Otras miradas (acceso al Blog del diario PÚBLICO.

(El artículo que aquí reproducimos, ha sido publicado en el Blog del diario PÚBLICO).

Doñana, una frontera de producción

En los últimos meses, Doñana ha sido uno de los nombres que más ha aparecido en los debates públicos andaluces, así como en las redes sociales, que funcionan hoy como catalizadoras de lo urgente. Es decir, la inmediatez que estas permiten, posibilitan tener mucha información en un espacio breve de contenido y tiempo. Esto puede ser práctico en la temporalidad líquida a la que asistimos, pero también puede ser cuanto menos problemático. Que Doñana y la problematización de su estado y deterioro esté en el mapa es sin duda motivo de alegría, pues estamos ante el mayor humedal europeo en el que habitan especies que generan un hábitat indispensable para el sostén de la vida. No obstante, más allá de las sanciones o legislaciones que se apliquen tanto en detrimento del parque como a su favor, necesitan tanto de una comprensión histórica como de un análisis antropológico de la realidad social en la que se inserta.

En este caso, la más próxima que podríamos señalar sería la provincia de Huelva, la cual no se puede comprender sin el sector productivo de cultivo intensivo de frutos rojos. Un cultivo que a su vez guarda una relación estrecha con una de las materias primas más importantes que ofrece Doñana: el agua. Un bien que se encuentra en peligro tanto por las escasas precipitaciones, pues en 2022 el parque registró su temperatura máxima con mínimos de precipitaciones, como por el uso indebido de extracción para este modelo de cultivo intensivo. Atenderemos a esta última cuestión, analizando algunos por menores, pero antes sería necesario hacer mención al hecho que ha desencadenado que Doñana sea una de los nombres más repetidos hoy.

El pasado abril de este 2023 se anunciaba el trámite de una ley por parte del Partido Popular y Vox para habilitar más suelo de regadío, mientras que la comunidad científica señalaba como dramático el estado de Doñana. Se trata de una ley que de entrada es Contra Natura. Tal ley se justificaba bajo la defensa de los agricultores del sector del fruto rojo y sus familias y la necesidad de conservar sus cultivos. Esto activó la movilización de plataformas como la Asociación de Agricultores del Condado y la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana. Desde estas organizaciones, denuncian el futuro incierto, entendiendo que la comunidad científica, las asociaciones ecologistas y las personas expertas se tornan como la parte enemiga. Así, asistimos a una dualidad interpretativa atravesada por una alteridad donde yo no puedo entender al otro y viceversa. Esto no solo crea un conflicto, sino lo que puede ser peor, una ausencia de diálogo.

¿Cuándo nos convertimos en nosotros y ellos?

Esta conflictividad social tiene un origen visible a finales de los 70, principios de lo 80 del siglo XX en adelante, con el popularmente conocido como inicio del desarrollismo. Esto es, el auge de los mercados, la incorporación España y por tanto Andalucía a la Unión Europea, la híper especialización de Andalucía como tierra de nuevas técnicas de cultivo: intensivo y bajo invernadero y el acaparamiento de tierra, materias primas y energía para ello. En el caso de la provincia de Huelva, cultivos significativos como la vid o los cereales, fueron paulatinamente sustituidos por el cultivo de la fresa, a partir de 1972 cuando comienzan a sembrarse 223 hectáreas de fresa, aumentando a 650 hectáreas en 1983, el doble en una década, siendo unas 11.470 hectáreas de cultivo las que se reparten hoy entre arándano, frambuesa y mora por la provincia. Para comprender la instauración y los inicios del cultivo, la obra de La Nueva agricultura onubense de Juan Antonio Márquez Domínguez (1986) es clave. En la misma se habla de un florecimiento agrario y demográfico a través del cultivo de fresón en municipios del litoral, aprovechando  los factores microclimáticos, edáficos, abriendo así la oportunidad en la especulación de la demanda del mercado.

Esta nueva agricultura se abría paso en una época donde el desarrollo se entendía en exclusiva a partir del crecimiento económico. Un paradigma hoy aún central, no sin diversas fricciones que consiguen alentar del peligro de considerar como sinónimos los términos crecimiento y desarrollo. Toda la corriente del decrecimiento, autores como Serge Latouche, del colapso como Carlos Taibo o activistas esenciales como Vandana Shiva o Yayo Herrero así lo muestran. Además, la sociedad ha ido asistiendo a nivel institucional a distintos hitos como son la I Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972, donde se critica el crecimiento económico como único fin o la Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se acuña como concepto el desarrollo sostenible, así como la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro (1992) donde se introduce por primera vez el debate del impacto de la actividad socioeconómica humana en concreto sobre el medio ambiente. No obstante, los gobiernos municipales, las políticas públicas y la legislación en los municipios han asistido a otras realidades, a otras formas de hacer. La permisividad de pozos para el regadío agrícola en Doñana no es algo de lo que nos hayamos enterado hace dos meses. La existencia de estos pozos y por tanto estas prácticas eran conocidas tanto por la población local, provincial, como por gran parte de la sociedad. Una práctica normalizada que hoy es criminalizada. Hay está el conflicto y la justificación continua que desde «los otros» se hace. Ocurre igual con el uso de la tierra en zona forestal. Las licencias desde los años 80 han ido copando zonas que hoy sin embargo ya están limitadas y protegidas de la expansión del cultivo, que por otro lado busca y explora otras zonas donde instalarse como la zona del Andévalo o la sierra.

Lo que aquí nos interesa es analizar o acercarnos a esa forma de vivir la situación que han tenido las personas que vieron validadas sus prácticas durante un periodo de tiempo donde se hablaba, entre otras cosas, del oro rojo. Mario, que es el seudónimo que utilizaremos para hablar del entrevistado, es gerente en una cooperativa en Rociana del Condado. Su reflexión es un ejemplo compartido que he encontrado durante el año de trabajo de campo en la zona, donde pese a ser el foco de investigación los derechos socio laborales de los trabajadores y trabajadoras así como las estrategias de agencia desarrolladas en los últimos tiempos, Doñana siempre aparecía en uno u otro modo.

«Pues es que este problema es relativamente reciente cuando aquí se lleva cultivando fresa mucho tiempo antes. Entonces, es como si de repente yo tengo mis hectáreas de fresa donde ha estado cultivando mi padre durante muchos años y de repente llega un organismo medioambiental y me dice que ya no puedo retirar agua de esta zona porque está en contra de esto. Y aquí hay mucho politiqueo y mucha movida interna y conflictos de intereses. No hay que priorizar una cosa sobre la otra o Doñana o las personas ¿no?. El sentimiento de la zona a veces es que importan más unos linces que los seres humanos entonces hay que buscar una solución»

Este extracto delimita muy bien la tensión que no puede solucionarse solo a golpe de sanción, boicot o desprestigio ni del producto ni de la zona. Porque no es que de repente a la persona ecologista no le guste el cultivo de fresa y lo prohíba. No es que el agricultor no quiera que Doñana exista. El problema es que no se ha ido actualizando o trabajando o igual no se ha terminado aún de trabajar de forma conjunta, analizando el contexto, la idiosincracia socio cultural y la trayectoria histórica y situacional como venimos señalando.

El Fondo Mundial para la Naturaleza, en inglés (World Wide Fund for Nature) de ahí sus siglas WWF, nace precisamente con la compra de una zona en Doñana para protegerla de los riesgos que se identificaron ya en los años 60. La desecación de la marisma preocupaba a muchos naturalistas de la época, sobre todo a muchos ornitólogos que ya identificaban la desaparición de especies. Se crea así lo que se conoció como un Fondo Mundial para la Naturaleza, que llevo a la adquisición de una finca en Doñana para la creación de la estación y el observatorio. Una organización mundial con presencia en más de 100 países que tiene su origen en las marismas del Guadalquivir. Entrevistando a uno de sus integrantes, resumen el trabajo llevado a cabo en la zona precisamente de la mano de los agricultores de este modo:

«Nosotros hemos trabajado principalmente tres líneas: con la administración por un lado, evidentemente denunciando los casos de ilegalidades fiscales y seguimos trabajando y trabajamos con agricultores. En muchos aspectos, nosotros fuimos la primera organización que hizo un trabajo de ahorro de agua con agricultores en la zona. También temas de formación y capacitación codo con codo, trabajando junto a los agricultores. Cada vez hay experiencias más positivas, el problema es que sigue habiendo muchos pozos ilegales y por mucho que quiera hacer bien las cosas, el que es ilegal es ilegal evidentemente y el problema ahí es diferente».

La organización, una de las principales en la lucha contra la propuesta de Ley, al preguntarle si hay una correlación entre el estado del acuífero y la expansión del cultivo, no solo lo afirmaba, sino que expresa como:

«El arroyo de la Rocina que es el principal caudal que vierte a las marismas, ha perdido el 50% del caudal en 30 años, coincidiendo con la expansión y propagación de los frutos rojos. Claro que hay una vinculación, que tiene que ver con el cultivo y el modelo de agua para el cultivo».

Este trabajo conjunto es esencial para ir reaccionando frente a los diversos problemas y sobre todo para no entender a Doñana o al sector del fruto rojo como algo despersonalizado, es decir, que los conceptos no se conviertan en términos vacíos de subjetividad, vacíos de territorio, de complejidad.

Entender el sector fresero en Huelva como una frontera de producción

Entender la provincia de Huelva como una frontera de producción ayudaría a dar ese salto de escala. Se entiende que una frontera de producción existe cuando se controlan  a bajo coste lo que Jason Moore a partir de la Ecología Mundo denomina «cuatro naturalezas baratas»: comida, trabajo, materias primas y energía. Cuando el capitalismo puedo operar a bajo coste dominando estos elementos, funciona porque, como apunta Moore, el capitalismo es un proyecto que necesita de la naturaleza humana y extrahumana para los procesos de acumulación. Así, capital y naturaleza irían de forma conjunta para la búsqueda y control de poder. Huelva y el cultivo de fruto rojo produce alimento a bajo coste a partir de controlar el único eslabón que tienen a su alcance, este es el salario y las condiciones de trabajo de las personas, por tanto el trabajo también sería barato, así como el uso/abuso de la tierra y las materias primas como el agua. A su vez, los productores y agricultores al entregar su producción no tienen capacidad de poner un precio y tampoco saben a cuánto pagará el mercado hasta que no pasen 21 días desde la venta. El observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía publica cada año un informe donde, desglosado por semana, aparece el precio de cada producto: fresa, arándano, frambuesa y mora. Durante el trabajo de campo que llevé a cabo en 2021, documenté distintas cadenas de supermercados. Por ejemplo, en plena temporada, abril de 2021, el precio en el lineal de la frambuesa estaba a 12.20€ y al agricultor, según el informe del Observatorio, se le había pagado 7.77€ Kg. Hay una inflacción de más de 5€ entre lo que el agricultor recibe y el consumidor paga. En el caso del arándano y en el mismo lineal de Moguer, además en la misma zona donde se produce, el kilo estaba a 13,28 mientras que al agricultor se le estaba pagando 6,28 es decir, una diferencia de más del doble. Por tanto, las fronteras de producción que establecen en este caso los mercados agroalimentarios ni benefician a los territorios ni por supuesto a quienes ocupan los puestos más básicos y esenciales.

Sanciones y conclusiones

Debiendo revertir tanto los modos de producción como de comercialización, únicamente la vía de la sanción se queda hueca. La decretación del estado crítico así como las sentencias y juicios que se hacen al país por la gestión de Doñana vienen desde 2009. Ese mismo año, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo recibieron denuncias por el deterioro de los hábitats del Espacio Natural Protegido de Doñana y se abrió un expediente en 2014, elevándose en 2019 el asunto a la Justicia Europea.

En 2014 se creó el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, para crear un modelo de desarrollo sostenible con el entorno, lo cual identificó qué pozos eran legales y cuales no y por tanto no se podían legalizar. En 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya determinó que España había incumplido sus obligaciones para proteger el Espacio Natural andaluz de Doñana, por no tener en cuenta las extracciones de agua ilegales al elaborar el Plan Hidrológico del Guadlaquivir 2015-2021. La sentencia concluía: «las extracciones  desmesuradas de agua subterránea,  provenientes de  las miles de hectáreas de fresas y otros cultivos rojos que han crecido sin control sobreexplotando su acuífero, incumplen el derecho comunitario» (Web oficial WWF).

En 2023, la solución más eficaz que se pone sobre la mesa es desatender a todos los organismos institucionales y científicos, con un discurso cortoplacista e ilusorio. La Comisión Europea ya habla de esta ley como una violación flagrante. Un rechazo al que se suman activistas, partidos políticos, investigadoras, académicas, asociaciones de trabajadoras, así como los miembros del Consejo de Participación de Doñana, organismo que rige el parque. Eloy Revilla, el director actual ha mostrado cómo la desecación ya afecta a la mitad de las lagunas permanentes del humedal, catalogado como el más importante de Europa. Nos encontramos en  la sociedad de la Agenda 2030, y apenas a siete años de tener la obligación de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya se quedaron abiertos en la Agenda  de los Objetivos del Milenio en 2015.

La gran mayoría de los Objetivos, como son: La vida de los ecosistemas terrestres, Salud y bienestar, Agua limpia y Saneamientos, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Acción por el Clima, Reducción de las Desigualdades, así como Producción y Consumo responsables, se ven abnegados ante esta propuesta de Ley. Por eso ir en contra de esta Ley no es ir en contra de nuestros agricultores, ni de la agricultura andaluza, ni de la marca Huelva. Se trata de posibilitar un cambio sociológico, de una deuda compartida con el agua, con la tierra y con las personas, pues es necesario visibilizar colateralmente el estado del agua o el acceso al agua de las personas que habitan también los entornos de Doñana en condiciones infrahumanas como son las personas que habitan en las chabolas o el estado de los servicios básicos como los baños y aseos de las trabajadoras que hacen posible el funcionamiento de este sector, como denuncian Jornaleras de Huelva en Lucha. No estamos hablando del agua como un bien compartido, sino como un bien vertical, donde el acceso prioritario sigue siendo para poder seguir sirviendo porque el modelo productivo intensivo para la exportación es un modelo de servidumbre, donde los capitales están completamente deslocalizados y la riqueza que se queda en el territorio es ínfima. Actualmente estamos ante un modelo que ya no se identifica con ese oro rojo prometido y que tenemos que revertir para paliar los impactos en los derechos sociolaborales de la población también. Esa parte social del alimento que no se ve, por lo que se debe aprovechar esta tirada para otras denuncias colaterales que tienen una relación íntima. Las soluciones ya no son rápidas, sino que son reparadoras y eso quiere decir lentas. Los bienes esenciales para el sostén de la vida como son el agua y el alimento no pueden formar parte de la sociedad del espectáculo donde dialogan los capitales y no las relaciones genuinas entre la gente y los contextos y para ello debemos acercarnos y conocerlos, trabajarlos y no solo impugnarlos. Recordando el lema que se implanto en la manifestación celebrada en Huelva en junio de 2018:

Fresas si, ¡pero con derechos!