EL SAT DENUNCIA QUE LOS TRABAJADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE SALUD NO ESTÁN SIENDO VACUNADOS CONTRA EL COVID

EL SAT DENUNCIA QUE LOS TRABAJADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE SALUD NO ESTÁN SIENDO VACUNADOS CONTRA EL COVID

Manteniento 1

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) quiere hacer llegar a la opinión pública y a las autoridades sanitarias y de la propia Junta de Andalucía su denuncia por la falta de protección que está sufriendo el PERSONAL DE MANTENIMIENTO de los Hospitales, Centros de Salud, etc de los distintos Distritos Sanitarios de Granada y particularmente los del Distrito de Granada-Metropolitano, los cuales son los que atienden a un mayor número de centros e instalaciones, donde realizan labores de mantenimiento, de revisión y reparación de equipos e instalaciones, control de equipos médicos, renovación de piezas, etc.

Según fuentes del SAT “no sólo el personal sanitario debe ser vacunado y protegido frente al COVID-19, sino que todo el personal que desarrolla sus tareas en los centros públicos de Salud deben ser vacunados y protegidos ante el contagio, ya que – en este caso refiriéndose la personal de mantenimiento- mantienen un grave riesgo de contagio al enfrentarse a agentes biológicos, entre ellos al del COVID-19.

El RD 664/1997, de 12 de mayo, ,que regula la exposición de los trabajadores y trabajadoras a los riesgos que se derivan de los agentes biológicos presentes en todos los centros de trabajo sanitarios y otros, así como la prevención de dichos riesgos, NO ESTÁ SIENDO CUMPLIDO por la mayoría de las empresas contratadas en los servicios de control, mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones ni por el Servicio Andaluz de Salud que es quien contrata dichas empresas, incumplimiento que adquiere una capital relevancia entre el personal de mantenimiento referido que, en la actualidad, no está siendo vacunado.

El RD 664/199 indica específicamente que el empresario garantizará una vigilancia adecuada y especifica de la salud de los trabajadores y trabajadoras en relación, con los riesgos por exposición a agentes biológicos. En el mismo sentido estipula el Real Decreto que la vacunación en el ámbito laboral tiene el objetivo de conseguir el mayor nivel posible de protección frente a las enfermedades para proteger a los trabajadores y trabajadoras de los riesgos de padecer determinadas enfermedades que se transmiten en los centros de trabajo.

Por todo lo antes expuesto, desde el SAT no se llega a entender que no se proceda la vacunación del personal de mantenimiento ya que la vacunación es el medio de prevención más efectivo en la lucha contra enfermedades como la COVID.

El pasado jueves, 4 de febrero eran los y las trabajadoras de la limpieza de los Hospitales Públicos de Granada encuadrados en la sección sindical del SAT en CLECE SA quienes presentaban denuncia y Conflicto Colectivo por la negativa de la empresa a lavar y descontaminar la ropa de trabajo según estipula la normativa al respecto y, ahora, son los trabajadores que realizan labores de mantenimiento los que ponen en evidencia los reiterados incumplimientos que se producen en materia de prevención y vigilancia de contagios y riesgos laborales en plena pandemia que se ha cobrado un buen número de muertes y contagios entre los trabajadores y trabajadoras, ya sean o nos sanitarios, de los centros de salud, Hospitales , etc.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores registrará mañana ante la Junta de Andalucía un documento -previo a nuevas denuncias como la citada más arriba- su exigencia del cumplimiento de la legislación y que se garantice la prevención y las medidas oportunas (entre ellas la vacunación) para garantizar la salud de todos aquellos que trabajan en los diversos centros y hospitales.

SAT Granada.

Secretaría de prensa e información.

 

¿Cuándo consumen paro los ERTE?

¿Cuándo consumen paro los ERTE?

Explicamos el cambio legal que se ha producido, en qué casos hay consumo de paro mientras se cobra el ERTE por covid-19 y cuáles son las excepciones que, nos dicen, sirven proteger las situaciones más vulnerables. Estas excepciones las consideramos desde el SAT absolutamente insuficientes

Cuando los ERTE por covid-19 se pusieron en marcha (marzo de 2020), uno de los mensajes más difundidos desde el Ministerio de Trabajo fue que los trabajadores que recibieran esta prestación extraordinaria no verían reducidas las cotizaciones por desempleo que tuvieran acumuladas, es decir, que “en los ERTE no se consumía paro.”.   Esto fue cierto hasta el 31 de septiembre de 2020, momento en que se modificó la normativa.

¿Qué cambió entonces?

La norma que regulaba inicialmente este beneficio de los ERTE (“no consumir paro”), era el RDL 8/2020 de 17 de marzo, en su artículo 25.1.b).

Cuando se desata la pandemia en marzo de 2020, el Gobierno toma dos decisiones para los trabajadores afectados por un ERTE:  permitir el acceso a la prestación sin exigir cotizaciones previas y , que mientras estuvieran cobrando el paro, no se considerasen consumidos esos días de prestación.

Sin embargo, el Gobierno ha puesto fecha límite a la vigencia de este último beneficio.   En el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre (art. 8.7) se señala que el beneficio de no consumir paro en las prestaciones por ERTE se mantendrá únicamente hasta el 30 de septiembre de 2020 y que a partir de ese momento entra en juego el nuevo sistema.

Así es cómo se regula en el BOE este importante cambio:

Las prestaciones por ERTE que se han cobrado hasta el 30 de septiembre de 2020 no consumen paro.  Sin embargo, a partir de esa fecha, sí comienza a correr el contador que descuenta cada día que el trabajador cobra de ERTE, pero atención: con un calendario de excepciones.
Para amortiguar los efectos de este cambio en miles de trabajadores, el gobierno ha establecido un sistema de compensación y de excepciones.



¿Cuáles son las excepciones en las que “no se consume paro”?

El segundo párrafo del art. 8.7 (“La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026”) significa que cuando un trabajador vaya a pedir el paro a partir del 1 de octubre de 2026 no se tendrán en cuenta las prestaciones consumidas anteriormente.

El sistema de excepciones al consumo del paro está regulado en el segundo párrafo del art. 8.7 RDL 30/2020:

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, con el objetivo proteger a las personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más vulnerables, no se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente.”

CONCLUSIÓN: La situación respecto al consumo de paro en los ERTE queda actualmente de este modo:

Si el trabajador, antes del 1 de enero de 2022,  ve terminado su contrato temporal, o sufre un despido individual o colectivo por causas objetivas, o un despido improcedente y pide el paro, en esos casos no se le descontarán de sus cotizaciones por desempleo acumuladas las que hubiera consumido por la prestación por ERTE.

En sentido contrario, los trabajadores que pidan el paro contributivo a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 1 de octubre de 2026, se verán afectados por el descuento de las prestaciones que hayan estado cobrando el ERTE desde del 1 de octubre de 2020, que es cuando terminó la medida de gracia de que “los ERTE no consumen paro”.

La interpretación de ese segundo párrafo del art. 8.7 del  RDL 30/2020 no es sencilla y por ello, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado unas instrucciones provisionales para la aplicación del RDL 30/2020 pdf del texto íntegro) , de las que reproducimos la parte que se refiere al consumo del paro.

Como ya hemos explicado y ahora se comprueba en ese documento oficial, el SEPE reconoce de forma inequívoca que las prestaciones por ERTE COVID 19 consumen paro desde el 1 de octubre de 2020, siempre en prestaciones que se soliciten antes del 1 de octubre de 2026 y con la siguiente excepción: durante todo el año actual 2021, si el trabajador solicita el paro como consecuencia de fin de contrato temporal, o despido individual o colectivo por causas objetivas, o despido improcedente, tampoco se tendrán en cuenta el paro consumido al cobrar el ERTE.

Es importante la aclaración de que “En ningún caso se descontarán como consumidos días que correspondan a derechos de nivel asistencial que se reconozcan en un futuro”.  Entendemos en ella se indica que el consumo de días de cotización únicamente se va a tener en cuenta cuando el trabajador solicite la prestación contributiva por desempleo (el paro que se solicita cuando se tienen cotizados 360 o más días) y no afectará a las solicitudes de subsidios por desempleo de carácter asistencial, como por ejemplo la ayuda familiar, o el subsidio por insuficiencia de cotización


Prohibido pico y pala

Como señala el último epígrafe de la nota aclaratoria del SEPE, en el caso de los ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), cuando finalicen a partir del 1 de febrero de 2021,  los trabajadores podrán pedir el paro a que tuvieran derecho por sus cotizaciones acumuladas, y de la prestación resultante, se les descontarán los días de paro por  ERTE que hayan consumido entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de enero de 2021.  Es decir, en los ERTE ETOP no hay excepciones por las que a lo largo de 2021 no se les vaya a descontar días de paro. 

Con toda seguridad, este nuevo criterio del Ministerio de Trabajo va a dar lugar a conflictos que no están claramente resueltos por el momento.  Actualizaremos y ampliaremos la información del artículo conforme vayamos conociendo novedades.



Como nota final, recordar que el giobierno ha anunciado que se prorrogan los ERTE hasta el 31 de mayo de 2021.  Aunque no se han indicado cambios en lo que se refiere al consumo del paro, como siempre habrá que estar pendiente de ver publicada la normativa de la prórroga en el BOE, por si hubiera algún tipo de modificación.





SECTOR NACIONAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO.

SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (SAT)


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COMUNICADO EN APOYO A VANESA SÁNCHEZ #VanesaReadmisonYA

COMUNICADO EN APOYO A VANESA SÁNCHEZ #VanesaReadmisonYA

 

#VanesaReadmision
#LaJuntaExplotaYDespide
#VanesaReadmisionYA
#LimpiezaEnLucha

COMUNICADO EN APOYO A VANESA SÁNCHEZ, DESPEDIDA POR DEFENDER EL DERECHO A UN TRABAJO DIGNO

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as manifestamos nuestro apoyo a Vanesa Sánchez, nuestra compañera y delegada sindical en RYDALCA (empresa encargada de la limpieza de las oficinas y dependencias de Turismo de la Junta), que fue despedida tras el traslado de la sede de la Delegación Territorial a la Avda . de Madrid de Granada . Destacamos que, casualmente, todos los trabajadores y trabajadoras fueron subrogados por las nuevas empresas excepto ella.

Si algo nos ha enseñado la pandemia es que el sector de la limpieza es uno de los más importantes y necesarios. Las empresas de Servicios y Trabajo Temporal siguen cometiendo ilegalidades con el consentimiento de la Junta de Andalucia , como faltar al artículo 28 del Convenio Colectivo de Limpieza Colectivo de Limpieza e infringir la ley del derecho a la Libertad Sindical respaldada por el Estatuto de Trabajadores/as. Teniendo en cuenta que estamos ante un sector altamente feminizado , las mujeres tenemos que sufrir la minusvaloración de nuestro trabajo . No vamos a permitir que las mujeres nos veamos imposibilitadas de ejercer nuestro derecho al trabajo, a un trabajo digno y a la defensa de nuestros derechos en nuestros puestos de trabajo.  Las mujeres no sólo sufrimos las mayores consecuencias de la Crisis, pues sabemos de primera mano que la feminización de la pobreza es un hecho; nos vemos imposibilitadas a una emancipación real en el ámbito laboral.  Esta emancipación solo llegará cuando los derechos laborales y sociales se respetan en su totalidad.

Por todo lo anterior, el próximo 10 de febrero, día en que se realizará el Juicio por la causa de la compañera Vanesa, esperamos que, tras quince meses de lucha incansable, por fin se haga justicia.

 

 
 

Vanesa comunicado SAT FEM

Por la Educación Pública de calidad, presencial y segura que merece Andalucía

Por la Educación Pública de calidad, presencial y segura que merece Andalucía

El ataque a la Educación Pública lo seguimos sufriendo con el abandono de los centros educativos durante la pandemia y en medio del temporal Filomena. El deterioro de la Educación Pública andaluza al que venimos asistiendo, curso tras curso y bajo gobiernos de distintos signo, -mientras se favorece el incremento de la financiación de la red privada sostenida con fondos públicos- , se suman las condiciones deplorables en las que hemos trabajado alumnado, docentes y personal de administración y servicios con el paso del temporal Filomena y las borrascas que han venido detrás. Todo esto, en el curso de la pandemia, donde la Consejería de Educación ha optado por mantener aulas masificadas (con ratios ilegales en muchos centros) aumentando el riesgo de contagios al no poderse cumplir las medidas sanitarias adecuadas. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras insistimos en defender la educación presencial, pero preservando la seguridad y la calidad de la misma.

La presencialidad es necesaria porque el tipo de relación que establece el alumnado entre sí y con las docentes, al compartir el espacio de nuestros centros educativos, es insustituible. Lo es, además, porque el aprendizaje vía telemática no es accesible para todo el alumnado de igual manera, debido a la brecha digital que existe entre los hogares andaluces, consecuencia, a su vez, de la desigualdad social existente. Lo es, además, porque existen otras brechas producto de múltiples desigualdades, que hacen que el aprendizaje en casa no sea igual de fácil para todo nuestro alumnado. Y lo es, finalmente, porque la escuela pública es el principal espacio donde niñas y niños de Andalucía conviven en un espacio tan diverso como nuestra propia sociedad. (Son vergonzosas las declaraciones hechas por miembros del actual equipo de gobierno sugiriendo que la escuela es poco menos que un aparcadero de niñas y niños).

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Por todo ello, desde antes del inicio de este curso y desde distintos sectores de la comunidad educativa, se le hizo saber a la Consejería de Educación y Deporte que queríamos presencialidad, pero no de cualquier forma. La alternativa que se reclamaba era una presencialidad en la que se garantizara, hasta donde fuera posible, la seguridad sanitaria. Esto pasaba, inevitablemente, por reducir las ratios de manera significativa, pues, a mayor ratio, menos distancia física dentro del aula, y mayor riesgo. El consejero Javier Imbroda lo dejó claro: de bajar las ratios, olvídense. Por supuesto, bajar las ratios requiere un aumento importante de la financiación en la pública. El ataque progresivo a la educación pública andaluza ponía a la comunidad educativa en una situación crítica ante la pandemia.

A esto hay que sumar la situación que estas dos últimas semanas se ha vivido en las aulas, especialmente la semana del 11 de enero, tras las vacaciones navideñas. Una calamidad que solo puede ignorar quien no la ha vivido de primera mano. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, la temperatura en los centros de trabajo durante el invierno, para actividades sedentarias, debe oscilar entre los 17 y los 27 grados. Sin embargo, en estos últimos días, se han registrado temperaturas inferiores a los 10 grados en gran parte de las aulas de los centros públicos andaluces, haciéndose realmente duro, no ya dar clase, sino estar en la clase. Sin duda, es una consecuencia de que las ventanas deban estar abiertas, única forma eficaz según las autoridades sanitarias de protección frente al Covid. Pero si los centros de la red pública andaluza estuvieran debidamente equipados, como establece la Ley de bioclimatización, aprobada en 2019 solo sobre el papel pues aún no se ha puesto en práctica, sin duda la situación habría sido muy distinta. ¿Qué se requiere para ello? Más inversión en la Educación Pública andaluza. Una vez más, el ataque de la administración a la pública andaluza pone a los centros educativos, a su alumnado y a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza a los pies de los caballos.

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Ante esta situación desde el SAT seguimos insistiendo: la presencialidad es necesaria, pero se puede y se debe hacer compatible con la seguridad sanitaria y las condiciones que permitan una educación de calidad y en las condiciones dignas que merecen el alumnado, profesorado y personal docente andaluces. Nuestros centros no son aparcaderos de niñas y niños, sino un lugar para el aprendizaje y crecimiento, en todo su potencial humano. La situación de precariedad y abandono que estamos viviendo este curso en la Educación Pública andaluza habla por sí misma de cuáles son las consecuencias de una operación política de acoso y derribo a la red pública, por parte de una administración que defiende sus postulados neoliberales en favor de la privada financiada con fondos públicos.

Sector Nacional de Enseñanza

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras.

por la Educación Pública de calidad, presencial y seguraque merece Andalucía

Manifiesto conjunto de los movimientos sociales de pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones

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Manifiesto conjunto de los movimientos sociales de pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones

Las organizaciones llaman también a la movilización el día 25 de enero en todo el Estado.

Ante la agresión que las recientes Recomendaciones del Pacto de Toledo y la política del Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, suponen para el Sistema Público de Pensiones, los Movimientos Sociales de pensionistas del Estado Español abajo firmantes MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO FRONTAL a la sustitución complementaria del sistema público de pensiones, por medio de LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESA, VÍA CONVENIOS, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social, debilitando seriamente la caja única de las pensiones. Con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el Sistema Público de Pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados.

DENUNCIAMOS:

1. Que el conjunto de las Recomendaciones del Pacto de Toledo de octubre de 2020 y el desarrollo que de las mismas pretende hacer el Ministro de Seguridad Social excediendo negativamente las medidas propuestas en ese oscuro Pacto, preparan un futuro de pensiones públicas cada vez más reducidas para la mayoría de la población, complementadas con pensiones privadas, ahora bajo la modalidad de empresa, para quien pueda pagarlas.

2. En estos momentos se están negociando las pensiones por agentes sociales, sin presencia de los movimientos de pensionistas en las Mesas de Concertación. Con ello se pretende legitimar un proceso de   privatización de las pensiones empresa a empresa, de espaldas a los y las pensionistas.

3. Las Recomendaciones del Pacto de Toledo no recogen las reivindicaciones por las que llevamos años luchando los movimientos de pensionistas, y de las que destacamos:

– Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual.

– Eliminación de la brecha de género en las pensiones.

– Pensión mínima igual a salario mínimo y éste el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea.

– Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013.

– Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.

– Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social.

– Eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. 100% de la pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad.

ACORDAMOS:

– Iniciar una campaña conjunta contra las propuestas del Pacto de Toledo que empezará con una gran movilización el día 25 de enero de todos los pensionistas.

– Hacer llegar a la población actualmente en activo que estas Recomendaciones afectarán gravemente a sus futuras pensiones.

– Invitar a los Movimientos sociales a sumarse a esta campaña contra unas medidas que afectan a toda la ciudadanía, tanto jubilada como en activo.

                                                                                                                   25 de enero de 2021

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

COESPE – Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones

MADPP – Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas

MODEPEN – Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.

Coordinadora de Cantabria

Coordinadora de Euskadi por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Coordinadora de Bizkaia por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Coordinadora de Pensionistes Alcoià-Comtat

Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Coordina de Pensionistas de Burgos

Plataforma de Badajoz por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Plataforma Segoviana en Defensa de las Pensiones Públicas

Plataforma de Pensionistas de Móstoles en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Yay@flautas Cartagena

16 de enero de 2021MADPPNo Comments

El Ingreso Mínimo Vital en el 2021.

El Ingreso Mínimo Vital en el 2021.

 

ingreso mínimo vital 3El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los fiascos más grandes de esta legislatura. De la Renta Básica se pasó al IMV para convertir las promesas de una renta solidaria y social en un subsidio al que se le fueron reduciendo presupuesto, cantidades a percibir y el propio concepto en el que estaba basado el proyecto inicial. Finalmente, el IMV ha quedado equiparado en alguno de sus tramos de aplicación a otros subsidios que ya estaban vigentes con anterioridad y que ahora se eliminan para ser sustituidos por unas prestaciones económicas que, dado su magro carácter, vienen a ser «más de lo mismo» en manos del gobierno socialdemócrata de coalición del PSOE y UP

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los fiascos más grandes de esta legislatura. De la Renta Básica se pasó al IMV, para convertir las promesas de una renta solidaria y social en un subsidio al que se le fueron reduciendo presupuesto, cantidades a percibir y el propio concepto en el que estaba basado el proyecto inicial. Finalmente, el IMV ha quedado equiparado en alguno de sus tramos de aplicación a otros subsidios que ya estaban vigentes con anterioridad y que ahora se eliminan para ser sustituidos por unas prestaciones económicas que, dado su magro carácter, vienen a ser «más de lo mismo» y que tienden a subsidiar insuficientemente sin aportar ninguna solución de carácter estructural y que carecen e cualquier carácter redistributivo de la riqueza. Este tipo de subsidio ni siquiera iguala – o tiende a igualar- en las políticas sociales del Estado Español a las de algunos estados europeos. Los trabajadores y trabajadoras andaluces volvemos a quedar en manos del presupuesto y voluntad política del gobierno de turno, ahora en manos de los partidos socialdemócratas que conforman la coalición del PSOE y UP

El año 2021 arranca con nuevos presupuestos generales del estado, presupuestos que no habían sido renovados desde 2018 desde las cuentas públicas de Cristóbal Montoro. Suponen los primeros presupuestos bajo el mandato de Pedro Sánchez y estas nuevas cuentas incluyen una subida para el ingreso mínimo vital de un 1,8 %. Además se han incluido nuevos mecanismos para poder acceder de manera más sencilla a esta prestación por parte de la Seguridad Social, ya que se calcula que en el año 2020 en torno a cinco solicitudes de cada seis fueron rechazadas. 

El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 462.508 ciudadanos en todo el estado Español desde que el Gobierno central lo puso en marcha a finales de mayo, cuando la primera ola de la pandemia iba camino de su remisión. Uno de cada tres beneficiarios de esta prestación es andaluz, concretamente 154.477, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El porcentaje de ayudas que ha llegado a Andalucía respecto al total estatal, el 33,4%, es decir casi el doble del peso poblacional de nuestro país dentro del Estado Español.

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Cuantías para 2021 del ingreso mínimo vital

Aquí podéis consultar las cuantías tanto anuales como mensuales correspondientes a la subida del importe del ingreso mínimo vital, tanto para beneficiarios individuales como unidades de convivencia.

Para calcular la cantidad que se recibirá por el ingreso del ingreso mínimo vital se debe atender . nos dice el gobierno- a la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de las personas alcanzadas por el IMV. Alguien debería explicar – por si, acaso, no lo saben- que con estas cantidades es imposible asegurar una subsistencia siquiera digna.

  • Un adulto: 5.639,20 euros, 470 euros mensuales
  • Un adulto y un menor: 8.571,58 euros, 714,29 euros mensuales
  • Un adulto y dos menores: 10.263,34 euros, 855,27 euros mensuales
  • Un adulto y tres o más menores: 11.955,10 euros, 996,25 euros mensuales
  • Dos adultos: 7.330,96 euros, 610,91 euros mensuales
  • Dos adultos y un menor: 9.022,72 euros, 751,89 euros mensuales
  • Dos adultos y dos menores: 10.714,48 euros, 892,27 euros mensuales
  • Dos adultos y tres o más menores: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales
  • Tres adultos: 9.022,72 euros, 751,89 euros mensuales
  • Tres adultos y un menor: 10.714,48 euros, 892,87 euros mensuales
  • Tres adultos y dos o más menores: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales
  • Cuatro adultos: 10.714,48 euros, 892,87 euros mensuales
  • Cuatro adultos y un menor: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales

Los cinco cambios del gobierno para 2021: edad de jubilación, pensiones, permiso de paternidad, cuota de autónomos y salario mínimo

Los cinco cambios del gobierno para 2021: edad de jubilación, pensiones, permiso de paternidad, cuota de autónomos y salario mínimo

Dejamos el nefasto 2020 y llega 2021. Con él se dice adiós a un año que será difícil olvidar. Desgraciadamente, muchos no darán la bienvenida a la nueva anualidad. La esperanza es que lo que viene sea mejor que lo que se va. De momento, hay varias cosas que cambian en 2021 en el aspecto económico. Variaciones que van a afectar las condiciones de trabajadoras y trabajadores ya estén en activo o no.

Algunas de ellas quedaron fijadas el jueves 3 de diciembre con la aprobación de los presupuestos generales del Estado (PGE) La aceptación de dichas cuentas daba el pistoletazo de salida para aplicar, con el nuevo año, las recomendaciones del Pacto de Toledo. Las cuales recibieron la anuencia del Congreso el 19 de noviembre. 

Lee con detenimiento y, cuando te digan que estamos ante los presupuestos del «gobierno más progresista de la historia», tendrás los datos para sacar tus propias conclusiones.

no gobiernan

Las principales modificaciones dimanantes de la renovación del Pacto de Toledo tienen que ver con la edad de jubilación y con las pensiones mínimas, lo que representa una política ni siquiera socialdemócrata y continuista con la de gobiernos anteriores.

Puede llegar a resultar complicado explicar la variación de las condiciones de las pensiones. Por eso, lo mejor es ir paso a paso (o año a año).

  • Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se activan diversas cosas que cambian en 2021 y que tienen que ver con la renovación del Pacto de Toledo.

pensionistas

1. Se retrasa la edad de jubilación

Desde esta perspectiva, quien en 2021 llegue, como mínimo, a los 37 años y tres meses cotizados podrá jubilarse a los 65 años.

Si no se alcanza esa cantidad de años cotizados, la edad de jubilación para 2021 serán los 66 años. Se estipula que la edad de jubilación llegue a los 67 años en 2027. Entonces, se necesitarán haber cotizado 38 años y seis meses para jubilarse a los 65.

Pacto de Toledo: El sistema  de pensiones en venta.

2. Las  pensiones «suben» con el I.P.C.

En cuanto a las pensiones, que tanta polémica han generado en los últimos años, se recupera el IPC (Índice de Precios al Consumo) como referencia para la revalorización de las pensiones a partir de enero de 2021. Es decir, estas subirán un 0,9 % el próximo año, tal y como queda estipulado en los PGE. Supondrá un aumento de las pensiones mínimas contributivas de entre 2 y 11 euros mensuales. También se incrementa el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación: serán 24 en 2021, con la intención de llegar al objetivo de que sean 25 en 2022.

  • Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se activan diversas cosas que cambian en 2021 y que tienen que ver con la renovación del Pacto de Toledo.
  • En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

Se aprobó también –aunque no hay concreción en cuanto a la cantidad– una mejora de las pensiones mínimas de los pensionistas de edad avanzada que viven solos, sea la pensión de jubilación, incapacidad o viudedad.

Pensiones 2021

papa y mamá

3. El permiso por paternidad se iguala para ambos progenitores

Otra de las novedades económicas y sociales para 2021 es que, por primera vez, se igualará el permiso por nacimiento y cuidado del menor para ambos progenitores, que podrán disfrutar de 16 semanas de prestación. Se convierte así España, subrayan desde el Gobierno “en uno de los países más avanzados de nuestro entorno en cuanto a la equiparación de este permiso, como ocurre en países como Suecia, Islandia o Dinamarca”. En realidad, esta igualación del permiso de paternidad ya estaba legislada desde antes y los sucesivos gobiernos se han limitado a ir haciendo efectivos los plazos de implementación del permiso.

El proceso para igualar ambos permisos de manera progresiva se recoge en el Real Decreto aprobado en marzo de 2019. Con la entrada en vigor de esta norma, el 1 de abril de 2019, el anteriormente llamado permiso de paternidad pasaba de cinco a ocho semanas para el resto del ejercicio, una duración que se aumentaba hasta las 12 semanas para todo 2020, antes de la equiparación a 16 semanas a partir de 2021.

Las 16 semanas de permiso para ambos progenitores, explican, se podrán dividir de la siguiente manera:

  • Seis semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, posteriores al parto (resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción). La madre biológica puede anticipar este periodo hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto
  • Las diez semanas restantes se disfrutarán en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.dentro de los doce meses siguientes al parto o bien la resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción.

Asimismo, hay 3 supuestos en los que este plazo se puede aumentar:

  • Ampliación en una semana para cada progenitor por cada hijo/a, a partir del segundo, en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ampliación en una semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo/a.
  • Ampliación por parto prematuro y hospitalización (por un periodo superior a siete días) a continuación del parto, hasta un máximo de trece semanas.

4. Podría llegar a aplicarse una nueva cuota a los autónomos en función de sus ingresos.

En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

Todo lo comentado anteriormente son cambios ya fijados y de segura aplicación. Estos dos últimos están aún en el aire. En primer lugar, la adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales de los mismos. En enero de 2019 se pergeñó el primer borrador en esta línea, pero, hasta el momento, los trabajadores por cuenta propia sólo han visto crecer sus cuotas. Ni rastro de esa posible adecuación a la situación económica del negocio. El tiempo dirá si esta intentona es la definitiva.

sourvenir

5. No queda claro si habrá una subida del S.M.I. (de momento, no).

Tampoco está claro que se produzca una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional.  De momento, el gobierno ha prorrogado el actual S.M.I. El último aumento se firmó el 30 de enero de 2020 y lo dejó en 950 euros. Una cantidad notablemente superior a los 633,3 euros mensuales que marcaban el SMI una década antes. El objetivo del Gobierno es que vuelva a crecer en 2021 y, sobre la mesa, está la propuesta de CCOO y UGT de subirlo de los 950 € actuales a 1.000 €.

Junto con estas cosas que cambian en 2021, la ilusión general es que el mayor viraje de rumbo tenga que ver con el aspecto sanitario. La posible  vacunación generalizada de la población es un rayo de luz al que los trabajadores y trabajadoras debemos  asirnos cual salvavidas. Pero aún habrá que esperar para que lleguen cambios reales que consistan en aplicar la Justicia Social con la  que a los socios de gobierno se les llenaba la boca hasta hace poco. ¡Por lo menos que tengamos salud!

SAT Granada.

Asesoría Laboral.

https://satgranada.org/asesoria-laboral-gratuita/

Taller virtual PDI-UGR del SAT

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El próximo martes 22 a las 10:00 tendremos un nuevo taller virtual donde miembros del SAT-UGR expondrán las características del proceso de solicitud del contrato posdoctoral Juan de la Cierva- Formación e Incorporación. Además expondremos algunas de las luchas del colectivo Juan de la Cierva para reclamar subidas salariales. Se compartirá el enlace de la sesión a través de las redes sociales del SAT Granada (Facebook) y twiter del SAT Universidad de Granada @InvConDerechos.

¡Allí os vemos! ¡Información formación y acción!
¡Investigando con derechos!

TRABAJO A DISTANCIA (Tele-trabajo), claves y legislación.

TRABAJO A DISTANCIA (Tele-trabajo), claves y legislación.

La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada con patronal y CCOO-UGT, entra en vigor este martes, veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Se trata del real decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia, con las normas que regirán el teletrabajo en España y cuya implantación se ha acelerado por la pandemia del Covid-19, ya que hasta ahora no contaba con una regulación específica.

Teletrabajo 2

El objetivo, según se recoge en la exposición de motivos, es proporcionar «una regulación suficiente, transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo (…) con un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible o el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales».

El real decreto-ley fija la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30% de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y obliga al empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir el empleado.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

Según la norma, al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la pandemia y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas ya están obligadas a dotar a los trabajadores de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

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La negociación colectiva, en su caso, establecerá la forma de compensación de los gastos del ‘teletrabajador’ durante la pandemia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.

La ley distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

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Descarga aquí el BOE con la ley y la Guía del Teletrabajo publicada por Autonomía Sur.

BOE-A-2020-real decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia

Guía de Teletrabajo (Autonomía Sur)..

El SAT de Granada ante las medidas excepcionales y la pandemia del Covid 19.

El SAT de Granada ante las medidas excepcionales y la pandemia del Covid 19.

 

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Granada ante las medidas excepcionales y la pandemia del Covid 19.

A propósito del toque de queda, el cierre perimetral y las medidas excepcionales que se impondrán hasta mayo del 2021.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y trabajadoras (SAT) en el Territorio de Granada, mediante el presente escrito quiere hacer llegar a la Clase trabajadora granadina y a la ciudadanía en general un somero análisis de lo que vienen a significar el cierre perimetral que en la capital y en 33 municipios vamos a sufrir, así como la incidencia que el resto de medidas arbitradas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de Madrid tendrán sobre nuestros trabajos, vida y derechos.

Guía para la defensa sindical en situaciones relacionadas con el COVID 19.

Y decimos que “nos afectará”, porque, desde luego, no ignoramos ni las dramáticas consecuencias que conlleva la pandemia que padecemos ni que ante situaciones de riesgo generalizado debe ser la sociedad en su conjunto la que arrime el hombro en aras de superar la pandemia que efectivamente sufrimos. Pero a situaciones excepcionales deben aplicarse medidas excepcionales que, ante el caso que nos ocupa y como un sindicato de Clase que somos, entendemos deben de pasar por una defensa y salvaguarda de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de las personas más vulnerables y desfavorecidas. Los ricos y poderosos, los que siguen ganando más pese a la pandemia, son los que más deben de aportar y a ellos es a quien hay que exigirles un sacrifico mayor. Muy al contrario, las actuaciones emprendidas desde un inicio, tanto desde desde Madrid como desde el gobierno autónomo, han obviado que la actual crisis económica que padecemos y que se agravará con el paso de los meses no es resultado de la pandemia, sino que a causa de ésta ha venido la crisis a adelantarse en el tiempo, pues desde hacía años se nos venía anunciando.

Distintos gobiernos, similares medidas.

A nadie se nos debe escapar que el gobierno del trifachito de Sevilla ha venido para saquear los servicios públicos, a potenciar los intereses privados frente a los beneficios que otorgan al conjunto de la sociedad los servicios públicos en materia sanitaria, educativa, etc y que componen un elemento nivelador de desigualdades y conforman una serie de recursos indispensables para que la Clase Trabajadora pueda ver cubiertas sus necesidades básicas e indispensables sin tener que pagar por lo que es un derecho.

Las iniciativas legisladoras emprendidas por PP y Ciudadanos desde su llegada al poder – siempre con el indispensable visto bueno de Vox, su atípico socio de gobierno – no dejan lugar a dudas. Todas ellas han venido a desregularizar materias tales como empleo, medio ambiente y a limitar tanto la Enseñanza como la Sanidad públicas, tan sólo por poner unos ejemplos. Legislar para empresas y capitales es el verdadero leitmotiv del gobierno de Moreno que viene a acelerar las políticas similares que el PSOE impulsara durante los cuarenta años en que ejerció el monopolio del poder en la castigada, infradesarrollada y dependiente Andalucía.

Las iniciativas legisladoras emprendidas por PP y Ciudadanos desde su llegada al poder – siempre con el indispensable visto bueno de Vox, su atípico socio de gobierno – no dejan lugar a dudas. Todas ellas han venido a desregularizar materias tales como empleo, medio ambiente y a limitar tanto la Enseñanza como la Sanidad públicas, tan sólo por poner unos ejemplos. Legislar para empresas y capitales es el verdadero leitmotiv del gobierno de Moreno que viene a acelerar las políticas similares que el PSOE impulsara durante los cuarenta años en que ejerció el monopolio del poder en la castigada, infradesarrollada y dependiente Andalucía. Y si tales medidas privatizadoras ya se fomentaron desde antes de la aparición de la pandemia, poco o nada debiera sorprendernos que las nuevas medidas ejecutadas para frenar la extensión de la misma transiten por caminos similares.

Esto nos traería a, quizá, confiar en que las iniciativas del gobierno “progresista” de Madrid sí buscarían la defensa de trabajadores y desfavorecidos, pero desde un primer momento hemos podido observar de qué manera el monto fundamental de las ayudas, préstamos y regalías han vuelto mayoritariamente a los bolsillos de los mismos: empresarios, banqueros y grandes corporaciones. Así, las medidas de carácter finalista y que suponen una inmensa porción de la tarta que pagaremos todos y todas han ido destinas a mantener empresas, bancos y a tener contento al gran Capital y a sus garantes de la Unión Europea, mientras que las que han ido dirigidas hacia la Clase Trabajadora son más de lo mismo: subsidios, prestaciones por desempleo o aplazamientos de deudas – que no condonaciones como, por ejemplo hacen con los bancos – o lo que significa el trocito más ínfimo de ese pastel que poníamos como ejemplo.

Es más, la aplicación de los ERTEs ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo descomunal para trabajadores y trabajadoras y han evidenciado hasta qué punto hay un mayúsculo fraude en la contratación, se han producido centenares de miles de despidos, no se arbitrado ningún freno ni control efectivo contra los abusos patronales y la implementación de nuevos subidos anunciados a bombo y platillo – como el Ingreso Mínimo Vital- han resultado ser un fiasco.

Concluiremos que tanto el gobierno de Madrid como el de la Junta no han legislado para los más débiles, para los desfavorecidos, para los trabajadores y trabajadoras. Es más, el quebranto sufrido por la Sanidad Publica y su atención primaria en las últimas décadas, verdadera salvaguarda de la salud ciudadana, no se ve subsanado, al igual que persiste el progresivo cierre y descenso de camas hospitalarias por habitante. Los profesionales que integran los trabajadores de la Sanidad Pública (limpiadoras, celadores, sanitarios, médicos y enfermeras, etc) han sufrido y sufren un verdadero infierno en sus trabajos y nadie mejor que ellos para ilustrar este descalabro sanitario.

Cierre perimetral de Granada y su Vega y medidas excepcionales hasta mayo de 2021.

Cuando los gobiernos de turno priorizan los beneficios de las empresas y los mercados y esta prioridad es la que guía sus decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Es por ello que todas las medidas sanitarias y de control que ahora vuelven a generalizarse nos causen desconfianza por su falta de rigor y por venir de donde vienen.

VAMOS PALANTE Manifiesto SAT

Cuando los gobiernos de turno priorizan los beneficios de las empresas y los mercados y esta prioridad es la que guía sus decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Es por ello que todas las medidas sanitarias y de control que ahora vuelven a generalizarse nos causen desconfianza por su falta de rigor y por venir de donde vienen.

Ni Moreno ni el tándem Sánchez-Iglesias, ni los ayuntamientos granadinos han puesto en marcha las medidas que hacen falta para frenar al virus porque son las mismas que no son del agrado de los grandes podres económicos. Existen medidas para frenar la epidemia, medidas que nunca se aplicarán porque no son del gusto de los poderosos y porque los gobernantes entienden que los beneficios económicos de la clase empresarial y financiera deben ser salvaguardados a cualquier instancia. Tras los dos meses y medio de confinamiento se volvió a la “nueva normalidad” para que empresarios y banqueros no temieran por sus beneficios y, a partir de ahí, se sacrificó el interés general para priorizar las carteras de los poderosos. ¿Alguien podía pensar que una Granada llena hasta los topes de turistas en el puente del 12 de octubre no iba a traer consecuencias, que volver a la “normalidad” para no afectar a las empresas no aumentaría la tasa de contagios? ¿Alguien pensaba que la vuelta a las escuelas, con clases masificadas por los recortes no implicaría una mayor expansión del virus? ¿ Alguien cree que infradotando a la Sanidad Pública y haciendo oídos sordos a las medidas preventivas de carácter sanitario y social íbamos por buen camino? ¿ Qué sentido real y efectividad tiene encerrar a medio millón de granadinos y granadinas en una bolsa de la que no deben salir pero que forzosamente va a seguir comunicada y con desplazamientos constantes y diarios por su interior?

En marzo de este año, desde el SAT – y así lo hicieron otras organizaciones y movimientos sociales- ya advertimos que la salida de la crisis sanitaria que pone en peligro nuestras vidas exigía sacrificios reales dada la innegable existencia y amenaza de la pandemia, pero que estas medidas debían ejercerse desde el esfuerzo y compromiso de TODOS Y TODAS, no sólo por parte de la Clase Obrera. Volvimos a repetirlo coincidiendo con el 1º de Mayo y destacamos que es imposible luchar de forma efectiva contra la pandemia si no se arbitran medidas que orienten en otra dirección el sistema económico y político que padecemos, verdadera pandemia mundial que ya dura unos siglos. También dijimos que los derechos de trabajadoras y trabajadores deben ser respetados y que debiera huirse de medidas de control social más orientadas a evitar protestas ciudadanas que a combatir el virus.

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Es por ello que entendemos que confinamientos, toques de queda, restricciones, etc o se aplican por igual para todos o no tienen utilidad ninguna ni para la Salud Pública ni para nuestro futuro.

Por ello, insistimos.

– Que hay que reforzar el sistema sanitario público, adoptando medidas urgentes para descongestionarlo y asegurar su futuro dotando de recursos a la atención primaria, hospitales, Ayuda a Domicilio y residencias. También hay que ampliar los fondos y el personal para rastrear y diagnosticar la COVID19.

– Hay que llevar a cabo una prevención y salvaguarda de la salud en los centros de trabajo y si ello no es posible, hay que cerrar los no esenciales, asegurando el 100% de los salarios. Igualmente, es necesario,proteger a las y los trabajadores del campo, eximiéndolos del requisito de las peonadas y hay que defender a los más desfavorecidos. Hay que atender urgentemente a los temporeros del campo.

– Hay que incrementar las frecuencias del transporte público en toda el área metropolitana de Granada con el fin de evitar aglomeraciones y masificación.

– Hay que aumentar presupuestos, dotaciones y enseñantes en el sector educativo público reduciendo la ratio a 12 alumnos por aula.

– Hay que cubrir económicamente a las trabajadoras y trabajadores que tengan que confinarse o se encuentren en situación de paro, velando por su derecho a la vivienda y a los suministros básicos (electricidad, agua, etc).

– No se puede abandonar a nuestros mayores, enfermos o personas en situación de riesgo, imponiéndose desarrollar todos los recursos necesarios para dar acompañamiento y apoyo en tareas cotidianas a estas personas.

Con el 4 de Diciembre, día Nacional de Andalucía muy próximo, debemos exigir la plena soberanía para nuestra maltratada tierra para, desde ahí, asegurar un futuro más justo donde se para mantener nuestras libertades y se produzca un cambio hacia un modelo productivo, económico y político que priorice la vida y el bienestar humano frente a los beneficios de los poderosos.

Si no tenemos soberanía no podremos exigir este cambio y sin este cambio no puede haber futuro en un mundo dirigido por una élite que quiere mantener a toda costa las cuentas de beneficios de empresarios y banqueros por encima de la vida humana. Hay que redistribuir la riqueza en manos de quienes la producimos.

Defendamos la vida y el futuro para nuestra tierra y nuestro planeta.

Dado en Granada el 27 de octubre del 2020.

Unión Territorial del SAT de Granada.

El portavoz territorial.

Paco Cabello.