El Juzgado de lo Social n.º 5 de Granada ha dictado sentencia por despido improcedente a instancias de la demanda emprendida por la Sección Sindical del SAT en el CAU. Dicha sentencia se pronuncia en contra de las pretensiones de la Universidad de Granada y condena a BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L. a pagar elevadas indemnizaciones a los trabajadores en caso de que no los readmita.

La sentencia desbarata las pretensiones de la rectora y la gerente de la UGR que negaron en su día “que se produjese un despido”, actitud de ambas que coadyuvó al despido por parte de BIOS TECHNOLOGY para permitir la entrada del arribista Ignacio Soto con su empresa GPIC, quienes actualmente gestionan el servicio del CAU desde la precarización más absoluta de los puestos de trabajo, el pago de salarios ridículos y una total falta de respeto a los derechos de los trabajadores en los que tanto rectora, gerente y GPIC son responsables y coincidentes.

Bien conocida es la política de privatizaciones, externalizaciones y liquidación de puestos de trabajo del personal laboral de la UGR que marcan la agenda de Pilar Aranda y que se aplica mediante los dictados del brazo ejecutor de la gerente, María del Mar Holgado Molina y de Evaristo Molero (CCOO), Jefe de recursos humanos.

Los trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención al Usuario (CAU) (el popular teléfono 36000, para averías y demás incidencias relacionadas con la red informática de la UGR) cumplieron un mes de Huelga Indefinida que se inició el pasado 15 de junio del 2020 y se prolongó hasta el día en que fueron despedidos. Ese servicio era atendido por 6 trabajadores que tras muchos años de esfuerzos, dedicación y entrega en su trabajo, vieron cedido el servicio a una empresa con patente de corso (GPIC) que se negó a subrogar sus contratos.

Igualmente, los trabajadores, a través del comité de Huelga y la sección sindical del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras), depositaron ante el registro general de la Universidad un documento respaldado por la práctica totalidad de trabajadores del CSIRC ( Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones) y por destacados miembros de la comunidad universitaria en un número total de 590 adhesiones, escrito que no sirvió para hacer cambiar la actitud de las jefas de la UGR.

En el escrito, los firmantes solicitaban a la rectora que velara por la estabilidad en el empleo de las empresas que la Universidad subcontrata y exigieron que se subrogasen los contratos de los seis trabajadores entonces amenazados de despido “ como determina la legislación laboral y se ha venido produciendo hasta hoy en los tres cambios de empresa que han padecido los empleados del CAU”.

Entre otras actividades realizadas en su día, los huelguistas del CAU (cuya plantilla secundó el paro al 100% desde el primer día) dirigieron escritos a la rectora y a la gerente dela Universidad, así como al jefe del CSIRC, Francisco Cano y a la empresa sevillana GPIC en la persona de su gerente, Ignacio Soto, (que se vio favorecida por la UGR en la licitación del servicio) para establecer una mesa de diálogo que retrotrajera las actuaciones de la UGR a la senda de la legalidad y el respeto a los derechos de los trabajadores y que concluya con el mantenimiento del empleo.

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Ni la huelga, ni la petición generalizada en contra de los despidos protagonizada por los usuarios del CAU y gran parte de la comunidad universitaria, así como las entrevistas con diputados granadinos para que elevaran preguntas a los responsables de universidades tanto en el ámbito del gobierno andaluz como ante el Ministerio de Ciencia e innovación, sirvió para nada. La mano de hierro de Aranda y su gerente – más amigas del estamento militar y de las empresas especuladoras que de la educación y el servicio público- se impuso a la razón y la Justicia.

La sentencia del Juzgado de lo Social nº5 de Granada no restituye totalmente los derechos de los trabajadores del CAU, pero reconoce que se ha producido un despido, por lo que desde el SAT se valora como positivo el fallo judicial.

La secretaría jurídica del SAT ya ha anunciado recurso ante la Sala de lo Social del TSJA para, completar el reconocimiento de los derechos usurpados en su día por GPIC y la dirección de la UGR a nuestros compañeros del CAU.

¡ La lucha que se pierde es la que no se emprende!

¡ Hasta la victoria siempre!

SAT Granada.

Secretaría de prensa e información.

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