Este sábado 20 de junio en toda Andalucía y el Estado Español se va a sentir una inmensa ola reivindicativa y de Solidaridad con la Sanidad Pública. Plataformas de trabajadores y usuarios, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, etc. inundarán las calles para exigir que cese el progresivo y calculado desde años atrás desmantelamiento de un servicio público esencial que es propiedad y valor común de todas las ciudadanas y ciudadanos.

La historia del asentamiento y desarrollo de la Sanidad Pública en Andalucía tiene su propio recorrido y, aunque actualmente sufrimos el gobierno del “trifachito” (PP, Cs y Vox), no es menos cierto que aquellos que contribuyeron al asentamiento e implantación de la Sanidad Pública en Andalucía, llegado un punto, fueron los mismos que comenzaron y siguieron contribuyendo a su desmantelamiento. Como en toda la historia reciente de Andalucía los que han gobernado la Junta durante los últimos cuarenta años, han sepultado las esperanzas de autogobierno y de desarrollo de los andaluces y andaluzas. El PSOE ha sido, pues, el elemento que ha negado y frenado el real autogobierno andaluz para supeditarlo a los intereses del Estado español y, como no podría ser de otra manera, el mismo agente fundamental que sepultó un proyecto sanitario igualitario, universal y genuinamente nuestro.

Las cosas tienen un comienzo, incluso una prehistoria. La Junta de Andalucía recibió las transferencias sanitarias en 1984. Dos años más tarde, nace el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al amparo de la Ley General de Sanidad del 86  -fundamento indiscutido durante décadas de la arquitectura del Sistema Nacional de Salud-, que dio en términos prácticos carta de naturaleza a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, todo un programa de formateo profesional al servicio de la idea de un sistema sanitario público, universal y de acceso gratuito, en el que la clave iba a ser la Atención Primaria. Se suele obviar, pero lo que recibieron las nacionalidades históricas y entre ellas Andalucía – en virtud a su original acceso a la autonomía plena; las que accedieron por el artículo 143 esperaron al cambio de siglo- fue un conglomerado heterogéneo de recursos cuyo núcleo central lo constituían los restos de la política social del último franquismo. Básicamente, hospitales concentrados en las capitales de provincia.

Primero, hubo que homogeneizar recursos tan dispares en su origen y en sus funciones como las casas de socorro municipales, los hospitales y manicomios de las diputaciones, los centros universitarios, los del Seguro Obligatorio de Enfermedad y los dispositivos vinculados a organizaciones solidarias, la mayoría ligadas institucionalmente a la Iglesia católica. Aquello no iba de ponerle el mismo letrero a todos los edificios: había que crear una cultura común sin hacer saltar demasiadas chispas entre el personal, integrado por empleados, cada uno, ideológica, funcional y administrativamente, de su padre y de su madre. Todo ello en un contexto social en el que la medicina aún se entendía como una profesión liberal, cuyo ejercicio privado se complementaba, por razones éticas, de mercado o de ambos tipos, con echar unas horas viendo pacientes del seguro o de la beneficencia.

La primera reforma de gran calado que hubo de acometer la Sanidad Pública Andaluza se centró en el desarrollo de la Atención Primaria, que llevó a los pueblos andaluces recursos asistenciales que sólo se habían entendido hasta entonces como propios de las capitales de provincia, y los dotó del respaldo de una red, nueva o remozada, de hospitales comarcales. En las decisiones de ubicación de esos centros no siempre fue el primer criterio el de la necesidad asistencial y, con el tiempo, se han pagado esos errores. Esa reforma que puso en el mapa a la Medicina de Familia, a la Enfermería Comunitaria y a los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP) iba a culminar en 1992, pero el plazo se estiró hasta difuminarse como icono programático hacia el final de los 90. A partir de ahí las reformas e implantación de la Sanidad pública Andaluza quedaron en suspenso y los distintos gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz abrazaron en gran medida y en muchos aspectos las políticas neo-liberales “de moda” para proceder a recortar y desmantelar lo que nunca llegó a implantarse plenamente. Y de aquellos barros vienen estos lodos…

Las decidas políticas privatizadoras de los gobiernos del PP en materia sanitaria han influido en cierta manera en el desarrollo de la Sanidad Pública Andaluza, pero nunca de una manera excepcional ni decisiva, dado el alto grado – por no decir total- de transferencias en materia sanitaria de las que han sido depositarios los gobiernos autónomos de nuestra tierra.

Por ello es imprescindible decir hoy, en el año 2020, que de la misma manera que las esperanzas políticas del pueblo andaluz fueron refrenadas y truncadas por los gobiernos de la Junta, la Sanidad Pública Andaluza ha corrido en paralelo en cuanto a sus limitaciones y siempre vinculada a la voluntad política de quienes nos han gobernado y nos han mantenido inmersos en un sistema cuasi colonial.

Como ejemplo valga lo acontecido en una de las comisiones parlamentarias del Parlamento de Andalucía en las que el diputado Juan Manuel Sánchez Gordillo, acusaba a la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, – hoy ministra de hacienda – de connivencia con los intereses del capitalismo por permitir que, en Málaga, el número de camas hospitalarias de titularidad privada casi superase la cifra de las de titularidad pública. Montero respondió a nuestro compañero que la sanidad privada es una riqueza, porque aporta empresas y empleo; y una aliada, porque su actividad permite aliviar la presión sobre el sistema público. Últimamente, las organizaciones corporativas de la sanidad privada insisten en reivindicar su pertenencia, de hecho, al Sistema Nacional de Salud.

Hoy, con el PP gobernando Andalucía, nadie puede dudar que el desmantelamiento y la privatización de nuestra sanidad va a seguir produciéndose a una alta velocidad si entre todos no le ponemos freno y remedio.

Es por ello que desde le Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos aportar esta visión en clave andaluza de la defensa de la Sanidad Pública.

En tanto en cuanto los andaluces y andaluzas podamos encauzar nuestra senda dentro de un proyecto nacional andaluz, podremos hacer fuertes e intocables nuestros muy necesarios servicios públicos fundamentales.

Por ello, este 20 de junio acudiremos a la concentración en Granada a las 12’00 horas en La Caleta, en defensa de la Sanidad Pública, Gratuita, Universal y…ANDALUZA.

Paco Cabello.

Portavoz Territorial del SAT de Granada.