¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

Nuestro compañero Javi Cuesta que, junto a su familia, ha sufrido una agresión fascista con el allanamiento de su casa.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos denunciar:

1-Denunciar las agresiones fascistas como las que ha sufrido el compañero Javi Cuesta en su casa o un sindicalista de la UGT en Malaga, a lo que se suma que en la manifestación permitida a VOX se hizo apología del fascismo, se profieren gritos homófobos y en algunas de estas se agredió a periodistas.

En Granada esta impunidad no es nueva desde el SAT y más de 20 colectivos sociales solicitamos a la subdelegada de Gobierno hace más de seis meses información sobre qué medidas se habían tomado contra los grupos de ultraderecha que atacaron la mezquita de Granada o se contramanifestaron contra un acto convocado por movimientos sociales a favor del derecho a decidir sin tener a día de hoy respuesta de la misma, también se le solicito información sobre porque a nuestro sindicato y diferentes movimientos sociales como Stop Desahucios habían sido multados por hacer concentraciones de menos de 20 personas sin contar tampoco respuesta por parte de la subdelegada M. Inmaculada López Calahorro

2-La prohibición desde la subdelegación de gobierno de movilizaciones como las que realizábamos los viernes por la readmisión de nuestra compañera Vanesa donde éramos menos de 20 personas y podíamos cumplir las medidas de seguridad, mientras se ha permitido concentraciones ilegales de la ultraderecha en Puerta Real que no cumplía ni la comunicación a la subdelegación de gobierno ni las medidas de seguridad indicadas por los expertos.

3-Denunciar los abusos policiales durante la pandemia.

Nos consta a este sindicato de actuaciones policiales que se han saltado la ley alguna de ellas han sido grabadas en video como las cargas a chavales que llevaban carteles contra la manifestación de la ultraderecha el sábado o las identificaciones y multas a un grupo de personas que protesto contra la concentración ilegal que se produce todos los días en Puerta Real.

Ante este panorama hacemos un llamamiento a las personas que han sufrido abusos policiales o amenazas de la extrema derecha a organizarse y denunciar. Llamamos también a la dimisión de la subdelegada del gobierno M. Inmaculada López Calahorro por su persecución a los movimientos sociales y su permisividad ante los grupos de ultraderecha y los abusos policiales.

SAT Granada.

Unión Territorial.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

Hace años que venimos denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras la discriminación por cuestión de género en el mercado laboral.

Este es un problema que viene afectando a las mujeres trabajadoras y que hoy, se ve acentuado por la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Así nos lo revelan los alarmantes datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una tasa de empleo de las mujeres que se distancia de la de los hombres en 11,07 puntos porcentuales, con una tasa de paro de mujeres trabajadoras que supera en 3,5 puntos a la masculina mientras que la tasa de actividad está 10,6 puntos por debajo de la de los hombres.

Si nos ceñimos a los datos estadísticos, resultaría que casi un 47% de mujeres en edad de trabajar permanecen inactivas, porcentaje muy por encima al de los hombres. Pero, ¿engloban estas cifras a las mujeres que trabajan en economía sumergida?

Pundefinedorque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social.

Limpiadoras, camareras, cocineras, empleadas del hogar, jornaleras, fregantinas… mujeres que trabajan en negro, o con contratos fraudulentos cotizando muchas menos horas de las que trabajan y, que cuando pierden sus empleos debido a la pandemia desatada por el Covid-19, se quedan o bien sin ningún tipo de ingreso o con una miserable prestación.

Tampoco podemos olvidar en esta lista de mujeres “inactivas” a todas aquellas mujeres cuya actividad se centra en los cuidados del hogar y de sus familiares.

Entre los sectores más afectados por esta crisis, se sitúa a la cabeza el sector servicios que casualmente o no, es un sector muy feminizado. Tan solo en este sector se concentra un 97% de la pérdida de puestos de trabajo, siendo un 48,42% mujeres.

Pero no ha sido este el único sector feminizado que ha sufrido el impacto económico de la crisis sanitaria, destaca también el sector de servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas) y otros sectores donde la presencia femenina supera el 67% de los empleos.

Que la tasa de desempleo femenino haya aumentado en los últimos meses hasta superar el 56% con una tendencia a la alza no es sino una correlación que viene determinada por el hecho de que somos las mujeres quienes sufrimos peores condiciones en el mercado laboral: contratos a tiempo parcial y/o temporales, por circunstancias de la producción…

Trabajos precarios, peor remunerados y que se caracterizan por la inseguridad laboral recaen fundamentalmente en las mujeres que hoy engloban las listas del paro o que han quedado en una situación de vulnerabilidad, de hambre y necesidad, sin ningún tipo de cobertura social al trabajar en economía sumergida.

Si bien es cierto que la pérdida de empleo ha afectado a la clase trabajadora en general, también lo es que no debemos olvidar las desigualdades implícitas en el actual sistema económico que discriminan a la mujer en el ámbito laboral (entre otros). Como tampoco podemos obviar que la creación de empleo no atiende a una política de igualdad entre hombres y mujeres, siendo nosotras, las trabajadoras las que más dificultades tenemos a la hora de incorporarnos al mercado laboral.

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del covid-19 están siendo devastadoras para nosotras. Ya no solo perdemos nuestro empleo remunerado, sino que además el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres nos ha desbordado con el cierre de las escuelas y la atención a nuestros mayores en tiempos tan delicados para su salud y su bienestar. Un trabajo invisibilizado en condiciones cuasi esclavas que sin embargo es vital para el desarrollo de la economía.

Esta “nueva normalidad” es un atentado contra nuestros derechos y una negación de nuestras oportunidades para desarrollarnos en igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como personal.

No solo nos hemos convertido en víctimas quienes hemos perdido nuestros puestos de trabajo o quienes nos hemos visto afectadas por un ERTE o por la reducción de jornada, también han condenado a las trabajadoras de las empresas que han optado masivamente por la modalidad del teletrabajo

Es insostenible la sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres que tienen que compatibilizar teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia con las escuelas y los centros de día cerrados si no existe corresponsabilidad en los hogares o, si esta situación se da en hogares monoparentales (con un 82% de mujeres). Y es importante señalar, que la falta de responsabilidad compartida en el núcleo familiar es producto de una educación y una cultura que difícilmente vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y no debemos olvidar que esta cultura patriarcal ha sido alimentada por el propio sistema capitalista para explotar doblemente a la mujer, en su papel productivo, reproductivo y de cuidados.

Será pues, el propio sistema el que nos condene a las tareas del hogar para soportar su crisis económica y solo nos rescatará cuando necesite mano de obra barata.

No obstante, desde el Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras, creemos que la situación de la modalidad del teletrabajo no pasa exclusivamente por la corresponsabilidad, sino por una regularización de este sistema de trabajo: estableciendo mecanismos de control horario, de jornadas, calendario laboral, desconexión digital segura…y por supuesto, regularizando desde una perspectiva de género para que las mujeres podamos compatibilizar nuestros empleos con la vida, en general.

En este escenario de retroceso en los derechos y en la igualdad plena y efectiva de la mujer, hoy más que nunca se hace necesaria la lucha organizada donde las mujeres tengamos un papel protagonista.

La compañera despedida Vanesa Sánchez en un acto reivindicativo.

Y se hace necesario establecer lazos de solidaridad con las compañeras que luchan por nuestros derechos, como es el caso de nuestra compañera Vanesa, delegada sindical en el sector de la limpieza que fue despedida por defender los derechos de las trabajadoras en un sector altamente feminizado y por ende, precarizado. Una mujer trabajadora, madre de dos hijas que se enfrenta a las empresas RYDALCA, VERDIBLANCA y a la propia Junta de Andalucía, para defender su puesto de trabajo y dar dignidad a un sector en el que las mujeres no pueden ser sustituidas como fregonas ni se pueden barrer sus derechos.

En este contexto de crisis y de expolio a los derechos de las mujeres, que Vanesa recupere su puesto de trabajo y sus derechos es una batalla ganada en la guerra contra el sistema patriarcal y los gestores del capitalismo hacia nuestra igualdad.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

Este 23 de mayo, a las 20 horas en la Plaza del Carmen de Granada, salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras,

PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).


PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).




La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es c2a1basta.jpeg

CUÁL ES LA RENTABILIDAD REAL DE LA INDUSTRIA DE LA HOSTELERÍA? El ejemplo de Granada: un camino que jamás se debe volver a andar.

CUÁL ES LA RENTABILIDAD REAL DE LA INDUSTRIA DE LA HOSTELERÍA? El ejemplo de Granada: un camino que jamás se debe volver a andar.

La patronal granadina de la Hostelería y el Turismo, que lleva décadas cimentando su desarrollo sobre los pilares del fraude, la especulación y la destrucción del entorno, el medio ambiente y el territorio, pretende ahora ponerse en una posición de superioridad y exigencia ante el conjunto de la sociedad y las administraciones públicas que le lleve a retomar la senda que durante décadas ha transitado y que ha aportado beneficios para muy pocos y ruina para muchos.

En este artículo pretendemos aportar una serie de razonamientos y análisis que nos lleven a evitar que se vuelva a andar el camino que jamás debiera haberse tomado.

Cuando uno escucha a Gregorio García, a la sazón presidente de la organización patronal Federación Granadina de Hostelería y el Turismo, no encontrará en sus palabras otras razones que no sean la de exigir una liberalización de tasas, de impuestos, de relaciones laborales…Ni una alternativa ni una declaración de buenas intenciones ni una autocrítica ni un proyecto de futuro, nada indica que los empresarios granadinos que representa don Gregorio y que no son, precisamente, la mayoría de ellos, hayan sacado conclusión alguna que contemple el medio y la población que saquean y de la que viven ni a que estén dispuestos a afrontar ningún sacrifico y menos a asumir una responsabilidad social que ante estos tiempos de pandemia debiera exigírseles.

El fraude permanente.

Vamos a hacer unos cálculos bien sencillos para cimentar nuestros razonamientos.

La industria de la Hostelería ocupa a unos 23.000 hombres y mujeres en el conjunto de la provincia de Granada de los cuales unos 19.500 están contratados en fraude de ley ( a los que habría que sumar la incierta cifra de los que se ven obligados a trabajar sin contrato) y cuyos contratos vienen a sumar un fraude, sólo en cotizaciones a la Seguridad Social y tirando por lo bajo, de 46.800.000 € anuales.

Hagamos otra cuenta. Gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la Hostelería y el Turismo tienen contratos a tiempo parcial aunque, realmente, echen jornadas de 55-60 horas semanales. A todos estos trabajadores (como al resto) se les exige disponer de 15 años cotizados a la Seguridad Social para disponer de una pensión contributiva. ¿ Cuántos años deberían trabajar en una empresa tipo de Hostelería para cotizar esos quince años exigidos? Las matemáticas no fallan: debieran trabajar 60 años para tener cotizado ese periodo de tiempo, con lo que la gran mayoría de ellos, después de dejarse la vida y la salud en sus trabajos, tendrán que acceder a pensiones asistenciales.

Una última cuenta para ilustra el artículo. Cada empresario de la Hostelería escatima un promedio de un 31% de los salarios que debieran percibir sus trabajadores. ¿ A cuánto asciende el fraude? Es sencillo calcularlo: unos 112.000.000 de euros anuales son los que dejan de cobrar los trabajadores de la hostelería granadina.

Vistas estas cifras y sin abundar mucho en ellas, debiéramos concluir que el fraude económico y social que ejercen las empresas de Hostelería en la provincia de Granada es de dimensiones gigantescas. ¿De dónde sale, pues, esta superioridad de la que alardea el señor Gregorio García? ¿ Porqué se nos sigue diciendo que la Hostelería es uno de “los motores económicos” de nuestra provincia? ¿ Por qué se sigue insistiendo que Granada vive del Turismo?

Copia de volvemos al trabajo con todos los derechos

El fraude menos visible.

Cada empresa de Hostelería de Granada ocupa, de promedio, a un 41% menos de los trabajadores que debiera emplear si respetase los regímenes de trabajo que determina su convenio colectivo provincial ( horario de trabajo, descansos semanales, turnos, etc). Por lo tanto, deberemos concluir que la Hostelería en absoluto es una industria que crea un empleo razonablemente proporcionado a lo escaso de los impuestos y a las cotizaciones a la Seguridad que abona. Una cifra razonable de ocupaciones en el sector estaría cerca de los 40.000 trabajadores y no las que se barajan actualmente y que son fruto del fraude, del que se aprecia con más facilidad y el que es más difícil contemplar.

Desde una perspectiva empresarial, tanto a nivel fiscal como de Seguridad Social y laboral, las prácticas habituales de los empresarios de Hostelería no sólo generan ciertos riesgos que todos conocemos, sino también otra serie de problemas que no suelen preverse inicialmente. Así las cosas, conviene tener en cuenta todos los peligros que este tipo actuaciones pueden conllevar al estarse incurriendo en responsabilidades laborales y sociales, incluso responsabilidades de índole penal.

Una de las derivadas de, por ejemplo, otra práctica habitual de los empresarios de la Hostelería que es pagar parte del salario “fuera de nómina”, es su no declaración ante Hacienda y la ausencia de retención por parte del empresario que incumple con aquella obligación. Este incumplimiento en materia tributaria puede conllevar para el empresario uno de los riesgos más conocidos, la apertura de expedientes sancionadores con levantamiento de actas de liquidación por los importes no retenidos dentro del plazo de prescripción de 4 años, juntos con sus intereses y recargos, además de actas de infracción.

Con respecto a la incidencia en materia de Seguridad Social, las cantidades “no reflejadas en nómina” o pagar 300 o 400 € por debajo de lo estipulado en las tablas salariales del Convenio de Hostelería, en tanto en cuanto no quedan incluidas en las bases de cotización comunicadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, suponen una infracotización. Como consecuencia de lo anterior, los pagos “fuera de nómina” generan una contingencia por el importe de las cuotas dejadas de ingresar por dichas cantidades más recargos, durante los 4 años siguientes. El empresario, de ser pillado in fraganti deberá abonar entonces, no sólo el importe de la cuota empresarial que no ingresó en su día, sino también el importe a la cuota obrera que irá a su cargo, al no haberla detraído del salario en el momento del pago al trabajador, tal y como ordena el art. 230 apartado b) de la LGSS.

Por otra parte, la falta de declaración de las bases de cotización reales a la Tesorería General de la Seguridad Social puede conllevar también la imposición de sanciones derivadas de infracciones en materia de Seguridad Social. En concreto, se considera que es una infracción muy grave la falta de ingreso de cuotas, salvo que se haya realizado la correspondiente declaración de las bases correctas en los boletines de cotización, lo que no suele ocurrir cuando se abonan los salarios de esta forma. Tras la reforma de Julio de 2012, las sanciones oscilan entre un importe equivalente al 100,01% del importe de las cuotas dejadas de ingresar, incluidos recargos, intereses y costas hasta el 150% de las mismas.

Los riesgos menos conocidos de unas prácticas empresariales fraudulentas.

La Responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones derivada de la infracotización

Si bien las anteriores consecuencias son comúnmente conocidas, no lo es tanto la llamada responsabilidad en orden a las prestaciones prevista en el art. 126.2 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015.). Dicha responsabilidad es una consecuencia que puede derivarse de aquella infracotización. A saber:

“Artículo 126

El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva.
Finalmente, no podemos perder de vista otras consecuencias de suma importancia para el empresario. El pago de salarios “fuera de nómina” suele producirse en aquellos sectores en los que la operativa mercantil conlleva que se genere dinero no declarado fiscalmente. La entrega de ese dinero a los trabajadores como parte de su salario, lo pone en circulación lo que podría poner en evidencia una situación de blanqueo de capitales.

El blanqueo de capitales consiste en toda actividad que busca “legalizar” recursos financieros obtenidos de una actividad delictiva, habiéndose entendido que dicha actividad tendría que estar relacionada con temas de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, etc. No obstante, a raíz de la Ley 10/2010, de 18 de Abril sobre Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de sentencias como la dictada en el caso Ballena Blanca del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2012, se considera como actividad delictiva a efectos de obtención de aquellos fondos, el delito fiscal. Como consecuencia de lo anterior, cuando la cuota defraudada asciende a más de 120.000 euros, cabe incurrir no sólo en un delito fiscal sino también en un delito de blanqueo de capitales. La entrega de dichas cantidades a los trabajadores como parte de su salario puede significar poner en circulación fondos indebidamente obtenidos.

Euros

ERTES, regulaciones y dinero público.

En Granada en el mes de marzo –un mes en que habitualmente se realizan numerosas contrataciones de cara a la Semana Santa y la llegada de la Primavera– se despidieron a 5.800 trabajadores del sector y se solicitaron un total de 3.158 ERTEs motivados por fuerza mayor y por la crisis del coronavirus. Tales regulaciones temporales de empleo han afectado hasta el 1 de mayo a 14.600 trabajadores, lo que ha provocado un descenso ostensible de las retribuciones de estos hombres y mujeres – la mayoría de ellos con contratos en fraude de ley e infracotizados – infinidad de los de los cuales han debido sufrir los golpes y dardos de la patronal y el SEPE al existir gran cantidad de ERTEs no resueltos que no se cobrarán hasta junio, así como otros expedientes tramitados que están pausados por incidencias de distinta índole. Esto significa que cerca de un 60% de empleados no van a cobrar hasta no se sabe cuándo. Como no cabría esperar de otra manera dado el afán de rapiña de los empresarios de la Hostelería granadina ni se han complementando los sueldos de los afectados por las regulaciones de empleo o pagado sus vacaciones: todo lo contrario.

Así vemos que, pese a que los empresarios de la Hostelería ganaron en el año 2019 más que nunca y el ejercicio de ese año cerró con un crecimiento económico del sector turístico registrando las tasas más altas nunca recogidas, estas cifras han vuelto a no traducirse en un apoyo a los trabajadores cuando la situación lo requería. Más aún, las empresas del sector volvieron a ser las destinatarias de una millonaria inversión promocional por parte de las Administraciones Públicas e importantísimas y casi incuantificables subvenciones procedentes del erario público: bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, bonificaciones para la contratación, ayudas a la primera contratación; subvenciones para la financiación consistentes en subvenciones a fondo perdido, pago único, ayudas propias del sector, ayudas al autoempleo; financiación para empresas mediante préstamos ICO a muy bajo interés, financiación bonificada, ayudas directas de la Agencia IDEA y otras…

Granada nunca vivió del Turismo.

La incapacidad y absoluta falta de interés por parte de los políticos profesionales e instituciones que nos gobiernan para acabar con la subordinación económica, subalternidad y dependencia cuasi colonial de Andalucía y, por ende, de Granada, ha llevado a éstos a repetirnos un mantra que a fuerza de escucharlo hemos llegado a asumir como propio y es el de que Andalucía y Granada viven del Turismo. Esta afirmación es infundada y falaz, ya que ni históricamente ni en la actualidad esto ha sido así. Más bien, el retrato sería que la economía y la población granadina es una familia con graves carencias económica – y de diversa índole- que obtiene un complemento para subsistir y que ese complemento, hoy casi imprescindible, pero no mayoritario en términos absolutos, proviene de la Hostelería y el Turismo. El sector de la hostelería en Andalucía cuenta con algo más de 50 mil establecimientos que dan empleo a cerca de 280 mil personas (lo que no llega al 7% de la población activa), con una facturación de 18 mil millones de euros, lo que representa el 7,1% de la riqueza nacional andaluza y, por números de establecimientos Granada se sitúa en cuarta posición, así que por mucho que se quiera ni Granada ni Andalucía viven del Turismo.

La industria de la Hostelería y el Turismo gentrifica nuestros barrios y pueblos, los turistifica , destruye el territorio lo condena al desastre ecológico y sin parar mientes en el daño social añadido que esto conlleva y produce. Todo ello para concentrar el benéfico obtenido en escasísimas manos que ni reinvierten ni dejan su riqueza en nuestra tierra. Siendo todas estas prácticas y sus consecuencias nefastas, hay que añadir que el negocio, el pelotazo hostelero – turístico, se sostiene a base de tolerar el fraude permanente y estructural y a golpe de miles de millones del erario público usurpados a los ciudadanos y destinados al beneficio privado.

El futuro no es el Turismo.

El futuro de Andalucía y de Granada no pueden estar basado en el Turismo por el Turismo y la crisis traída por la pandemia que padecemos nos debería llevar a reflexionar sobre el mañana que queremos para nuestros hijos y nuestra tierra. El turismo es una actividad que aporta un muy escaso valor añadido y altamente mudable, un sector que acapara diversas actividades dentro de un país como Andalucía y que engloba a un sinfín de personas dedicadas a satisfacer necesidades de diverso índole. Cada país ha desarrollado al turismo en sus supuestas mejores facetas, es decir, potencializando el tipo de turismo que represente un arraigo en su patrimonio, no obstante, un principio fundamental de este sector, requiere de adaptar modelos turísticos a las necesidades de la población en la que coexiste dicha actividad, sin olvidar que aun en un país, los Estados y las Ciudades presentan diversas necesidades, pues la cultura, su capital humano, costumbres y tradiciones no son las mismas debido a cada estilo de vida que se ha desarrollado.

Que se nos entienda bien, nosotros ni promovemos ni estamos por una autarquía económica ni nada que pueda parecerse, pero sí sabemos que el futuro para un desarrollo sostenible para nuestra tierra no pasa por reproducir los modelos de saqueo actuales y dentro de los cuales la Hostelería y el Turismo ocupan un lugar preponderante. Tenemos que apostar por el futuro y nunca obviar la capacidad y los suficientes recursos naturales, humanos, intelectuales, etc. de los que disponemos como para no tener que aplicar una desordenada política extractivista y liquidadora de los recursos humanos y naturales como se viene haciendo.

Sobre unas condiciones de trabajo realmente dignas para las personas trabajadoras que desempeñamos nuestras funciones en la Hostelería y el Turismo ya estamos preparando, a modo de secuela, un artículo que ofreceremos en breve.

Sirva el presente escrito para alertar de los males endémicos y estructurales que afectan al pelotazo hostelero que estamos padeciendo y que, de no ser reconducido sobre bases lógicas, equitativas y respetuosas con la legalidad y los derechos de los trabajadores, nos van a llevar al desastre.

Es hora de que, como trabajadores y andaluces, reclamemos nuestra soberanía y actuemos, decidamos y proyectemos un mañana mejor para Granada y Andalucía.

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).

Sector Nacional de Hostelería y Turismo.

(Artículo publicado el 17 de mayo en Kaos en la Red  https://kaosenlared.net/cual-es-la-rentabilidad-real-de-la-industria-de-la-hosteleria/ )

Artículo Kaos

Screenshot_20190513_184219(1)

Sindicatos, partidos y asociaciones denuncian los hechos acaecidos en un desahucio en Fuente Vaqueros los pasados 8 y 9 de mayo.

Sindicatos, partidos y asociaciones denuncian los hechos acaecidos en un desahucio en Fuente Vaqueros los pasados 8 y 9 de mayo.

Los pasados días 8 y 9 de mayo, el alcalde de Fuente Vaqueros José Manuel Molino Alberto se embarcó en intentar desalojar a una familia sin recursos de una vivienda propiedad de una entidad bancaria en la que se habían refugiado al carecer de techo donde cobijarse, sin que para tal actuación mediara sentencia ni orden judicial alguna.

El martes 12 de mayo, agentes de la Policía Municipal y la Guardia Civil protagonizaron un nuevo intento de desahucio ilegal en Atarfe.

Para exigir el respeto a los derechos humanos básicos como son el derecho a una vivienda y a unos suministros básicos que la hagan habitable, así como para defender la legalidad vigente respecto y la moratoria de desahucios que se encuentra en vigor y que fue prorrogada con fecha 11 de marzo se publica en el BOE por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, que amplía el plazo y la casuística para poder acogerse a la moratoria, modificando la Ley 1/2013 y la prohibición expresa de lanzamientos durante el periodo de Estado de Alarma en el que estamos inmersos en la actualidad, diversos sindicatos, partidos políticos y asociaciones hemos redactado el presente escrito que os adjuntamos.

Ante la total conculcación de los más básicos derechos humanos y constitucionales queremos hacer constar que los juramentos o promesas de acatar la Constitución que prestan los cargos públicos electivos están para algo. No vale todo en la gestión pública. Ser elegido democráticamente no es ser elegido para ser dictador o muñidor. Los procedimientos están para algo. El procedimiento y las formas garantizan intereses públicos o de terceros, sin que exista autorización para prescindir de ello bajo la particular interpretación del político de turno, ni menos bajo “cuestiones de estado” ( o mas bien, cuestiones de interés local personal).

Todo esto lo ponemos en conocimiento de la opinión pública para que sea trasladado a los granadinos y granadinas y, de la misma manera, hacemos saber que el lunes 18 de mayo solicitaremos una reunión formal con la Subdelegada del Gobierno en Granada en la que hacerle llegar nuestra preocupación y determinación en que se acabe con estos abusos que se están produciendo.

STOP Desahucios

CONTRA LAS PRÁCTICAS ILEGALES Y MAFIOSAS DE JOSÉ MOLINO ALBERTO, ALCALDE DE FUENTE VAQUEROS.

Las organizaciones, movimientos sociales, asociaciones, plataformas y partidos políticos abajo firmantes queremos manifestar nuestra absoluta condena y desaprobación a los hechos acontecidos el pasado 8 de mayo en la localidad de Fuente Vaqueros y los cuales fueron protagonizados por José Manuel Molino Alberto, alcalde de la localidad.

1º.- El pasado 8 de mayo, el alcalde Molino Alberto se embarcó en intentar desalojar a una familia sin recursos de una vivienda propiedad de una entidad bancaria en la que se habían refugiado al carecer de techo donde cobijarse, sin que para tal actuación mediara sentencia ni orden judicial alguna.

2º.- Para tal efecto movilizó a la Policía Municipal que amenazó y amedrentó a la familia que ocupaba la vivienda y al grupo de compañeros solidarios que los apoyaba.

3º.- Tras constatar el alcalde y su cuerpo armado que la familia no deponía su actitud, intentó obligar a los operarios municipales a que tapiaran la vivienda con sus habitantes dentro, extremo que fue rechazado por los trabajadores del ayuntamiento que se negaron a hacerlo.

4º.- Finalmente, por orden del alcalde se procedió a cortar el suministro de agua y luz de la vivienda para dejar a sus moradores sin suministros básicos.

5º.- Todas estas cacicadas fueron ejecutadas por el alcalde Molino Alberto sin que existiera orden judicial alguna y durante un periodo en que están paralizados y afectados por una moratoria los desahucios.

6º,. El alcalde Molino ha denunciado a varios de los participantes en el atropello cometido el pasado 8 de mayo.

Ante la total conculcación de los más básicos derechos humanos y constitucionales queremos hacer constar que los juramentos o promesas de acatar la Constitución que prestan los cargos públicos electivos están para algo. No vale todo en la gestión pública. Ser elegido democráticamente no es ser elegido para ser dictador o muñidor. Los procedimientos están para algo. El procedimiento y las formas garantizan intereses públicos o de terceros, sin que exista autorización para prescindir de ello bajo la particular interpretación del político de turno, ni menos bajo “cuestiones de estado” ( o mas bien, cuestiones de interés local personal).

Es por ello que reprobamos las actuaciones llevadas a cabo por José Manuel Molina Alberto, que cese en sus actuaciones ilegales y exigimos su dimisión.

Granada a 17 de mayo 2020.

Los firmantes:

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadores (SAT).

USTEA. Enseñanza Granada.

Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR)

Defender Granada (DG)

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Granada Abierta.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH – STOP Desahucios 15M.

Unión Sindical Estudiantil (USE)

Anticapitalistas

Jaleo!

Nación Andaluza (NA)

#Nopagamosmascrisis La vuelta al trabajo con todos los derechos.

#Nopagamosmascrisis                                     La vuelta al trabajo con todos los derechos.

Copia de volvemos al trabajo con todos los derechos

Se trata de un Decreto, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, cuya vigencia comienza el mismo día de su publicación, esto es, el 13 de mayo de 2020. Regula cómo serán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde hoy hasta, al menos, el 30 de junio.

ERTE POR FUERZA MAYOR (ART. 22 REAL DECRETO-LEY 8/2020)

1.- En empresas que no puedan reanudar su actividad hasta 30 de junio de 2020 continuarán en las mismas condiciones, esto es:

  • Para la empresa. Exoneración de pago del 100% de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados para empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para empresas de 50 trabajadores y más.
  • Para los trabajadores: Acceso a la prestación contributiva por desempleo aunque carezcan del periodo de cotización necesaria, así como que el periodo de suspensión no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.

2.- En empresas que puedan recuperar parcialmente la actividad hasta el 30 de junio de 2020 se aplicarán las siguientes reglas:

  • La incorporación de las personas trabajadoras afectadas a la actividad la decidirá la empresa en la proporción que necesite.
  • La reducción de cotizaciones se aplicará del siguiente modo para los trabajadores que vuelvan a la actividad:
  • Empresas de menos de 50 trabajadores: a) en mayo la exención será del 85%; y b) en junio del 70%.
  • Empresas de más de 50 trabajadores: a) en mayo la exención será del 60%; y b) en junio del 45%.
  • La reducción de cotizaciones se aplicará del siguiente modo para los trabajadores que permanecen en ERTE:
    • Empresas de menos de 50 trabajadores: a) mayo la exención será del 60%; y b) en junio del 45%.
    • Empresas de más de 50 trabajadores: a) mayo la exención será del 45%; y b) en junio del 30%.

3.- El Consejo de Ministros podrá aprobar una prórroga más allá del 30 de junio de 2020, también para sectores específicos, tras consultar a la Comisión Tripartita creada en la propia norma con patronal y sindicatos y que se reunirá, como mínimo, el segundo miércoles de cada mes.

IMG-20200511-WA0024

 

4.- El compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad sólo se aplicará a las empresas que se hayan acogido a un ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RDLey 8/2020 (y no a otros ERTE), y se empieza a contar desde la reanudación de la actividad (aún cuando esta sea parcial). Las excepciones a esta regla de mantenimiento del empleo son las siguientes y sólo se aplican a las personas trabajadoras afectadas por el ERTE:

– Extinción por despido disciplinario procedente.

– Dimisión o baja voluntaria del trabajador.

– Muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora.

– Fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

– Fin de contratos temporales que no estén en fraude de ley.

Además, a este compromiso del empleo se le aplicarán las siguientes reglas:

  • Se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa aplicable, teniendo en cuenta, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
  • No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.
  • Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social.

5.- Las empresas que se beneficien de exoneración de cuotas a la Seguridad Social y tengan 50 o más empleados no podrán repartir dividendos en 2020, excepto si devuelven primero esas exoneraciones.

Resistir, persistir..

ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS (ART. 23 REAL DECRETO-LEY 8/2020)

  • Se mantiene el procedimiento abreviado del artículo 23. También el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los sindicatos frente a la comisión ad hoc. Sólo desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y hasta 30 de junio de 2020.
  • La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de fuerza mayor.
  • Si un ERTE por causa ETOP se produce tras la finalización de un ERTE por causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.
  • Los ERTES por causas ETOP vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley mantienen su vigencia hasta la fecha prevista en la comunicación final de la empresa.

Asesoría(1)(1)

NORMAS QUE SE APLICAN A LOS DOS TIPOS DE ERTE (FUERZA MAYOR Y ETOP)

  • La prestación de desempleo con reposición de prestaciones (contador a cero) y la no exigencia del período de carencia se extiende hasta el 30 de junio.
  • Las prestaciones aprobadas el 22 de abril de 2020 para fijos-discontinuos se mantienen hasta final de año.
  • Las empresas con domicilio en paraísos fiscales no pueden acogerse a ERTES de fuerza mayor regulados en este Real Decreto ley (empresas con ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas tienen prohibida la realización de operaciones directas o indirectas con empresas o personas residentes en paraísos fiscales).
  • Se mantiene, hasta 30 de junio, la prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas.
  • Se mantiene hasta 30 de junio de 2020 la previsión de que la suspensión de los contratos temporales por ERTEs, de fuerza mayor y ETOP vinculados al COVID 19, supondrá la interrupción del cómputo de la duración de estos contratos.

 

Fuente:logo_horizontal_web_asur

https://autonomiasur.org/

Otro pacto social en plena crisis: «el acuerdo social en defensa del empleo».

Otro pacto social en plena crisis: «el acuerdo social en defensa del empleo».

 

IMG-20200511-WA0024
Estas son las verdaderas medidas para la protección del empleo.

El Gobierno la Patronal y las gestorías sindicales CCOO y UGT,  han suscrito en el Palacio de La Moncloa el  ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO, que consiste en un conjunto de medidas que dicen ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya apuntada en los anteriores Reales Decretos aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la Covid 19. El nuevo Acuerdo, que entra en vigor al ser refrendado por el Consejo de Ministros, prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor.

Así, se vuelven a ofrecer prebendas y ayudas para que las empresas  puedan recuperar  su actividad » a la carta» y para que las mismas puedan proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Para ello, las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total o parcial , en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al Servicio Público de Empleo (SEPE) las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

 

Mantenimiento del empleo

El Acuerdo incluye, además, la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo BOE-A-2020-3824, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Pero es importante hay que destacar la medida de maquillaje social  que prohíbe que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.

Además, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social.

dólares
La mayor parte y el mayor monto económico de las ayudas desde el comienzo de la crisis ha primado subvencionar a las empresas sin asegurar un futuro real del empleo.

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social

El Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores, medida que vuelve a «socializar» el esfuerzo de la Crisis, cargando su coste en los bolsillos de la mayoría social: la Clase Trabajadora.

  • Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE.
  • Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020).
  • En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.
  • Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

dinero_EDICRT20161130_0001_3

Los manijeros del Pacto.

El Acuerdo Social contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.

Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma.

El nuevo Pacto Social

La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

Esta medida vuelve a transitar el conocido camino del pacto o concertación social, mediante la cual los sindicatos apesebrados, la Patronal y el gobierno decidirán en cada momento qué es mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Papel principalmente vergonzoso en estos pactos sociales lo protagonizan CCOO y UGT que venden al mejor postor los derechos de los trabajadores a cambio de ser legitimados y de asegurar su supervivencia económica a cambio de suculentas subvenciones por parte del Estado.

El gobierno y la patronal necesitan la coartada de disponer con el apoyo de los trabajadores y para ello echan mano de sus «interlocutores válidos» (CCOO y UGT) a los que hace lustros domesticaron ( y se dejaron domesticar) a base de subvenciones, dineritos y acceder a la complicidad del Estado con sus comportamientos.

Mediante los pactos sociales se niega y anula la negociación colectiva real para convertirla en una negociación colectiva virtual en la que no priman los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sino lo que dispongan los burócratas sindicales que hace años que no han pegado un palo al agua e ignoran cuál es la realidad del mundo del trabajo.

Enlace hacia ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO

Real Decreto Ley 18 2020 de 12 de mayo

Otro pacto social en plena crisis: «el acuerdo social en defensa del empleo».

Otro pacto social en plena crisis: «el acuerdo social en defensa del empleo».

 

IMG-20200511-WA0024
Estas son las verdaderas medidas para la protección del empleo.

El Gobierno la Patronal y las gestorías sindicales CCOO y UGT,  han suscrito en el Palacio de La Moncloa el  ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO, que consiste en un conjunto de medidas que dicen ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya apuntada en los anteriores Reales Decretos aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la Covid 19. El nuevo Acuerdo, que entra en vigor al ser refrendado por el Consejo de Ministros, prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor.

Así, se vuelven a ofrecer prebendas y ayudas para que las empresas  puedan recuperar  su actividad » a la carta» y para que las mismas puedan proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Para ello, las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total o parcial , en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al Servicio Público de Empleo (SEPE) las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

Mantenimiento del empleo

El Acuerdo incluye, además, la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo BOE-A-2020-3824, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Pero es importante hay que destacar la medida de maquillaje social  que prohíbe que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.

Además, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social.

dólares
La mayor parte y el mayor monto económico de las ayudas desde el comienzo de la crisis ha primado subvencionar a las empresas sin asegurar un futuro real del empleo.

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social

El Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores, medida que vuelve a «socializar» el esfuerzo de la Crisis, cargando su coste en los bolsillos de la mayoría social: la Clase Trabajadora.

  • Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE.
  • Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020).
  • En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.
  • Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

dinero_EDICRT20161130_0001_3

Los manijeros del Pacto.

El Acuerdo Social contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.

Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma.

El nuevo Pacto Social

La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

Esta medida vuelve a transitar el conocido camino del pacto o concertación social, mediante la cual los sindicatos apesebrados, la Patronal y el gobierno decidirán en cada momento qué es mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Papel principalmente vergonzoso en estos pactos sociales lo protagonizan CCOO y UGT que venden al mejor postor los derechos de los trabajadores a cambio de ser legitimados y de asegurar su supervivencia económica a cambio de suculentas subvenciones por parte del Estado.

El gobierno y la patronal necesitan la coartada de disponer con el apoyo de los trabajadores y para ello echan mano de sus «interlocutores válidos» (CCOO y UGT) a los que hace lustros domesticaron ( y se dejaron domesticar) a base de subvenciones, dineritos y acceder a la complicidad del Estado con sus comportamientos.

Mediante los pactos sociales se niega y anula la negociación colectiva real para convertirla en una negociación colectiva virtual en la que no priman los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sino lo que dispongan los burócratas sindicales que hace años que no han pegado un palo al agua e ignoran cuál es la realidad del mundo del trabajo.

Enlace hacia ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO

Real Decreto Ley 18 2020 de 12 de mayo

SI TU EMPRESA NO OBSERVA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD¡ NO TRABAJES!

reforma salud1

Si tu empresa no observa las medidas de seguridad o no te aporta equipos de protección individual; si ves que tu seguridad y tu salud peligran, ponte en contacto con el sindicato. Te informamos, te aconsejamos, podemos tomar medidas legales y…sobre todo niégate a trabajar hasta que la situación no se enmiende.

¡Tu salud es lo primero!

Pincha abajo y puedes descargar la normativa vigente para tu seguridad en el trabajo.

Carta a la empresa inobservar normas de seguridad.

Vuelta al trabajo de determinados sectores (lunes 13 de abril). Trabaja seguro y defiende tu salud.

Asesoría(1)(1)

Vuelta al trabajo de determinados sectores (lunes 13 de abril). Trabaja seguro y defiende tu salud.

Vuelta al trabajo de determinados sectores (lunes 13 de abril). Trabaja seguro y defiende tu salud.

GUIA_BUENAS_PRACTICAS_COVID19

El estado de alarma aún no ha llegado a su fin, pero a partir de este lunes 13 de abril se da un paso para recuperar la actividad económica en gran parte por las presiones de la Patronal y los bancos que han hecho ceder al gobierno de de PSOE-Unidas Podemos. Los empleados de los sectores considerados “no esenciales”, como la construcción, la siderurgia o las empleadas del hogar, podrán volver a sus puestos tras dos semanas paralizados. Se vuelve a la situación previa al 30 de marzo, cuando el Gobierno decretó esta paralización de actividades. La seguridad en el trabajo debe ser el pilar de esta primera fase de desescalada. Para garantizarla, será necesario preservar “la distancia social, la higiene en espacios públicos y privados y el lavado de manos”, indicó el viernes el ministro de Sanidad, En esta entrada de blog te aportamos la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS editada por el gobierno. Y ante cualquier duda o peligro para tu salud, consulta con el sindicato para que hagamos las gestiones oportunas para que tu trabajo se realice con seguridad o, de lo contrario, se paralice la actividad de tu centro de trabajo.

DESCARGA AQUÍ LA GUÍA EN PDF:

GUIA110420172227802

 

GUÍA DE DEFENSA SINDICAL (2ª edición)

¿Qué hacer si presento síntomas?

La primera medida para evitar un nuevo repunte de contagios es que no se acuda al centro de trabajo si se presenta sintomatología o se hubiera tenido contacto estrecho con personas afectadas por el virus, hasta confirmar que no hay riesgo para uno mismo o los demás. Para ello, el Gobierno señala que se debe contactar con el teléfono COVID de cada comunidad autónoma y consultar el decálogo de actuación en caso de síntomas disponible en este enlace. Tampoco deberán volver a su puesto las personas más vulnerables por edad, por estar embarazadas o padecer afecciones médicas que, en caso necesario, pueden contactar con su médico para que acredite su necesidad de aislamiento y que, si así fuera, se considerará a efectos laborales una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.

Desplazamientos

En la medida de lo posible, acudir en medios en los que se pueda garantizar el distanciamiento social, ya sea caminando, en bicicleta o en vehículos particulares. La guía recoge recomienda extremar las medidas de higiene en los turismos o taxis (que son un transporte público) y usar una mascarilla higiénica, no médica, en los viajes en autobús, metro o tren.

1428951650_115789_1428951742_noticia_normal
Estos no trabajan y viven del esfuerzo de los demás.

En el centro de trabajo

La guía editada por el gobierno aconseja planificar toda la operativa en la sede laboral para que los empleados puedan mantener la distancia interpersonal recomendada y también las zonas comunes. La reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar, añade el documento. Cuando se trate de empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre personas trabajadoras y el público, como establecer un aforo máximo, habilitar controles de acceso o facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse.
Igualmente, cuando el espacio de trabajo no permita mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, los horarios de trabajo se deberán escalonar, lo que también evitará aglomeraciones en el transporte. Además, recalca que no será necesario usar mascarilla durante la jornada si se mantiene la distancia de seguridad y el puesto no lo requiere.

Organización previa

Se tendrán que realizar tareas diarias de higienización “reforzada” con productos autorizados (jabón, gel desinfectante o aqlcohol  y agua oxigenada para nuestras manos y lejía diluida al 10% para superficies) y se deberá suministrar material higiénico y de protección suficiente para evitar los contagios entre los trabajadores. Asimismo, la guía señala que es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes y mascarillas, y que se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a trabajadores especialmente sensibles o vulnerables. Las empresas deberán facilitar el teletrabajo o condiciones laborales de bajo riesgo, aunque en los casos que no sea posible los empleados. «De no ser posible, los empleados en estas circunstancias podrán solicitar una valoración de su facultativo de atención primariao”, asegura el texto.

00db3db3464f6c764e65e3279f6fcd02
Estos no trabajan, seguro.

Recomendaciones a los trabajadores

Ante cualquier duda para tu salud, consulta con el sindicato.
La guía recomienda, además de mantener la distancia interpersonal de dos metros, evitar el uso compartido de equipos. En caso de que sea necesario compartirlos, se deben aumentar las medidas de precaución, desinfectándolo antes de usarlos si es posible. También se aconseja no tocarse los ojos, la nariz y la boca, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, al menos durante 40 segundos, o con una solución hidroalcohólica. “Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o tras tocar superficies potencialmente contaminadas”, apunta el documento.

Medidas de higiene

Al mismo tiempo, la guía aboga por no compartir equipos de trabajo o por maximizar la higiene en caso de que esto no sea posible, así como por ventilar a diario las instalaciones y reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias. “El personal de limpieza asignado a estas tareas debe tener una correcta protección, realizando todas las tareas con mascarilla y guantes de un solo uso, además de disponer de los detergentes habituales, pues son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad”, reza el documento. Igualmente, una vez finalizada la limpieza, el persona tendrá que realizar una completa higiene de manos. Los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

Gestión de residuos

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. Todo material de higiene personal debe depositarse en los cubos de residuos para “restos”. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados.

 

Asesoría(1)(1)