¡¡¡Feminismo de clase contra el patriarcado y el capital!!!

¡¡¡Feminismo de clase contra el patriarcado y el capital!!!

Este 8 de Marzo, día Internacional de la mujer trabajadora, los sindicatos de clase y combativos, SAT, CNT-AIT, CGT, USTEA y USE volvemos a juntar nuestras fuerzas y salimos a las calles una vez más para reivindicar nuestros derechos como mujeres trabajadoras y para luchar contra toda situación de opresión y explotación que vivimos como clase bajo el sistema capitalista en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Nos sobran los motivos para volver a las calles. La crisis social y sanitaria en la que nos encontramos está golpeando duramente al conjunto de la clase trabajadora. El 2020 termina en Andalucía con casi un millón de parados más, lo que supone una tasa de paro del 23%, de las más altas del Estado. Algo que ha afectado de forma más dura a las mujeres obreras. La tasa de paro femenino en nuestra tierra alcanza la cifra de 27%, en comparación con la masculina de un 19%. De nuevo esta crisis evidencia la situación de precariedad laboral y desigualdad en los sectores más feminizados.

Además, debemos tener en cuenta que en estos datos no se contabilizan las trabajadoras en situación actual de ERTE, que muy posiblemente se sumarán a las cifras del paro, lo que indica que la situación es bastante peor. También se quedan fuera de los datos todos aquellos trabajos no regularizados de miles de mujeres empleadas en hogares o sin contratos.

Cartel acto 6 de Marzo

Además del paro, también la precariedad la sufrimos nosotras de forma más intensa. La brecha salarial entre hombres y mujeres, en Andalucía es de un 24,4%, el 74% de los contratos a tiempo parcial son desempeñados por mujeres, y en los últimos años el 70 % de las mujeres reciben una pensión por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Esto se debe precisamente al sistema capitalista y a su división sexual del trabajo que, en consecuencia, nos deja a nosotras las tareas domésticas y de cuidados, aquellas que tienen que ver con la reproducción. Evidenciando que, sin la destrucción de este sistema económico actual, no conseguiremos desmontar las opresiones que cualquier mujer obrera sufre dentro y fuera de la familia o de su puesto de trabajo. El paro y nuestra precariedad son inherentes al capitalismo.

Por otra parte, la crisis sanitaria también ha puesto encima de la mesa la importancia de muchos trabajos invisibilizados pero que son esenciales para el mantenimiento de la vida y nuestra sociedad. Los empleos de la rama sanitaria y de cuidados esenciales, sobre todo en enfermería, residencias y cuidados de asistencia en general están desempeñados por mujeres (84%) las cuales ponen en riesgo su salud al estar en los trabajos más críticos de la pandemia. Esto también puede verse en la situación de sobre explotación y extrema precariedad de dependientas, limpiadoras y compañeras jornaleras en el campo, las cuales además son en su mayoría inmigrantes. Se pone así de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres obreras en los periodos de crisis.

Además, los datos muestran cómo nos incorporamos al mercado laboral en las peores condiciones de empleo debido al rol de cuidadoras asignado que nos obliga a llevar el peso del conjunto de trabajos reproductivos, realizando así un trabajo invisibilizado, no remunerado y relegándonos a una categoría secundaria o de doble jornada laboral, no reconocida. A la situación actual de crisis provocada por la pandemia se suman las reformas y las políticas de privatizaciones y recortes en servicios públicos, fundamentalmente en sanidad y educación que venimos sufriendo durante años y que han recaído especialmente sobre las mujeres viéndose forzadas a asumir esas tareas en la casa y siendo las mayores víctimas de despidos, de los recortes en servicios públicos pero también de las reformas laborales y de pensiones.

Cartel 8n de marzo (Mani Sindical).

En ese sentido las mujeres jóvenes sufren la mayor tasa de paro, esto repercute en su situación directamente, son relegadas a trabajos sin contratación legal o con contratos basura. No es coincidencia que la mayoría de estudiantes se dediquen parcialmente al sector servicios o a cubrir puestos temporales en el campo. Las universitarias, además, son actualmente uno de los sectores en los que más ha aumentado la tasa de prostitución, esto demuestra que los estudios post obligatorios no son accesibles para todas y que precisamente en estos tiempos de pandemia ninguna institución universitaria ha tomado medidas económicas eficaces para paliar esta situación.

Actualmente seguimos en periodo on line en casi todas las universidades andaluzas, un tipo de enseñanza que no se ajusta a las necesidades de muchas estudiantes de clase obrera que no pueden conciliar o a las que la brecha tecnológica no les permite estudiar adecuadamente.

En este sentido, el teletrabajo y “telecole”, ha llegado para quedarse, presentándose por parte de gobiernos y patronal como una medida para la conciliación familiar. Esta medida ha supuesto un gran retroceso en derechos con un aumento descontrolado del horario laboral invadiendo el ámbito de lo privado, provocando un aumento significativo de situaciones de ansiedad, estrés y demás problemáticas psico-emocionales, principalmente en las mujeres, que han tenido que desempeñar las dos jornadas laborales (la productiva y la de cuidados) en el mismo espacio y al mismo tiempo. Esta situación de teletrabajo desregulado está suponiendo, además, situaciones de gran aislamiento pues elimina por completo los espacios de socialización del ámbito laboral, dificultando cuando no impidiendo que se establezcan lazos y relaciones de compañerismo, apoyo y solidaridad, cuestiones básicas para poder organizarse y desarrollar una acción sindical colectiva.

Hostelería 8 de marzo 2021

En esta situación, tanto el gobierno de la Junta de Andalucía como el gobierno estatal no han tomado medidas suficientes para solucionar la problemática, todo lo contrario.

Muchas de las promesas del gobierno central se han quedado por el camino y las medidas adoptadas ante la situación van en la línea de salvar a las empresas a costa del conjunto de la clase trabajadora y más concretamente de las mujeres trabajadoras. No se han parado los desahucios, ni los despidos, ni se han tomado medidas reales para asegurar la conciliación de los cuidados, las ayudas a las empleadas del hogar, en su mayoría inmigrantes, han sido totalmente insuficientes, y no han respondido a la realidad de todas las trabajadoras sin contratos que han quedado totalmente excluidas de toda ayuda; ni siquiera se han puesto medios adicionales para hacer frente de forma urgente a la situación a la que se llevaba a cientos de mujeres: la de confinarlas con sus agresores y violadores.

Asimismo, debemos señalar las situaciones de violencias a las que se enfrenta el colectivo trans diariamente. Muchas, la gran mayoría de clase obrera, son expulsadas de espacios de lucha y rechazadas ante los sectores más reaccionarios de la población. No podemos olvidar que representan un porcentaje muy alto de mujeres silenciadas, torturadas y sobrexplotadas, siendo en muchos casos su única vía de supervivencia la prostitución. Debemos señalar que si bien la propuesta de ley trans representa un avance para los derechos del colectivo, no significará el fin de la precariedad y discriminación hacia nuestras compañeras. Solo mediante la organización y la lucha podremos hacer conquista de todos los derechos que necesitamos como mujeres obreras, cis o trans.

Por todo esto, desde las calles y organizadas continuaremos exigiendo: acabar con la brecha salarial y con las jornadas parciales impuestas, así como medidas reales para la conciliación familiar, socialización de los trabajos de cuidados (escuelas infantiles desde los 0 años, centros de mayores, comedores y residencias públicas y gratuitas); la derogación de las reformas laborales que nos precarizan aún más, garantizar las pensiones y su aumento, especialmente de las pensiones no contributivas que son percibidas en su mayoría por mujeres; por una educación pública, gratuita, feminista y para todas, por unos protocolos anti acoso eficaces, por una sanidad pública y gratuita donde se garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho al aborto libre y el, derecho a la libre autodeterminación de género, el cierre de los CIES, la derogación de la ley de extranjería que condena a nuestras compañeras inmigrantes , y medias reales para terminar con la violencia machista.

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El próximo 8 de marzo reivindicamos un feminismo de clase y saldremos a la calle defendiendo un feminismo que cuestione las limitaciones que conlleva la vía institucional, que no es más que un lavado de cara de las instituciones del Estado y de aquellos partidos que velan por los intereses de la burguesía. Entendiendo que las reivindicaciones y la lucha de las mujeres trabajadoras deben ser la lucha del conjunto de la clase trabajadora y que sólo la autoorganización, las huelgas y la movilización contra este sistema que nos oprime y explota permitirán una verdadera liberación de las mujeres.

¡NI PATRIARCADO NI CAPITAL! ¡MUJERES OBRERAS EN LUCHA!

Cartel 8M SAT

El SAT, Sector de Hostelería, ante el 8 de marzo. ¡Huelga feminista!

El SAT, Sector de Hostelería, ante el 8 de marzo. ¡Huelga feminista!

Este próximo 8 de marzo, desde el Sector de Hostelería y Turismo SAT reafirmamos nuestro compromiso con lucha feminista y la emancipación de la mujer. En un año difícil para todos y todas, proponemos poner la situación laboral de la mujer en el centro del debate.

La situación del COVID ha traído muchas dificultades que hace un año parecían pura imaginación. A través de estos meses, no solos los confinamientos han sido noticia, sino también la situación cada vez más precaria de la clase trabajadora. Dentro de este contexto, la situación desigualdad nos coloca a las mujeres en una posición de especial vulnerabilidad, sufriendo los peores estragos del desempleo y la pobreza.

Nuestros trabajos precarios, sin contratos y en empleos que nos hacen poco visibles, como son los cuidados, el campo o la limpieza, nos han dejado fuera de las prestaciones sociales. Trabajos muy poco valorados pero que nunca pararon cuando todo lo demás lo hizo: Las jornaleras continuaron trabajando la tierra, las cuidadoras no abandonaron a las personas dependientes, ni las limpiadoras faltaron en los edificios públicos ni sanitarios. En muchos casos, la situación de teletrabajo, mal planteada y sin recursos necesarios, nos han obligado a lidiar con nuestros puestos laborales a la vez que cuidábamos de menores o ayudábamos con las tareas escolares, dando lugar a dobles jornadas laborales simultáneas. Necesitamos una buena implementación de las condiciones de las tele-trabajadoras, que no nos obliguen a decidir entre los cuidados y el mantener nuestro puesto laboral.

Hostelería 8 de marzo 2021

Hacemos una mención especial a todas aquellas compañeras sanitarias, que han sabido gestionar esta crisis lo mejor que han podido, sosteniendo sobre sus hombros un sistema sanitario debilitado y desposeído de sus recursos. Seguiremos luchando por una mejora de la situación laboral del personal del sistema sanitario y de todas las que trabajaban en las diferentes labores que se dan en los hospitales, centros de salud, etc, por una seguridad en sus empleos y por una Sanidad Pública a la altura del personal laboral que en él trabaja. Esas propuestas y deseos las hacemos extensivas a todas las trabajadoras del sector y servicios públicos que sufren el ataque privatizador y desmantelador de lo público por parte de la Junta de Andalucía, la mayor parte de ayuntamientos y del gobierno del Estado español.

Además de la situación producida por el Covid, nuestra provincia sigue sufriendo los estragos del abandono institucional, siendo una tierra de desempleo y de mucha emigración. Familias que siguen viendo partir a sus hijos e hijas hacia otros territorios, vaciando de futuro nuestras ciudades y municipios y de otras que aquí llegan para padecer explotación, racismo y abusos. Este 8 de marzo, desde el SAT hacemos un llamamiento a las instituciones y las instamos a creen un plan integral de empleo en nuestro territorio, que nos ayude a poder retornar o a no tener que seguir marchándonos de ella y que este plan mire hacia el futuro dignificando trabajos como los de la Hostelería y encaminando el futuro hacia un modelo productivo propio que cree autentico valor añadido. Queremos vivir y trabajar dignamente en nuestra tierra y que así lo hagan nuestras hijas e hijos .

De igual manera, seguimos recordando la situación de exclusión y de desigualdad que sufren las mujeres jornaleras en el campo de Granada y en sus almacenes de manipulado. Una situación nada novedosa y que viene repitiéndose décadas, y que supone la no contratación de estas mujeres en la mayoría de los casos. Esto supone la expulsión del mercado laboral de miles de mujeres y, más aún, cuando de los 45 años en adelante. Una situación injusta, que es el resultado de un machismo que aún perdura en nuestros campos. Exigimos inspecciones de Trabajo que denuncien esta situaciones y Planes de Igualdad también en los tajos que nos permitan superar esta realidad.

Sin más, desde La Unión Territorial del SAT de Granada, seguimos animando a luchar por el reconocimiento pleno de las trabajadoras, el reparto equitativo de los recursos y el fin del machismo en nuestros centros laborales.

Andaluza, este 8 de marzo ¡Organízate y lucha! Si nosotras paramos se para el mundo. Por una Huelga General Feminista que visibilice nuestro papel en la sociedad y nos permita luchar y reivindicar una igualdad real

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El SAT de Granada ante el 8 de Marzo.

El SAT de Granada ante el 8 de Marzo.

Este próximo 8 de marzo, desde el SAT reafirmamos nuestro compromiso con lucha feminista y la emancipación de la mujer. En un año difícil para todos y todas, proponemos poner la situación laboral de la mujer en el centro del debate.

La situación del COVID ha traído muchas dificultades que hace un año parecían pura imaginación. A través de estos meses, no solos los confinamientos han sido noticia, sino también la situación cada vez más precaria de la clase trabajadora. Dentro de este contexto, la situación desigualdad nos coloca a las mujeres en una posición de especial vulnerabilidad, sufriendo los peores estragos del desempleo y la pobreza.

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Nuestros trabajos precarios, sin contratos y en empleos que nos hacen poco visibles, como son los cuidados, el campo o la limpieza, nos han dejado fuera de las prestaciones sociales. Trabajos muy poco valorados pero que nunca pararon cuando todo lo demás lo hizo: Las jornaleras continuaron trabajando la tierra, las cuidadoras no abandonaron a las personas dependientes, ni las limpiadoras faltaron en los edificios públicos ni sanitarios. En muchos casos, la situación de teletrabajo, mal planteada y sin recursos necesarios, nos han obligado a lidiar con nuestros puestos laborales a la vez que cuidábamos de menores o ayudábamos con las tareas escolares, dando lugar a dobles jornadas laborales simultáneas. Necesitamos una buena implementación de las condiciones de las tele-trabajadoras, que no nos obliguen a decidir entre los cuidados y el mantener nuestro puesto laboral.

Hostelería 8 de marzo 2021

Hacemos una mención especial a todas aquellas compañeras sanitarias, que han sabido gestionar esta crisis lo mejor que han podido, sosteniendo sobre sus hombros un sistema sanitario debilitado y desposeído de sus recursos. Seguiremos luchando por una mejora de la situación laboral del personal del sistema sanitario y de todas las que trabajaban en las diferentes labores que se dan en los hospitales, centros de salud, etc, por una seguridad en sus empleos y por una Sanidad Pública a la altura del personal laboral que en él trabaja. Esas propuestas y deseos las hacemos extensivas a todas las trabajadoras del sector y servicios públicos que sufren el ataque privatizador y desmantelador de lo público por parte de la Junta de Andalucía, la mayor parte de ayuntamientos y del gobierno del Estado español.

Además de la situación producida por el COVID, nuestra provincia sigue sufriendo los estragos del abandono institucional, siendo una tierra de desempleo y de mucha emigración. Familias que siguen viendo partir a sus hijos e hijas hacia otros territorios, vaciando de futuro nuestras ciudades y municipios y de otras que aquí llegan para padecer explotación, racismo y abusos. Este 8 de marzo, desde el SAT hacemos un llamamiento a las instituciones y las instamos a creen un plan integral de empleo en nuestro territorio, que nos ayude a poder retornar o a no tener que seguir marchándonos de ella y que este plan mire hacia el futuro dignificando trabajos como los de la Hostelería y encaminando el futuro hacia un modelo productivo propio que cree autentico valor añadido. Queremos vivir y trabajar dignamente en nuestra tierra y que así lo hagan nuestras hijas e hijos .

De igual manera, seguimos recordando la situación de exclusión y de desigualdad que sufren las mujeres jornaleras en el campo de Granada y en sus almacenes de manipulado. Una situación nada novedosa y que viene repitiéndose décadas, y que supone la no contratación de estas mujeres en la mayoría de los casos. Esto supone la expulsión del mercado laboral de miles de mujeres y, más aún, cuando de los 45 años en adelante. Una situación injusta, que es el resultado de un machismo que aún perdura en nuestros campos. Exigimos inspecciones de Trabajo que denuncien esta situaciones y Planes de Igualdad también en los tajos que nos permitan superar esta realidad.

Sin más, desde La Unión Territorial del SAT de Granada, seguimos animando a luchar por el reconocimiento pleno de las trabajadoras, el reparto equitativo de los recursos y el fin del machismo en nuestros centros laborales.

Andaluza, este 8 de marzo ¡Organízate y lucha! Si nosotras paramos se para el mundo. Por una Huelga General Feminista que visibilice nuestro papel en la sociedad y nos permita luchar y reivindicar una igualdad real.

SAT GRANADA

ÁREA DE LA MUJER

EL SAT DE GRANADA ANTE EL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

EL SAT DE GRANADA ANTE EL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

andalucía 300.000 PARADOS MÁS

EL SAT DE GRANADA ANTE EL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

Desde la Unión Territorial del SAT de Granada queremos dirigir unas palabras al pueblo trabajador granadino y andaluz de cara a este 28 de febrero del año 2021, cuando el gobierno autónomo – conformado por el PP y Ciudadanos (sostenido por los votos de los fascistas de Vox) – lleva semanas diciendo conmemorar el día institucional de Andalucía, mientras mantiene sus políticas de privatización de servicios públicos como la Sanidad, la Educación, etc y su “ajuste de cuentas” con el régimen del PSOE que consiste en un “quítate tú para que me ponga yo” y que se concreta en la liquidación de entes, agencias y organismos públicos creados durante décadas de “gobiernos socialistas” para que sean sustituidos por otros a cargo de nuevos políticos profesionales y empresarios, cuando no son directamente privatizados a mayor gloria de los especuladores, rentistas y desmanteladores del Sector Público a los que el actual gobierno de Juan Manuel Moreno representa.

La apuesta por el desmantelamiento del sector público del actual gobierno de la Junta se concreta en ejemplos tales como la liquidación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la supresión de líneas educativas y el cierre de colegios en el territorio de Granada en beneficio de la enseñanza religiosa, segregadora y privada -ya sea “concertada” o subvencionada de otras maneras- y la cesión de presupuestos y servicios de nuestra Sanidad Pública para que diversas empresas sanitarias hagan su negocio al amparo de las disposiciones del gobierno andaluz.

La apuesta por “el ladrillo”, la agricultura intensiva e industrializada, las macro granjas y, en definitiva, el abandono de políticas de protección medioambientales del gobierno del arribista Moreno y la renuncia a disponer de una política económica con visión de futuro que apoye el desarrollo y explotación sostenible de nuestros recursos, la agricultura agroecológica y la implantación de empresas que aporten verdadero valor añadido y coadyuven a un desarrollo y cambio de modelo productivo para Andalucía, dejan bien claro que el actual gobierno andaluz únicamente vela por los intereses de aquellos que esquilmaron y siguen esquilmando nuestra tierra.

Se proyectan autopistas de torres de alta tensión que deterioran el territorio de manera irreversible, se colonizan inmensas extensiones de terreno con plantas solares y otras instalaciones de producción eléctrica supuestamente ecológicas, obsoletas en su planteamiento y nulas en cuanto al beneficio social y al desarrollo de las comarcas en las que se instalan, y se imponen nuevos vertederos (como el de Venta Nueva – Huétor Tájar y otros ) en lugar de apostar por un consumo sostenible y respetuoso y se abandona la más que necesaria conexión ferroviaria con Murcia y el Levante peninsular que el centralismo de Madrid canceló hace décadas.

Sanidad Pública convocatoria 20 de junio

La realidad de Andalucía, ante estas realidades y “dolores” causados por los políticos del Trifachito, es la siguiente a 28 de Febrero del 2021:

– En Andalucía tenemos actualmente 907.000 desempleados, lo que representa el 22,7% de la población activa (casi uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras en edad de trabajar) siendo el 52,5% de ellos menores de 25 años y los sectores estratégicos, que aportan valor añadido y que cimentan el tejido industrial en Andalucía son cada vez más pobres: la industria representa el 8,5% de la economía y la agricultura, que da de comer a la población solo es el 9,5%.

– Entre el 2015 y 2020, se han echado de sus viviendas a 62.630 familias por no poder pagar rentas o hipotecas. Según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) es que el 23,05% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre del año 2020 lo fueron en Andalucía, y que de forma similar, aproximadamente la cuarta parte de la ejecuciones ya iniciadas e inscritas están en la comunidad andaluza, mientras que los datos del CGPJ nos arrojan cifras que producen sonrojo ante los propios granadinos y granadinas, Andalucía entera y el mundo.

– La pobreza crece a pasos agigantados y ahora alcanza a 3,2 millones de personas, el 37,7 de una población de cerca de 9 millones de andaluces. De estos pobres, más de la mitad viven en la pobreza severa y exclusión social. El aumento de los “trabajadores y trabajadoras pobres”, aquellos y aquellas que pese a tener un empleo no disponen de suficientes recursos para vivir dignamente, sigue en aumento.

– Gran parte del litoral andaluza ha desaparecido y sido destruido y contaminado. Las infraestructuras dedicadas al turismo han destruido paisajes, costumbres, culturas y formas de trabajo milenarias. Nos dedican a servir al turismo europeo, habiendo en Andalucía casi 2.500 hoteles e infinitos negocios hosteleros y turísticos donde trabajan centenares de miles de andaluces y andaluzas en condiciones deplorables y con salarios y cotizaciones de auténtica miseria.

– El latifundismo sigue presente en las feraces tierras andaluzas, que se concentra todavía más en menos manos y nos aleja de la tan ansiada Reforma Agraria. El 2% de propietarios poseen el 60% de la tierra Hoy la propiedad de la tierra es la misma que en la conquista por el Reino de Castilla de Andalucía hace 600 años. Nada ha cambiado. Y se intensifica y favorece por parte e la Junta la propiedad privada de la tierra y el fomento de la agricultura industrializada capitalista que lleva a la destrucción del medio y al desempleo masivo en las zonas agrícolas.

– Las trabajadoras andaluzas siguen siendo discriminadas, agredidas, asesinadas y ostentan los empleos peor retribuidos, lo que evidencia que la feminización de la pobreza, lejos de retroceder y llegar a su fin, aumenta y se convierte en crónica y estructural al propio sistema económico imperante.

– La sanidad y la educación pública ha perdido en estos últimos años 8.200 médicos y personal sanitario y 7.379 profesores en todos los niveles. Ya éramos la comunidad que menos invertía en sanidad y educación por habitante y, ahora, nos instalamos permanentemente en la cola de la protección de los servicios públicos y sociales.

– En las fronteras andaluzas se siguen levantado muros para impedir la entrada de los que huyen de guerras, miseria y hambre y seguimos padeciendo la amenaza de las dos bases militares de EEUU desde las que se agrede a países del norte de África y de Medio Oriente. Andalucía es el territorio más militarizado de España que concentra la mitad del ejército e instalaciones militares.

Por todo ello decimos que el 28 de Febrero, día institucional de Andalucía,no es un día de celebraciones y debe representar una jornada de lucha. Nuestro día nacional es el 4 de diciembre cuando el pueblo andaluz llenó con millones de personas nuestras calles para exigir iniciar un proceso de autogobierno. El 28 F, día de cuchipandas de políticos y en el que se reparten medallas y títulos a quienes representan, sostienen y legitiman a ese sistema que nos ahoga y nos condena, NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR.

Este 28 F volvemos a llamar a la clase trabajadora granadina a que luchen por sus derechos y que se levante contra este sistema para que podamos ser libres y soberanos, para poder conquistar una tierra con PAN, TRABAJO, TECHO, JUSTICIA Y LIBERTAD para todos.

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).

Unión Territorial de Granada.

Manolo Hidalgo (CTI) pide el voto para el SAT en las elecciones sindicales a la Junta de Personal (PAS Funcionario)

Manolo Hidalgo, sindicalista y delegado de la Universidad de Granada por la CTI, pide el voto para el SAT en las elecciones sindicales a la Junta de Personal (PAS Funcionario)

 

ES HORA DE AVANSAT, POR TRANSPARENCIA VOTA SAT
( 10 de Marzo elecciones a la Junta de Personal de la UGR)

QUÉ QUEREMOS
Una universidad de calidad, para la sociedad y verdaderamente pública, una Junta de personal de todas y todos donde tengan cabida las diferentes sensibilidades para hacer una defensa del empleo público con iniciativas y valentía, donde no se permita ninguna agresión a la UGR como administración pública. Una UGR solidaria que haga gala y defensa de un servicio de comedores público acorde a las necesidades, una UGR que apoye y respete al personal con discapacidad física y sensorial, y que practique políticas de igualdad real entre mujeres y hombres.

El SAT convoca Huelga Feminista el próximo 8 de Marzo.

El SAT convoca Huelga Feminista el próximo 8 de Marzo.

El próximo lunes 8 de marzo se conmemora el día de la Mujer Trabajadora y este año en concreto se celebra en un contexto especialmente duro para las mujeres. Si para algo ha servido esta pandemia ha sido para evidenciar la importancia y la ‘esencialidad’ del trabajo de las mujeres, un trabajo que sin embargo es generalmente minusvalorado, invisivilizado, no reconocido y a menudo no remunerado. Han sido las jornaleras, las limpiadoras, las cajeras, las reponedoras, las sanitarias, las maestras, las trabajadoras del sector servicio, las de ayuda a domicilio, las trabadoras de la industria alimenticia… las ‘esenciales’, nuestras esenciales, nosotras, sin las que no se mueve el mundo pero que están sobre-explotadas, y están trabajando en condiciones de precariedad y con una falta de seguridad importante en la pandemia. Son las mujeres las que han sufrido en mayor medida los ERTEs, las que se han visto obligadas a compaginar a la vez un teletrabajo desregulado con los trabajos de cuidado y crianza.
Son precisamente los trabajos más feminizados los que sufren unas condiciones de mayor precariedad en términos de temporalidad, salarios, horas extras no remuneradas… Por no hablar de la doble jornada laboral que asumen las mujeres: en un trabajo precario fuera de casa y en un trabajo doméstico invisibilizado y no remunerado, un trabajo sin el cual la sociedad en su conjunto no funcionaría y que en la actualidad supone el 40,77% del PIB del estado español. Más de 400.000 millones de euros que no se está remunerando a las mujeres por su trabajo.
Estas condiciones no han cambiado desde que hace tres años se convocara la primera huelga feminista el 8M. Estas condiciones no han mejorado con el actual gobierno, que es incapaz de tomar medidas que verdaderamente mejoren la realidad concreta de la clase trabajadora y en particular de las mujeres trabajadoras. Al contrario, la situación actual no ha hecho sino empeorar nuestras condiciones. Nos sobran los motivos por tanto para ir a la huelga el próximo 8M, para visibilizarnos, para reivindicar unas condiciones de trabajo dignas, una igualdad salarial, un reconocimiento del trabajo de cuidados, y unas políticas de conciliación y de igualdad reales.
Si nosotras movemos el mundo, nosotras podemos pararlo.
El próximo 8M llamamos a todos los sectores, trabajadores y trabajadoras feministas a que se sumen a la Huelga.

Área de la Mujer.

SAT Granada.

andaluza y feminista 2

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PDI DE LA UGR ANTE LA COVID-19

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PDI DE LA UGR ANTE LA COVID-19

La sección sindical del SAT-PDI en la Universidad de Granada (UGR) ha llevado a cabo una investigación para conocer la situación actual del personal docente e investigador (PDI) de la propia universidad. El estudio, que se ha realizado de modo virtual, ha tenido por objetivo sondear la situación laboral del PDI en este curso 2020/2021 a raíz del impacto que está teniendo la pandemia global Covid-19 en la carrera profesional, así como las respuestas y medidas tomadas por los organismos políticos y universitarios al respecto. A continuación se detallan las principales conclusiones del estudio y algunas declaraciones de la profesora Pechi Murillo, delegada sindical del SAT-PDI laboral de la UGR, como voz más representativa del sindicalismo combativo.

Con una participación de más de un centenar de personas pertenecientes al PDI, lo que consideramos una muestra que, sin ser excesiva, sí debe ser considerada como representativa, de las personas participantes, exactamente el 50% del total, son personal con contratos permanentes (Profesorado Contratado Doctor, Titulares o Catedráticos y Catedráticas); mientras que un 36,4% corresponde a personal laboral no estabilizado (postdoctorales y Ayudantes Doctores/as) y un 13,6% son personal contratado predoctoral. Con una mayoría de participantes procedentes de la Facultad de Filosofía y Letras, también encontramos personas que han respondido a esta investigación que proceden de diferentes centros: Facultad de Ciencias, Facultad de Traducción e Interpretación, Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informáticas y Telecomunicación, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Derecho, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; es decir, prácticamente contamos con participantes de sectores pertenecientes a los diferentes centros de trabajo de la UGR.

El primer bloque de preguntas tuvo la pretensión de conocer la satisfacción del personal docente e investigador respecto a la información recibida y las medidas tomadas tras los diversos decretos relacionados con la pandemia covid-19. De los resultados obtenidos, un 26,3% de las personas participantes suspende a la UGR ante la pregunta de si la institución ha proporcionado herramientas y formación suficiente para afrontar las distintas situaciones relacionadas con la docencia que se están dando con la pandemia. Por otra parte, el 18,2% sí se muestra altamente satisfecho. Y es el gran bloque, representado por un 55,5% del PDI, el que se manifiesta como ambiguo o favorable al respecto.

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Pregunta a Pechi. ¿Cuál es tu visión específica respecto a las herramientas tecnológicas para afrontar la situación de la pandemia?

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que las herramientas tecnológicas en la Universidad eran ya deficientes antes de la pandemia. La firma de un contrato con la Universidad no siempre conlleva que se le proporcione un ordenador al trabajador/a y hay casos de contratos predoctorales que no solo es que no reciban un ordenador, si no que ni siquiera se le otorga un espacio de trabajo. Los ordenadores son la herramienta de trabajo básica en la Universidad y estas deben de correr a cargo de la empresa, ni de los proyectos de investigación, ni de la buena voluntad de los directores o directoras de los departamentos. Con la pandemia la situación ha empeorado radicalmente: Se han dado situaciones de profesorado a quien no le han permitido trasladar el ordenador de su despacho a su domicilio y en líneas generales se le ha exigido al PDI que teletrabaje con sus medios personales, en muchas ocasiones compartidos con otros miembros de la familia, en ocasiones sin espacios de trabajo adecuados, sin dotarlo de la formación ni los accesorios necesarios (cámaras, micros, altavoces) y asumiendo el trabajador tanto los gastos de electricidad e internet como de las propias herramientas de trabajo. Y esta situación es sin duda más grave para los sectores del PDI más precarios.

Sobre las medidas sanitarias tomadas ante el avance de la pandemia (prevención, higiene, mascarillas, distancias) e incluyendo qué hacer en caso de contagio, la mayoría considera que tiene información más que suficiente (52,8%), seguidos de aquellos que consideran tener algo de información aunque no suficiente (44,4%) y prácticamente residual los participantes que opinan que no tienen ningún tipo de información (2,8%). Esto contrasta con las respuestas dadas acerca de si los respectivos centros están preparados a nivel docente para las medidas ante la convid-19, ya que un 80,9% consideran que aunque se han tomado algunas medidas, éstas son insuficientes y consideran que quedarían diversos aspectos a mejorar. Ante la misma pregunta, pero referida a la situación en cuanto a la investigación, un 10% consideran que no se han tomado medidas suficientes, un 56,4% manifiesta que aunque se han tomado algunas medidas siguen siendo insuficientes y quedarían cosas por mejorar, sólo un 10% piensan que todo es excelente, quedando un amplio espectro, el 23,6%, que no sabe, no contesta o no puede opinar al respecto.

Ante la pregunta abierta de qué mejoras se proponen, hay una gran mayoría, un 78%, que alude a la necesidad de mejorar los equipamientos, materiales e infraestructuras para la docencia online, pidiendo webcams que funcionen, micrófonos y altavoces e incluso la contratación de más personal técnico de apoyo para ayudar con los equipos informáticos, habiendo incluso quien propone que la universidad abone parte de los costes de conectarse a internet desde casa para trabajar.

En segundo lugar, el siguiente bloque de demandas que se realiza en el estudio, se ha centrado en las medidas específicas de higiene y limpieza de los centros de trabajo, incluyendo aulas y laboratorios, y la instalación de hidrogeles desinfectantes, que parecen ser deficientes en la mayoría de los centros. Sirva como ejemplo una de las respuestas recibidas: “Que se instalen en todas las aulas de docencia los medios necesarios para la retransmisión simultánea para no tener que aportar medios propios. Que se nos proporcione los EPIs necesarios y no una mascarilla a la semana, totalmente insuficiente según las especificaciones técnicas de los propios equipos”.

Pregunta a Pechi: ¿Cuál es tu consideración al respecto de los decretos, medidas de prevención y/o sanitarias?

Aunque es cierto que no se detectaron brotes importantes en las primeras semanas de clase, las medidas de seguridad fueron insuficientes. Resulta disparatado que se proporcionara sólo una mascarilla semanal al PDI y que la solución para la ventilación en las aulas fuera un genérico ‘abran ustedes las ventanas’, cuando ni todas las aulas cuentan con buena ventilación ni en pleno enero en Granada se puede estar con las ventanas abiertas sin considerar en ningún momento una inversión en sistemas de purificación del aire. Claro que al haber tenido prácticamente todo el cuatrimestre las clases online esta deficiencia en las medidas sanitarias no se ha advertido mucho, sí en cambio las deficiencias pedagógicas de una enseñanza online. En cualquier caso tampoco se observa que haya una planificación clara, con cambios de timón constantes: primero exámenes presenciales, luego exámenes online… Después de haber tenido una docencia online durante todo el cuatrimestre no parecía muy lógico exigir que los exámenes fueran presenciales y movilizar a 50.000 estudiantes a que volvieran de sus ciudades de origen a examinarse a Granada precisamente en un momento en el que lo que se pide es que se reduzca el movimiento. Bajo estos cambios, defendemos la necesidad de reducir las ratios del alumnado y aumentar la contratación de profesorado.

PDI foto

Pregunta a Pechi: ¿Cuáles son las medidas de mejora necesarias que debería tomar la UGR?

La UGR tiene que poder garantizar que las clases sean presenciales, como han seguido siendo en muchas otras universidades, en los colegios y en los institutos, y que la presencialidad sea segura. Para eso, aparte de acondicionar los espacios y ofrecer medidas (filtros de aire, gel y mascarillas como mínimo diarias) es indispensable la contratación de personal que permita desdoblar grupos y contar con la mitad de aforo en las aulas. Pero no porque se haya quedado la mitad del alumnado en casa y en la práctica estén recibiendo el 50% de la docencia, eso no es más que una chapuza, si no porque haya personal suficiente para atender a grupos con un 50% del aforo. Así como no puede exigir que el personal de baja por covid continúe con clases virtuales, ni que esas clases las asuma ‘voluntariamente’ un compañero o compañera de departamento. Debe tener una lista de sustitutos ya evaluada disponible para una rápida sustitución en situaciones de baja. Y en caso de que la pandemia obligara a una docencia virtual, tiene que facilitar la formación, las herramientas y los espacios necesarios para poder desarrollarla. El teletrabajo necesita de una mayor regulación tanto en horas de trabajo como en asunción de los costes.

El segundo bloque de preguntas del estudio, ha tenido la finalidad de indagar en el conocimiento que el PDI de la UGR tiene respecto a sus derechos laborales. Aunque una mayoría considera que sí se cumplen estos derechos (el 55,9%), o que sí se cumplen pero sólo en algunos sectores (43,1%; solo 1 persona considera que no se cumplen en absoluto), apenas el 21,8% afirma conocer todos los documentos legales que regulan los mismos (Estatuto de los trabajadores, Estatuto de Personal Investigador, Convenio de PDI de Universidades Andaluzas etc.). La gran mayoría del PDI participante, un 51,8 %, ha manifestado que conocen dichas normativas pero apenas las han consultado. Un 17,3% afirman no haber consultado nunca ningún documento respecto a la situación laboral, e incluso un 9,1% afirma desconocer por completo la existencia de la legislación que regula sus derechos laborales. La totalidad de los participantes que componen el grupo del personal fijo y/o funcionario conoce estas regulaciones, con sólo una excepción, pero sin embargo, el 32,3% del personal laboral, sustitutos interinos o de los contratados de investigación pre y posdoctorales afirman desconocer por completo sus derechos laborales o bien no haberlos consultado nunca.

Pregunta a Pechi: A la situación del desconocimiento del PDI de sus derechos laborales, ¿por qué ocurre esto?, ¿cómo debería de actuar el SAT para lograr acciones encaminadas a que el PDI se forme en el conocimiento de sus derechos laborales?

Es una tragedia que el personal, y especialmente el personal más precario no conozca que existe una normativa que regula sus derechos o no la haya consultado nunca. Es evidente que no se puede reclamar ni mejorar lo que no se conoce. Una parte de la situación creo que se explica por la excesiva fragmentación contractual de las universidades, hay tantas modalidades de contratos que es fácil que el personal no sepa lo que le corresponde a unas y a otras. Esto es un lastre con el que habría que acabar. Pero también hay una parte de responsabilidad por parte de los sindicatos, que deberían tratar de facilitar esta información a los distintos colectivos, aunque no es tarea fácil, desde la sección sindical de PDI laboral hemos intentado organizar cursos de formación precisamente con este tipo de contenido y nos hemos encontrado con infinidad de trabas por parte de la Universidad. Tanto la fragmentación (que suele conllevar una mayor precarización) como la ignorancia en derechos laborales es algo que les viene muy bien.

La pandemia parece haber hecho mella en la situación laboral del PDI de la UGR. Aunque un 40% consideran que sus derechos se cumplen igual que antes de la pandemia, un 48,2% afirman que sus derechos han empeorado (el resto no se manifiesta al respecto, ya sea por desconocimiento o porque no estaban trabajando en la UGR antes de la pandemia). En este caso hay un reparto equilibrado entre personal fijo/funcionariado y personal no estabilizado en cuanto al cambio de las condiciones laborales con la pandemia, lo cual además no quiere decir en ningún caso que sus condiciones antes del covid-19 fuesen las ideales.

Merece la pena también que expongamos algunos de las participaciones que hemos recibido acerca de qué manera la pandemia ha afectado a los derechos laborales. La mayoría insisten en un aumento de las horas de trabajo, la ausencia de equipos técnicos o las necesidades de atención individualizado al alumnado. Así hay quien afirma que: “la UGR no ha contemplado qué medios técnicos necesita el profesorado para el teletrabajo desde casa. Se ha asumido que todos tenemos infraestructuras y equipamiento necesario, pero puede no ser el caso”.

Gioconda

Otro de los participantes sostiene que: “son muchas más horas con el teletrabajo. Se necesitan medios en el hogar para poder trabajar (un despacho o cuarto propio, un buen nivel de internet, un equipo informático adecuado, etc.) que no los proporcionan en el trabajo”.

Y en este mismo sentido, otro de los participantes especifica que “el teletrabajo no respeta los horarios de trabajo, con jornadas que se alargan mañana, tarde y noche. No me han proporcionado ningún equipo informático. Han incrementado mis gastos de electricidad. No tengo fácil acceso a material bibliográfico.

Resulta también importante señalar que en muchas de las respuestas recibidas se insiste en que toda esta nueva situación está afectando, fundamentalmente, a la investigación, ya que la multiplicación de horas de trabajo se destina siempre a las necesidades docentes. De hecho hay quien reivindica, con cierta aflicción, que: “nunca ha habido una distribución «humana» entre horas de docencia, de investigación y de gestión (labor que tiene cualquier PDI), ahora se ha multiplicado todo por un número indefinido que nadie sabe calcular. La labor docente se está comiendo el 100% de nuestra actividad dejando a un lado la investigación. Además, no hay una sana separación entre vida privada y vida profesional por lo involucrado que está la familia en mis horas de clases (no se puede entrar en mi cuarto o hablarme, no se puede conectar nadie durante mis horas de clase por si se cae la conexión y viceversa).”

Para finalizar, otro de los bloques del estudio ha tenido la finalidad de conocer aspectos más específicos relaciones con el derecho a percibir diversos complementos salariales (trienios, quinquenios y sexenios) tanto relacionados con la docencia como con la investigación. El 62,7% de los participantes ha manifestado conocer estos derechos laborales, mientras que un 27,3% en cambio los desconoce. Por otro lado, un 7,3% no tiene derecho a ellos pero les parece lo normal dada la situación. Lo que sí parece más rotundo, es la consonancia de los participantes ante la pregunta de si consideran justo que la UGR no reconozca ciertos complementos como los trienios al personal temporal investigador y sí les sean reconocidos al personal temporal docente. Al 63,3% les parece totalmente injusto y piensan que debería equipararse como ocurre con otras universidades, el 33,9% no se manifiestan al respecto porque no tienen información suficiente al respecto, y un residual 2,8% opina que sí es justa esta situación porque son situaciones laborales diferentes.

Pregunta a Pechi. ¿Cómo se debería equipar los complementos de los derechos laborales ante las diversas situaciones profesiones?

Las Universidades son uno de los sectores de la Administración Pública con más discriminación (si no el que más) de su personal laboral temporal. Los investigadores laborales no tienen derecho a percibir trienios (pero los docentes laborales sí) cuando los trienios lo que reconocen es la antigüedad en la administración, independientemente del trabajo desempeñado ¿por qué un profesor asociado puede cobrarlos pero un Ramón y Cajal no? ¿qué justifica eso? Esto es algo que no ocurre en ninguna otra administración. Lo mismo pasa con los quinquenios (complementos por docencia) y los sexenios (complementos por investigación). El personal indefinido puede cobrarlos pero el laboral temporal no, lo cual supone una clara violación del derecho a la igualdad y la no discriminación que deben respetar todos los convenios colectivos. Es indignante que un convenio colectivo que discrimina claramente al personal laboral temporal fuera firmado por los grandes sindicatos CCOO y UGT. Ahora una sentencia del Tribunal Supremo acaba de reconocer esta discriminación que llevamos años denunciando pero ¿qué pasa con todas las pagas no percibidas por no haber podido pedirlos en años anteriores? Deberían reclamarse también. Este y todos los derechos, en la Universidad como en la Administración Pública en general, el personal temporal laboral debe estar equiparado en derechos al personal funcionario. Esto es lo que hemos defendido siempre y lo que seguiremos defendiendo.

Finalmente, de forma complementaria, porque el SAT-PDI está siempre en lucha contra las desigualdales, un apartado del estudio se ha centrado en aspectos relacionados con la discriminación sexual, sobre las que conviene reflexionar y profundizar de manera inmediata. Ante la pregunta de si hay en los centros de trabajo discriminación sexual o acoso machista en cualquiera de sus formas. Un 44,9%, casi la mitad, ha optado por la opción de no ser consciente de desigualdades por razón de sexo y/o género. Mientras que un 13,1% prefiere no manifestare al respecto, un 16,8% afirman que no hay discriminación ni acoso haciendo llegar una postura que sostiene que en la UGR prima el ambiente de igualdad y respeto. Frente a ello, un 25,2% han optado por manifestar de forma clara que sí hay discriminación y acoso.

Pregunta a Pechi: ¿Discriminación sexo/género?

Aunque se ha avanzado en algunos aspectos, por desgracia la Universidad es un espacio en el que siguen operando muchos mecanismos machistas y existen todavía muchas carencias: no hay planes de igualdad en los departamentos, los horarios no posibilitan la conciliación familiar, con turnos de mañana y tarde en ocasiones hasta las 21.30 de la noche, que cambian de un cuatrimestre a otro… y como los horarios se eligen por jerárquico orden, los catedráticos (y hablo en masculino, que son la mayoría) tendrán siempre los mejores tramos horarios mientras que los peores recaerán siempre en el personal más precario, que suele ser el más joven y que si tiene hijos o hijas hace imposible la conciliación. Desde el SAT llevamos tiempo pidiendo la creación de guarderías en la Universidad, como tienen el resto de Universidades andaluzas. La UGR es a día de hoy la única universidad andaluza que no cuenta con centro de, teniendo algunas universidades incluso una guardería por campus! Algo así facilitaría en gran medida la conciliación. También podría mejorarse el protocolo de acoso, que a día de hoy resulta bastante genérico, y sería deseable que todo el personal tuviera, de forma sistemática, una formación anual en igualdad como hacen otras universidades europeas. Creo que este tipo de iniciativas ayudarían a evidenciar todos los mecanismos y actitudes machistas con los que seguimos conviviendo.

Sección Sindical en la UGR

SAT – PDI (Profesores Docentes Investigadores)

¿ Para cuándo la ley de plataformas digitales?

¿ Para cuándo la ley de plataformas digitales?

La ley de plataformas digitales ( “Ley Raider” ) que afecta, entre otras, a la regulación de las empresas de reparto de comida a domicilio sigue sin decretarse.

El Gobierno no descarta legislar si no hay acuerdo en la negociación de la Ley de riders, pero ¿cuándo?

El pasado 20 de enero, el Ejecutivo pidió a patronal y sindicato (CCOO -UGT) que se fuese cerrando el texto de la ley de plataformas digitales que debiera evitar el fraude en la contratación o la figura de los “falsos autónomos”, así como legislar sobre distintos aspectos de las plataformas digitales que el obsoleto y parcial ordenamiento jurídico -laboral del Estado Español no contempla. En el último encuentro que se celebró, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz presentó un nuevo documento y pidió que la próxima reunión que se celebrara fuera para cerrar ya el texto de esta normativa.
Posteriormente, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló el martes 2 de febrero que su Ministerio convocaría a los agentes sociales la semana siguiente para tomar una decisión definitiva sobre la Ley de trabajadores de plataformas digitales, conocida como Ley de riders, y que aunque su propósito es alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, «la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo».

Y ahí siguen: el gobierno sin legislar y la patronal y los sindicatos reunidos y viendo cómo le sacan unos dinerillos al gobierno que pagaremos todos. Por que, eso sí e lo que los “agentes sociales” sí se han puesto de acuerdo es en la creación del observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios y que (cómo no) tendrá su dotación económica y su presupuesto para que estos lumbreras se reúnan a deliberar.

Como novedad, en lo que se va conociendo del texto redactado para la futura ley se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos. Además, en la redacción sigue presente que se establezca una condición de laboralidad, conforme se plasmaba en la última sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.

Glovo, Deliveroo, Uber y otras plataformas de reparto mantienen relación laboral con los falsos autónomos.

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del
contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una «mera intermediaria» en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, para indicar que los trabajadores tienen total dependencia de la empresa.

Los elementos que siempre aparecen en un contrato de trabajo independientemente de cuál sea este, son, entre otros, la dependencia y la ajenidad. Cuando hablamos de dependencia queremos decir que el trabajo que realiza el empleado se lleva a cabo dentro de una organización y con una dirección por parte del empresario.

Dependencia también significa que el trabajador tienen una cierta autonomía a la hora de ejercer su trabajo, pero siempre bajo las directrices del empresario y bajo unas órdenes y unas normas concretas que el trabajador tiene obligatoriamente que aceptar y desarrollar.

Cuando hablamos de ajenidad nos estamos refiriendo a que el trabajo se realiza por cuenta ajena y queda claramente diferenciado del trabajo por cuenta propia. La ajenidad es doble, ya que implica por una lado los frutos y por otro los riesgos. Cuando hablamos de ajenidad en los frutos nos estamos refiriendo a que un contrato de trabajo por cuenta ajena los frutos los recibe una persona distinta que el trabajador contratado.

Cuando nos referimos a ajenidad en los riesgos nos estamos refiriendo a que el coste del trabajo lo asume totalmente el empresario que también recibe el resultado económico de las operaciones en las cuales participa el trabajador, independientemente que este resultado económico sea positivo o negativo, esto es, se consigan ganancias o se acumulen pérdidas.

La sentencia del Tribunal Supremo.

STS_2924_2020SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Desde el año 2018, tras la Sentencia del Juzgado de lo Social de Valencia respecto la empresa Deliveroo, los riders o repartidores a domicilio están librando una batalla judicial, varias sentencias ya se han pronunciado en relación con el carácter laboral de la relación que une a estos repartidores, y, sin embargo, están dados de alta como trabajadores Autónomos.

La sentencia establece que la empresa de reparto a domicilio (Glovo) es la titular de una plataforma virtual en la que, a través de una aplicación, se permite a comercios y locales ofertar sus productos y entregarlos al consumidor mediante un repartidor. Los repartidores o riders, trabajan a través de la aplicación de la empresa, recibiendo las notificaciones de los pedidos que les son asignados en función de diferentes parámetros, como su localización, horario, valoración personal, el volumen histórico de pedidos y la puntuación realizada a los repartidores conforme la valoración de clientes y proveedores.

La sala de lo Social del Supremo determina que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Si no que Fija “las condiciones esenciales para la prestación del servicio y es “titular de los activos esenciales para la realización de la actividad”. Asimismo, establece que Glovo se sirve de repartidores que no tienen una organización empresarial “propia y autónoma”, que “prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador.  Es decir, la organización empresarial subordina a sus repartidores, que no son libres de decidir cuándo y cómo prestan sus servicios.

El Tribunal Supremo considera que concurren las notas definitorias de una relación laboral, como son:

  • Dependencia y ajenidad:  la empresa es la que fija las condiciones esenciales para la prestación del servicio, además de ser la titular de los activos esenciales para la realización de la actividad, es decir, de la plataforma digital.
  • Bajo la organización de la empresa: los repartidores o riders no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, y prestan el servicio insertados en la organización de trabajo del empleador. la empresa tenía en todo momento geolocalizado al trabajador, al que podía pedir explicaciones en cualquier momento, y el trabajador carecía de libertad, dentro de su horario, para rechazar pedidos.
Los riders no tienen las condiciones para ser TRADE

Un falso autónomo no es lo mismo que un TRADE. El trabajador autónomo económicamente dependiente es aquel que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe, como mínimo, el 75% del total de sus ingresos. Además, otra de las condiciones para constituirse como TRADE es no disponer de trabajadores contratados por cuenta ajena.

La Inspección de Trabajo de Granada y la denuncia del SAT.

El 28 agosto 2019 un informe de la Inspección de trabajo, elaborado a requerimiento del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) y de varios raiders afiliados al mismo concluyó que los trabajadores denunciantes eran trabajadores por cuenta ajena.También levantó una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.


Noticia de Canal Sur al respecto del acta de la Inspección de Granada.
La inspección de trabajo de Granada ha obligado a la empresa Glovo a dar de alta en el régimen general de la seguridad social a ciento ochenta repartidores que trabajan como falsos autónomos.
Se trata de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.
El informe de la Inspección de trabajo concluye que son trabajadores por cuenta ajena, al tiempo que ha abierto una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.










Incrustado
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Incrustado


Noticia de Canal Sur al respecto del acta de la Inspección de Granada.

La inspección de trabajo de Granada ha obligado a la empresa Glovo a dar de alta en el régimen general de la seguridad social a ciento ochenta repartidores que trabajan como falsos autónomos.

Se trata de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.

El informe de la Inspección de trabajo concluye que son trabajadores por cuenta ajena, al tiempo que ha abierto una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.

El SAT ante el abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas

El SAT ante el abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas

Emplead@s públicos en abuso de temporalidad se manifiestan este 15F en las calles de nuestras ciudades, reclamando de nuevo justicia y un trato justo al desempeño de su trabajo. Estos trabajadores y trabajadoras han estado entre 3 y más de 40 años en los casos más sangrantes sin los derechos que amparan a empleados públicos fijos, sirviendo en las diferentes administraciones públicas y demostrando su mérito y capacidad después de haber superado los procesos selectivos que la propia administración considero en su momento adecuados para acceder a la función pública.

La trampa está en que la mayoría de estas personas accedieron a la función pública sin plaza, algunas llevan décadas en una vacante, y otras concatenando contratos años y años en plazas estructurales. En la mayoría de los casos esto ha ocurrido porque no se ofertaron todas las plazas que requerían ser cubiertas, en otras ocasiones porque las diferentes administraciones se han amparado en excusas de crisis financiera o presupuestos, cuando evidentemente los sueldos de esas personas se estaban pagando y entraban dentro de las partidas presupuestarias.

Lógicamente ponemos el grito en el cielo cuando vemos esto mismo en una empresa privada, porque evidentemente es un abuso que te condena a la precariedad permanentemente. Para acabar con esto, una directiva europea del año 1999  (1999/70/CE) daba unas directrices de obligatoria cumplimiento para los países miembros, esta directiva además tiene prevalencia (principio de primacía) sobre leyes nacionales y la propia constitución. La susodicha directiva se traspuso en el estado español en su momento, pero solo se ha venido aplicando en la empresa privada. Curiosamente lo que la ley obliga a cumplir a las empresas privadas no se está cumpliendo en las administraciones públicas.

Han sido varias las veces que Europa ha “tirado de la oreja” a los diferentes gobiernos por las altas tasas de temporalidad soportadas en las diferentes administraciones, una situación insostenible que decidieron arreglar entre el ministro Montoro y los sindicatos CCOO-UGT-CSIF en el año 2017 firmando un acuerdo para “estabilizar las plazas”, pero olvidaron que en las plazas hay personas, y detrás familias enteras, es así como las OPES de “estabilización” crean paradojas como que alguien con 20 años de experiencia (por ejemplo un auxiliar de biblioteca o un técnico de medios audiovisuales) y con varios procesos selectivos superados se vea en la obligación de presentarse a un mal llamado “proceso de estabilización” que no es otra cosa que una oferta de empleo pública y que en el caso  de suspender (cosa fácil si tienes que trabajar y estudiar a la vez, o tu vida ha cambiado y ahora tienes hijos o personas que dependen de  ti) se vea en la calle.

Esta situación puede ser muy peligrosa pues la media de edad del colectivo ronda los 52 años, con lo que cabrían muchas posibilidades de pasar a ser desempleados de larga duración,  y no olvidemos que además en pleno 2021 las tasas de temporalidad están aún más disparadas si cabe, con lo cual no parece que el “acuerdo de estabilización” funcione.

Es por esto que no son pocos los empleados públicos que están demandando a las diferentes administraciones, y aunque el Supremo venga tumbando sentencias favorables,  tampoco son pocos los juzgados que día si, día también, dan la razón a los demandantes en abuso de temporalidad, porque no olvidemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dejado claro en cuestiones prejudiciales y en varias sentencias como por ejemplo la del TJUE del 19 de Marzo que no puede haber despido libre y gratuito para los abusados y que hay que resarcir a las víctimas y sancionar a la administración. También deja claro que los procesos selectivos de “estabilización” no son una sanción, por lo tanto estos procesos no libran por si mismos a las administraciones empleadoras de fijar una sanción para compensar a las víctimas.

Una indemnización si puede ser una medida sancionadora, pero para ello ha de cumplir dos requisitos, que estén específicamente previstas para sancionar los abusos en la temporalidad y que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. El problema es que en el estado español “no hay ninguna indemnización específica y prevista para sancionar estos abusos” coincidiendo en esto la Sala de lo social del Tribunal Supremo y Sala de lo contencioso administrativo.

Por lo tanto, a nuestro parecer la única opción viable para resarcir y reparar a las victimas sería aplicar la jurisprudencia sentada por el TJUE, “Cuando un estado miembro no tiene fijada una sanción prevista por el incumplimiento de la directiva en el sector público, la trasformación del empleado público temporal víctima del abuso en empleado público fijo es sanción suficiente, esto aún cuando la normativa interna no lo especifique”.

Desde el SAT entendemos que una paralización de los procesos selectivos, así como una auditoría de las plazas ocupadas por personal en abuso de temporalidad y la FIJEZA de estos, son las medidas correctas y justas para con las víctimas, y además a coste cero para las administraciones. Se consolidaría realmente así a trabajadores con un alto nivel de conocimientos y experiencia avalados por su trayectoria. También exigimos la convocatoria de todas las plazas estructurales no ocupadas por personal en abuso de temporalidad, la eliminación de cualquier techo en las tasas de reposición y convocatorias anuales conforme al TREBEP y a las directrices europeas.

No olvidemos que precarización del empleo público está dentro de la lógica neoliberal, que de muchas maneras es una privatización encubierta y una manera de externalizar servicios como personal de ayuda a domicilio, de limpieza y mantenimiento. Unas empresas que se sostienen gracias al dinero público y donde los beneficios no llegan a quienes trabajan y que en algunos casos sobrevive con sueldos míseros y en condiciones de explotación, olvidando la calidad de los servicios y perjudicando a toda la clase trabajadora.

¡Lo público es garantía, lo público somos tod@s, lo público somos pueblo!

¿Qué es la baja laboral por recaída?

¿Qué es la baja laboral por recaída?

medicamntos 1

 

¿Qué es la baja laboral por recaída?
Comenzaremos por definir lo que es la baja laboral por recaída. Para ello, tomamos como referencia
lo establecido en el artículo 169.2 de la Ley General de la Seguridad Social. El texto dice: “Se
considera que existe recaída en un mismo proceso de incapacidad cuando se produzca una
nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días
naturales siguientes a la fecha de efectos de la alta médica anterior”.
¿Qué ocurre si la nueva baja por incapacidad temporal se produce cuando han pasado más de 6
meses desde el alta inicial, pero la causa es la misma enfermedad o accidente? En este caso ya no se
habla de recaída. El paciente debe pasar por un nuevo reconocimiento médico. Si la enfermedad
es común, debe acreditar que, en los 5 años anteriores, ha cotizado un mínimo de 6 meses. Solo así
podrá cobrar la prestación por incapacidad temporal (en los accidentes de trabajo no se exige un
periodo mínimo cotizado).
Lo mismo se aplica si dentro de ese plazo de 180 días el trabajador vuelve a quedarse de baja por
una dolencia diferente a la anterior.
¿Tienen derecho los trabajadores a cobrar durante las nuevas bajas por incapacidad
temporal?
Por lo que respecta a las prestaciones, la cuantía y el derecho o no a seguir cobrando depende de la
duración de la baja. En este sentido, es importante recordar el máximo reconocido para las
incapacidades temporales es de un año (365 días). Posteriormente, se puede solicitar una
prórroga de 180 días que debe valorar el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (se
podrían dar 6 meses más de prórroga en casos excepcionales).
Pongamos que el trabajador estuvo de baja la primera vez durante 6 meses y que, transcurridos 30
días del alta, sufre una recaída. En ese caso tendría derecho a cobrar, pero constaría como que lleva
7 meses de baja. Esta segunda baja la paga el mismo organismo que abonó la primera (una mutua o
la Seguridad Social).
Recaídas después de agotar los 18 meses de incapacidad temporal
¿Quiere esto decir que si un trabajador sufre una recaída tras haber agotado los 545 días de
incapacidad temporal ya no tiene derecho a recibir ninguna prestación? De nuevo, hay que remitirse
a lo que establece la Ley General de la Seguridad Social.
A modo de resumen, diremos que, si la recaída se produce antes de los 180 días, el trabajador podrá
pedir la baja, pero no cobrará. En cambio, sí tendrá derecho a una nueva prestación si
transcurren más de 3 meses.
Importe de la prestación por incapacidad temporal
Para poder cobrar la baja durante una recaída, es necesario cumplir una serie de requisitos:
· Constar como dado de alta en la Seguridad Social. Es igualmente válido encontrarse en lo que se
conoce como “situación asimilada” (por ejemplo, de baja por maternidad o cobrando el paro).
· Para las enfermedades comunes, haber cotizado 180 días o más a lo largo de los cinco años
anteriores.


Las cuantías varían en función de los días de baja. Así, para las enfermedades comunes o accidentes
que no sean de trabajo, durante los primeros 3 días no se cobra nada. Entre el día 4 y el 21, el
trabajador recibe el 60% de la base reguladora. Posteriormente, la cuantía se incrementa hasta el
75%.
Como la recaída se considera una continuación de la incapacidad temporal anterior, se suman los
días que el trabajador ya había estado de baja. No obstante, es importante señalar que la base
reguladora que se toma como referencia es la correspondiente al mes previo. Por tanto, puede
que las cantidades difieran con respecto a la primera baja.
Cuando la baja está causada por un accidente laboral o una enfermedad profesional, el importe es
del 75% de la base reguladora desde el principio.

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