EL GRUPO HESPERIA PRETENDE “CESAR LA ACTIVIDAD” EN SU HOTEL EN GRANADA .

EL GRUPO HESPERIA  PRETENDE “CESAR LA ACTIVIDAD” EN SU HOTEL EN GRANADA .

Soliodaridad Hesperia

EL SAT DENUNCIA QUE EL GRUPO CATALÁN HESPERIA PRETENDE “CESAR LA ACTIVIDAD” EN SU HOTEL EN GRANADA .

El Sector de Hostelería y Turismo del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) quiere poner en conocimiento de la opinión pública y de las granadinas y granadinos en general, que la empresa DESJUST SL (Grupo Hesperia World), propietaria del Hotel Hesperia Granada entre otro importante número de hoteles, pretende “CESAR LA ACTIVIDAD” en el establecimiento hostelero de nuestra ciudad, dejando a toda su plantilla ante un futuro incierto.

Se da la circunstancia de que el grupo Hesperia ha recibido elevadísimas bonificaciones en sus pagos a la Seguridad Social en todo el Estado Español al mantener todas las plantillas de sus establecimientos en Expediente de regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde marzo del 2020 y de que la dirección de la cadena hotelera Hesperia cuenta con alrededor de 4.500 habitaciones repartidas en 28 hoteles tanto vacacionales como urbanos y unos 1.800 trabajadores en plantilla. En el 2019, antes de la crisis actual, los ingresos se situaron en los 137 millones, con un resultado neto consolidado de 15,5 millones de euros.

Por si fuera poco, la cadena hotelera Hesperia solicitó, en marzo de 2021, 55 millones de euros al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI para hacer frente a la situación creada por la pandemia, mientras ha ido cerrando centros hoteleros como los de Bilbao (Hesperia Zubialde) y Compostela (Hesperia Peregrino) y aplicando un ERE en el Hotel de la Manga (Murcia).

Tras los cierres y ERE citados, y, después de asegurar y firmar en actas en sucesivas reuniones con la representación unitaria de los trabajadores de Granada en las que se indicaba que el hotel Hesperia Granada abriría el próximo 1 de junio, la responsable de recursos humanos de DESJUST SL Nuria Zamorano, ha comunicado verbalmente que el hotel granadino cesa su actividad, dejando en la “cuerda floja” a 20 trabajadoras y trabajadores y sus familias.

Desde el SAT se ha llamado a los y las trabajadoras a que estén presentes en la puerta del establecimiento este miércoles 26 de mayo desde las 10’ 00 horas para informar de todas las acciones legales que ya se podrán emprender contra la empresa y para mostrar la condena a la política filibustera perpetrada por la dirección de Hesperia que ha venido engañando a una plantilla que desempeña sus funciones en un centro de trabajo absolutamente rentable y que es un emblema de la cadena hotelera.

La dirección de DESJUST SL ha seguido la misma política de impago del alquiler y de renta de los edificios de sus hoteles en Bilbao, Santiago de Compostela y Granada para intentar justificar el cierre a causa de unas pérdidas que no tienen ninguna justificación contable.

Desde el SAT y la representación unitaria de trabajadoras y trabajadores del Hotel Hesperia Granada, se va a pelear por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y por la viabilidad del Hotel como una empresa rentable, emblemática y para terminar con las mentiras y abusos que el grupo hotelero pretende llevar a cabo en nuestra ciudad.

«¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

«¿Justicia justa? Si la justicia no es rápida, no es justicia»

¿JUSTICIA JUSTA

En Andalucía, los Juzgados de lo Social están colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos en Granada, Córdoba, Almería o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 o 2025 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social.

La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro no es ninguna excepción. Todos sus predecesores y él mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc.

Esta situación también tiene mucha incidencia en los casos de desahucios y de violencia machista.


Las reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de demandas a años vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público.

A finales de 2020 no se ha podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se abordaba la violación del derecho Fundamental a la Huelga por parte de la Junta de Andalucía, por falta de medios telemáticos (ordenador, software y conexión). Finalmente se celebró en marzo 2021 y la sentencia ha puesto en vilo este Derecho Fundamental, al ponerse de perfil el tribunal sin sancionar a la Junta y remitir a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo que declaraba nulos y abusivos unos servicios mínimos en la huelga general del 8M pero que no conlleva que la clase política pueda seguir conculcando el derecho Fundamental a la huelga mediante un decreto de servicios mínimos ilegales que no le van a suponer ningún coste ni económico, ni social, ni responsabilidad política alguna porque los tribunales así lo han decidido. Hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.

Observamos cómo surgen en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. El mejor exponente de esto en Andalucía resulta ser el SERCLA, donde la invasión de competencias -antes públicas- es la tónica dominante de los últimos años junto a la financiación de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO.

Los señalamientos a años vista obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales, que dejan ser útiles y no surten efecto. Así se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de l@s trabajador@s.

Con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito sobre el que la patronal (la más incumplidora) mantiene un indisimulado silencio, ya que este mecanismo perverso juega a su favor.
Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:

  • Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía.
  • Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
  • Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.

También queremos denunciar las problemáticas que nos encontramos en los juzgados cuando tratamos de tutelar el derecho a la vivienda, regulado en el artículo 47 de la Constitución.
Los juzgados sistemáticamente incumplen la normativa contenida en los Tratados Internacionales que hemos suscrito como Estado. Con frecuencia nos encontramos ante procesos judiciales en los que no se garantizan los derechos de los menores y su protección jurídica. Son muchos los procedimientos en los que magistrados y jueces decretan el lanzamiento de familias económicamente vulnerables sin haber ponderado otras opciones menos gravosas y sin garantías de alternativas habitacionales para los menores de edad, las hijas e hijos de la clase trabajadora.

A lo anterior se unen las reticencias en la aplicación de figuras jurídicas amparadas por el Derecho, como el estado de necesidad como causa eximente de la responsabilidad criminal. La aplicación de esta figura, tras la acreditación de los requisitos exigidos legalmente, permitiría eximir de responsabilidad criminal a las familias obreras que ocupan viviendas vacías en manos de entidades bancarias o de otros grandes tenedores, al no dejarle el Estado ninguna otra opción para satisfacer su necesidad permanente de acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. L@s trabajador@s ya nos hemos cansado de ver cómo los poderes públicos incumplen el mandato constitucional de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre la ciudadanía (artículo 9.2 de la Constitución).

En los juzgados es necesario:

  • Implementar protocolos específicos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y que llevaran a estos a actuar de manera uniforme. Protocolos que deberían contemplar, en los casos en los que no hubiera alternativa habitacional, medidas como: suspensión del lanzamiento, solicitud a los servicios sociales de su intervención de manera activa para la solución del problema entre otras.
  • Relacionado con esto, los jueces deberían suspender los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., siendo esta una medida que podría llevarse a cabo si en los juzgados se tuviera en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales que con frecuencia es ignorada, en muchos casos a sabiendas.

Por todo esto, la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno a este angustioso problema de la clase trabajadora, con objeto de preparar una movilización general que pueda ser el comienzo de una lucha colectiva por la reconquista de los derechos laborales y sociales perdidos y para avanzar en justicia social.

Andalucía 21 de abril de 2021

¡EL 20 de mayo se nos va a escuchar en los juzgados!

Marchas de la Dignidad de Andalucía.

¡ VACUNAS PARA LOS PUEBLOS!

¡ VACUNAS PARA LOS PUEBLOS!

 

 

 

El pasado sábado 15 de mayo, militantes de SORTU descolgaban una pancarta en Granada desde la azotea de la empresa farmacéutica LAB0RATORIOS ROVI, exigiendo «vacunas para todos» y exigiendo la liberalización de las patentes dentro de la campaña desarrollada por esta organización vasca, .

En plena pandemia COVID, la historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman «apartheid de vacunas».

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

«Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero», señala González.

«Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes», agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

«Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente», señala.

Foto: SAT Granada.

¡Vacunas para el pueblo!

( Artículo extraído del diario  GARA -NAIZ).

Maider Lazkano y Gorka Maio
Miembros de Sortu

Debemos gritar a los cuatro vientos que las vacunas son del pueblo, un derecho de las personas de todos los continentes del mundo. Llamamos a las autoridades europeas a liberar las patentes de las vacunas.

Las imágenes que nos llegan de la India nos inquietan en los últimos días, golpeando con fuerza nuestra sensibilidad. El mundo está afectado por la pandemia del capitalismo. El sistema capitalista nos presenta su cara más oscura: colapso ecológico, económico y de civilización. Consecuencias de su lógica de acumulación son, tanto la expansión violenta del covid-19 como la gestión economicista de la pandemia. Al fin y al cabo, el modelo de desarrollo del capitalismo es una especie de virus para nuestro planeta.

La concentración económica, la globalización y la mercantilización están en la base de las guerras, catástrofes económicas y financieras, sanitarias y ecológicas que padecemos en la actualidad. Hemos vuelto a niveles de incertidumbre que no vivíamos hace mucho tiempo, especialmente en las naciones de Europa y del Norte de América. Este tipo de catástrofes pandémicas son más comunes en los países del Sur, donde la ausencia de infraestructuras y servicios públicos hacen que cualquier contratiempo se convierta en un cataclismo.

Es una opinión cada vez más extendida que la crisis sanitaria global se está convirtiendo en un acelerador de tendencias sociales, ideológicas y económicas. Las desigualdades sociales han aumentado y se han hecho más visibles debido a la pandemia, tanto a nivel global como en el seno de los sectores sociales de los diferentes países, aumentando la brecha existente y empujando a miles de ciudadanas al abismo de la pobreza. También debemos ser conscientes de que algunos sectores han sufrido de forma mucho más directa la crisis sanitaria. Porque la perdida de su trabajo ha tenido efectos inasumibles para su supervivencia económica, pero también porque la propia enfermedad les ha golpeado más directamente, mientras los gobiernos de los países autodenominados «avanzados» miran para otro lado.

Comprender la dimensión social de la pandemia es clave. Si queremos alejarnos de esta lógica capitalista es necesario dar respuesta a las situaciones emergencia económica y social agravadas en esta crisis sanitaria mundial. Poniendo en el centro de la vida el cuidado tanto de personas como del planeta.

Al mismo tiempo, ahora que la enfermedad está matando a millones de personas a nivel mundial, el pensamiento de las autoridades políticas, bancarias y multinacionales sigue sin cambiar. La élite internacional no apuesta por reforzar un sistema de salud público y universal que valore por igual todas las vidas, sino que continúa haciendo negocio con el sufrimiento y el dolor humano. Siguen acumulando capital utilizando la emergencia sanitaria mundial.

La implantación de situaciones de emergencia, en el llamado primer mundo, más que para primar la salud de la ciudadanía, ha sido entendida por las élites políticas y económicas como una oportunidad económica para la transferencia de fondos públicos a empresas privadas. Las farmacéuticas que están produciendo la vacuna contra el covid-19, están siguiendo la lógica mercantil del sistema capitalista, sacando enormes beneficios económicos con la salud de las ciudadanas del mundo.

Pedimos soberanía para Euskal Herria para poder responder a esta crisis sanitaria con todos los recursos y también para poder garantizar la vacunación de todas nuestras ciudadanas. Al mismo tiempo, es necesario profundizar en la solidaridad internacionalista, en voz alta, reforzando el imaginario socialista frente a las desigualdades sociales. Porque la salud es un derecho de todas las personas del mundo; porque las investigaciones financiadas con dinero público son del pueblo; porque querer hacer negocio con la salud de la ciudadanía en medio de una pandemia es un crimen contra los derechos humanos.

Por todo esto, debemos gritar a los cuatro vientos que las vacunas son del pueblo, un derecho de las personas de todos los continentes del mundo. Llamamos a las autoridades europeas a liberar las patentes de las vacunas. Para ello, os animamos a firmar a favor de la campaña que el grupo de izquierda del Parlamento Europeo GUE-NGL esta impulsando a favor de la vacuna gratuita, pública y universal (https://noprofitonpandemic.eu/es/). Porque socializando la producción de vacunas se podrá hacer una distribución justa y equitativa, todavía podemos proteger millones de vidas.

Por último, os animamos a seguir luchando por un mundo más justo. La lógica internacionalista de la izquierda abertzale desde su fundación se ha materializado en una premisa: Hamaika herri, borroka bakarra! Askatasunaren bidean, lehenik herria (¡Once pueblos, una sola batalla! En el camino de la libertad, primero el pueblo).

Estoy en ERTE, ¿pueden despedirme?

Estoy en ERTE, ¿pueden despedirme?

Estoy en ERTE, ¿pueden despedirme?

¿Un empleado puede perder su trabajo si está afectado por un ERTE?

El 31 de mayo finalizan algunso ERTEs y la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha facilitado que muchas empresas se hayan aprovechado para a declarar un ERTE para sus trabajadores; eso sí, el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo BOE-A-2020-3692-consolidado, establece que las compañías debían mantener a sus empleados durante 6 meses desde la reanudación de su actividad.

Entonces, ¿un empleado puede perder su trabajo si está afectado por un ERTE? En este post te contamos los motivos por los que puedes ser despedido estando en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

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Motivos de despido estando en ERTE

A pesar de que el Real Decreto-Ley establecía que las empresas debían mantener a sus trabajadores durante 6 meses, dos meses más tarde se flexibilizó esta ley y, mediante el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, muchos empleados perdieron su empleo durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

BOE-A-2020-4959-consolidadoEn muchas ocasiones, pueden surgir dudas sobre si tienes derecho o no a recibir una indemnización, en este caso, lo más recomendable es acudir al sindicato, quienes te pueden orientar y ayudar, si es necesario establecer una reclamación. 

A continuación te mostramos los principales motivos por los que puedes ser despedido estando de ERTE.

Motivos económicos: si la empresa está en riesgo de concurso de acreedores, ya sea por causas económicas, organizativas o de producción, puede despedir a sus empleados en ERTE; en este caso, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Motivos disciplinarios: según establece el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en esta ocasión, no se tiene derecho a indemnización. Dentro de los supuestos que conllevan este despido disciplinario encontramos el acoso, las ofensas físicas o verbales, la disminución del rendimiento o la desobediencia, entre otros.

También se puede extinguir un contrato por los siguientes motivos: dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, fin de contrato de personas con contrato fijo-discontinuo.

Del mismo modo, es importante señalar que los trabajadores que no han formado parte de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo pueden perder su trabajo, ya que no se han visto afectados por estas medidas económicas.

Qué hacer si te despiden durante un ERTE

Si has perdido tu empleo estando de ERTE y consideras que se debe a un motivo distintos a los anteriores, lo mejor es solicitar la ayuda de la asesoría del sindicato; estos pueden ayudarte y, si tienes que reclamar una indemnización, te orientarán para su realización.

Del misma manera, hay que destacar que la empresa puede presentar un ERE después de un ERTE (desde la Reforma laboral del 2012 es “pan comido” para los empresarios), si la empresa arguye que los daños provocados por la crisis de la COVID-19 han sido tan severos que la empresa se ha visto obligada a su cierre y al despido de su plantilla.

Por otro lado, si un trabajador ha retomado su actividad laboral después de un ERTE y, 6 meses después, ha sido despedido, el Gobierno le otorga al empleado una prestación por 180 días.

Motivos de despido estando en ERTE

A pesar de que el Real Decreto-Ley establecía que las empresas debían mantener a sus trabajadores durante 6 meses, dos meses más tarde se flexibilizó esta ley y, mediante el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, muchos empleados perdieron su empleo durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

En muchas ocasiones, pueden surgir dudas sobre si tienes derecho o no a recibir una indemnización, en este caso, lo más recomendable es acudir al sindicato quienes te pueden orientar y ayudar, si es necesario establecer una reclamación. 

 

A continuación te mostramos los principales motivos por los que puedes ser despedido estando de ERTE.

Motivos económicas: si la empresa está en riesgo de concurso de acreedores, ya sea por causas económicas, organizativas o de producción, puede despedir a sus empleados en ERTE; en este caso, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Motivos disciplinarios: según establece el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en esta ocasión, no se tiene derecho a indemnización. Dentro de los supuestos que conllevan este despido disciplinario encontramos el acoso, las ofensas físicas o verbales, la disminución del rendimiento o la desobediencia, entre otros.

También se puede extinguir un contrato por los siguientes motivos: dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, fin de contrato de personas con contrato fijo-discontinuo.

Del mismo modo, es importante señalar que los trabajadores que no han formado parte de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo pueden perder su trabajo, ya que no se han visto afectados por estas medidas económicas.

Despido barato

Diferencias entre ERTE y ERE

La principal diferencia entre un ERTE y un ERE la encontramos en que los segundos suponen el despido efectivo y directo de los trabajadores afectados, mientras que el ERTE suspende, de forma temporal, el empleo a toda o parte de la plantilla; además, en este último caso también puede llevar a una reducción temporal de la jornada.

El ERTE es válido durante un período de tiempo determinado; después, la empresa debe volver a contratar a los trabajadores, de forma que se trata de una medida excepcional. Por su parte, el ERE es una medida permanente; por ello, muchas empresas declararon un ERTE para sus empleados y, después, tuvieron que presentar un ERE.

También es importante señalar que el ERTE y el ERE tienen diferencias en su procedimiento. Los Expedientes de Regulación de Empleo son más rigurosos y complejos, ya que es necesario un tiempo de consultas con los representantes y la presentación de una memoria explicativa de las causas, así como una documentación contable y fiscal y unos informes técnicos; en cambio, el ERTE es más ágil y sencillo.

En definitiva, debes saber que si es posible perder tu trabajo estando en ERTE, aunque si el despido no es por ninguno de los motivos que hemos comentado, puedes reclamar una indemnización.

1º de Mayo: Resumen de la jornada.

1º de Mayo: Resumen de la jornada.

Foto: Víctor Mercury
1 º de Mayo 2021 Granada. Foto de Víctor Mercury

Este primero de mayo volvimos a concurrir a la cita de la manifestación del 1º de Mayo, día internacional de la Clase Trabajadora en Motril y en Granada.

La clase trabajadora andaluza se enfrenta a unas horas aciagas en cuanto a lo que se refiere a su condiciones laborales y a un futuro, cada vez más negro, que afrontamos las mujeres y hombres andaluces que cada mañana nos levantamos acosados por la incertidumbre, la amenaza real del desempleo sufrido o por sufrir, la precariedad, los salarios miserables, etc y todo lo que esto lleva aparejado. Por si fuera poco, con la excusa de hacer frente a la actual pandemia y la crisis económica de turno que nos ha traído con ella, se nos vuelve a pedir a trabajadores trabajadoras más sacrifico y resignación.

Todas estas miserias económicas y organizativas que sufrimos los y las trabajadoras se dan en nuestra tierra, Andalucía, siempre a la cola de todo lo socialmente bueno y a la cabeza en cuanto desigualdades, pobreza e injusticias. Una tierra que es nuestra madre y que vive presa de gobiernos ajenos a los intereses reales de sus hijas e hijos y de un sistema económico neo-liberal que nos arrebata nuestras riquezas para ponerlas en manos de una élite conformada por aquellos que pretenden manejar los designios del mundo.

1 de Mayo en Motril. Foto SAT Motril

https://fb.watch/5eaTWY1FLQ/

Los jóvenes no tiene acceso al empleo o, si lo hacen es en unas condiciones que les impide emanciparse de los hogares familiares que, en muchos casos, siguen siendo la única célula sobre la que se sustenta la supervivencia de sus miembros. Andalucía ve enajenado su campo y sus recursos naturales a manos de empresas que utilizan nuestro territorio como punto de salida para sus actividades especulativas de toda índole y donde nunca retornan los multimillonarios beneficios que desde aquí se obtienen. La industria ni la hemos visto nunca ni se le espera.

Las mujeres ocupan los empleos peor pagados, sufren diariamente la discriminación de género y, en muchas ocasiones, son víctimas de la violencia y el asesinato.

   

Por todo lo expresado anteriormente y que sólo es un sucinto resumen de nuestras realidades, desde el SAT de Granada ante este Primero de Mayo, día internacional de la Clase Trabajadora, se llamó a la movilización y a la organización. Es imprescindible una clase trabajadora fuerte, organizada y sin miedo. No vamos “ a comprar” el discurso de que “ante la crisis todos estamos juntos”, mientras somos la mayoría quienes perdemos y unos pocos los que se benefician. Es urgente imponer mediante la movilización un programa de urgencia social que responda a las necesidades de los y las trabajadoras y de la juventud. Las políticas de los gobiernos actuales no van en ese sentido y sin partidos y sindicatos genuinamente andaluces y que pongan fin a los desmanes que cada día se cometen sobre los campos ,las ciudades y los y las trabajadoras andaluzas, no tendremos futuro.

Tanto en Motril, como en Granada participaron compañeras y compañeros de los diversos sectores en lucha: limpiadoras, trabajadoras de Ayuda a Domicilio, de la Universidad de Granada, Hostelería y Turismo, etc.

Mención especial merece el cortejo en la manifestación de Granada de las y los trabajadores del plan INFOCA comunicado infoca(Agencia del Medio Ambiente y Agua – AMAYA ) que, también intervinieron al final de la manifestación y de los empleados públicos en lucha por la «fijeza» en sus puestos de trabajo.

En el seno de la manifestación unitaria de Granada y tras la pancarta de cabeza, marchaban los compañeros de la sección sindical del INFOCA y un numeroso grupo de bomberos forestales presos y presas de la interinidad permanente y de la competencia desleal por parte de los militares de la UME . A continuación la, ya tradicional, pancarta de Hostelería desde donde atronaron los gritos al paso frente al Hotel ABBA cuya plantilla en su totalidad se haya presa de un despido colectivo (ERE) comunicado hace unos días.

La lucha no debe circunscribirse a un día en concreto. El 1 de Mayo de este 2021 debe ser el punto de arranque ante una movilización permanente que nos lleve a recuperar nuestros derechos, reducir la jornada laboral, exigir trabajo justo y estable y unificar luchas y conflictos.

Ante nosotros tenemos varias movilizaciones como son la demanda de un funcionamiento correcto y justo de los Juzgados de lo Social (20 de mayo), la huelga general de los trabajadores públicos por su fijeza en el puesto de trabajo (28 de mayo) o la movilización estatal de las Plataformas de pensionistas (29 de mayo).

¡ Salgamos, pues, a las calles!

¡Defendamos nuestros derechos!

Foto: Víctor Mercury

1 de Mayo Granada: 12′ 30 horas desde La Caleta a Plaza Nueva.

1 de Mayo Granada: 12′ 30 horas desde La Caleta a Plaza Nueva.

1º DE MAYO ¡A la calle! Por la recuperación de los derechos laborales y sociales

1º DE MAYO ¡A la calle! Por la recuperación de los derechos laborales y sociales

MANIFIESTO 1º DE MAYO 2021 – GRANADA

¡A la calle! Por la recuperación de los derechos laborales y sociales

Otro año más con motivo del 1º de Mayo, los sindicatos de clase combativos CGT, SAT y USTEA aunamos nuestras fuerzas y salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, poniendo en el centro de la movilización reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, por las pensiones públicas, por la reducción de la edad jubilación, por una vivienda y por unos servicios públicos dignos, por la reducción del tiempo de trabajo sin rebaja salarial, por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, …

Desde el inicio de la crisis sanitaria de la COVID, la clase trabajadora está viendo cómo la aparición de una pandemia mundial se utiliza de excusa, tanto a nivel del gobierno andaluz, como del gobierno central, para eliminar, una vez más, derechos laborales y sociales, para seguir empobreciéndonos, mientras que aquellos que nos explotan permanecen con sus privilegios intactos, recibiendo incluso millones de euros en ayudas públicas.

Otro año más con motivo del 1º de Mayo, los sindicatos de clase combativos CGT, SAT y USTEA aunamos nuestras fuerzas y salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, poniendo en el centro de la movilización reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, por las pensiones públicas, por la reducción de la edad jubilación, por una vivienda y por unos servicios públicos dignos, por la reducción del tiempo de trabajo sin rebaja salarial, por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, …

Desde el inicio de la crisis sanitaria de la COVID, la clase trabajadora está viendo cómo la aparición de una pandemia mundial se utiliza de excusa, tanto a nivel del gobierno andaluz, como del gobierno central, para eliminar, una vez más, derechos laborales y sociales, para seguir empobreciéndonos, mientras que aquellos que nos explotan permanecen con sus privilegios intactos, recibiendo incluso millones de euros en ayudas públicas.

Desde Andalucía vemos todavía más crecidas las diferencias y la brecha económica que se ahonda y profundiza con la llegada de la Crisis sanitaria.

Las clases privilegiadas aguantan el tirón del parón de la economía, con la riqueza acumulada por la apropiación de nuestro trabajo, como demuestran los enormes beneficios de las grandes empresas del IBEX-35, mientras el resto nos vemos abocados/as a depender de ayudas estatales en el mejor de los casos, o a la ya conocida cola de paro y cola del hambre en la inmensa mayoría -que en nuestra tierra adquiere proporciones dantescas y que nos condena a seguir estando en las últimas posiciones en cuanto a beneficios y desarrollo social-. Con los barrios obreros sumidos en una economía absolutamente precarizada, sin contratos ni derechos laborales, la imposibilidad de trabajar durante tanto tiempo nos ha condenado una vez más a la pobreza extrema.

Esta situación ha afectado en mayor medida al trabajo feminizado de cuidados, ya que una inmensa mayoría del mismo se realiza en precario, al margen de los derechos laborales que dan cobertura legal ante estas situaciones, lo que ha aumentado aún más las desigualdades económicas entre mujeres y hombres.

Frente a esto, todavía siguen sin derogarse las reformas laborales, mientras Los ERTES, que se han vendido como una medida en defensa de la clase trabajadora, han quedado a voluntad del empresario, siendo un recurso a su servicio para ahorrarse costes pagados con dinero público. Y por si fuera poco, muchos de estos ERTES por supuesto están convirtiéndose en ERES, agudizando la crisis que se nos viene encima si no le ponemos remedio con la única herramienta posible: nuestra lucha.

Es absolutamente inaplazable que se pongan en marcha las medidas necesarias destinadas a paliar y revertir esta situación, impidiendo que sea una vez más la clase trabajadora la que pague, como ya está haciendo, las consecuencias de una crisis económica. Crisis que es intrínseca al sistema capitalista y de la que no saldremos sin enfrentarnos a los intereses de los que acaparan la riqueza.

Ante esto, la paz social no puede ser la respuesta y el sindicalismo de concertación ha demostrado sobradamente su complicidad con el desmantelamiento del Estado social y la pauperización y pérdida de derechos de amplios sectores sociales. Es necesaria, por tanto, una fuerte contestación social de la clase trabajadora, tal como está sucediendo en la actualidad en empresas como Tubacex, en huelga desde hace más de dos meses o en Airbus, con el anunciado cierre de la planta de Puerto Real con el beneplácito de los gobiernos andaluz y central. La movilización por el 1º de Mayo debe servir también para apoyar de manera concreta estas luchas.

Aquellos trabajadores/as cuyos salarios han disminuido o desaparecido, deben quedar libres de pagar hipotecas, alquileres, impuestos, recibos de agua, gas y electricidad. No debemos nada a nadie, la economía nace y muere en la fuerza de nuestro trabajo. Que paguen los mismos que se han apropiado de él en vez aumentar la distancia social por enésima vez. Movilicémonos por un verdadero reparto de la riqueza.

Es necesario asegurar unos servicios sociales públicos y dignos para todos y todas, con capacidad de respuesta ante las situaciones de necesidad de todas las personas que viven en una comunidad. Sanidad, Educación, Vivienda, Suministros Básicos, etc. deben ser considerados como derechos intocables que aseguren una mínima equidad social hasta que la Clase Trabajadora conduzca a Andalucía a un sistema económico y político que nos permita disponer de Soberanía para poder ser «socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres». Huir de la beneficencia y las soluciones paternalistas, estableciendo un verdadero sistema público de protección social, bajo el control de la clase trabajadora, los recursos nos pertenecen porque nosotros y nosotras los generamos. Rechazamos toda forma de privatización de los servicios públicos, ya sean externalizaciones o concertaciones, que sólo sirven para recortarlos, degradarlos, precarizar los puestos de trabajo y las condiciones laborales y crear mayores desigualdades, mercantilizando los derechos básicos y propiciando el beneficio de unos pocos. Es preciso aumentar ostensiblemente la inversión en empleo público en todos los sectores de la administración. Los recortes en sanidad y la privatización de las residencias de mayores están en el origen de muchas muertes durante la pandemia, de las que nadie se hace responsable.

Los sectores sanitario y educativo, dos de los más feminizados, se han mostrados como imprescindibles y esenciales para la sociedad sin que esto haya tenido repercusiones reales en las condiciones laborales de las trabajadoras que los desarrollan. Más allá de los aplausos en los balcones y el reconocimiento formal a su labor, ambos sectores tienen una infravaloración social que se traduce en menores salarios y mayor temporalidad que otros sectores de los servicios públicos que se encuentran masculinizados. Las trabajadoras queremos que se valore el impacto público y social de nuestro trabajo y que se traduzca en derechos laborales consolidados.

No vamos a permitir que se trafique con los derechos de nuestros/as hijos/as como se ha hecho durante la pandemia. Los niños y las niñas de la clase trabajadora no pueden verse en la situación de no poder estudiar por no tener medios tecnológicos a su alcance, recordándonos una vez más que la educación gratuita nunca estuvo garantizada. Los recursos educativos deben ser de la escuela pública, y deben garantizar el acceso de todos/as en condiciones de igualdad. Los recortes en la educación pública contribuyen a la desigualdad y a la segregación, propiciando el fortalecimiento del sector privado que ve en la educación una fuente de negocio y de selección social. Todo lo que no sea invertir en la educación pública es robarnos el futuro.

Otro sector que necesita indispensablemente nuestra defensa es el de los trabajadores y trabajadoras del Sector Primario: reconocer los derechos de los jornaleros y de todas y todos los trabajadores del Campo los almacenes y la mar, huyendo de modelos como el que representa la agricultura intensiva capitalista que asegura inmensos beneficios para unos pocos, pero cada vez ocupa menos manos y condena al medio rural a la ruina vaciando los pueblos de Andalucía y negándoles el necesario e irrenunciable futuro que aporta un desarrollo sostenible apuntalado sobre una explotación agro-ecológica y una que asegure la soberanía alimentaria partiendo de una explotación racional de los recursos agrícolas y marinos. Hay que acabar con la odiosa realidad de los subsidios para crear empleo sostenible y respetuoso con el Medioambiente para asegurar el futuro de nuestras hijas e hijos en el mundo rural.

El sistema económico se ha apoyado, como siempre lo hace, pero especialmente en momentos de crisis, sobre la base de un sistema de cuidados, desarrollado fundamentalmente por las mujeres. Se da por hecho que las mujeres debemos soportar el peso del cuidado de nuestros/as pequeños/as y de las personas mayores, recortando y privatizando todos los recursos públicos de cuidado (con consecuencias especialmente dramáticas, como el caso de las residencias) y traspasando directamente esa carga a las mujeres, como si el sostenimiento de la vida no fuese una responsabilidad social.

La postración y el papel asignado a Andalucía, como fuente y mina del extractivismo humano, material, económico y de recursos naturales a que nos somete el Capitalismo y las políticas neoliberales que aplican los gobiernos -ora socialdemócratas, ora liberales- a su servicio, condena a nuestros jóvenes al desempleo, cuando no a la interinidad del infraempleo o la emigración forzosa y al conjunto de andaluzas y andaluces a una subsistencia miserable sin un futuro de progreso social que nos permita vivir y trabajar en nuestra tierra.

Por supuesto nada de todo esto sería posible si no hubiese ido acompañado de una fuerte criminalización de la protesta, ayudándose para ello de una ley mordaza que todavía sigue sin ser derogada. Vendiendo en los medios de comunicación el miedo a las movilizaciones, acusándonos de irresponsables por organizar movilizaciones porque nos quieren en casa callados/as y desorganizados/as mientras nos lo quitan todo.

Por eso, es imprescindible una clase trabajadora fuerte, organizada y sin miedo. No les compramos el discurso de que todos estamos juntos en esto, mientras somos la mayoría quienes perdemos y unos pocos los que se benefician. Es urgente imponer mediante la movilización un programa de urgencia social que responda a las necesidades de los/as trabajadoras y de la juventud. Las políticas de los gobiernos actuales no van en ese sentido. Es urgente revertirlas. En el caso contrario seguirá creciendo la derecha y la extrema derecha que ya se atreve incluso con convocar manifestaciones el 1º de mayo. Que no nos engañen, la extrema derecha siempre ha defendido los intereses de los más ricos dividiendo a nuestra clase entre nativos y extranjeros.

Con pandemia o sin pandemia, la lucha de clases continúa y la clase trabajadora sólo podrá autoemanciparse enfrentándose a quienes hacen posible este sistema injusto y criminal.

Desde Andalucía vemos todavía más crecidas las diferencias y la brecha económica que se ahonda y profundiza con la llegada de la Crisis sanitaria.

Las clases privilegiadas aguantan el tirón del parón de la economía, con la riqueza acumulada por la apropiación de nuestro trabajo, como demuestran los enormes beneficios de las grandes empresas del IBEX-35, mientras el resto nos vemos abocados/as a depender de ayudas estatales en el mejor de los casos, o a la ya conocida cola de paro y cola del hambre en la inmensa mayoría -que en nuestra tierra adquiere proporciones dantescas y que nos condena a seguir estando en las últimas posiciones en cuanto a beneficios y desarrollo social-. Con los barrios obreros sumidos en una economía absolutamente precarizada, sin contratos ni derechos laborales, la imposibilidad de trabajar durante tanto tiempo nos ha condenado una vez más a la pobreza extrema.

Esta situación ha afectado en mayor medida al trabajo feminizado de cuidados, ya que una inmensa mayoría del mismo se realiza en precario, al margen de los derechos laborales que dan cobertura legal ante estas situaciones, lo que ha aumentado aún más las desigualdades económicas entre mujeres y hombres.

Frente a esto, todavía siguen sin derogarse las reformas laborales, mientras Los ERTES, que se han vendido como una medida en defensa de la clase trabajadora, han quedado a voluntad del empresario, siendo un recurso a su servicio para ahorrarse costes pagados con dinero público. Y por si fuera poco, muchos de estos ERTES por supuesto están convirtiéndose en ERES, agudizando la crisis que se nos viene encima si no le ponemos remedio con la única herramienta posible: nuestra lucha.

Es absolutamente inaplazable que se pongan en marcha las medidas necesarias destinadas a paliar y revertir esta situación, impidiendo que sea una vez más la clase trabajadora la que pague, como ya está haciendo, las consecuencias de una crisis económica. Crisis que es intrínseca al sistema capitalista y de la que no saldremos sin enfrentarnos a los intereses de los que acaparan la riqueza.

Ante esto, la paz social no puede ser la respuesta y el sindicalismo de concertación ha demostrado sobradamente su complicidad con el desmantelamiento del Estado social y la pauperización y pérdida de derechos de amplios sectores sociales. Es necesaria, por tanto, una fuerte contestación social de la clase trabajadora, tal como está sucediendo en la actualidad en empresas como Tubacex, en huelga desde hace más de dos meses o en Airbus, con el anunciado cierre de la planta de Puerto Real con el beneplácito de los gobiernos andaluz y central. La movilización por el 1º de Mayo debe servir también para apoyar de manera concreta estas luchas.

Aquellos trabajadores/as cuyos salarios han disminuido o desaparecido, deben quedar libres de pagar hipotecas, alquileres, impuestos, recibos de agua, gas y electricidad. No debemos nada a nadie, la economía nace y muere en la fuerza de nuestro trabajo. Que paguen los mismos que se han apropiado de él en vez aumentar la distancia social por enésima vez. Movilicémonos por un verdadero reparto de la riqueza.

Es necesario asegurar unos servicios sociales públicos y dignos para todos y todas, con capacidad de respuesta ante las situaciones de necesidad de todas las personas que viven en una comunidad. Sanidad, Educación, Vivienda, Suministros Básicos, etc. deben ser considerados como derechos intocables que aseguren una mínima equidad social hasta que la Clase Trabajadora conduzca a Andalucía a un sistema económico y político que nos permita disponer de Soberanía para poder ser «socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres». Huir de la beneficencia y las soluciones paternalistas, estableciendo un verdadero sistema público de protección social, bajo el control de la clase trabajadora, los recursos nos pertenecen porque nosotros y nosotras los generamos. Rechazamos toda forma de privatización de los servicios públicos, ya sean externalizaciones o concertaciones, que sólo sirven para recortarlos, degradarlos, precarizar los puestos de trabajo y las condiciones laborales y crear mayores desigualdades, mercantilizando los derechos básicos y propiciando el beneficio de unos pocos. Es preciso aumentar ostensiblemente la inversión en empleo público en todos los sectores de la administración. Los recortes en sanidad y la privatización de las residencias de mayores están en el origen de muchas muertes durante la pandemia, de las que nadie se hace responsable.

Los sectores sanitario y educativo, dos de los más feminizados, se han mostrados como imprescindibles y esenciales para la sociedad sin que esto haya tenido repercusiones reales en las condiciones laborales de las trabajadoras que los desarrollan. Más allá de los aplausos en los balcones y el reconocimiento formal a su labor, ambos sectores tienen una infravaloración social que se traduce en menores salarios y mayor temporalidad que otros sectores de los servicios públicos que se encuentran masculinizados. Las trabajadoras queremos que se valore el impacto público y social de nuestro trabajo y que se traduzca en derechos laborales consolidados.

No vamos a permitir que se trafique con los derechos de nuestros/as hijos/as como se ha hecho durante la pandemia. Los niños y las niñas de la clase trabajadora no pueden verse en la situación de no poder estudiar por no tener medios tecnológicos a su alcance, recordándonos una vez más que la educación gratuita nunca estuvo garantizada. Los recursos educativos deben ser de la escuela pública, y deben garantizar el acceso de todos/as en condiciones de igualdad. Los recortes en la educación pública contribuyen a la desigualdad y a la segregación, propiciando el fortalecimiento del sector privado que ve en la educación una fuente de negocio y de selección social. Todo lo que no sea invertir en la educación pública es robarnos el futuro.

Otro sector que necesita indispensablemente nuestra defensa es el de los trabajadores y trabajadoras del Sector Primario: reconocer los derechos de los jornaleros y de todas y todos los trabajadores del Campo los almacenes y la mar, huyendo de modelos como el que representa la agricultura intensiva capitalista que asegura inmensos beneficios para unos pocos, pero cada vez ocupa menos manos y condena al medio rural a la ruina vaciando los pueblos de Andalucía y negándoles el necesario e irrenunciable futuro que aporta un desarrollo sostenible apuntalado sobre una explotación agro-ecológica y una que asegure la soberanía alimentaria partiendo de una explotación racional de los recursos agrícolas y marinos. Hay que acabar con la odiosa realidad de los subsidios para crear empleo sostenible y respetuoso con el Medioambiente para asegurar el futuro de nuestras hijas e hijos en el mundo rural.

El sistema económico se ha apoyado, como siempre lo hace, pero especialmente en momentos de crisis, sobre la base de un sistema de cuidados, desarrollado fundamentalmente por las mujeres. Se da por hecho que las mujeres debemos soportar el peso del cuidado de nuestros/as pequeños/as y de las personas mayores, recortando y privatizando todos los recursos públicos de cuidado (con consecuencias especialmente dramáticas, como el caso de las residencias) y traspasando directamente esa carga a las mujeres, como si el sostenimiento de la vida no fuese una responsabilidad social.

La postración y el papel asignado a Andalucía, como fuente y mina del extractivismo humano, material, económico y de recursos naturales a que nos somete el Capitalismo y las políticas neoliberales que aplican los gobiernos -ora socialdemócratas, ora liberales- a su servicio, condena a nuestros jóvenes al desempleo, cuando no a la interinidad del infraempleo o la emigración forzosa y al conjunto de andaluzas y andaluces a una subsistencia miserable sin un futuro de progreso social que nos permita vivir y trabajar en nuestra tierra.

Por supuesto nada de todo esto sería posible si no hubiese ido acompañado de una fuerte criminalización de la protesta, ayudándose para ello de una ley mordaza que todavía sigue sin ser derogada. Vendiendo en los medios de comunicación el miedo a las movilizaciones, acusándonos de irresponsables por organizar movilizaciones porque nos quieren en casa callados/as y desorganizados/as mientras nos lo quitan todo.

Por eso, es imprescindible una clase trabajadora fuerte, organizada y sin miedo. No les compramos el discurso de que todos estamos juntos en esto, mientras somos la mayoría quienes perdemos y unos pocos los que se benefician. Es urgente imponer mediante la movilización un programa de urgencia social que responda a las necesidades de los/as trabajadoras y de la juventud. Las políticas de los gobiernos actuales no van en ese sentido. Es urgente revertirlas. En el caso contrario seguirá creciendo la derecha y la extrema derecha que ya se atreve incluso con convocar manifestaciones el 1º de mayo. Que no nos engañen, la extrema derecha siempre ha defendido los intereses de los más ricos dividiendo a nuestra clase entre nativos y extranjeros.

Con pandemia o sin pandemia, la lucha de clases continúa y la clase trabajadora sólo podrá autoemanciparse enfrentándose a quienes hacen posible este sistema injusto y criminal.

 

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CONFLICTO COLECTIVO CONTRA CLECE, POR NUESTRA SALUD Y POR NUESTROS DERECHOS.

El miércoles 14 de abril, se celebran la vista y testifical de la demanda de conflicto colectivo presentada por la sección sindical en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves de Granada del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) frente a CLECE, S.A.

Los compañeros y compañeras (muy mayoritaria la presencia de ellas en la plantilla) del SAT en los centros sanitarios públicos que se engloban en la Ciudad Sanitaria citada llevan años peleando por una serie de derechos básicos que desde la dirección de CLECE – y con la connivencia del Servicio Andaluz de Salud, la dirección del centro hospitalario y CCOO – se les niegan permanentemente.

El derecho a un local sindical, la entrega de la ropa de trabajo que les corresponde por convenio colectivo, disponer de un recinto donde poder descansar y sentarse mientras transcurre el “tiempo de bocadillo”, la negativa a dejarles participar en el Comité de Salud Laboral, etc no son más que unos pocos de los derechos que se les sustraen a las mujeres y hombres que cada día se ocupan de la limpieza y el saneamiento de unas instalaciones sanitarias que se han visto en los pasados meses saturadas de pacientes y plenas de injusticias desde hace años.

Pero si existe una demanda reiterada y que adquiere una dimensión e importancia capital en tiempos de pandemia, esa es la de que CLECE debe lavar y desinfectar la ropa de trabajo de todas y todos los trabajadores que desempeñan sus funciones en la limpieza sanitaria. La cuestión de que el gigante empresarial, CLECE, cumpla con lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo en relación con los limpiadores, se ha convertido en una lucha de largo recorrido que preocupa sobremanera a los delegados del SAT en la empresa.

La realidad es que CLECE se hace cargo del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo de los limpiadores que se ocupan de la manipulación de residuos ( una minoría), pero no se hace cargo del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo del resto de limpiadoras. Sin embargo,CLECE debe encargarse de la limpieza y descontaminación de la ropa de trabajo de todos los limpiadores, porque todos están expuestos a riesgos Biológicos durante la realización de sus tareas de limpieza.

Desde el año 2014 la Inspección de Trabajo ha conminado y sancionado reiteradamente a CLECE por negarse a cumplir por lo dispuesto en la ley y que a causa de ese incumplimiento, en la actualidad y en tiempos de Covid, obliga a las trabajadoras a transportar uniformes contaminados en transportes públicos y privados hasta que llegan a sus casas donde deben acometer las tareas de el lavado de la ropa de trabajo. La empresa «echa cuentas» y prefiere seguir pagando multas a cumplir con la legalidad y dejar de poner en riesgo a trabajadores y pacientes.

El artículo 7 del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo dispone en su punto 3:” Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas”.

Y en su punto “4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin.”

Y el art. 4.5 del Real Decreto 664/1997, señala que “si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo, pero puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes, se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 de este Real Decreto, salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario.

De lo expuesto en el apartado de hechos de la demanda presentada por el SAT se desprende sin ninguna duda el incumplimiento por parte de CLECE de lo establecido en los artículos 7.4 y 4.5 del Real Decreto 664/2017, puesto que debiendo encargarse del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, no lo hace.

Igualmente, CLECE incumple la normativa de Prevención de Riesgos Laborales creando un riesgo grave para la integridad física y la salud de los trabajadores afectados porque de la Evaluación de Riesgos Laborales de los centros de trabajo se constata que todos los limpiadores están expuestos a riesgos biológicos.

Junto con las denuncias ante la Inspección de Trabajo y que ya se manifiestan como insuficientes y poco efectivas para obligar al cumplimiento de la Ley, el compañero del SAT en el comité de empresa y la representante del sindicato al frente de la sección sindical, junto con las afiliadas del sindicato, han presentado denuncias ante la fiscalía, celebrado ruedas de prensa y organizado diversos actos de denuncia pública, para acabar presentando un Conflicto Colectivo que habrá de resolverse el miércoles 14 de abril.

Dato curioso y de destacar es el comportamiento cómplice de CCOO -con mayoría en el comité de empresa- que es el mejor aliado de CLECE: maniatando a las trabajadoras, acallando sus protestas, monopolizando el Comité de Salud Laboral en beneficio de la empresa y negándose a adoptar resoluciones que terminen con los abusos del especulador multimillonario Florentino Pérez.

La última y sorprendente actuación de los encargadíllos de Comisiones Obreras ha sido la de escenificar un acuerdo con CLECE mediante el cual se lavará y desinfectará la ropa de algunas trabajadoras, a voluntad del empresario y previa aceptación de las solicitudes que se presenten. Esto se ha hecho ante la inminente llegada del día en que en los juzgados de lo Social de Granada se dirimirá en conflicto planteado por el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores.

«Con el SAT Andalucía no se vende, es una de las consignas sindicales de nuestra organización: no se vende ni nuestra tierra, ni los derechos y la dignidad de las mujeres y hombres que desde sus puestos de trabajo llevan años haciéndose cargo de un servicio fundamental como es la limpieza de las instalaciones sanitarias, trabajo que durante estos tiempos de pandemia ha pasado a convertirse en trascendental para toda la sociedad andaluza.

Sección Sindical del SAT en CLECE , Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves, Granada,

Empleadas de Hogar: las eternas explotadas.

Empleadas de Hogar: las eternas explotadas.

En el Estado Español, más de 600.000 personas (mujeres en su mayor parte) son empleadas del hogar. Un Sector profesional que celebra hoy, 30 de marzo, su día internacional y en el que existen muchos derechos por los que pelear.

El 32,5% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza en el Estado Español y la situación es especialmente complicada para una de cada seis, en pobreza severa, que sobreviven con menos de 16 euros al día.

En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, desde el SAT lamentamos que los empleadores no están abonando las cotizaciones del 36% del trabajo del hogar y por tanto se está prestando en la economía sumergida, «lo que equivaldría a 2.600 millones de euros en salarios y a 820 millones de euros que está perdiendo la Seguridad Social».

De las más de 550.000 mujeres que trabajan en el empleo del hogar, superan el 32% las que vive bajo el umbral de la pobreza, frente al 12 % del conjunto de personas asalariadas..

El 96% de las personas que están dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar (dentro del Régimen General) son mujeres, frente a un 4% de hombres. En cifras totales, hay 405.932 personas de alta en febrero de 2019, de las que 387.701 son mujeres y 18.200, hombres; algo que pone de manifiesto que se trata de un sector altamente feminizado y que, culturalmente, es la mujer la que sigue desempeñando las tareas de cuidados y del hogar. Estas cifras, sin embargo, no recogen el amplio número de personas que trabajan en la economía sumergida.

Por ello, desde el SAT seguimos trabajando y denunciando las condiciones de las personas trabajadoras en el Sector del Empleo del Hogar, demandando:

  • La integración en el Régimen General de la Seguridad Social, reconociendo el derecho a la prestación por desempleo, a la baja por enfermedad, al reconocimiento de enfermedades profesionales, en definitiva, a ser considerada una persona trabajadora con plenitud de derechos y obligaciones.
  • La equiparación de las condiciones y derechos laborales del colectivo de empleadas domésticas, promoviendo la ratificación del Convenio nº 189 y su Recomendación nº 201, adoptados en 2011 por la OIT lo que implicaría, entre otras cuestiones, “la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva”.
  • La garantía de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del sector. Determinar y prevenir los riesgos laborales en el sector, en definitiva, su inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  • La protección efectiva frente a toda forma de acoso, abuso y violencia en el trabajo.
  • Profesionalizar el sector, que implica dignificar la realización de las tareas del hogar.
  • Reconocer la cualificación profesional que tienen quienes vienen desempeñando este trabajo. Este reconocimiento debe producirse mediante la acreditación de la experiencia laboral, abriendo un proceso extraordinario en Andalucía . De esta forma se ayudaría a eliminar el trabajo informal en el sector, y a conseguir avanzar en la plena incorporación al Régimen General de la Seguridad Social de las personas que trabajan en el sector, la mayoría de ellas mujeres.

Desde nuestro sindicato, seguimos denunciando el mercado de trabajo informal que cubre las necesidades de muchas familias en los trabajos domésticos y de cuidados, tanto de menores como de familiares dependientes, debido a los recortes que han afectado a las políticas de dependencia y la falta de corresponsabilidad de las Administraciones. Consideramos inviable que en Andalucía , en pleno siglo XXI, continúen trabajando personas sin una cualificación profesional acreditada.

Regulación sobre el trabajo de las empleadas de Hogar.

https://www.mites.gob.es/es/portada/serviciohogar/nueva-regulacion/index.htm

LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS LABORALES

 

 

SOBRE LA PROPUESTA DE CARRERA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO DE CIENCIA.

SOBRE LA PROPUESTA DE CARRERA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO DE CIENCIA.
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Photo by Gabby K on Pexels.com


El gobierno de coalición ha propuesto recientemente un modelo de carrera investigadora, algo que se viene reclamando desde el sector investigador postdoctoral y predoctoral desde hace tiempo. Lamentablemente, la propuesta del gobierno no puede estar peor articulada: mantiene todo lo malo del sistema actual (temporalidad, inestabilidad, etc.) y añade un extra de vulnerabilidad.
La propuesta de carrera investigadora actualmente ofertada por el gobierno, basada en su idea de un “contrato de consolidación” al final del periodo postdoctoral, no aporta nada bueno y viene a modificar la ley de ciencia para condenar legalmente al personal investigador afectado a la inestabilidad que sufre hoy. Primeramente, es lamentable que la propuesta del gobierno sólo se aplique a centros de investigación y no a universidades, ya que esto crea va a crear un abismo insalvable entre ambas instituciones. Si ya ahora la movilidad entre centros y universidades está entorpecida, una separación tan drástica entre ambas carreras laborales va a suponer un problema para el sistema investigador del estado español.


La propuesta del gobierno de carrera investigadora, incluyendo el contrato de consolidación, no viene a paliar los problemas de temporalidad y falta de horizonte, sino que los empeora más: primero, el gobierno mantiene la carrera laboral en un número mayor de 10 años, como está ahora. Esto no supone ningún avance, ya que mantiene la temporalidad y precariedad actuales. Lo que hace además es empeorar las condiciones de estabilización de los investigadores, porque en su propuesta el gobierno no obliga a los centros a contratar a los investigadores que han sido evaluados positivamente tras el periodo del contrato de consolidación. Una solución seria es la de obligar a contratar a investigadores que llevan 13 años encadenando contratos temporales, algo que este gobierno no parece estar dispuesto a defender.


En conclusión, esta propuesta de carrera investigadora no soluciona nada y mantiene la precariedad existente, creando a la vez una brecha entre personal investigador de OPIs y de universidades. Una defensa de la investigación pasa por dotar de derechos básicos y de una carrera laboral digna al personal investigador predoctoral y postdoctoral. Ya vemos que este gobierno, que se dice progresista, en realidad no ofrece ninguna solución a la situación actual de los/as postdoctorales. El Sindicato Andaluz de Trabajadores seguirá en pie de guerra denunciando la situación actual de desamparo y los errores del gobierno, y seguirá luchando por una carrera laboral digna para el personal investigador.

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SAT – UGR

Sección Sindical del PDI