El proyecto de instalación de la Planta Solar Fotovoltaica Ququima en los términos municipales de Baza y Caniles (Granada), una megaplanta solar que ocupará más de 500 hectáreas y afectará a más de 700 hectáreas de terrenos, amenaza no solo el desarrollo agrícola de la zona y algunas de las inversiones previstas por la industria alimentaria, sino que presenta dudas sobre la posible destrucción del paisaje rural y el turismo sostenible, y la biodiversidad. Muchas voces se alzan en su contra y los agricultores afectados son los que más, dado que podrían sufrir la expropiación de sus tierras y perder su modo de vida. No se detiene aquí la controversia, sino que hay otros parques fotovoltaicos y proyectos de energías renovables allí pendientes, así como en otros puntos de la provincia de Granada, que no parece que se estén haciendo con el suficiente orden y control por parte de las administraciones públicas, favoreciendo más con ellos a grandes empresas y a fondos de inversión que a las zonas donde se ubican.
Desde el SAT nada tenemos en contra de la producción de energía a partir de fuentes renovables, entendiendo que es una apuesta de la Agenda 2030 con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible previstos a nivel mundial mediante la sustitución de las energías fósiles por otras alternativas. Eso no obsta a que se pueda compatibilizar con el desarrollo de la actividad agroganadera y a que se respeten los derechos de los agricultores y ganaderos a continuar ejerciendo su profesión, algo que incumple el proyecto de Placas Solares Ququima que actualmente tramita la Administración central, haciendo la vista gorda a los inconvenientes de todo tipo que genera.
Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Granada exigimos la paralización de la Declaración de Utilidad Pública que se tramita actualmente junto con la autorización administrativa previa del proyecto, e instamos a la participación de los afectados y de los ayuntamientos para llegar a un acuerdo de reconversión reduciendo la superficie, buscando otros terrenos aledaños baldíos o de más baja productividad o que no estén en vías de mejora mediante su puesta en regadío. A la Junta de Andalucía hay que exigirle que no recurra a la vía de la expropiación para la puesta en marcha de los proyectos fotovoltaicos previstos, con el fin de tratar de frenar el boom indiscriminado de empresas e intermediarios que amedrentan a los agricultores con esta medida para que firmen sus contratos.
En pié de guerra.
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras - Granada 