EL SAT-UGR , CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES EN LA UGR POR DECISIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EL SAT-UGR , CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES EN LA UGR POR DECISIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Desde el SAT-UGR (SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA) queremos exponer a la Comunidad Universitaria y en general a la sociedad granadina las siguientes resoluciones y valoraciones:

1. Manifestamos nuestro total rechazo a la decisión adoptada por el gobierno andaluz frente al incremento de casos de Covid 19 en Granada, señalando injusta y exclusivamente a la Universidad de Granada como chivo expiatorio.

2. Denunciamos la criminalización de el estudiantado de la UGR por el simple hecho de serlo. Desde la finalización del confinamiento, nuestro alumnado ha demostrado la máxima responsabilidad y rigor sanitario tanto en las instalaciones propias de la UGR como en las actividades y gestiones propias de la institución.

3. Remarcamos el dudoso fundamento sanitario que sostiene la medida aprobada por la Junta de Andalucía respecto a la UGR; en este caso no hace falta ser ningún especialista para observar la fijación del gobierno andaluz contra la UGR y deducir que los focos de infección no se han producido en las instalaciones de la UGR o por actividades propias, sino en el exterior de la misma.

educa 24. Reprobamos igualmente a la Junta de Andalucía por el estilo caciquil utilizado para adoptar esta grave iniciativa. Dado el inesperado agravamiento de la situación sanitaria, entendemos que se tendría que haber valorado y consensuado previamente no solo con la UGR, sino con todas las instituciones y entidades que también tienen responsabilidades en garantizar la salud pública.

5. Sospechamos que, más que por una cuestión de modelo de gestión de urgencias sanitarias, detrás de esta medida pueda existir un trasfondo político e ideológico. No se puede señalar exclusivamente a la universidad como criadero de Covid 19 y excluir de las medidas integrales a otras instituciones y sectores mucho más laxos a la hora de prevenir contagios.IMG_20200615_115631

6. La medida se toma, además, sin tiempo para que docentes y alumnado se adapten a una docencia online para la que la formación y medios técnicos sigue siendo escasa o directamente nula.

Por todo ello, desde el SAT-UGR animamos a la Comunidad Universitaria y a la sociedad granadina en general, a participar en todas las acciones populares de denuncia que puedan surgir en los próximos días. No podemos quedarnos inertes ante este ataque frontal a una institución Pública como es la Universidad, defendamos lo Público porque es patrimonio del Pueblo.

NO A LOS ATAQUES A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA UGR Y SUS ESTUDIANTES.

NO A LA MANIPULACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA PARA FINES PARTIDISTAS.

Secciones Sindicales SAT – UGR

PAS – Laborales.

Personal Funcionario.

PDI.

Reunión del SAT (ayuda a domicilio) con la diputada provincial Alejandra Durán

Foto de la reunión mantenida.

[22/9/2020] El pasado día 22 de septiembre se han reunido las representantes del SAT en el sector de ayuda a domicilio con la diputada de podemos en Granada, Alejandra Durán.
En primer lugar, la delegación sindical expuso sus motivos para la participación en la Huelga convocada para el  día 25 de este mes en toda Andalucía.
La necesidad de que se reconozcan nuestros derechos como trabajadoras y que desde las instituciones publicas se establezcan protocolos para evitar la gran precariedad que sufre este sector (como, por ejemplo, contratos en fraude de ley o contratos por usuarios que acentúan más la precariedad) formaron parte de la agenda de la reunión.
Importancia principal tiene la seguridad y protección en el trabajo, cuya ausencia y falta de rigor en la aplicación por parte de ayuntamientos y empresas subcontratadas están poniendo en peligro a trabajadoras y usuarios.
Entre lo asuntos despachados  entre el SAT y la diputada provincial se recogió el que se reconozca como servicio esencial socio- sanitario la ayuda a domicilio.
De esta reunión ha salido la iniciativa de  pedir una reunión con la diputada de los servicios sociales y bienestar social, Olvido de la Rosa, para que se le informe de primera mano de las carencias del servicio, público o privado, la necesidad de que se nos dote de material de protección y humano, ya que muchas veces las trabajadoras sociales no tienen contacto con las auxiliares, y como consecuencia sufren de abandono institucional.

La reunión mantenida se desarrolló en un ambiente de colaboración y pleno entendimiento por ambas delegaciones conformadas por Manu Rios y Alejandra Durán – por Unidos Podemos- y Por Margarita García Hurtado, Vanesa Sánchez y Marga Ochando, por parte del SAT.

¡ El 25 de septiembre nos vemos en la Huelga!

 

SAT Granada.

Sector de Ayuda a Domicilio.

UGR: Comienza el curso, comienza la lucha. (19 de septiembre a las 9’30 horas)

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Llamamiento a la Comunidad Universitaria y a las granadinas y granadinos en defensa de una universidad pública de todos y para todos.

La Universidad de Granada es la Institución Pública más importante de la ciudad. Sin embargo, la gestión de ésta deja mucho que desear. Vemos cómo cada vez hay más presencia de empresas privadas que empeoran las condiciones de trabajo del personal laboral. Además, se ha llevado a cabo un plan de funcionarización que, poniendo negro sobre blanco, lo que hace es apostar por privatizar los sectores de trabajo menos cualificados para acabar solo dando cabida a aquellos que tienen una cualificación. La lógica de gestión se aleja del camino emprendido por el rector José Vida Soria puesto que se dificulta cada vez más la entrada a la universidad a las capas más necesitadas de la ciudadanía granadina.
Por otro lado, este inicio está siendo aún más convulso que los de años anteriores. A pesar de ser la empresa más importante de la ciudad y de poseer los medios y espacios necesarios para garantizar las medidas de seguridad requeridas en estos momentos, tanto para el estudiantado como para el conjunto del personal, el plan elaborado por la UGR para asegurar una vuelta al trabajo genera confusión al igual que la vuelta a las aulas de manera presencial.

Listado de reivindicaciones:

– Que todo el empleo de la universidad sea público y de calidad
– Que se acabe con la política de externalizaciones y privatizaciones de servicios.
– Por una medidas que  acomoden todos los espacios pertenecientes a la UGR para la docencia y que aseguren la presencialidad de las clases
– Reducción del 50% de los precios de las matrículas. Si la presencialidad es al 50% el pago también.

Por todo lo expresado anteriormente invitamos a trabajadores y alumnos y a la sociedad granadina en general a que se manifiesten con nosotros este sábado 19 de septiembre en la puerta del Hospital Real a las 9’30 horas coincidiendo con la inauguración del curso académico.logo SAT(3)

EDUCACIÓN PÚBLICA: Entre el COVID y el desmantelamiento.

EDUCACIÓN PÚBLICA: Entre el COVID y el desmantelamiento.

Con los mismos recortes de la última década y sin medidas claras y efectivas que protejan a los alumnos en tiempos de pandemia, el gobierno andaluz se apresta a afrontar el curso que generalizablemente comienza hoy en Andalucía.

Después de varios meses de confinamiento, el curso pasado terminó con las aulas vacías debido a la pandemia del coronavirus. Con la necesidad de reanudar las clases presenciales aún con rebrotes de Covid-19 por todo el país, surgen cuestiones sobre la organización de las aulas para afrontar no solo una ‘vuelta al cole’ segura.

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¿ Estarán seguros los escolares andaluces en las aulas, dispondrán de la indispensable educación presencial durante el curso 2020/2021? A esta respuesta y dado que ni la misma Consejería de Educación puede asegurarlo, habrá que concluir que no, que ni en todos los centros ni en todo el territorio andaluz.

A medida que las fechas de incorporación a los centros escolares se aproxima: el 10 de septiembre para Primaria y Educación Especial; y el 15 para Secundaria, FP, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente (el 1 de septiembre lo hicieron las Escuelas Infantiles), las protestas de la comunidad educativa se suceden. Madres, padres y el personal docente defienden la educación presencial, pero temen su mantenimiento en las aulas porque consideran que la administración educativa andaluza no ha proporcionado medidas que garanticen la seguridad en las aulas ante el coronavirus.

El drástico descenso de alumnos en los últimos años ha provocado una reducción progresiva de líneas en los centros educativos que dispara las alarmas entre sindicatos combativos y padres y madres y que exigimos el mantenimiento de la Educación realmente pública y que dónde se deben aplicar los ajustes es en los conciertos educativos con los centros privados.

Pero, al margen de la evidencia de que hay menos alumnos (que, en la parte que les toca, ha sido favorecida por los gobiernos de turno que han propiciado el trasvase de alumnos a la educación concertada) , lo cierto es que se ha acentuado el desmantelamiento de la enseñanza pública durante los más recientes gobiernos del PSOE y, ahora, con el gobierno del “trifachito”.

La primera dificultad que se encuentra cualquiera que quiera hacer un estudio comparativo mínimamente riguroso es la falta de homogeneidad de los datos que se esgrimen al comienzo del curso, dado que la información que ofrece año tras año la Consejería de Educación varía en función de las cifras que interesa destacar. Por ejemplo, en ocasiones se habla del número total de alumnos, profesores y centros (incluyendo los privados) y en otras se contabilizan solo los de los centros sostenidos con fondos públicos. Las estadísticas oficiales aún no ofrecen resultados para el curso que ahora comienza, pues el proceso de colocación de efectivos (personal docente) ni siquiera ha concluido. Habría que esperar por tanto unos meses antes de poder hacer una comparación rigurosa.

Con sus cifras en la mano, el consejero de Educación, Javier Imbroda, defiende que en el curso que hoy comienza habrá menos alumnos y más profesores.

Dice Imbroda que la caída de nuevas matriculaciones habría justificado la eliminación de líneas educativas (una línea es cada una de las clases de un mismo curso). Y que, dado que las líneas eliminadas han sido menos, es fácil concluir que no existe desmantelamiento sino sencillamente una adaptación a la nueva realidad (una adaptación amortiguada en cualquier caso).

Nada más lejos de la realidad, de hecho, el Gobierno de Susana Díaz eliminó 487 líneas para el curso 2018/19, más incluso que las suprimidas este año y las que se redujeron en el anterior De lo cual cabría concluir que el cierre de aulas está directamente relacionado con una política deliberada que comparten PSOE, PP y Ciudadanos y que se prolonga en el tiempo.

Este curso las niñas y niños andaluces afrontan con más inseguridad si cabe el inicio del curso escolar. La permanente práctica de los gobiernos autonómicos al servicio de las políticas privatizadoras y neo-liberales no ya sólo ponen en entredicho y en gran medida niegan el derecho fundamental a la Educación, sino que condena a los alumnos y sus familias a vivir con la inseguridad que dispone una disparatada política escatimadora de recursos ante el COVID-19.

¡ Por una enseñanza pública, andaluza, gratuita, laica y de calidad!

¡ No a los recortes, sí al derecho universal de la Educación!

SAT Granada.

Unión Territorial.

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Homenaje a Paco Álvarez Morillas el sábado 15 en Lanjarón.

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El sábado 15 de agosto desde las 19’00 horas vamos a celebrar un acto público en la plaza de la Constitución (Ayuntamiento) de Lanjarón en homenaje y recuerdo de nuestro compañero Paco Álvarez Morillas recientemente fallecido.

Como el Ayuntamiento de Lanjarón y su alcalde, Eric Escobedo, están intentando obstaculizar la celebración del acto (que se comunicó en tiempo y forma a la Subdelegación del Gobierno en Granada, organismo que emitió la correspondiente certificación ) os rogamos que vayáis provistos de mascarilla y que hagamos caso en todo momento a las indicaciones que desde la organización del acto se harán.

Esperando vuestra asistencia, recibid un saludo solidario.

 

SAT Granada.

Unión Territorial.

Martes 21 de julio: homenaje a la Huelga del 70.

Martes 21 de julio: homenaje a la Huelga del 70.

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Sindicatos y organizaciones políticas y sociales rinden hoy homenaje a los albañiles asesinados en la HUELGA DEL 70

Desde las 20’00 horas del martes 21 de julio, en la Plaza de La Caleta, se celebra el tradicional acto que convoca el sindicalismo alternativo granadino para homenajear a los albañiles asesinados en la Huelga de la Construcción de 1970 y conmemorar la efeméride.

Organizado por CNT, USTEA, SAT y la asamblea Interprofesional, el acto comenzará a las 20’00 horas y durante el mismo está previsto que se produzcan intervenciones, lectura de poemas y de acompañamiento musical al acto que finalizará sobre las 22’00 horas con la tradicional ofrenda floral ante el monumento que recuerda la Huelga del 70.

En el manifestó redactado este año, los convocantes resaltan que: La crisis que nos trae la pandemia del COVID – 19 nunca debe ser la excusa para que nuestra vida y condiciones de trabajo sufran merma alguna, más bien de todo lo contrario. Este debiera ser el momento en que la sociedad en su conjunto apostara por una disminución del horario de trabajo, por un reconocimiento real de los derechos laborales y por una apuesta decidida por una sociedad más justa y equitativa que haga del reparto de la riqueza su mayor valor.

El acto cuenta con la adhesión y apoyo de partidos políticos y asociaciones como Defender Granada, PCPE, Plataforma Cívica por la República, IZAR, Nación Andaluza y PCTE

ANTONIO HUERTAS REMIGIO, CRISTÓBAL IBÁÑEZ ENCINAS Y MANUEL SÁNCHEZ MESA, SIEMPRE

ESTARÉIS PRESENTES EN NUESTRO RECUERDO.

¡ QUÉ VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!

SAT Granada.

Prensa e Información.

Huelga 70

Taller de formación sindical y laboral: Carrera investigadora y vías posdoctorales de acceso a la investigación académica

Taller de formación sindical y laboral: Carrera investigadora y vías posdoctorales de acceso a la investigación académica

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El próximo día jueves 25 de Junio a las 18:00 desarrollaremos un taller informativo sobre los contratos posdoctorales y las vías de acceso a la investigación posdoctoral tanto para las Universidades del Estado español como del contexto internacional. Los contenidos se desarrollarán en torno a consejos para el cierre de la tesis, acreditación en la agenda estatal, contrato posdoctoral Juan de la Cierva, Contrato Marie Curie, contratos posdoctorales en el contexto europeo y contratos posdoctorales en América Latina.

El enlace para la participación se distribuirá a partir de las 17:00 de la tarde del día jueves 25 en:
Facebook SAT Granada, Twiter SAT PDI,  @InvConDerechos, Grupo de Telegram y Facebook Descolonizar Andalucía

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital ( https://satgranada.wordpress.com/ingreso-minimo-vital-guia/ ). El Gobierno ha aprobado esta medida en el Consejo de Ministros del viernes 29 de mayo, una iniciativa que se anunciaba como algo que pondría coto a las situaciones de “pobreza extrema en España” y que podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que el 30% son menores de edad. Además, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.

 

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

La idea es que, con la medida, se asegure a todos los hogares una renta mínima que de media llegue a los 10.070 euros. En este sentido, la expectativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que el IMV medio anual que permita llegar a esa cantidad sea de 4.400 euros.

De esta manera, el IMV complementará las rentas de cualquier tipo que tenga un hogar hasta determinado umbral de ingresos, que dependerá del número de miembros y de la tipología de dicho hogar. En cualquier caso, estas rentas que saldrán de la aplicación del subsido, son bastante magras y difícilmente pueden ayudar a una familia a vivr dignamente en las zonas urbanas con precios de alquileres, servicos, etc, absolutamente disparatados e inaccesibles.

Cuantías por hogar

El Gobierno ha identificado hasta 14 tipos de hogares, cada uno con su propio umbral de ingresos mínimo. El umbral más bajo que se tendrá que asegurar, que es el corresponde a un solo adulto, es de unos 5.538 euros anuales, unos 460 euros al mes. Mientras, el máximo que se podrá percibir a través de esta prestación será lo correspondiente a hogares con cuatro adultos y un niño, con 12.184 euros, unos 1.015 al mes.

Al ser un nuevo derecho subjetivo, podrán ser titulares de la prestación todas las personas de entre 23 y 65 años (a partir de 18 si se tienen hijos) con un año o más de residencia legal y efectiva en España. Además, tienen que demostrar su vulnerabilidad: sus rentas de 2019 tienen que ser inferiores a los que garantiza el IMV, aunque en determinados casos se podrá recurrir a las de 2020. https://www.epdata.es/embed/8e15ef9f-bbc1-495d-bd78-24cb10af0552/450

En cualquier caso, en este cómputo no se tendrá en cuenta las rentas de inserción de las comunidades autónomas, que irán aparte. En este sentido, se entiende que el IMV fijará un “suelo común para los hogares” que cumplan los requisitos y las regiones podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.

Los hogares receptores también se tendrán que someter a un test de patrimonio en el que no se incluye la vivienda habitual. Eso sí, el patrimonio de una familia tendrá que ser inferior al triple de la renta que le garantice el IMC para poder recibir la prestación.

De esta manera, para la prestación más baja el patrimonio neto no podrá superar los 16.614 euros, mientras que en el caso de la prestación más alta tendrá que ser inferior a los 43.100 euros.

Solicitud

Durante el mes de junio, la Seguridad Social actuará de oficio y se estima que otorgará a 100.000 hogares sin que tengan que pedirlo. Las solicitudes se comenzarán a tramitar a partir del 15 de junio, con efectos retroactivos desde el 1 de junio, una condición que se mantendrá hasta mediados de septiembre.

Esta solicitudes se podrán hacer sin necesidad de acudir a centros físicos de las Administraciones Públicas. Se podrá tramitar a través de la web de la Seguridad Social o enviando la documentación  por correo ordinario. Habrá un teléfono 900 para informar a los interesados, que contarán con un asistente virtual y un simulador en la citada web.Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

En cualquier caso, la Seguridad Social cuenta con que el IMV se gestione también a través de ayuntamientos, una vez se firmen convenios previstos.

Obligaciones

El IMV también comporta ciertas obligaciones para los beneficiados. Si no tienen empleo, se deberán inscribir como demandantes de empleo.

Con todo, cuando encuentren trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación para incentivar la búsqueda de empleo. De esta manera, el Gobierno quiere evitar lo que los especialistas llaman la trampa de la pobreza: aceptar un empleo o tener prestación. 

En el caso de los hogares que trabajan, el objetivo de las políticas que acompañan al IMV es aumentar el número de horas trabajadas y que pasen a empleos mejor remunerados. Igual que en el caso anterior, solo habrá una ‘pérdida’ parcial de IMV para los beneficiarios si mejorar su situación laboral. De esta manera, “por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior”.

Para que esta estrategia de incentivos a la búsqueda del empleo tenga éxito, se quiere contar con el sector privado al que se le ofrecerá incentivos a la contratación de beneficiarios de la prestación y la creación de un sello social para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV.

La expectativa del Gobierno es que el impacto presupuestario anual del IMV sea de unos 3.000 millones de euros, si se cumple el objetivo de llegar a los 850.000 hogares.

Por otro lado, cabe recordar que aunque la gestión del IMV va a ser cosa de la Seguridad Social, hay una excepción: País Vasco y Navarra. Las comunidades  forales autogestionarán su propia prestación y sus umbrales debido a las especificidades fiscales y tributarias de las comunidades forales, según ha explicado el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

Nuestro compañero Javi Cuesta que, junto a su familia, ha sufrido una agresión fascista con el allanamiento de su casa.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos denunciar:

1-Denunciar las agresiones fascistas como las que ha sufrido el compañero Javi Cuesta en su casa o un sindicalista de la UGT en Malaga, a lo que se suma que en la manifestación permitida a VOX se hizo apología del fascismo, se profieren gritos homófobos y en algunas de estas se agredió a periodistas.

En Granada esta impunidad no es nueva desde el SAT y más de 20 colectivos sociales solicitamos a la subdelegada de Gobierno hace más de seis meses información sobre qué medidas se habían tomado contra los grupos de ultraderecha que atacaron la mezquita de Granada o se contramanifestaron contra un acto convocado por movimientos sociales a favor del derecho a decidir sin tener a día de hoy respuesta de la misma, también se le solicito información sobre porque a nuestro sindicato y diferentes movimientos sociales como Stop Desahucios habían sido multados por hacer concentraciones de menos de 20 personas sin contar tampoco respuesta por parte de la subdelegada M. Inmaculada López Calahorro

2-La prohibición desde la subdelegación de gobierno de movilizaciones como las que realizábamos los viernes por la readmisión de nuestra compañera Vanesa donde éramos menos de 20 personas y podíamos cumplir las medidas de seguridad, mientras se ha permitido concentraciones ilegales de la ultraderecha en Puerta Real que no cumplía ni la comunicación a la subdelegación de gobierno ni las medidas de seguridad indicadas por los expertos.

3-Denunciar los abusos policiales durante la pandemia.

Nos consta a este sindicato de actuaciones policiales que se han saltado la ley alguna de ellas han sido grabadas en video como las cargas a chavales que llevaban carteles contra la manifestación de la ultraderecha el sábado o las identificaciones y multas a un grupo de personas que protesto contra la concentración ilegal que se produce todos los días en Puerta Real.

Ante este panorama hacemos un llamamiento a las personas que han sufrido abusos policiales o amenazas de la extrema derecha a organizarse y denunciar. Llamamos también a la dimisión de la subdelegada del gobierno M. Inmaculada López Calahorro por su persecución a los movimientos sociales y su permisividad ante los grupos de ultraderecha y los abusos policiales.

SAT Granada.

Unión Territorial.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

Hace años que venimos denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras la discriminación por cuestión de género en el mercado laboral.

Este es un problema que viene afectando a las mujeres trabajadoras y que hoy, se ve acentuado por la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Así nos lo revelan los alarmantes datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una tasa de empleo de las mujeres que se distancia de la de los hombres en 11,07 puntos porcentuales, con una tasa de paro de mujeres trabajadoras que supera en 3,5 puntos a la masculina mientras que la tasa de actividad está 10,6 puntos por debajo de la de los hombres.

Si nos ceñimos a los datos estadísticos, resultaría que casi un 47% de mujeres en edad de trabajar permanecen inactivas, porcentaje muy por encima al de los hombres. Pero, ¿engloban estas cifras a las mujeres que trabajan en economía sumergida?

Pundefinedorque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social.

Limpiadoras, camareras, cocineras, empleadas del hogar, jornaleras, fregantinas… mujeres que trabajan en negro, o con contratos fraudulentos cotizando muchas menos horas de las que trabajan y, que cuando pierden sus empleos debido a la pandemia desatada por el Covid-19, se quedan o bien sin ningún tipo de ingreso o con una miserable prestación.

Tampoco podemos olvidar en esta lista de mujeres “inactivas” a todas aquellas mujeres cuya actividad se centra en los cuidados del hogar y de sus familiares.

Entre los sectores más afectados por esta crisis, se sitúa a la cabeza el sector servicios que casualmente o no, es un sector muy feminizado. Tan solo en este sector se concentra un 97% de la pérdida de puestos de trabajo, siendo un 48,42% mujeres.

Pero no ha sido este el único sector feminizado que ha sufrido el impacto económico de la crisis sanitaria, destaca también el sector de servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas) y otros sectores donde la presencia femenina supera el 67% de los empleos.

Que la tasa de desempleo femenino haya aumentado en los últimos meses hasta superar el 56% con una tendencia a la alza no es sino una correlación que viene determinada por el hecho de que somos las mujeres quienes sufrimos peores condiciones en el mercado laboral: contratos a tiempo parcial y/o temporales, por circunstancias de la producción…

Trabajos precarios, peor remunerados y que se caracterizan por la inseguridad laboral recaen fundamentalmente en las mujeres que hoy engloban las listas del paro o que han quedado en una situación de vulnerabilidad, de hambre y necesidad, sin ningún tipo de cobertura social al trabajar en economía sumergida.

Si bien es cierto que la pérdida de empleo ha afectado a la clase trabajadora en general, también lo es que no debemos olvidar las desigualdades implícitas en el actual sistema económico que discriminan a la mujer en el ámbito laboral (entre otros). Como tampoco podemos obviar que la creación de empleo no atiende a una política de igualdad entre hombres y mujeres, siendo nosotras, las trabajadoras las que más dificultades tenemos a la hora de incorporarnos al mercado laboral.

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del covid-19 están siendo devastadoras para nosotras. Ya no solo perdemos nuestro empleo remunerado, sino que además el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres nos ha desbordado con el cierre de las escuelas y la atención a nuestros mayores en tiempos tan delicados para su salud y su bienestar. Un trabajo invisibilizado en condiciones cuasi esclavas que sin embargo es vital para el desarrollo de la economía.

Esta “nueva normalidad” es un atentado contra nuestros derechos y una negación de nuestras oportunidades para desarrollarnos en igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como personal.

No solo nos hemos convertido en víctimas quienes hemos perdido nuestros puestos de trabajo o quienes nos hemos visto afectadas por un ERTE o por la reducción de jornada, también han condenado a las trabajadoras de las empresas que han optado masivamente por la modalidad del teletrabajo

Es insostenible la sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres que tienen que compatibilizar teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia con las escuelas y los centros de día cerrados si no existe corresponsabilidad en los hogares o, si esta situación se da en hogares monoparentales (con un 82% de mujeres). Y es importante señalar, que la falta de responsabilidad compartida en el núcleo familiar es producto de una educación y una cultura que difícilmente vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y no debemos olvidar que esta cultura patriarcal ha sido alimentada por el propio sistema capitalista para explotar doblemente a la mujer, en su papel productivo, reproductivo y de cuidados.

Será pues, el propio sistema el que nos condene a las tareas del hogar para soportar su crisis económica y solo nos rescatará cuando necesite mano de obra barata.

No obstante, desde el Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras, creemos que la situación de la modalidad del teletrabajo no pasa exclusivamente por la corresponsabilidad, sino por una regularización de este sistema de trabajo: estableciendo mecanismos de control horario, de jornadas, calendario laboral, desconexión digital segura…y por supuesto, regularizando desde una perspectiva de género para que las mujeres podamos compatibilizar nuestros empleos con la vida, en general.

En este escenario de retroceso en los derechos y en la igualdad plena y efectiva de la mujer, hoy más que nunca se hace necesaria la lucha organizada donde las mujeres tengamos un papel protagonista.

La compañera despedida Vanesa Sánchez en un acto reivindicativo.

Y se hace necesario establecer lazos de solidaridad con las compañeras que luchan por nuestros derechos, como es el caso de nuestra compañera Vanesa, delegada sindical en el sector de la limpieza que fue despedida por defender los derechos de las trabajadoras en un sector altamente feminizado y por ende, precarizado. Una mujer trabajadora, madre de dos hijas que se enfrenta a las empresas RYDALCA, VERDIBLANCA y a la propia Junta de Andalucía, para defender su puesto de trabajo y dar dignidad a un sector en el que las mujeres no pueden ser sustituidas como fregonas ni se pueden barrer sus derechos.

En este contexto de crisis y de expolio a los derechos de las mujeres, que Vanesa recupere su puesto de trabajo y sus derechos es una batalla ganada en la guerra contra el sistema patriarcal y los gestores del capitalismo hacia nuestra igualdad.