriendo las necesidades en las conserjerías con controladores de empresas externas, e ignorando la bolsa de T.A. de Servicios de Conserjería que viene derivada de la transformación de personal laboral sustituto a funcionario interino, y eso es porque están también privatizando por la vía de los hechos el servicio de conserjería. 

          A estas alturas todo el mundo puede atar cabos, compañeras y compañeros de limpieza, cantos de sirena y lenguas de serpiente son muy peligrosas, mucho más que aquí «los asustaviejas» que hemos resultado siendo más bien buenos en esto de anticiparnos a propósitos e intenciones nada buenos para los y las trabajadoras de la UGR, y tened en cuenta que si por primera vez la gerencia y las políticas antisociales del Equipo de Gobierno han conseguido el hito de unir a las diferentes fuerzas sindicales en un bloque unitario, es porque todas ellas estamos convencidas de sus intenciones y porque amigos y amigas, esto nos afecta a todas y a todos.

            Como decía el viejo Evaristo Páramos….- ¿TE CUENTO UN CUENTO?…CONMIGO NO CUENTES.

   SI LES FRENAMOS, TODAS Y TODOS GANAMOS

     ASISTE A LA ASAMBLEA-CONCENTRACIÓN EL DÍA 24 A GRITAR CON NOSOTRAS Y NOSOTROS

                QUE QUEREMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON EMPLEOS PÚBLICOS

sat ugr
SECCIONES SINDICALES SAT-UGR
 P.A.S FUNCIONARIO – P.A.S LABORAL – P.D.I 
Tlfnos. 652580109 corporativo: 77942 Dirección electronica: sat@ugr.es  
Complejo Administrativo Triunfo.  Cuesta del hospicio s/n, 18071 Granada.

La Reforma Laboral del 2012 no se derogará.

La Reforma Laboral del 2012 no se derogará.

La Reforma Laboral del 2012 no se derogará.

Yo

Por Paco Cabello.

Secretario de acción sindical del SAT de Granada

Esclavos 3

La derogación de la reforma laboral parecía un espejismo hasta hace poco, pero ya es una realidad que el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos, espera que se «modernice» a finales este año. El anuncio se ha producido este martes, 2 de noviembre de 2021, tras una reunión con dos de sus altos cargos, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, y Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Así que – y como muchos temíamos- la Reforma Laboral del 2021 ‘la “reforma de Rajoy”- finalmente ni se derogará ni tan siquiera lo será la mayoría de su articulado o, cuanto menos, una parte sustancial del mismo que contiene los dictados más lesivos para los intereses de la Clase Obrera.

La reforma laboral del año 2012, la última de una larga serie de reformas acaecidas durante estos cuarenta años de sistema formalmente democrático y que han ido inclinando la balanza de las relaciones laborales – una balanza que siempre estuvo trucada, pero que mantenía al menos una apariencia de equilibrio- progresivamente hacia el lado empresarial , fue la peor de todas las adoptadas, máxime cuando fue aplicada en medio de una profundísima crisis y económica y laboral que llevó el miedo y la desesperación a millones de trabajadores y trabajadoras1. Pero no olvidemos que antes, en el año 2010, se produjo otra reforma de gran calado que señaló el camino a seguir por los timoneles de las reformas económicas y que no es otro que el del camino del Neo Liberalismo y sus políticas complementarias dictadas por la Unión Europea.

La reforma de Zapatero.

La Reforma de la legislación laboral de 2010 estuvo constituida por el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Esta reforma, básicamente abarató y facilitó el despido mediante la aplicación de la procedencia de los despidos por pérdidas de la empresa, contribuyó a la desregulación de las relaciones laborales abriendo la mano a la negociación de convenios de empresa frente a los sectoriales y de ramo y otorgó nuevas prerrogativas a los empresarios en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Pero, además de las medidas concretas aplicadas durante el segundo mandato de Rodríguez Zapatero, la reforma de la Constitución Española (CE), que el PSOE acordara con el PP, vino a marcar la deriva hacia el desastre de las políticas sociales y laborales al establecer que «el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

Esclavos 2

La reforma de Rajoy.

La reforma laboral de 2012 ( RD-Ley 3/2012 o “contrareforma laboral”) tuvo un contexto diferente en gran parte a las anteriores. La crisis económica que afectó al Estado español y a otros países (sobre todo en EEUU, Europa y Japón) provocó un brutal aumento del desempleo que nos llevó a la cifra de 5 millones de desempleados). Así, una nueva crisis del sistema económico imperante trajo consigo la aplicación de medidas neo liberales favorables a los bancos y empresarios para salir de la misma y que no es otra que generando más beneficio. Un beneficio a costa evidentemente de los que generamos la riqueza: los trabajadores y trabajadoras. Todas las medidas adoptadas fueron en este sentido, el de extraer más beneficio bajando los costes relacionados directamente con el trabajador o la trabajadora y de regar con multimillonarias dádivas y subvenciones a bancos y empresas detrayendo esos recursos de los gastos que debieran asegurar la protección social para los más desfavorecidos.

Un aspecto fundamental entre las medidas de esta “Reforma Rajoy” –silenciado hoy por los agentes socialeses la práctica eliminación de los salarios de tramitación en materia de despidos y a los que después de la reforma laboral del año 2012, sólo se puede acceder en caso de reincorporación al trabajo después de un despido, ya sea por un despido declarado improcedente o declarado nulo. Medida de un inmenso calado que supera en sus efectos nocivos a la tan cacareada de la reducción de 45 a 33 días (en otros casos a 20 y en otros a 12) de indemnización por despido por año trabajado.

Concluiremos para este sucinto resumen de las reformas laborales del 2010 y 2012, que la profunda crisis que atravesó el capitalismo y de la que ahora sufrimos una nueva secuela, llevó en los inicios de la pasada década al planteamiento desde sectores incluso conservadores, de una pretendida necesidad de reformarlo. Esto, muy lejos de buscar la solución de problema alguno, suponía en la práctica intensificar la idea de que las causas de la crisis eran errores en el desarrollo del sistema pero no un fallo orgánico o estructural del mismo. De aquí que no se produjese reforma alguna del capitalismo, sino la contrarreforma de los derechos sociales. Las instituciones de la Unión Europea, el FMI y el Banco Mundial han seguido aplicando su diktat en las políticas a desarrollar, siendo simplistas y discriminatorias en el ámbito de las relaciones laborales: rebajar los costes del trabajo. Idénticas medidas se solicitan para todos los estados, teniendo mayor o menor intensidad según la gravedad de la crisis y la realidad de su movimiento sindical.

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Los pactos sociales y el paripé de los agentes sociales.

Una de las manifestaciones esenciales del Estado de Derecho en los países de la Unión Europea es la institucionalización del diálogo social entre Gobiernos, Administraciones públicas y sindicatos y organizaciones empresariales. La Constitución española les reserva un papel muy relevante en su título preliminar, concretamente en el artículo 7, lo que da una idea clara de la importancia que les otorga.

La concertación social – nos dicen – , es un instrumento de estabilidad y participación en la configuración del ordenamiento jurídico laboral, el cual ha pasado por distintas etapas, teniendo en el ámbito del Estado Español resultados siempre nefastos para los derechos de trabajadores y trabajadoras y que en estos años ha adolecido de una insultante falta consideración social.

Pero ¿cuál ha sido el papel y cuáles son los sindicatos que han venido a formar parte del diálogo social? Básicamente, desde los Pactos de la Moncloa firmados a mediados de 1977, han sido CCOO y UGT. Ambos sindicatos se aprestaron a obtener una posición de privilegio en el mundo de las relaciones laborales y dicho lugar se lo hicieron a costa de negar la participación de los trabajadores en sus propios asuntos. Así, del mismo modo en que el PCE y el PSOE aceptaron la nueva legalidad democrática impuesta por los sucesores y liquidadores del Franquismo más allá de lo aceptable para supuestas organizaciones de la izquierda política, CCOO y UGT – entonces correas de transmisión sindical de aquellos partidos – se apresuraron a obtener una legitimidad refrendada por el Gobierno y la patronal a base de desmovilizar a la Clase Trabajadora y a desprender al movimiento sindical de sus herramientas tradicionales de lucha. A partir de los Pactos de la Moncloa vendrán diversos pactos sociales jalonados de reformas laborales como el AI (acuerdo interconfederal), AMI (acuerdo marco interconfederal) ANE (acuerdo nacional de empleo), AES (acuerdo económico y social), etc. En todos estos pactos los sindicatos firmantes rebajaban las condiciones y garantías laborales de trabajadores y trabajadoras a cambio de asegurarse su papel de interlocutores válidos y de su propia hegemonía y sostenimiento económico que les mantuviera como sindicatos más representativos (sic).

A resultas de todo este proceso de burocratización e institucionalización por el que CCOO y UGT han dejado de ser – por mucho que se empeñen ellos – sindicatos de clase para convertirse en un engranaje más del Estado y de sus políticas neo liberales, consiguieron que los trabajadores y las trabajadoras hayan visto cómo el sindicalismo de los sindicatos llamados mayoritarios ha ido permitiendo que en muchas empresas e instituciones públicas el sindicalismo como tal vaya unido a las palabras “corrupción”, “entreguismo” y “traición”. Ciertamente no toda la base social del sindicalismo ha respondido a este esquema, pero sí es cierto que la gran burocracia sindical creada por CCOO y UGT no sólo es criticada por la derecha y sus medios de comunicación, también por un amplio número de trabajadores y trabajadoras que dicen “pasar del sindicalismo” tomando una parte por el todo. Y es por eso, que desde organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) junto al resto de sindicatos alternativos, realmente de clase y que no hemos aceptado uncirnos al yugo del carro estado neo liberal y de su concertación social, debemos revitalizar el sindicalismo como una práctica liberadora de los trabajadores y las trabajadoras.

La práctica de los sindicatos burocratizados se aleja mucho de lo que necesitamos ahora los trabajadores y las trabajadoras. Y no es necesario recurrir a inventos de un nuevo sindicalismo, sino más bien traer de nuevo los principios y valores del sindicalismo de donde nunca debieron salir: las empresas, los tajos y a cualquier sector económico y del mundo del trabajo. Es imprescindible, pues, relanzar y vivificar un sindicalismo donde la participación y la democracia directa a través de la asamblea de trabajadores y de trabajadoras sea el eje y el principio vertebrador e irrenunciable de esta forma de entender y hacer sindicalismo, junto con la autonomía, la independencia más absoluta respecto de las instituciones, partidos políticos y patronales y la reivindicación soberanista andaluza en el caso concreto del SAT.

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¿ Por qué no se van a derogar las reformas laborales?

Ese evidente giro sindical de CCOO y UGT, aunque realmente es resituarse En su posición anterior a la convocatoria de la huelga general del 29-S, se profuniza con la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Lo grave no es tanto lo que se firma, que no es vinculante para quien no lo suscribe, cuanto la adopción como propio del discurso patronal: “La flexibilidad interna mantiene el empleo y evita despidos”

Que nadie dude ni por un solo instante que las reforma laborales del 2010 y 2012 no van a ser derogadas.

Comenzábamos el artículo con la referencia al del Gobierno sobre la derogación de la “reforma de Rajoy”. Pocas horas bastó para que, desde el gobierno, se saliera al paso afirmando que tal acuerdo no iba a aplicarse nunca como ya venía siendo dicho desde meses atrás por el propio Gobierno y por su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

El Gobierno no está por otras políticas que no sean las que ordene y acepte el “hermano mayor de Bruselas” y con ello coinciden todos sus ministros – incluidos los cinco de UP -, como tampoco lo están la patronal, las Administraciones Autonómicas – mayoritariamente gobernadas por PP y PSOE, ni los sindicatos CCOO y UGT , que pasaron, entre las reformas de Zapatero y Rajoy, de la convocatoria de una huelga general – la del 29-S del 2010 – y de las críticas al proyecto de modificación del sistema de pensiones a aceptar este último, realizar una crítica tibia a la modificación de la negociación colectiva y asumir hasta los argumentos patronales sobre la desregulación laboral como elemento que evita despidos2. Por tanto, si los agentes sociales coinciden al 100 % en mantener la política económica dictada desde la Unión Europea y sus recetas neo liberales ¿ cómo van a derogar una reforma laboral que constituye una de las piedras angulares de las políticas económicas del Estado Español actual?

Que la reforma laboral de Rajoy sea retocada y maquillada no es sinónimo de derogación, muy al contrario significa la perpetuación de la política de aumentar benéficos a costa de los derechos y salarios de los trabajadores y las trabajadoras. En el II Acuerdo Sobre Negociación Colectiva suscrito por CCOO y UGT en enero del 2012 – previo a la reforma Rajoy y al que han seguido el III y IV en años posteriores- los Pin y Pon del sindicalismo reconocen la adopción como propio del discurso patronal: «La flexibilidad interna mantiene el empleo y evita despidos” (pág. 4, tercer párrafo, del II Acuerdo)». En este acuerdo y los posteriores firmados junto al resto de agentes sociales todo el texto y el articulado manifiesta una permanente apuesta por trasladar los convenios colectivos y la negociación al ámbito de la empresa, reconocer que si las modificaciones son negociadas siempre son positivas y aceptar rebajas salariales. ¿Qué nos puede llevar a pensar que esto va a ser cambiado?

Dentro de la vertiginosa sucesión de legislación, medidas, contramedidas y publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, quizá pronto, veremos hasta dónde están dispuestos a ceder Gobierno, patronal y Sindicatos ante el sufrimiento y la previsible protesta social que se avecina para el final del 2021 y años venideros. En cualquier caso, lo que no veremos será la derogación de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero como resultado de un acuerdo entre los elementos que constituyen el pilar social del Estado Español al día de hoy.

Así que ya sabemos… Si no queremos pagar más crisis y ser las víctimas del injusto sistema que padecemos, que nos empobrece, aliena y destruye como clase social, pongámonos manos a la obra.

1La “reforma de Rajoy” se hizo mediante la aplicación de un Real Decreto aprobado el 10 de febrero del 2012 ( “convalidada” dentro de la ley votada en el parlamento el 6 de junio del 2012, pero sin debate, ni propuestas, ni periodo de carencia, puesto a que fue publicada en el BOE el 12 de febrero del 2021).
Para aplicar esta reforma no hubo debate, ni negociación con CCOO-UGT y patronal, sino que se hizo por real orden 50 días después de la toma de posesión del gobierno conservador y retrógrado del gallego de”los hilillos de plastilina” y que fue el 22 de noviembre del 2911).
2 Ese evidente giro sindical de CCOO y UGT, aunque realmente es resituarse En su posición anterior a la convocatoria de la huelga general del 29-S, se profuniza con la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Lo grave no es tanto lo que se firma, que no es vinculante para quien no lo suscribe, cuanto la adopción como propio del discurso patronal: “La flexibilidad interna mantiene el empleo y evita despidos” (pág. 4, tercer párrafo, del II Acuerdo).A su vez, todo el texto es una apuesta por trasladar la negociación al ámbito de la empresa, reconocer que si las modificaciones son negociadas siempre son positivas y aceptar rebajas salariales.

Reforma 4

Claves para entender la próxima reforma laboral de 2021

 

A contrarreloj. Así es como trabajan desde el Gobierno de Pedro Sánchez para tener todos los acuerdos listos sobre la reforma laboral en las próximas semanas y rubricarlos en noviembre. Y es que la mesa de diálogo entre Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y Nadia Calviño, del PSOE, se ha hecho esperar tras meses de tensión y duros enfrentamientos.

Aunque parece que al fin ambas ministras se han puesto de acuerdo, aunque todavía deben poner en común sus diferentes puntos de vista con respecto a la derogación de la reforma laboral, ahora conocida como “modernización de la reforma laboral”, un nuevo término acuñado por el presidente del Gobierno durante la cumbre de líderes del G-20 celebrada la a finales del mes de octubre en Roma.

El porqué de la “ no derogación.

Cabe recordar que la última reforma fue impulsada por el Partido Popular hace ya casi 10 años, concretamente en 2012 y con Mariano Rajoy al frente. Si bien lo cierto es que parece que las circunstancias que rodean al más que cambiante mercado de trabajo han variado de forma drástica.

Hay que tener en cuenta que la tendencia en los sectores industriales ha sufrido importantes cambios y, cómo no, también en lo que se refiere a contratación de personal. Además, las empresas están ahora sumergidas en plenos procesos tecnológicos y de digitalización, mucho más avanzados que los de hace una década.

Es más, las multinacionales más conocidas en nuestro país, como es el caso del gigante del comercio electrónico Amazon, ya se sirven de algoritmo. Si todo esto fuera poco, tampoco hay que olvidar el devastador paso de la crisis sanitaria a causa del coronavirus, que dejó como consecuencia los ya más que conocidos por todos como EREs y ERTEs para miles de empleados desde que comenzara en marzo de 2020 y en activos todavía hoy.

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La postura de Nadia Calviño ante la «modernización» de la reforma laboral

La postura de Nadia Calviño, al frente del Ministerio de Economía, busca un entendimiento con la CEOE a la que invita a que se sume a un eventual acuerdo social y se centra en los siguientes puntos:

  • Mayor simplificación de los contratos exigentes.

  • Reducción en la temporalidad de los empleados.

  • Acabar con la masificación de los contratos temporales o de duración establecida. 

  • Mejorar la regularización de la subcontratación.

  • Reequilibrio de las partes en la negociación colectiva para aplicar el convenio sectorial frente al convenio colectivo de cada empresa.

  • Establecer un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas y de estabilización del empleo, con el objetivo de acabar con los ERTEs y EREs.

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Lo que busca conseguir Yolanda Díaz con la nueva reforma laboral

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, tiene en mente otras propuestas para la inminente “modernización” de la reforma laboral, la cual pretende derogar por completo.

Algo que choca frontamente con su socia de Gobierno, Nadia Calviño, que afirmó en una conferencia celebrada en Londres que el Gobierno “no va a cambiar toda la legislación laboral”.

Díaz retende “revolucionar el mercado de trabajo para adaptarlo al siglo XXI”, a través de 11 reformas y siete inversiones, como ya adelantó Díaz en el comunicado de prensa publicado el 10 de mayo de 2021 a través de la página web del Gobierno.

  • Tres ejes principales: Abordar el paro, la precariedad laboral y eliminar la brecha de género.

  • Limitar los contratos temporales y hacer que desaparezcan los contratos de obra y servicio, litimando las causas por las que una empresa puede hacer que se dé este tipo de contratación temporal.

  • La implantación de un nuevo Contrato Social, con el objetivo de que se produzca un mercado laboral decente para los jóvenes y sus futuras pensiones.

  • Beneficiar a las empresas que ofrezcan contratos fijos o discontinuos.

  • Facilitar la empleabilidad de las personas jóvenes a través del programa Tándem, que combina la formación en alternancia y el empleo y suma de tres nuevos modelos de contratos formativos: prácticas tras la formación reglada, formación dual de estudios universitarios y formación profesional.

  • Nuevas jornadas de trabajo cuando haya dificultades en la actividad empresarial para hacer frente a los despidos.

  • Abordar el estudio de la jornada laboral de 32 horas o 4 días.

  • Añadir nuevos mínimos a las condiciones para la externalización de trabajo.

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28 de Octubre. Huelga General en toda la Administración Pública.

28 de Octubre. Huelga General en toda la Administración Pública.

Panfleto Huelga 28 de octubre

 

HUELGA GENERAL 28 DE OCTUBRE

Desde el sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras hacemos llamamiento a la huelga convocada a nivel estatal para el 28 de Octubre en todas las administraciones públicas contra el RD 14/2021 más conocido como “el Icetazo” y el abuso de temporalidad en las administraciones públicas, nos sumamos así a las plataformas y asociaciones de empleados públicos en abuso de temporalidad y a los diversos sindicatos convocantes.

Exigimos:

  1. La paralización inmediata de todos los procesos de oposición en las administraciones, la inspección de las personas ocupando plazas en abuso de temporalidad según la normativa europea (Clausula 5 del acuerdo marco de la Directiva 1999/70/CE y SENTENCIAS TJUE 22/01/2020, TJUE 19/03/2020, TJUE 03/06/2021, TJUE 11/02/2020, y AUTOS TJUE 30/092020, 02/06/2021) y la regulación administrativa que otorgue LA FIJEZA como personal a extinguir y con los mismos derechos que los funcionarios de carrera o personal laboral equiparable al personal en abuso como única sanción posible al abuso de temporalidad llevado a cabo durante décadas por las administraciones españolas, no olvidemos que el informe de Maria Emilia Casas (Ex presidenta del tribunal constitucional) avala esta medida constitucionalmente y tampoco olvidemos la primacía del derecho europeo, reafirmada en comunicado por la comisión europea el 07/10/2021 y que defiende los principios fundacionales del ordenamiento jurídico de la Unión:

* El derecho de la UE prevalece sobre el Derecho Estatal, incluidas las disposiciones constitucionales.

* Todas las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo son vinculantes para todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales.

  1. Que el proyecto de ley que se está negociando a raíz del RD 14/2021, cumpla y trasponga de manera eficaz la directiva y sea acorde con las sentencias y autos antes expuestos, así como que sea retroactiva con el personal en abuso cesado.

  2. La recuperación de todas las plazas de empleo público destruidas durante años y la recuperación para las diversas administraciones públicas de los servicios privatizados por los diferentes poderes políticos, así como el fortalecimiento de los organismos públicos en forma de empleo de calidad y en pos de un servicio a la ciudadanía eficiente.

Cartel Huelga General 28 de octubre

 

¿A QUIÉN AFECTA A LA HUELGA?

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DESDE EL 4 DE OCTUBRE HAY OTRA CONVOCATORIA DE HUELGA «ACTIVA»

Aquí te lo explicamos.

Desde el sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras hacemos llamamiento a la huelga convocada a nivel estatal para el 28 de Octubre en todas las administraciones públicas contra el RD 14/2021 más conocido como el Icetazo y el abuso de temporalidad en las administraciones públicas, nos sumamos así a las diferentes plataformas y asociaciones de empleados públicos en abuso de temporalidad y a los diversos sindicatos convocantes, recordaros así mismo que ya hay iniciada una huelga con dos modalidades:

1ª. Indefinida, dio comienzo el 04/10/2021, finaliza cuando sea desconvocada.

2ª. Por días completos y paros parciales, días completos 14 y 28 de Octubre, parcial por horas (de 12:00 h a 15:00 h) días 4,13,20 y 27 de Octubre.

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Aquí arriba puedes descargar el preaviso de huelga que las plataformas de interanos y eventuales entregaron el 4 de octubre.