Debe ser una Andalucía libre, solidaria, con derechos para todas y todos, donde no se excluya a nadie por su origen o condición social y donde los jóvenes, los desempleados – los más vulnerables y desfavorecidos. en suma- conciten las políticas sociales y la justicia social que, partiendo del necesario reparto de la riqueza, asegure un futuro para nuestra tierra y para todas y todos sus hijos.
Todo lo expresado más arriba parece ser la pesadilla del actual gobierno de la Junta de Andalucía que, con unas políticas -más que de sobra conocidas por lo nefastos resultados que se derivan de la aplicación de las mismas en las vidas del conjunto de la clase trabajadora- que vuelven a apostar por la defensa a ultranza del neo liberalismo y el pensamiento único que nos conduzcan a la ruina económica, social y moral como nación y como pueblo.Hoy, en víspera del 28 de Febrero hemos estado apoyando a los compañeros de la Unión Territorial del SAT de Almería (Soc-Sat Almeríahttps://socsatalmeria.org/. ) en sendas concentraciones ante la Delegación del gobierno de la Junta y la sede de la patronal exportadora COEXPHAL.
Allí hemos estado reivindicando nuestro modelo social y nuestra concepción de Andalucía como una tierra de que acoja a todos los seres humanos y les ofrezca «paz y esperanza» sobre la base de la igualdad.Cada vez que, como andaluces y andaluzas, cantamos nuestro himno y observamos que tanto su letra, como nuestros símbolos y nuestra bandera se tornan amenazantes ante todos aquellos que nos condenan a la miseria, más nos reafirmamos en nuestras aspiraciones de soberanía y justicia social.
POR TODO ESO HEMOS VUELTO A GRITAR ¡VIVA ANDALUCíA LIBRE!
«Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos
hombres de luz, que a los hombres, alma de hombres les dimos.
¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! «
(Y para mañana invitamos a la clase trabajadora granadina para que participen en la manifestación unitaria convocada en Granada a las 12’00 horas desde el Triunfo y en la que, junto a las Marchas de la Dignidad y aun buen número de organizaciones estaremos luchando por el futuro de nuestra tierra.)
El próximo lunes 8 de marzo se conmemora el día de la Mujer Trabajadora y este año en concreto se celebra en un contexto especialmente duro para las mujeres. Si para algo ha servido esta pandemia ha sido para evidenciar la importancia y la ‘esencialidad’ del trabajo de las mujeres, un trabajo que sin embargo es generalmente minusvalorado, invisivilizado, no reconocido y a menudo no remunerado. Han sido las jornaleras, las limpiadoras, las cajeras, las reponedoras, las sanitarias, las maestras, las trabajadoras del sector servicio, las de ayuda a domicilio, las trabadoras de la industria alimenticia… las ‘esenciales’, nuestras esenciales, nosotras, sin las que no se mueve el mundo pero que están sobre-explotadas, y están trabajando en condiciones de precariedad y con una falta de seguridad importante en la pandemia. Son las mujeres las que han sufrido en mayor medida los ERTEs, las que se han visto obligadas a compaginar a la vez un teletrabajo desregulado con los trabajos de cuidado y crianza. Son precisamente los trabajos más feminizados los que sufren unas condiciones de mayor precariedad en términos de temporalidad, salarios, horas extras no remuneradas… Por no hablar de la doble jornada laboral que asumen las mujeres: en un trabajo precario fuera de casa y en un trabajo doméstico invisibilizado y no remunerado, un trabajo sin el cual la sociedad en su conjunto no funcionaría y que en la actualidad supone el 40,77% del PIB del estado español. Más de 400.000 millones de euros que no se está remunerando a las mujeres por su trabajo. Estas condiciones no han cambiado desde que hace tres años se convocara la primera huelga feminista el 8M. Estas condiciones no han mejorado con el actual gobierno, que es incapaz de tomar medidas que verdaderamente mejoren la realidad concreta de la clase trabajadora y en particular de las mujeres trabajadoras. Al contrario, la situación actual no ha hecho sino empeorar nuestras condiciones. Nos sobran los motivos por tanto para ir a la huelga el próximo 8M, para visibilizarnos, para reivindicar unas condiciones de trabajo dignas, una igualdad salarial, un reconocimiento del trabajo de cuidados, y unas políticas de conciliación y de igualdad reales. Si nosotras movemos el mundo, nosotras podemos pararlo. El próximo 8M llamamos a todos los sectores, trabajadores y trabajadoras feministas a que se sumen a la Huelga.
NÍJAR, Almería – El pasado sábado 13 de febrero se produjo un gran incendio en el poblado chabolista de trabajadores del campo de Atochares, cercano a la pedanía de Las Casillas de Atochares en el municipio de Níjar ( Almería ). El fuego comenzó sobre las 21:30 h. y se extendió por todo el poblado, construido con palés y ladrillos recubiertos con plásticos. El incendio se prolongo hasta las 2:45 h., a pesar que los bomberos llevaban varias horas en el lugar, según nos explican, ” porque muchos de los residentes intentaban rescatar sus enseres y dificultaba las tareas de trabajo “. Dos personas han sido atendidas por quemaduras. Y ha afectado a más de la mitad del poblado. Dejando sin vivienda a unas 400 personas que lo han perdido todo. Algunas de las cuales incluida la documentación y el poco dinero que poseían.
Según nos cuentan algunos de sus habitantes, el incendio fue provocado. En la chabola en que se originó, situada en la línea de comienzo, sus moradores estaban en su interior y vieron sorprendidos como se producía el fuego en una de sus paredes. Además han quedado calcinados casi medio
centenar de vehículos. Algunos de sus moradores, una media docena, se han instalado en tiendas de campaña. Mientras otros han comenzado las tareas de limpieza y desescombro: la gran mayoría pretende seguir en el lugar.
El poblado de Atochares, prolongación del conocido por Don Domingo, viven aproximadamente unas 800 personas. Mayoritariamente inmigrantes de origen subsahariano y marroquíes que trabajan en los invernaderos colindantes. Algunos de los cuales carecen del permiso de residencia. No tiene servicio de luz ni agua potable ni sanitarios. El agua que les llega, dos surtidores, no es potables y fueron instalados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras ( SOC-SAT) el pasado año con la ayuda solidaria exterior. Incluso el servicio de recogida de basuras, que instaló el Ayuntamiento de Níjar por causa del Covid-19, en estos momentos se le ha retirado.
Al día siguiente del incendio, como ya viene siendo habitual en casos similares, se personaron diferentes ONGs, Cruz Roja, CEPAIN, Almería Acoge, atendieron a los afectados entregándoles ropa y alimentos. Pero en ningún momento se ha personado ninguna representación del Ayuntamiento, que no ha ofrecido ningún plan de realojamiento a sus habitantes. Por otra parte, Voluntarias Gateras de Níjar, recogieron a dos gatitos con fuertes quemaduras que están siendo atendidos por un veterinario de Níjar.
Este incendio, cuales sean sus causas que nunca se investigarán, no es un hecho fortuito. Es la consecuencia de una política de segregación laboral y racial, que se aplica en todos los campos de Almería. Que ha ido calando en mucha población con el auge de VOX y el discurso de odio de extrema derecha. Y que encubre una explotación laboral feroz de los trabajadores del campo. Muchos de estos trabajadores, no solo se les paga por debajo del salario legal, sino que se les obliga a realizar una jornada laboral superior a la estipulada. E incluso en muchos casos, deben de pagar sus propios contratos legales, sin los cuales no pueden obtener el Permiso de Residencia.
Esta vez parece que la solidaridad se ha puesto rápidamente en marcha. Muchas personas se han acercado al poblado llevándoles ayuda. El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SOC – SAT ) está evaluando cómo contribuir a la reconstrucción del poblado y la organización de un acto público de denuncia ante la proximidad de la fecha del 28 de Febrero. También la asociación La Resistencia, en la calle Real de Almería, ha montado unos puntos de recogida de donaciones, también la La asociación Amani, etc.
José García Cueva (Portavoz del SAT – SOC de Almería).
La vez que l@s trabajador@s del campo en la provincia de Almería estuvieron más cerca de conseguir dignidad como personas y como trabajador@s ,fue con la Huelga General convocada después de los ataques fascistas de El Ejido en el año 2000.
Aquella lucha auto-organizada por centenares de jornaler@s sin tutelas, puso en jaque a la patronal Almerinícola que perdió en una semana decenas de millones de las entonces pesetas, obligándolos a firmar un acuerdo, que aunque trazado con trampa y sin dotación presupuestaria para su cumplimiento, ponía sobre tinta y papel cuestiones que 20 años después, casi nadie se ha encargado de exigir su cumplimiento.
Hoy en el diario Ideal, dos miembros de organizaciones firmantes de aquel acuerdo son entrevistados amablemente.
Juan Miralles en nombre de Almería Acoge habla ‘»de la gran capacidad de respuesta que tienen las organizaciones humanitarias en llevar, sacos, bocadillos y otras gestiones de tipo administrativo».
Por otro lado habla de ‘»lo mucho que le gusto encontrarse a la Alcaldesa de Nijar en el incendio de Atochares, nunca había visto a un Alcalde en un incendio y valora el ofrecimiento que hizo esta para alojar a dos familias en dos módulos prefabricados de Los Grillos».
Rematando con otra respuesta, que dulcifica la miseria de las chabolas, diciendo «Que, aunque le parece indigno las chabolas, le parece muy importante el buen rollo que hay en el asentamiento, donde incluso se prestan servicios, una mujer hace pan para una buena parte del pueblo». El resto de la entrevista con un argumentario suavecico ,sin mucha enjundia, ni el mas mínimo recuerdo de aquellos acuerdos que firmaron y aquellas soluciones que se plantearon.
Juan Colomina,
El otro entrevistado es la mano que mece la cuna en el Lobby Patronal Coexphal, Juan Colomina, este plantea un mundo feliz para la agricultura Almeriense, solo les falta mas agua buena, barata y no dar mucho el cante con los residuos que dan mala prensa. Ni un comentario sobre los casos explotación laboral que se le acumulan en el campo y manipulado.
Resaltando que somos frontera, quizás con la mente puesta en trincar algún fondo europeo para blanquear mejor la explotación de sus colegas como Biosabor y otros miembros de la trama.
Este es el panorama que tenemos, poco ha cambiado en 20 años , por un lado el mismo argumentario caritativo y por otro el mismo modelo neoliberal que fagocita seres humanos y cronifica la indignidad y la explotación.
Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT – SOC) aunque hubiésemos ido mas lejos con aquellos acuerdos de hace 20 años, vamos a seguir reivindicándolos,.l@s trabajador@s del campo ya están hartos de limosnicas, de palabras incumplidas, por ello vamos a seguir recordando y exigiendo el cumplimiento de aquellos acuerdos.
Esta fue y es nuestra lucha TRABAJO DIGNO,PAN,TECHO,SOLIDARIDAD y PAPELES PARA TRABAJAR EN CUALQUIER PAÍS DE EUROPA. Estas son nuestras exigencias.
Emplead@s públicos en abuso de temporalidad se manifiestan este 15F en las calles de nuestras ciudades, reclamando de nuevo justicia y un trato justo al desempeño de su trabajo. Estos trabajadores y trabajadoras han estado entre 3 y más de 40 años en los casos más sangrantes sin los derechos que amparan a empleados públicos fijos, sirviendo en las diferentes administraciones públicas y demostrando su mérito y capacidad después de haber superado los procesos selectivos que la propia administración considero en su momento adecuados para acceder a la función pública.
La trampa está en que la mayoría de estas personas accedieron a la función pública sin plaza, algunas llevan décadas en una vacante, y otras concatenando contratos años y años en plazas estructurales. En la mayoría de los casos esto ha ocurrido porque no se ofertaron todas las plazas que requerían ser cubiertas, en otras ocasiones porque las diferentes administraciones se han amparado en excusas de crisis financiera o presupuestos, cuando evidentemente los sueldos de esas personas se estaban pagando y entraban dentro de las partidas presupuestarias.
Lógicamente ponemos el grito en el cielo cuando vemos esto mismo en una empresa privada, porque evidentemente es un abuso que te condena a la precariedad permanentemente. Para acabar con esto, una directiva europea del año 1999 (1999/70/CE) daba unas directrices de obligatoria cumplimiento para los países miembros, esta directiva además tiene prevalencia (principio de primacía) sobre leyes nacionales y la propia constitución. La susodicha directiva se traspuso en el estado español en su momento, pero solo se ha venido aplicando en la empresa privada. Curiosamente lo que la ley obliga a cumplir a las empresas privadas no se está cumpliendo en las administraciones públicas.
Han sido varias las veces que Europa ha “tirado de la oreja” a los diferentes gobiernos por las altas tasas de temporalidad soportadas en las diferentes administraciones, una situación insostenible que decidieron arreglar entre el ministro Montoro y los sindicatos CCOO-UGT-CSIF en el año 2017 firmando un acuerdo para “estabilizar las plazas”, pero olvidaron que en las plazas hay personas, y detrás familias enteras, es así como las OPES de “estabilización” crean paradojas como que alguien con 20 años de experiencia (por ejemplo un auxiliar de biblioteca o un técnico de medios audiovisuales) y con varios procesos selectivos superados se vea en la obligación de presentarse a un mal llamado “proceso de estabilización” que no es otra cosa que una oferta de empleo pública y que en el caso de suspender (cosa fácil si tienes que trabajar y estudiar a la vez, o tu vida ha cambiado y ahora tienes hijos o personas que dependen de ti) se vea en la calle.
Esta situación puede ser muy peligrosa pues la media de edad del colectivo ronda los 52 años, con lo que cabrían muchas posibilidades de pasar a ser desempleados de larga duración, y no olvidemos que además en pleno 2021 las tasas de temporalidad están aún más disparadas si cabe, con lo cual no parece que el “acuerdo de estabilización” funcione.
Es por esto que no son pocos los empleados públicos que están demandando a las diferentes administraciones, y aunque el Supremo venga tumbando sentencias favorables, tampoco son pocos los juzgados que día si, día también, dan la razón a los demandantes en abuso de temporalidad, porque no olvidemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dejado claro en cuestiones prejudiciales y en varias sentencias como por ejemplo la del TJUE del 19 de Marzo que no puede haber despido libre y gratuito para los abusados y que hay que resarcir a las víctimas y sancionar a la administración. También deja claro que los procesos selectivos de “estabilización” no son una sanción, por lo tanto estos procesos no libran por si mismos a las administraciones empleadoras de fijar una sanción para compensar a las víctimas.
Una indemnización si puede ser una medida sancionadora, pero para ello ha de cumplir dos requisitos, que estén específicamente previstas para sancionar los abusos en la temporalidad y que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. El problema es que en el estado español “no hay ninguna indemnización específica y prevista para sancionar estos abusos” coincidiendo en esto la Sala de lo social del Tribunal Supremo y Sala de lo contencioso administrativo.
Por lo tanto, a nuestro parecer la única opción viable para resarcir y reparar a las victimas sería aplicar la jurisprudencia sentada por el TJUE, “Cuando un estado miembro no tiene fijada una sanción prevista por el incumplimiento de la directiva en el sector público, la trasformación del empleado público temporal víctima del abuso en empleado público fijo es sanción suficiente, esto aún cuando la normativa interna no lo especifique”.
Desde el SAT entendemos que una paralización de los procesos selectivos, así como una auditoría de las plazas ocupadas por personal en abuso de temporalidad y la FIJEZA de estos, son las medidas correctas y justas para con las víctimas, y además a coste cero para las administraciones. Se consolidaría realmente así a trabajadores con un alto nivel de conocimientos y experiencia avalados por su trayectoria. También exigimos la convocatoria de todas las plazas estructurales no ocupadas por personal en abuso de temporalidad, la eliminación de cualquier techo en las tasas de reposición y convocatorias anuales conforme al TREBEP y a las directrices europeas.
No olvidemos que precarización del empleo público está dentro de la lógica neoliberal, que de muchas maneras es una privatización encubierta y una manera de externalizar servicios como personal de ayuda a domicilio, de limpieza y mantenimiento. Unas empresas que se sostienen gracias al dinero público y donde los beneficios no llegan a quienes trabajan y que en algunos casos sobrevive con sueldos míseros y en condiciones de explotación, olvidando la calidad de los servicios y perjudicando a toda la clase trabajadora.
¡Lo público es garantía, lo público somos tod@s, lo público somos pueblo!
En defensa de los servicios básicos en tiempos de coronavirus, y siempre. Miércoles 3 de febrero a las 11’00 en la Plaza el Carmen.
Coincidiendo con el inicio de la Pandemia nos dijeron hace ya casi un año: “Iros a casa” . La casa como refugio, protección, espacio de recogimiento. Pero, ¿y quién no tiene casa? ¿Y quién no tiene los suministros básicos en casa? ¿Y quién no tiene una red de apoyo? ¿Y quién tiene el enemigo en casa?Una casa no es siempre un refugio, puede ser también testimonio de situaciones de violencia y de opresión. De dominaciones sutiles, de dolor, de vulneraciones.
Nos dicen que tenemos que cuidarnos estos días, pero hay quien no puede permitírselo. Por eso nos hace falta confrontar el romanticismo del confinamiento. Tras este pueden esconderse una gran diversidad de situaciones de convivencia, para las que el modelo de “confinamiento” no sirve o acentúa su vulnerabilidad.
Pareciera que estos días se han visibilizado los cuidados. Pero quizás solo algunos, o quizás se nos ha olvidado visibilizar aún más quién los sostiene y en qué condiciones.
Se ha visibilizado el papel de la sanidad pública, la importancia del cuidado de personas dependientes o enfermas, pero también cómo de esenciales e imprescindibles para la vida son servicios como el agua, el saneamiento, la gestión de los residuos, la energía, etc. ¿Quién recibe un mayor impacto cuando estos servicios esenciales no están garantizados? ¿Quién los asume como tarea mayoritariamente?
Es mentira que esta crisis nos afecta a todas por igual. No es casualidad que en las zonas más pobres y enlos barrios más vulnerados de las ciudades sean las zonas donde se concentra el mayor número de casos positivos de la Covid-19. Esta crisis no hace más que hundir todavía más a los más vulnerables y vulnerados.
La emergencia sanitaria que vivimos está siendo un espejo angustiante y doloroso que nos demuestra qué son los servicios básicos y por qué muchas luchamos para que estos sean siempre de gestión pública o comunitaria. Hemos visto cómo en momentos de crisis la sociedad en bloque pide -exige- la responsabilidad del sector público y del Estado para amortiguar el golpe. Más adelante quizás podremos reflexionar si realmente todo lo que nos es indispensable para la vida, los bienes comunes y los bienes públicos, deberían ser siempre -y no sólo en «estados de alarma»- de la ciudadanía.
Los cuidados infantiles y a personas mayores han vuelto a la esfera privada que se supone que debe tener medios emocionales, económicos e infraestructurales para hacerse cargo de ellos. Las medidas dirigidas a la infancia han sido inexistentes, orientadas en su mayoría a no hacerles abandonar su productividad escolar, sin pararse a pensar en aquellas criaturas sin espacio, sin acceso a redes, sin agua, sin energía, sin calefacción, sin seguridad …
Agua, energía, salud, educación, acceso a las redes y las tecnologías, residencias para ancianos, producción de alimentos… recuperemos todas. Recuperemos la proximidad y lo local en todas sus vertientes: en la producción de alimentos, en las redes comunitarias y vecinales de apoyo mutuo, en un modelo de la salud basado en la prevención, en los determinantes ecosociales, en la atención primaria.
No cedamos al falso discurso de que vivimos de la única manera posible porque precisamente la forma en que hemos vivido hasta ahora, orientada a la producción, a la acumulación de capital y a la mercantilización de todo aquello que pueda tener un valor añadido sólo nos ha hecho más individualistas y más desiguales. Los distintos gobiernos han externalizado ( y siguen ), precarizado y deslocalizado lo que el capital rechaza: los cuidados, la atención a personas mayores, la producción local de alimentos, las tareas del hogar, la sanidad… y ahora hemos visto que nos sostienen día a día. Porque no es que ahora las necesitemos más que antes, es que ahora las estamos asumiendo, o dejando de hacer en muchos casos, con la/s vida/s que esto se llevará por delante.
Nos piden que por el bien común nos quedemos en «casa». Y aquí estamos. Una de cada diez familias (como mínimo), no puede hacer frente a los servicios energéticos en condiciones normales. Con el aumento de consumo que implica el confinamiento la angustia de la factura se hace ya infinita. Estas familias están haciendo un esfuerzo titánico por el bien común, pero parece que nos tiemble el pulso cuando a quien debemos exigir actuar por el bien común es a las grandes empresas.
Dicen suspendernos el pago de los suministros y del alquiler para que lo paguemos cuando supuestamente estemos mejor. Mientras tanto, todas aquellas empresas privadas a quienes hemos delegado nuestros cuidados a través de la gestión de los servicios básicos seguirán haciendo beneficios a costa de nuestro ahogamiento. ¿Tiene sentido seguir manteniendo los beneficios de unos accionistas mientras hundimos a las familias en deudas? Hay quien está produciendo en masa y hay quien no puede ni sentarse cinco minutos. Se está protegiendo el capital a través del sacrificio de las familias y de los colectivos más vulnerados. No podemos normalizar esta receta. No debemos aceptarla de nuevo.
Nos dicen “iros a casa”, mientras desmantelan nuestros modos de vida, nuestras condiciones materiales de existencia.
POR TODO ELLO NO NOS VAMOS A IR A CASA: VAMOS PELEAR POR NUESTROS DERECHOS, POR ASEGURAR UNA VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS Y UN EMPLEO PARA CADA UNO DE NOSOTRAS/OS, LOS QUE SOMOS MÁS VULNERABLES Y ESTAMOS EN PEOR SITUACIÓN.
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT),
Sialgonos haenseñadolapandemiaesqueelsectordelalimpieza es uno de los más importantes y necesarios. Las empresas de Servicios y Trabajo Temporalsiguencometiendo ilegalidadesconelconsentimientodelaJuntadeAndalucia,comofaltaralartículo28delConvenioColectivodeLimpiezaColectivodeLimpiezaeinfringirlaleydelderechoalaLibertadSindicalrespaldada porelEstatutodeTrabajadores/as.Teniendo encuentaqueestamos anteunsectoraltamentefeminizado,lasmujerestenemosquesufrirlaminusvaloracióndenuestrotrabajo.Novamosapermitirquelas mujeresnosveamosimposibilitadasdeejercernuestroderechoaltrabajo,auntrabajodignoyaladefensadenuestrosderechosennuestrospuestosdetrabajo. Las mujeres no sólo sufrimos las mayores consecuencias de la Crisis, pues sabemos de primera mano que la feminización de la pobreza es un hecho; nos vemos imposibilitadas a una emancipación real en el ámbito laboral. Esta emancipación solo llegará cuando los derechos laborales y sociales se respetan en su totalidad.
Por todo lo anterior, el próximo 10 de febrero, día en que se realizará el Juicio por la causa de la compañera Vanesa, esperamos que, tras quince meses de lucha incansable, por fin se haga justicia.
El ataque a la Educación Pública lo seguimos sufriendo con el abandono de los centros educativos durante la pandemia y en medio del temporal Filomena. El deterioro de la Educación Pública andaluza al que venimos asistiendo, curso tras curso y bajo gobiernos de distintos signo, -mientras se favorece el incremento de la financiación de la red privada sostenida con fondos públicos- , se suman las condiciones deplorables en las que hemos trabajado alumnado, docentes y personal de administración y servicios con el paso del temporal Filomena y las borrascas que han venido detrás. Todo esto, en el curso de la pandemia, donde la Consejería de Educación ha optado por mantener aulas masificadas (con ratios ilegales en muchos centros) aumentando el riesgo de contagios al no poderse cumplir las medidas sanitarias adecuadas. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras insistimos en defender la educación presencial, pero preservando la seguridad y la calidad de la misma.
La presencialidad es necesaria porque el tipo de relación que establece el alumnado entre sí y con las docentes, al compartir el espacio de nuestros centros educativos, es insustituible. Lo es, además, porque el aprendizaje vía telemática no es accesible para todo el alumnado de igual manera, debido a la brecha digital que existe entre los hogares andaluces, consecuencia, a su vez, de la desigualdad social existente. Lo es, además, porque existen otras brechas producto de múltiples desigualdades, que hacen que el aprendizaje en casa no sea igual de fácil para todo nuestro alumnado. Y lo es, finalmente, porque la escuela pública es el principal espacio donde niñas y niños de Andalucía conviven en un espacio tan diverso como nuestra propia sociedad. (Son vergonzosas las declaraciones hechas por miembros del actual equipo de gobierno sugiriendo que la escuela es poco menos que un aparcadero de niñas y niños).
Por todo ello, desde antes del inicio de este curso y desde distintos sectores de la comunidad educativa, se le hizo saber a la Consejería de Educación y Deporte que queríamos presencialidad, pero no de cualquier forma. La alternativa que se reclamaba era una presencialidad en la que se garantizara, hasta donde fuera posible, la seguridad sanitaria. Esto pasaba, inevitablemente, por reducir las ratios de manera significativa, pues, a mayor ratio, menos distancia física dentro del aula, y mayor riesgo. El consejero Javier Imbroda lo dejó claro: de bajar las ratios, olvídense. Por supuesto, bajar las ratios requiere un aumento importante de la financiación en la pública. El ataque progresivo a la educación pública andaluza ponía a la comunidad educativa en una situación crítica ante la pandemia.
A esto hay que sumar la situación que estas dos últimas semanas se ha vivido en las aulas, especialmente la semana del 11 de enero, tras las vacaciones navideñas. Una calamidad que solo puede ignorar quien no la ha vivido de primera mano. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, la temperatura en los centros de trabajo durante el invierno, para actividades sedentarias, debe oscilar entre los 17 y los 27 grados. Sin embargo, en estos últimos días, se han registrado temperaturas inferiores a los 10 grados en gran parte de las aulas de los centros públicos andaluces, haciéndose realmente duro, no ya dar clase, sino estar en la clase. Sin duda, es una consecuencia de que las ventanas deban estar abiertas, única forma eficaz según las autoridades sanitarias de protección frente al Covid. Pero si los centros de la red pública andaluza estuvieran debidamente equipados, como establece la Ley de bioclimatización, aprobada en 2019 solo sobre el papel pues aún no se ha puesto en práctica, sin duda la situación habría sido muy distinta. ¿Qué se requiere para ello? Más inversión en la Educación Pública andaluza. Una vez más, el ataque de la administración a la pública andaluza pone a los centros educativos, a su alumnado y a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza a los pies de los caballos.
Ante esta situación desde el SAT seguimos insistiendo: la presencialidad es necesaria, pero se puede y se debe hacer compatible con la seguridad sanitaria y las condiciones que permitan una educación de calidad y en las condiciones dignas que merecen el alumnado, profesorado y personal docente andaluces. Nuestros centros no son aparcaderos de niñas y niños, sino un lugar para el aprendizaje y crecimiento, en todo su potencial humano. La situación de precariedad y abandono que estamos viviendo este curso en la Educación Pública andaluza habla por sí misma de cuáles son las consecuencias de una operación política de acoso y derribo a la red pública, por parte de una administración que defiende sus postulados neoliberales en favor de la privada financiada con fondos públicos.
Manifiesto conjunto de los movimientos sociales de pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones
Las organizaciones llaman también a la movilización el día 25 de enero en todo el Estado.
Ante la agresión que las recientes Recomendaciones del Pacto de Toledo y la política del Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, suponen para el Sistema Público de Pensiones, los Movimientos Sociales de pensionistas del Estado Español abajo firmantes MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO FRONTALa la sustitución complementaria del sistema público de pensiones, por medio de LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESA, VÍA CONVENIOS, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social, debilitando seriamente la caja única de las pensiones. Con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el Sistema Público de Pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados.
DENUNCIAMOS:
1. Que el conjunto de las Recomendaciones del Pacto de Toledo de octubre de 2020 y el desarrollo que de las mismas pretende hacer el Ministro de Seguridad Social excediendo negativamente las medidas propuestas en ese oscuro Pacto, preparan un futuro de pensiones públicas cada vez más reducidas para la mayoría de la población, complementadas con pensiones privadas, ahora bajo la modalidad de empresa, para quien pueda pagarlas.
2. En estos momentos se están negociando las pensiones por agentes sociales, sin presencia de los movimientos de pensionistas en las Mesas de Concertación. Con ello se pretende legitimar un proceso de privatización de las pensiones empresa a empresa, de espaldas a los y las pensionistas.
3. Las Recomendaciones del Pacto de Toledo no recogen las reivindicaciones por las que llevamos años luchando los movimientos de pensionistas, y de las que destacamos:
– Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual.
– Eliminación de la brecha de género en las pensiones.
– Pensión mínima igual a salario mínimo y éste el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea.
– Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013.
– Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.
– Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social.
– Eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. 100% de la pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad.
ACORDAMOS:
– Iniciar una campaña conjunta contra las propuestas del Pacto de Toledo que empezará con una gran movilización el día 25 de enero de todos los pensionistas.
– Hacer llegar a la población actualmente en activo que estas Recomendaciones afectarán gravemente a sus futuras pensiones.
– Invitar a los Movimientos sociales a sumarse a esta campaña contra unas medidas que afectan a toda la ciudadanía, tanto jubilada como en activo.
25 de enero de 2021
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
COESPE – Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones
MADPP – Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas
MODEPEN – Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.
Coordinadora de Cantabria
Coordinadora de Euskadi por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
Coordinadora de Bizkaia por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
Coordinadora de Pensionistes Alcoià-Comtat
Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
Coordina de Pensionistas de Burgos
Plataforma de Badajoz por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Plataforma Segoviana en Defensa de las Pensiones Públicas
Plataforma de Pensionistas de Móstoles en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los fiascos más grandes de esta legislatura. De la Renta Básica se pasó al IMV para convertir las promesas de una renta solidaria y social en un subsidio al que se le fueron reduciendo presupuesto, cantidades a percibir y el propio concepto en el que estaba basado el proyecto inicial. Finalmente, el IMV ha quedado equiparado en alguno de sus tramos de aplicación a otros subsidios que ya estaban vigentes con anterioridad y que ahora se eliminan para ser sustituidos por unas prestaciones económicas que, dado su magro carácter, vienen a ser «más de lo mismo» en manos del gobierno socialdemócrata de coalición del PSOE y UP
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los fiascos más grandes de esta legislatura. De la Renta Básica se pasó al IMV, para convertir las promesas de una renta solidaria y social en un subsidio al que se le fueron reduciendo presupuesto, cantidades a percibir y el propio concepto en el que estaba basado el proyecto inicial. Finalmente, el IMV ha quedado equiparado en alguno de sus tramos de aplicación a otros subsidios que ya estaban vigentes con anterioridad y que ahora se eliminan para ser sustituidos por unas prestaciones económicas que, dado su magro carácter, vienen a ser «más de lo mismo» y que tienden a subsidiar insuficientemente sin aportar ninguna solución de carácter estructural y que carecen e cualquier carácter redistributivo de la riqueza. Este tipo de subsidio ni siquiera iguala – o tiende a igualar- en las políticas sociales del Estado Español a las de algunos estados europeos. Los trabajadores y trabajadoras andaluces volvemos a quedar en manos del presupuesto y voluntad política del gobierno de turno, ahora en manos de los partidos socialdemócratas que conforman la coalición del PSOE y UP
El año 2021 arranca con nuevos presupuestos generales del estado, presupuestos que no habían sido renovados desde 2018 desde las cuentas públicas de Cristóbal Montoro. Suponen los primeros presupuestos bajo el mandato de Pedro Sánchez y estas nuevas cuentas incluyen una subida para el ingreso mínimo vital de un 1,8 %. Además se han incluido nuevos mecanismos para poder acceder de manera más sencilla a esta prestación por parte de la Seguridad Social, ya que se calcula que en el año 2020 en torno a cinco solicitudes de cada seis fueron rechazadas.
El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 462.508 ciudadanos en todo el estado Español desde que el Gobierno central lo puso en marcha a finales de mayo, cuando la primera ola de la pandemia iba camino de su remisión. Uno de cada tres beneficiarios de esta prestación es andaluz, concretamente 154.477, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El porcentaje de ayudas que ha llegado a Andalucía respecto al total estatal, el 33,4%, es decir casi el doble del peso poblacional de nuestro país dentro del Estado Español.
Cuantías para 2021 del ingreso mínimo vital
Aquí podéis consultar las cuantías tanto anuales como mensuales correspondientes a la subida del importe del ingreso mínimo vital, tanto para beneficiarios individuales como unidades de convivencia.
Para calcular la cantidad que se recibirá por el ingreso del ingreso mínimo vital se debe atender . nos dice el gobierno- a la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de las personas alcanzadas por el IMV. Alguien debería explicar – por si, acaso, no lo saben- que con estas cantidades es imposible asegurar una subsistencia siquiera digna.
Un adulto: 5.639,20 euros, 470 euros mensuales
Un adulto y un menor: 8.571,58 euros, 714,29 euros mensuales
Un adulto y dos menores: 10.263,34 euros, 855,27 euros mensuales
Un adulto y tres o más menores: 11.955,10 euros, 996,25 euros mensuales
Dos adultos: 7.330,96 euros, 610,91 euros mensuales
Dos adultos y un menor: 9.022,72 euros, 751,89 euros mensuales
Dos adultos y dos menores: 10.714,48 euros, 892,27 euros mensuales
Dos adultos y tres o más menores: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales
Tres adultos: 9.022,72 euros, 751,89 euros mensuales
Tres adultos y un menor: 10.714,48 euros, 892,87 euros mensuales
Tres adultos y dos o más menores: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales
Cuatro adultos: 10.714,48 euros, 892,87 euros mensuales
Cuatro adultos y un menor: 12.406,24 euros, 1.033,85 euros mensuales
Dejamos el nefasto 2020 y llega 2021. Con él se dice adiós a un año que será difícil olvidar. Desgraciadamente, muchos no darán la bienvenida a la nueva anualidad. La esperanza es que lo que viene sea mejor que lo que se va. De momento, hay varias cosas que cambian en 2021 en el aspecto económico. Variaciones que van a afectar las condiciones de trabajadoras y trabajadores ya estén en activo o no.
Algunas de ellas quedaron fijadas el jueves 3 de diciembre con la aprobación de los presupuestos generales del Estado (PGE) La aceptación de dichas cuentas daba el pistoletazo de salida para aplicar, con el nuevo año, las recomendaciones del Pacto de Toledo. Las cuales recibieron la anuencia del Congreso el 19 de noviembre.
Lee con detenimiento y, cuando te digan que estamos ante los presupuestos del «gobierno más progresista de la historia», tendrás los datos para sacar tus propias conclusiones.
Las principales modificaciones dimanantes de la renovación del Pacto de Toledo tienen que ver con la edad de jubilación y con las pensiones mínimas, lo que representa una política ni siquiera socialdemócrata y continuista con la de gobiernos anteriores.
Puede llegar a resultar complicado explicar la variación de las condiciones de las pensiones. Por eso, lo mejor es ir paso a paso (o año a año).
Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se activan diversas cosas que cambian en 2021 y que tienen que ver con la renovación del Pacto de Toledo.
1. Se retrasa la edad de jubilación
Desde esta perspectiva, quien en 2021 llegue, como mínimo, a los 37 años y tres meses cotizados podrá jubilarse a los 65 años.
Si no se alcanza esa cantidad de años cotizados, la edad de jubilación para 2021 serán los 66 años. Se estipula que la edad de jubilación llegue a los 67 años en 2027. Entonces, se necesitarán haber cotizado 38 años y seis meses para jubilarse a los 65.
En cuanto a las pensiones, que tanta polémica han generado en los últimos años, se recupera el IPC (Índice de Precios al Consumo) como referencia para la revalorización de las pensiones a partir de enero de 2021. Es decir, estas subirán un 0,9 % el próximo año, tal y como queda estipulado en los PGE. Supondrá un aumento de las pensiones mínimas contributivas de entre 2 y 11 euros mensuales. También se incrementa el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación: serán 24 en 2021, con la intención de llegar al objetivo de que sean 25 en 2022.
Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se activan diversas cosas que cambian en 2021 y que tienen que ver con la renovación del Pacto de Toledo.
En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
Se aprobó también –aunque no hay concreción en cuanto a la cantidad– una mejora de las pensiones mínimas de los pensionistas de edad avanzada que viven solos, sea la pensión de jubilación, incapacidad o viudedad.
3. El permiso por paternidad se iguala para ambos progenitores
Otra de las novedades económicas y sociales para 2021 es que, por primera vez, se igualará el permiso por nacimiento y cuidado del menor para ambos progenitores, que podrán disfrutar de 16 semanas de prestación. Se convierte así España, subrayan desde el Gobierno “en uno de los países más avanzados de nuestro entorno en cuanto a la equiparación de este permiso, como ocurre en países como Suecia, Islandia o Dinamarca”. En realidad, esta igualación del permiso de paternidad ya estaba legislada desde antes y los sucesivos gobiernos se han limitado a ir haciendo efectivos los plazos de implementación del permiso.
El proceso para igualar ambos permisos de manera progresiva se recoge en el Real Decreto aprobado en marzo de 2019. Con la entrada en vigor de esta norma, el 1 de abril de 2019, el anteriormente llamado permiso de paternidad pasaba de cinco a ocho semanas para el resto del ejercicio, una duración que se aumentaba hasta las 12 semanas para todo 2020, antes de la equiparación a 16 semanas a partir de 2021.
RealDecreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, demedidasurgentesparagarantíadelaigualdaddetratoydeoportunidades entre mujeres y hombres en el empleo yla ocupación.)
Las 16 semanas de permiso para ambos progenitores, explican, se podrán dividir de la siguiente manera:
Seis semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, posteriores al parto (resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción). La madre biológica puede anticipar este periodo hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto
Las diez semanas restantes se disfrutarán en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.dentro de los doce meses siguientes al parto o bien la resolución judicial o decisión administrativa en el caso de adopción.
Asimismo, hay 3 supuestos en los que este plazo se puede aumentar:
Ampliación en una semana para cada progenitor por cada hijo/a, a partir del segundo, en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiples.
Ampliación en una semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo/a.
Ampliación por parto prematuro y hospitalización (por un periodo superior a siete días) a continuación del parto, hasta un máximo de trece semanas.
4. Podría llegar a aplicarse una nueva cuota a los autónomos en función de sus ingresos.
En el aire aún está la posible adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales y una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
Todo lo comentado anteriormente son cambios ya fijados y de segura aplicación. Estos dos últimos están aún en el aire. En primer lugar, la adaptación de la cuota de autónomos a los ingresos reales de los mismos. En enero de 2019 se pergeñó el primer borrador en esta línea, pero, hasta el momento, los trabajadores por cuenta propia sólo han visto crecer sus cuotas. Ni rastro de esa posible adecuación a la situación económica del negocio. El tiempo dirá si esta intentona es la definitiva.
5. No queda claro si habrá una subida del S.M.I. (de momento, no).
Tampoco está claro que se produzca una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. De momento, el gobierno ha prorrogado el actual S.M.I. El último aumento se firmó el 30 de enero de 2020 y lo dejó en 950 euros. Una cantidad notablemente superior a los 633,3 euros mensuales que marcaban el SMI una década antes. El objetivo del Gobierno es que vuelva a crecer en 2021 y, sobre la mesa, está la propuesta de CCOO y UGT de subirlo de los 950 € actuales a 1.000 €.
Junto con estas cosas que cambian en 2021, la ilusión general es que el mayor viraje de rumbo tenga que ver con el aspecto sanitario. La posible vacunación generalizada de la población es un rayo de luz al que los trabajadores y trabajadoras debemos asirnos cual salvavidas. Pero aún habrá que esperar para que lleguen cambios reales que consistan en aplicar la Justicia Social con la que a los socios de gobierno se les llenaba la boca hasta hace poco. ¡Por lo menos que tengamos salud!
Juan Colomina,
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los fiascos más grandes de esta legislatura. De la Renta Básica se pasó al IMV para convertir las promesas de una renta solidaria y social en un subsidio al que se le fueron reduciendo presupuesto, cantidades a percibir y el propio concepto en el que estaba basado el proyecto inicial. Finalmente, el IMV ha quedado equiparado en alguno de sus tramos de aplicación a otros subsidios que ya estaban vigentes con anterioridad y que ahora se eliminan para ser sustituidos por unas prestaciones económicas que, dado su magro carácter, vienen a ser «más de lo mismo» en manos del gobierno socialdemócrata de coalición del PSOE y UP
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras - Granada 
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