EL SAT DENUNCIA Y PLANTEA CONFLICTO COLECTIVO CONTRA CLECE S.A.
Hoy miércoles 4 de febrero los delegados del Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras (SAT) en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves han presentado mediante rueda de prensa el Conflicto Colectivo contra CLECE SA en el que se cita como interesado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), por negarse la empresa concesionaria reiteradamente a aceptar lo dispuesto en la legislación relativa a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Desde el año 2014 tanto la delegación sindical del SAT como el propio comité de empresa han venido denunciado este grave incumplimiento ante la Inspección de Trabajo que siempre ha redactado informe favorable a las denuncias sindicales y que ha levantado actas de infracción ( sanción y multa )hasta tres veces contra CLECE S.A.
dado que la empresa CLECE SA sigue negándose a aceptar lo determinado por la ley, el Sindicato Andaluz procedió a presentar denuncia ante la Fiscalía de Granada la cual determinó que la via propia para entablar litigio era la de la Jurisdicción Social.
Por ello Inmaculada Santiago, delegada de la sección sindical, ha presentado la correspondiente denuncia y Conflicto Colectivo “para conseguir de una vez por todas que CLECE respete la legalidad y no siga haciendo valer su condición de empresa millonaria que se ríe de las disposiciones legales y no respeta los derechos de las trabajadoras y trabajadores, ya que la empresa cuyo máximo accionista es Florentino Pérez, incumple reiteradamente las disposiciones de Seguridad e Higiene en los diversos centros de Andalucía donde ha obtenido la concesión del servicio de limpieza, sin ir más lejos en los Hospitales Públicos de Almería.”
Manuel de la Blanca, miembro del comité de empresa por el SAT y responsable de Salud Laboral del Sindicato, ha manifestado que tanto CLECE como el SAS , además del incumplimiento en materia de seguridad Higiene, incumplen la propia ley de contratación pública que impone que los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas se incluyan las garantías sociales y laborales en la contratación” Para de la Blanca “si CLECE no cumple con la legalidad, el SAS y la Junta de Andalucía deben rescindir sus contratos con la empresa”.
La denuncia y planteamiento de conflicto colectivo presentada por el SAT ha sido repartida al Juzgado de lo Social n.º 4 de Granada el cual, en breve, señalará día y hora de la vista judicial.
A raíz de la decisión que el gobierno tomó e hizo efectiva por Decreto de Ley en Febrero de 2021, en el que obliga a reconocer las bajas por Covid-19 de los empleados sanitarios como enfermedad profesional, nos vemos en la obligación de hacer llegar a la Opinión Pública nuestra posición y más absoluta disconformidad con la cuestión, pues consideramos que con esta medida al personal de limpieza que se nos vuelve a tratar como trabajadores ajenos a los hospital y centros de Salud y se nos vuelve a excluir del personal sanitario, cuando estamos todos juntos trabajando codo con codo.
El hecho de que en los centros de atención primaria, hospitales, etc existan empresas privadas que se encarguen de los servicios de limpieza es responsabilidad directa de las administraciones públicas ( en nuestro caso a Junta de Andalucía), que hace años renunciaron a gestionar la limpieza de los centros públicos de salud y la cedieron a manos privadas, lo que ha traído consigo la precarización de las condiciones laborales y la disminución progresiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector.
Entre los agravios que se crean en los centros y hospitales del Servicio Andaluz de Salud contamos ahora con la exclusión de las trabajadoras y trabajadores de la Limpieza en su derecho a que la baja por contagio de Covid -19 les sea considerada como una contingencia por enfermedad profesional.
Lógicamente, la propia naturaleza de las actividades de limpieza, que implican la limpieza de zonas y retirada de residuos que pueden estar contaminados, suponen un riesgo para los trabajadores de la Limpieza que las llevan a cabo. Probablemente, por el tipo de trabajo desarrollado, el mayor riesgo se da en las actividades en centros sanitarios y, en particular, en los hospitales como ya determina desde hace décadas la normativa y legislación aplicable en materia de Seguridad y Salud laboral.
Igualmente , en todos los trabajos en que pueda darse exposición a microorganismos, hay que seguir una serie de normas generales de seguridad y dotar al personal de Equipos de Protección Individual efectivos, así como evaluar los riesgos y, partiendo de ahí, facilitar una formación adecuada a los profesionales de la Limpieza,
Es por ello que, desde el SAT, exigimos la inmediata inclusión del personal de limpieza y del resto de trabajadores no sanitarios entre las adoptadas por el Consejo de Ministros del pasado 2 de febreroe informamos de que tomaremos las pertinentes acciones e iniciativas legales y anunciamos movilizaciones para que de una vez por todas el trabajo que desempeñamos el personal de limpieza de hospitales se reconozca como tal.
Hoy miércoles 4 de febrero los delegados del Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras (SAT) en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves han presentado mediante rueda de prensa el Conflicto Colectivo contra CLECE SA en el que se cita como interesado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), por negarse la empresa concesionaria reiteradamente a aceptar lo dispuesto en la legislación relativa a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Desde el año 2014 tanto la delegación sindical del SAT como el propio comité de empresa han venido denunciado este grave incumplimiento ante la Inspección de Trabajo que siempre ha redactado informe favorable a las denuncias sindicales y que ha levantado actas de infracción ( sanción y multa )hasta tres veces contra CLECE S.A.
dado que la empresa CLECE SA sigue negándose a aceptar lo determinado por la ley, el Sindicato Andaluz procedió a presentar denuncia ante la Fiscalía de Granada la cual determinó que la via propia para entablar litigio era la de la Jurisdicción Social.
Por ello Inmaculada Santiago, delegada de la sección sindical, ha presentado la correspondiente denuncia y Conflicto Colectivo “para conseguir de una vez por todas que CLECE respete la legalidad y no siga haciendo valer su condición de empresa millonaria que se ríe de las disposiciones legales y no respeta los derechos de las trabajadoras y trabajadores, ya que la empresa cuyo máximo accionista es Florentino Pérez, incumple reiteradamente las disposiciones de Seguridad e Higiene en los diversos centros de Andalucía donde ha obtenido la concesión del servicio de limpieza, sin ir más lejos en los Hospitales Públicos de Almería.”
Manuel de la Blanca, miembro del comité de empresa por el SAT y responsable de Salud Laboral del Sindicato, ha manifestado que tanto CLECE como el SAS , además del incumplimiento en materia de seguridad Higiene, incumplen la propia ley de contratación pública que impone que los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas se incluyan las garantías sociales y laborales en la contratación” Para de la Blanca “si CLECE no cumple con la legalidad, el SAS y la Junta de Andalucía deben rescindir sus contratos con la empresa”.
La denuncia y planteamiento de conflicto colectivo presentada por el SAT ha sido repartida al Juzgado de lo Social n.º 4 de Granada el cual, en breve, señalará día y hora de la vista judical.
Explicamos el cambio legal que se ha producido, en qué casos hay consumo de paro mientras se cobra el ERTE por covid-19 y cuáles son las excepciones que, nos dicen, sirven proteger las situaciones más vulnerables. Estas excepciones las consideramos desde el SAT absolutamente insuficientes
Cuando los ERTE por covid-19 se pusieron en marcha (marzo de 2020), uno de los mensajes más difundidos desde el Ministerio de Trabajo fue que los trabajadores que recibieran esta prestación extraordinaria no verían reducidas las cotizaciones por desempleo que tuvieran acumuladas, es decir, que “en los ERTE no se consumía paro.”. Esto fue cierto hasta el 31 de septiembre de 2020, momento en que se modificó la normativa.
¿Qué cambió entonces?
La norma que regulaba inicialmente este beneficio de los ERTE (“no consumir paro”), era el RDL 8/2020 de 17 de marzo, en su artículo 25.1.b).
Cuando se desata la pandemia en marzo de 2020, el Gobierno toma dos decisiones para los trabajadores afectados por un ERTE: permitir el acceso a la prestación sin exigir cotizaciones previas y , que mientras estuvieran cobrando el paro, no se considerasen consumidos esos días de prestación.
Sin embargo, el Gobierno ha puesto fecha límite a la vigencia de este último beneficio. En el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre (art. 8.7) se señala que el beneficio de no consumir paro en las prestaciones por ERTE se mantendrá únicamente hasta el 30 de septiembre de 2020 y que a partir de ese momento entra en juego el nuevo sistema.
Así es cómo se regula en el BOE este importante cambio:
Las prestaciones por ERTE que se han cobrado hasta el 30 de septiembre de 2020 no consumen paro. Sin embargo, a partir de esa fecha, sí comienza a correr el contador que descuenta cada día que el trabajador cobra de ERTE, pero atención: con un calendario de excepciones.
Para amortiguar los efectos de este cambio en miles de trabajadores, el gobierno ha establecido un sistema de compensación y de excepciones.
¿Cuáles son las excepciones en las que “no se consume paro”?
El segundo párrafo del art. 8.7 (“La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026”) significa que cuando un trabajador vaya a pedir el paro a partir del 1 de octubre de 2026 no se tendrán en cuenta las prestaciones consumidas anteriormente.
El sistema de excepciones al consumo del paro está regulado en el segundo párrafo del art. 8.7 RDL 30/2020:
“Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, con el objetivo proteger a las personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más vulnerables, no se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente.”
CONCLUSIÓN: La situación respecto al consumo de paro en los ERTE queda actualmente de este modo:
Si el trabajador, antes del 1 de enero de 2022, ve terminado su contrato temporal, o sufre un despido individual o colectivo por causas objetivas, o un despido improcedente y pide el paro, en esos casos no se le descontarán de sus cotizaciones por desempleo acumuladas las que hubiera consumido por la prestación por ERTE.
En sentido contrario, los trabajadores que pidan el paro contributivo a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 1 de octubre de 2026, se verán afectados por el descuento de las prestaciones que hayan estado cobrando el ERTE desde del 1 de octubre de 2020, que es cuando terminó la medida de gracia de que “los ERTE no consumen paro”.
La interpretación de ese segundo párrafo del art. 8.7 del RDL 30/2020 no es sencilla y por ello, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado unas instrucciones provisionales para la aplicación del RDL 30/2020 pdf del texto íntegro) , de las que reproducimos la parte que se refiere al consumo del paro.
Como ya hemos explicado y ahora se comprueba en ese documento oficial, el SEPE reconoce de forma inequívoca que las prestaciones por ERTE COVID 19 consumen paro desde el 1 de octubre de 2020, siempre en prestaciones que se soliciten antes del 1 de octubre de 2026 y con la siguiente excepción: durante todo el año actual 2021, si el trabajador solicita el paro como consecuencia de fin de contrato temporal, o despido individual o colectivo por causas objetivas, o despido improcedente, tampoco se tendrán en cuenta el paro consumido al cobrar el ERTE.
Es importante la aclaración de que “En ningún caso se descontarán como consumidos días que correspondan a derechos de nivel asistencial que se reconozcan en un futuro”. Entendemos en ella se indica que el consumo de días de cotización únicamente se va a tener en cuenta cuando el trabajador solicite la prestación contributiva por desempleo (el paro que se solicita cuando se tienen cotizados 360 o más días) y no afectará a las solicitudes de subsidios por desempleo de carácter asistencial, como por ejemplo la ayuda familiar, o el subsidio por insuficiencia de cotización
Como señala el último epígrafe de la nota aclaratoria del SEPE, en el caso de los ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), cuando finalicen a partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores podrán pedir el paro a que tuvieran derecho por sus cotizaciones acumuladas, y de la prestación resultante, se les descontarán los días de paro por ERTE que hayan consumido entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de enero de 2021. Es decir, en los ERTE ETOP no hay excepciones por las que a lo largo de 2021 no se les vaya a descontar días de paro.
Con toda seguridad, este nuevo criterio del Ministerio de Trabajo va a dar lugar a conflictos que no están claramente resueltos por el momento. Actualizaremos y ampliaremos la información del artículo conforme vayamos conociendo novedades.
Como nota final, recordar que el giobierno ha anunciado que se prorrogan los ERTE hasta el 31 de mayo de 2021. Aunque no se han indicado cambios en lo que se refiere al consumo del paro, como siempre habrá que estar pendiente de ver publicada la normativa de la prórroga en el BOE, por si hubiera algún tipo de modificación.
SECTOR NACIONAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (SAT)
Sialgonos haenseñadolapandemiaesqueelsectordelalimpieza es uno de los más importantes y necesarios. Las empresas de Servicios y Trabajo Temporalsiguencometiendo ilegalidadesconelconsentimientodelaJuntadeAndalucia,comofaltaralartículo28delConvenioColectivodeLimpiezaColectivodeLimpiezaeinfringirlaleydelderechoalaLibertadSindicalrespaldada porelEstatutodeTrabajadores/as.Teniendo encuentaqueestamos anteunsectoraltamentefeminizado,lasmujerestenemosquesufrirlaminusvaloracióndenuestrotrabajo.Novamosapermitirquelas mujeresnosveamosimposibilitadasdeejercernuestroderechoaltrabajo,auntrabajodignoyaladefensadenuestrosderechosennuestrospuestosdetrabajo. Las mujeres no sólo sufrimos las mayores consecuencias de la Crisis, pues sabemos de primera mano que la feminización de la pobreza es un hecho; nos vemos imposibilitadas a una emancipación real en el ámbito laboral. Esta emancipación solo llegará cuando los derechos laborales y sociales se respetan en su totalidad.
Por todo lo anterior, el próximo 10 de febrero, día en que se realizará el Juicio por la causa de la compañera Vanesa, esperamos que, tras quince meses de lucha incansable, por fin se haga justicia.
El 14 de enero, en asamblea en su sindicato SAT/ SOC, las trabajadoras de Fresh Tom deciden casi por unanimidad declarar huelga indefinida.
La empresa, cuya actividad se desarrolla en la planta de Pechina, Almería, donde se ha declarado la huelga; cuenta además con centros en Ingenio, Canarias y en Surrey, Reino Unido. Produce y comercializa hortalizas, especialmente tomates, que distribuye internacionalmente.
Por delante les esperan dificultades que van a superar gracias a los lazos de solidaridad que van a ir construyendo local e internacionalmente. La lucha se enfocará empleando todas las herramientas posibles: por la vía legal, llamando a la inspección de trabajo, alzando la voz internacionalmente y con acción directa.
Comienza la huelga
Se declara el primer día de huelga el martes 19 de enero con un seguimiento mayoritario. Las principales reivindicaciones se limitan a exigir el cumplimiento de las leyes laborales y el convenio colectivo:
Aumento del salario hasta su equiparación con el presente Salario Mínimo Interprofesional vigente (1180€).
Conversión de los contratos temporales en fijos o fijos-discontinuos, reconocidos en el anterior convenio colectivo del sector.
Plus de transporte y antigüedad.
El convenio del sector, que data de 2015, no se ha actualizado, lo cual de la medida de lo que se valora, por parte de la patronal, el mantener unas relaciones laborales respetuosas con los derechos que, al menos por la ley, se reconocen a los trabajadores.
Esta y otras empresas del mismo sector, en donde también los trabajadores tienen que luchar por que se cumpla con la legalidad vigente en tanto a sus derechos laborales, están certificadas por la patronal Coexphal y por Global Gap. Patente queda que las garantías que estas organizaciones ofrecen a los consumidores se alejan completamente de evaluar las condiciones de los trabajadores. Toca a los trabajadores mismos organizarse y luchas contra esas condiciones de miseria.
Podrás acompañar a las trabajadoras en su lucha ya que han establecido un piquete informativo a las puertas de la empresa y están presentes todos los días por la mañana en la dirección:
Cortijo del cura 1, 04250 Pechina
La huelga continúa. Sexto día de huelga
La prensa generalista, como ocurre con casi cualquier lucha obrera, no se hace prácticamente eco de esta hazaña que las trabajadoras y trabajadores de Fresh Tom están llevando a cabo. Es por eso que seguimos insistiendo en la necesidad de prensa independiente que dé voz a la clase obrera, que cuente el relato de los huelguistas y que ponga de manifiesto que, pese a los ataques de la patronal, aprovechando la coyuntura que la crisis covid ha abierto, los trabajadores no van a retroceder en sus reivindicaciones.
Durante esta primera semana de huelga, la empresa ha mandado a la Guardia Civil a identificar al piquete. Como ya sucediera en la huelga mantenida a nivel provincial del manipulado y del campo, el pasado mes de diciembre, de nuevo las empresas intentan por todos los medios que se le ponen a su disposición dificultar el desempeño del derecho fundamental de huelga.
Reafirmados, en el piquete han continuado orgullosos y apoyándose mutuamente para superar las dificultades. Sin embargo, necesitan la solidaridad del resto de trabajadores de las empresas del sector. La lucha no acabó en diciembre. En la mayoría de empresas siguen sin cumplir con el salario mínimo, sin cotizar las horas totales de trabajo, sin tratar con respeto a las trabajadoras ni conciliar los horarios de trabajo con sus necesidades familiares, en estos momentos tan complejos.
La represión de los huelguistas se dejó sentir ya en diciembre. No solo la violencia contra la que se lanzaban contra los piquetes, tanto los esquiroles como los empresarios y encargados. Si no, especialmente la que se ha ejercido después. Dejando de contratar a compañeras temporales. Por ello, es primordial, que seamos la mayoría de los trabajadores los que se declaren en huelga.
No solamente es necesario que el resto de las organizaciones sindicales se sumen, sino que desde las organizaciones sociales se tenga presente al sector más olvidado de toda la producción, sin cuyo trabajo, no comeríamos.
Necesitamos solidaridad
Los trabajadores de Fresh Tom, como el resto de trabajadores del campo de Almería no están solos. Una gran cantidad de compañeras y compañeros internacionalmente les apoyan, porque la lucha es la misma. Desde ese convencimiento os pedimos que sigáis luchando y que compartáis con nosotras vuestra experiencia y las lecciones aprendidas.
¡Cualquier ayuda, idea, es bienvenida! ¡¡Y si estáis también en huelga, contádnoslo todo, queremos apoyaros!!
Sus empresas Cortes LTD y Beehive, distribuyen los productos en los mercados irlandés e inglés, pero también en el mercado local. Las plantas de producción no solo se limitan a Almería, sino que también producen en Canarias.
Podéis trasladarle a la patronal vuestra inquietud para que puedan trabajar con derechos en la empresa Fresh Tom a las siguientes direcciones:
SAT Granada . SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO (693854017 y hoteleriayturismo@satgranadasindicatoandaluz.info )
El 28 de agosto del 2019 la inspección de trabajo de Granada obligó a la empresa Glovo a dar de alta en el régimen general de la seguridad social a ciento ochenta repartidores que trabajan como falsos autónomos.
Se trató de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.Puedes contactar con nosotros en el 693854017 (hosteleriayturismo@sindicatoandaluz.info )Se trató de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.
El informe de la Inspección de trabajo concluye que son trabajadores por cuenta ajena, al tiempo que ha abierto una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.
DESDE EL SECTOR DE HOSTELERÍA DEL SAT /que fuimos los que pusimos aquella denuncia) OS INVITAMOS A ORGANIZAOS EN LA LUCHA Y DEFENSA DE VUESTROS DERECHOS.
Puedes contactar con nosotros en el 693854017 (hosteleriayturismo@sindicatoandaluz.info )
El ataque a la Educación Pública lo seguimos sufriendo con el abandono de los centros educativos durante la pandemia y en medio del temporal Filomena. El deterioro de la Educación Pública andaluza al que venimos asistiendo, curso tras curso y bajo gobiernos de distintos signo, -mientras se favorece el incremento de la financiación de la red privada sostenida con fondos públicos- , se suman las condiciones deplorables en las que hemos trabajado alumnado, docentes y personal de administración y servicios con el paso del temporal Filomena y las borrascas que han venido detrás. Todo esto, en el curso de la pandemia, donde la Consejería de Educación ha optado por mantener aulas masificadas (con ratios ilegales en muchos centros) aumentando el riesgo de contagios al no poderse cumplir las medidas sanitarias adecuadas. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras insistimos en defender la educación presencial, pero preservando la seguridad y la calidad de la misma.
La presencialidad es necesaria porque el tipo de relación que establece el alumnado entre sí y con las docentes, al compartir el espacio de nuestros centros educativos, es insustituible. Lo es, además, porque el aprendizaje vía telemática no es accesible para todo el alumnado de igual manera, debido a la brecha digital que existe entre los hogares andaluces, consecuencia, a su vez, de la desigualdad social existente. Lo es, además, porque existen otras brechas producto de múltiples desigualdades, que hacen que el aprendizaje en casa no sea igual de fácil para todo nuestro alumnado. Y lo es, finalmente, porque la escuela pública es el principal espacio donde niñas y niños de Andalucía conviven en un espacio tan diverso como nuestra propia sociedad. (Son vergonzosas las declaraciones hechas por miembros del actual equipo de gobierno sugiriendo que la escuela es poco menos que un aparcadero de niñas y niños).
Por todo ello, desde antes del inicio de este curso y desde distintos sectores de la comunidad educativa, se le hizo saber a la Consejería de Educación y Deporte que queríamos presencialidad, pero no de cualquier forma. La alternativa que se reclamaba era una presencialidad en la que se garantizara, hasta donde fuera posible, la seguridad sanitaria. Esto pasaba, inevitablemente, por reducir las ratios de manera significativa, pues, a mayor ratio, menos distancia física dentro del aula, y mayor riesgo. El consejero Javier Imbroda lo dejó claro: de bajar las ratios, olvídense. Por supuesto, bajar las ratios requiere un aumento importante de la financiación en la pública. El ataque progresivo a la educación pública andaluza ponía a la comunidad educativa en una situación crítica ante la pandemia.
A esto hay que sumar la situación que estas dos últimas semanas se ha vivido en las aulas, especialmente la semana del 11 de enero, tras las vacaciones navideñas. Una calamidad que solo puede ignorar quien no la ha vivido de primera mano. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, la temperatura en los centros de trabajo durante el invierno, para actividades sedentarias, debe oscilar entre los 17 y los 27 grados. Sin embargo, en estos últimos días, se han registrado temperaturas inferiores a los 10 grados en gran parte de las aulas de los centros públicos andaluces, haciéndose realmente duro, no ya dar clase, sino estar en la clase. Sin duda, es una consecuencia de que las ventanas deban estar abiertas, única forma eficaz según las autoridades sanitarias de protección frente al Covid. Pero si los centros de la red pública andaluza estuvieran debidamente equipados, como establece la Ley de bioclimatización, aprobada en 2019 solo sobre el papel pues aún no se ha puesto en práctica, sin duda la situación habría sido muy distinta. ¿Qué se requiere para ello? Más inversión en la Educación Pública andaluza. Una vez más, el ataque de la administración a la pública andaluza pone a los centros educativos, a su alumnado y a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza a los pies de los caballos.
Ante esta situación desde el SAT seguimos insistiendo: la presencialidad es necesaria, pero se puede y se debe hacer compatible con la seguridad sanitaria y las condiciones que permitan una educación de calidad y en las condiciones dignas que merecen el alumnado, profesorado y personal docente andaluces. Nuestros centros no son aparcaderos de niñas y niños, sino un lugar para el aprendizaje y crecimiento, en todo su potencial humano. La situación de precariedad y abandono que estamos viviendo este curso en la Educación Pública andaluza habla por sí misma de cuáles son las consecuencias de una operación política de acoso y derribo a la red pública, por parte de una administración que defiende sus postulados neoliberales en favor de la privada financiada con fondos públicos.
Como bien sabréis, la campaña por la readmisión de nuestra compañera Vanesa Sánchez se está intensificando durante el mes de enero y principio de febrero dado que el juicio se encuentra señalado para el próximo 10 de febrero.
Pero no nos resignamos y, aunque el equipo jurídico y sindical del SAT de Granada lo tiene todo preparado ante la llegada de la fecha del juicio previsto, estamos dispuestas y dispuestos a pelear hasta el final exigiendo que nuestra compañera sea readmitida.
Vanesa, delegada del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, trabajaba allí como limpiadora en la empresa RYDALCA SOLUCIÓN S.L. y, tras el traslado de la Delegación a una nueva sede en la Avenida de Madrid, fue aprovechada por la Junta, RYDALCA y la nueva empresa contratada para el servicio (VERDIBLANCA DE LIMPIEZAS) para despedir a la compañera, conculcando de esta manera el derecho fundamental a la Libertad Sindical y a la libre sindicación de la compañera. Desde el sindicato se denunció el despido (exigiendo la nulidad del mismo), la violación de los Derechos Fundamentales de la compañera y la cesión ilegal de trabajadores cometida, por lo que las empresas nombradas y la junta deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Vanesa es madre de dos hijas, una luchadora ejemplar y una delegada de nuestro sindicato a la que no podemos abandonar.
Llevamos un año de lucha sindical contra dos empresas de limpieza y la propia Junta de Andalucía a las que solicitamos la readmisión de Vanesa y no vamos a cesar en nuestra pelea.
Es por ello que los viernes 15, 22 y 29 de enero desde las 12’00 horas nos vamos a concentrar en la puerta de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía (Avenida de Madrid, 7) .
Invitamos a todas las compañeras y compañeros, secciones sindicales, uniones locales del SAT, etc. a que mantengamos con nuestro apoyo a esta ejemplar lucha de Vanesa y las compañeras del Sector de Limpieza. Igualmente hacemos extensivo nuestro llamamiento a cuantas organizaciones (partidos, asociaciones, sindicatos, etc) solidarias que vienen apoyando y solidarizándose con nuestra lucha.
JUICIO A MIGUEL DORADO (El Buen Sazón S. L. – Grupo LA BORRAJA).
El próximo martes 19 de enero tenemos un juicio (el primero entre más de 15 demandas que le tenemos puestas) contra este empresaurio que debe dineros a media Granada y Málaga. Él es el propietario de una de las principales empresas de catering de la provincia y tiene la costumbre de explotar y despedir a los trabajadores y trabajadoras, además , de no pagarles cuando a él le viene en gana.
Entre sus diversos centros de trabajo encontramos «La Terraza de la Aduana» (en Málafga capital), el Cortijo del «Soto de Roma» ( en Ogíjares, Granada), el centro de producción de Santa Fe (Granada) y numerosos locales y fincas que alquila para ofrecer eventos y cuchipandas entre cuyo benefico debe sumarse lom que roba a sus trabajadores.
¡Esto se tiene que acabar!
¡Esta gente tiene que acatar la legislación laboral o cerrar!
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Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras - Granada 
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