POR UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS EN DEFENSA DEL EMPLEO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR UNA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA

En estos tiempos difíciles queremos mostrar, en primer lugar, nuestra solidaridad con las personas enfermas, así como transmitir nuestras condolencias a las familias de las víctimas. La pandemia de la Covid-19 nos ha enseñado muchas cosas en las que tenemos que basarnos para construir nuestro futuro. Nos ha vuelto a enseñar el valor de los servicios públicos, de la Sanidad, de la Educación, de los Servicios Sociales y las Pensiones Públicas, de los sectores agroalimentario, del comercio y del transporte. ¿Qué hubiera sido de la mayoría de la población sin esos servicios?

Desde el reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores públicos del sector sanitario por su entrega, esfuerzo y compromiso exigidos por la crisis de salud, así como al resto de personas trabajadoras de los demás sectores y servicios esenciales, que han demostrado quienes son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras sociedades, hacemos un llamamiento a la movilización, en esta ocasión, en defensa de la Sanidad y la Educación públicas, para que nunca más haya recortes, para recuperar todo lo que se ha recortado y devolver a lo público todas las privatizaciones para garantizar que los servicios básicos lleguen a toda la población.

La crisis de 2008 del sistema económico y social capitalista intensificó la explotación de las trabajadoras y trabajadores, con recortes en los sueldos, aumento de la jornada laboral, la extensión de la precarización del empleo y la pérdida de derechos laborales y sociales. Al mismo tiempo se desarticularon servicios públicos esenciales con recortes de plantillas y presupuestarios y con las privatizaciones. En definitiva, empeoraron todavía más las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora.

La nueva crisis derivada de la pandemia actual ha consolidado la precariedad laboral en la que se asentó la salida de la anterior crisis, ha incrementado el paro hasta porcentajes alarmantes, especialmente en los colectivos de mujeres y jóvenes, la mayoría sin ningún tipo de protección. Hay miles de andaluzas y andaluces al borde de la exclusión social, que se sumarían a todas las personas que ya se encuentran en esa situación, de ahí la importancia de blindar y hacer efectivas las medidas de protección social. Para combatir todas estas realidades exigimos la implantación de la Renta Básica y, de manera inmediata, la implantación de la Renta Básica de Emergencia.

La pandemia nos ha demostrado el valor de las personas trabajadoras para mantener a flote la sociedad. Por eso, el modelo económico y social que debe construirse tras la pandemia debe estar basado en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en primer lugar el derecho al trabajo y a un sueldo digno, en poner fin a la precariedad laboral, en la igualdad real de hombres y mujeres en salarios y condiciones laborales, en la eliminación de todas las normas que han recortado los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en la garantía de ingresos suficientes para todas las personas.

En nuestra tierra, es imprescindible que desde las instituciones se ayude a los municipios de acogida de trabajadores y trabajadoras temporeras a adaptar sus servicios públicos a la demanda estacional, y garantizar el acceso a una vivienda digna para la población migrante. Especialmente importante es exigir campañas de concienciación y medidas de sanción, denuncia y control para evitar abusos y agresiones sexuales a mujeres temporeras y exigiendo al gobierno central, con carácter urgente, la regularización de todas las migrantes, como primera medida que puede permitir garantizar su acceso a derechos sociales y laborales.

La pandemia nos ha demostrado también la debilidad de la estructura económica y los servicios públicos de Andalucía. Nos ha confirmado los graves problemas que supone la deslocalización de la producción en busca de mayores beneficios donde se paguen menos salarios y haya menos derechos laborales, la dependencia exclusiva de un sector servicios basado en bajos salarios, pocos derechos y gran desigualdad de trabajadoras y trabajadores, y la falta de una planificación económica que garantice la soberanía productiva de nuestra tierra. Apostamos por un desarrollo

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industrial y agroalimentario andaluz basado en el desarrollo tecnológico y medioambiental, en la I+D+i. Rechazamos volver a un mundo donde los cierres de empresas se decidan en función del mayor beneficio de sus accionistas, y a costa de los puestos de trabajo.

La ciudadanía no puede permitirse una “reconstrucción” que genere más desigualdades, por tanto, el modelo económico y social debe basarse en los intereses de la inmensa mayoría de la población, basado en buenos servicios públicos de calidad y dotados de personal y presupuesto suficiente, en planes de empleo público, un orden que defienda a las personas mayores, que garantice la igualdad de hombres y mujeres y un futuro para la juventud. Un nuevo modelo que atienda la emergencia climática y respete la naturaleza. Y que financien este cambio los que más tienen, la minoría del 1% que tiene más del 30% de la riqueza del país. Todo ello desde una perspectiva de defensa de los intereses y el futuro de Andalucía.

Sin embargo nada de esto está ocurriendo ni en Andalucía ni en el conjunto del Estado. Los servicios públicos, y en especial nuestro sistema sanitario, están en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones. Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras siguen siendo prácticamente las mismas a las de la primera ola de la pandemia. Es inadmisible. Seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes a la vez que muchas niñas y niños están en nuestras escuelas sin que se cumplan las medidas básicas de distanciamiento físico, al igual que ocurre en la gran mayoría de los centros de trabajo y en los transportes públicos. Medidas llevadas a cabo por parte del gobierno central no han respondido suficientemente a las necesidades reales de la mayoría, en relación a la prohibición de los despidos, las enormes dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital, etc. Las cuantiosas subvenciones a empresas y una hibernación económica que apenas duró 9 días muestran una vez más que los beneficios de la patronal parecen valer más que las vidas de los y las trabajadoras. Y por si todo esto fuese poco, un horizonte preocupante con anuncios que ponen en peligro nuestras pensiones y nuestros salarios. Basta ya de concesiones a la patronal y al capital. Hay que enfrentarse a los intereses de los que acaparan las riquezas. No al pago de la deuda, devolución de los 65.000 millones del rescate bancario y todos los medios de la sanidad privada a disposición de la sanidad pública.

Defendemos una sociedad con energías limpias y sostenibles, cuya producción sea respetuosa con el medioambiente, que garanticen unos precios asequibles para todos y no sean un elemento más de lucro para los poderosos a costa de los más débiles. Exigimos una sociedad que ponga fin, de una vez, a todo tipo de violencia contra las mujeres.

Nada de lo que necesitamos nos lo van a regalar. Como con todos los derechos, hay que movilizarse para conseguirlo. Por eso llamamos a una movilización andaluza, descentralizada en las provincias, el próximo 7 de noviembre por la Sanidad y la Educación públicas y por el Empleo digno. Por una renta básica de emergencia.

Con las necesarias medidas sanitarias de protección, volvemos a las calles.