A unos pocos meses de la conmemoración del 4 de diciembre cabe hacerse una serie de preguntas sobre las insalvables diferencias económicas y sociales que, en el primer tercio del siglo XXI, se están perpetuando en Andalucía. En el presente artículo tomaremos como referencia dos polos de riqueza del campo granadino: el Llano de Zafarraya, en el poniente, y Albuñol-La Rábita-El Pozuelo, en la Costa Tropical. Dos ejemplos que ponen de manifiesto cómo la explotación más feroz, el robo generalizado y el incumplimiento de cualquier normativa legal imperan, haciendo sonrojar hasta a los más templados.

                El 4 de diciembre de 1977, una inmensa marea humana llenó las calles y plazas de Andalucía exigiendo el autogobierno como la única vía posible sobre el que depositar la esperanza para superar el secular atraso económico y las consiguientes desigualdades, resultado de una injusta distribución de la riqueza, que se venía padeciendo. Frente a algunos sesudos historiadores, politólogos y economistas muy parciales y afectos al Régimen del 78, nosotros entendemos que el 4 de diciembre de 1977 los andaluces salimos a la calle para exigir un autogobierno, una soberanía que paliara las lacras que nos asfixiaban como pueblo trabajador: el paro endémico, emigración, incultura y analfabetismo; la permanente falta de oportunidades y futuro en una de las zonas más ricas de la Península Ibérica, ente otras, eran las cuestiones a superar en manos de un autogobierno de izquierdas.

                El análisis era bueno. Las desigualdades territoriales en el interior de Andalucía parten, evidentemente, de la apropiación y control de la riqueza y recursos de nuestra tierra en manos de unos pocos, lo que nos abocó y (a la vez es producto) a basar gran parte de nuestra economía en tareas de producción primaria[1]que surtieran las necesidades y demanda del “exterior”. Tras el robo de nuestros recursos naturales y agrícolas, y la imposibilidad de que sus excedentes revirtieran en nuestra tierra, llegó un nuevo modelo de “exportación”: el de nuestras mujeres y nuestros hombres, que emigraron masivamente de Andalucía en las décadas comprendidas entre 1920-1930 y 1955-1975 del pasado siglo. Concretamente, los veinte años que transcurren entre 1955-1975 tuvieron una especial repercusión en las zonas del Llano de Zafarraya y Albuñol ante la angustiosa falta de trabajo y de un futuro en sus propias comarcas, la emigración azotó estas zonas provocando, allí y en el resto de Andalucía, un éxodo de un millón y medio de habitantes que fueron paulatinamente sustituidos por la mecanización y modernización agrícola[2] que trajo la ausencia de mano de obra obligada a emigrar. Esta mecanización y modernización vino a perpetuar las desigualdades económicas y, por consiguiente, las penurias del agro andaluz; aumentando las brechas de población, manteniendo los benéficos en manos de unos pocos y provocando importantísimos daños ecológicos que ya se manifiestan y cuyas consecuencias, de no ser enmendadas, padecerán las generaciones venideras.

La desigualdad como bandera. El PSOE y el freno al 4-D.

Que le Estatuto de Autonomía de 1981 establezca que es imprescindible “la superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales” de las distintas áreas de Andalucía y que este mismo “mantra” sea repetido por el Estatuto de 2007, evidencia claramente que el objetivo está incumplido al día de hoy. El PSOE desbarató el espíritu y los anhelos expresados por los andaluces en 1977 para perpetuar un sistema injusto que abrazó con entusiasmo de nuevo rico, para potenciar otro, socialmente muy dañino, basado en el subsidio, el clientelismo y la renuncia a transformar la estructura económica andaluza.

Resultado de esta inacción política del PSOE, en el agro andaluz la agricultura industrializada cada vez ocupa menos manos, menos cultivos y un menor espacio cultivado, y presenta paradojas tales como la de convertir un país exportador de productos agrícolas en importador de alimentos, nefasta causa que se deriva de la gestión capitalista por la que siempre apostaron los virreyes socialistas que han gobernado nuestra tierra en beneficio de otros. Como muestra y corolario a todo esto vale un botón: en el 2015 la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía era de un 43’2%[3] y su índice de desempleo es de un 48’7% para los menores de 25 años y tiene un promedio de 35% en todas las edades, las cifras más altas de todo el Estado Español.

Dentro de todas las injusticias que trae consigo el sistema imperante y que sólo podrán ser superadas mediante un cambio radical del sistema imperante, nos encontramos y analizaremos dos zonas específicas muy diferentes y separadas por varios centenares de kilómetros. La primera es la zona de Albuñol – La Rábita-El Pozuelo, dentro del denominado espacio litoral andaluz y enclavada en la zona más oriental de la Costa Tropical Granadina. La segunda, se halla en la amplia comarca del Poniente Granadino: el Llano de Zafarraya el cual delimita la Sierra de Alhama y desde donde se salta por el angosto paso del Boquete de Zafarraya a la zona litoral y la Axarquía malagueñas.

Albuñol – La Rábita – El Pozuelo. Una extensión de la producción industrial agrícola.

El municipio de Albuñol, que en 1845 absorbió a La Rábita y a sus núcleos de población como El Pozuelo, está a más de un centenar de kilómetros de Granada y enclavado en el extremo más oriental de la Costa Tropical Granadina. De su proximidad al territorio de Almería mezcla acentos y costumbres y una producción agrícola “bajo plástico” que genera una cifra superior al 30% en el denominado sector primario y que deja el resto para el sector servicios. La nula industrialización de una zona ferozmente agredida en el aspecto ecológico no es una novedad allí, donde el peso específico de la Construcción ha caído totalmente y donde la explotación laboral campa por sus respetos. Como dibujábamos sucintamente al comienzo del artículo, la población de Albuñol descendió a causa de la emigración desde los más de 8225 habitantes censados en 1940 hasta su valle más bajo en 1981 (5530 hab.).[4] En la actualidad, Albuñol está cerca de la población que tuvo en 1930 y que se cifraba en más de 7500 vecinos, pero sin llegar a superarla.[5] A todos estos datos poblacionales hemos de añadir una importante población inmigrante entre los censados y no censados, que en su totalidad se ocupan en las labores agrícolas y en los almacenes de manipulado de frutas y hortalizas, fundamentalmente de los productos procedentes de la horticultura. Esta actividad, tanto en Albuñol, como en La Rábita y El Pozuelo está degradando y despilfarrando recursos naturales y explotando de manera absolutamente indecente a los trabajadores. A saber: mientras que las grandes cadenas de distribución son las que se llevan los beneficios de la horticultura de la zona, los agricultores ven cada vez menos valorado su producto y son objeto de un crónico y constante abaratamiento de precios que pretenden superar con el aumento e intensificación de unos rendimientos que agotan el medio natural y convierten a los trabajadores agrícolas en los nuevos parias del siglo XXI. Todos los trabajadores asalariados de la zona reciben un tratamiento nefasto por parte de los empresarios agrícolas y las “cooperativas” que controlan el manipulado: contratos fraudulentos (o trabajo sin contrato), jornadas abusivas y semanas de trabajo de lunes a domingo sin descanso, pago de jornales de hasta un 50% por debajo de lo establecido en el convenio colectivo del Campo, impago de salarios y la “mordida[6]” para pagar unas cotizaciones a la Seguridad Social que finalmente no pagan; y, en el manipulado, falta de respeto a los horarios, impago de las horas nocturnas y extraordinarias, falta de dotación y ropa de trabajo, disponibilidad diaria ilimitada, listas negras para los que reclaman, etc.

Con la Construcción en pleno decaimiento[7] y la desaparición de las actividades derivadas de la pesca y actividades marítimas[8] todos los recursos giran en torno al sector servicios, el turismo en la zona de playas y en la agricultura y el manipulado de sus productos, pero, en todos los casos con una práctica suicida que va a destrozar, sin ningún género de dudas, el medio natural que estas poblaciones ocupan y comparten y la convivencia entre los trabajadores locales (migrantes o no) que padecen una acuciante falta de derechos, recursos económicos dignos y soluciones a la carencia habitacional y otros aspectos sociales que todo esto conlleva. Todo ello ante la mirada complaciente de un gobierno municipal del PSOE basado en el modelo de la Andalucía Imparable de Susana Díaz.

El Llano de Zafarraya: crecer en desordenada estupidez.

Zafarraya y El Almendral son los principales componentes que conforman el municipio al que da nombre la primera. Ventas de Zafarraya (dependiente del municipio de Alhama), junto a otros núcleos menores de población, se asientan en el Llano de Zafarraya: un auténtico vergel donde hortalizas, tomates tardíos, coles, lechugas y alcachofas, junto a otros importantes cultivos, están enriqueciendo a unos pocos y condenando a una existencia bastante indigna a los trabajadores agrícolas y de los almacenes. Como la mayor parte de la zona interior andaluza y, en concreto, de sus valles y campiñas, se caracteriza por una agricultura comercial muy tecnificada y especializada que marca el gran peso específico que tiene en estas zonas el sector primario. Su población se ha visto, desde mediados del siglo XX, en continuo descenso[9] que ha venido a ser compensado por la llegada de emigrantes procedentes, principalmente, de África. Con unas importantes cifras de desempleo estacionales y una absoluta desregulación en todo lo relativo a las relaciones laborales, el Llano de Zafarraya nos ofrece escenas de exclusión social impropias de la era en que vivimos. Las paradojas que presentan un desarrollo constante de las explotaciones agrícolas y del manipulado de sus productos con una población trabajadora marginada y empobrecida son evidentes. El Llano hoy tiene una cifra real de desempleo muy similar al del resto de poblaciones valles y campiñas andaluzas (sobre el 25%), pero que el trabajo “en negro” dispara cuando se hacen análisis simplemente con la base de los datos.

Empleadores e instituciones: Ni ver ni oír ni hablar.

La brutalidad con que los empleadores (principalmente pequeños agricultores y “cooperativas” o empresas de manipulado) dirigen el negocio es sangrante. De la falta de cumplimento de la legislación laboral y de los convenios colectivos resultan trabajos muy precarios, salarios miserables que sólo pueden ser incrementados a base de trabajar de sol a sol y una falta de cotizaciones a la Seguridad Social que priva a los trabajadores y trabajadoras de unos ingresos dignos y de unas garantías sociales que les hacen permanecer siempre presas de la explotación más feroz. Ya comentábamos con anterioridad cómo se roba una parte del magro salario de los peones agrícolas y jornaleros con la excusa de hacer frente a los pagos de los seguros sociales que nunca se pagan: es “la mordida” a la que diariamente someten los empresarios a sus empleados. Del mismo modo, las condiciones de trabajo en alhóndigas y almacenes han ido empeorando hasta llegar casi a equipararse con el trabajo agrícola: una auténtica vergüenza. En todo este tinglado de corrupción empresarial juegan un papel determinante las asociaciones agrarias (COAG, ASAJA, etc.) que educan y adiestran a sus asociados en el robo al trabajador y, para ello, cuentan con la inestimable colaboración de gestorías y otro tipo de estraperlistas de firmas, peonadas y contratos que coaccionan y obligan a los trabajadores a firmar todo aquello que les perjudica y les mantiene en la ignorancia de sus derechos. ¡Ay qué ver! De qué manera muchos agricultores hijos de emigrantes o que dijeron defender el cooperativismo real ahora tratan con mano de hierro a sus empleados en busca del beneficio propio, o cómo cuentan sus dineros desde la barra del bar mientras recogen las rentas del arriendo de sus tierras a otros trabajadores inmigrantes que explotan con la misma inquina a los trabajadores.

Ya esbozábamos antes que ni la administración autónoma andaluza del PSOE ni las organizaciones agrarias de propietarios saben ni quieren poner tasa a los abusos que van a condenar a unos pocos años vista el desarrollo del sector. La búsqueda del beneficio a base de abaratar costes y aumentar la producción está quemando a hombres y mujeres de la misma manera que lo hace con el suelo, acuíferos y medio ambiente de zonas que se degradan. El diseño (o, mejor dicho, la ceguera de no diseñar) una economía realmente cooperativa y de desarrollo e interés social que revierta sobre las comarcas andaluzas lleva camino del precipicio a empresarios y trabajadores. Hasta ahora, toda “visión de futuro” es la de seguir “creciendo” a base de meter fuego a todo aquello que podría dignificar la vida, el medio ambiente y la sociedad de estas comarcas.

Todo el actual desatino del que estamos siendo testigos sólo acarreará a corto plazo problemas de gran calado social, como ya produce chabolismo, falta de educación e integración del creciente número de trabajadores inmigrantes, diferencias sociales acusadísimas, violencia sobre las mujeres trabajadoras, etc. Ante todo, estos ni las administraciones locales actúan de manera medianamente contundente y permanecen observando y esperando el día en que se produzca el desastre que ya se anuncia con suficientes datos objetivos. Cabría preguntarse ¿qué valores democráticos e igualitarios ha traído consigo el llamado Régimen del 78 para Andalucía a parte de los puramente formales? ¿No tienen, acaso, los empresarios, agricultores, alcaldesas y gerifaltes de la Junta de Andalucía una absoluta falta de respeto por la dignidad y la justica? ¿Acaso ellos no están fomentando las desigualdades y las injusticas cotidianas?

Volvemos al 4 de diciembre, 40 años después.

El éxito de la agricultura y la economía de el Llano de Zafarraya y del Albuñol pasan por una producción respetuosa con el medio ambiente y los derechos laborales y sociales. Seguir pensando que, dentro del modelo de economía globalizada, el sistema imperante va a procurar un verdadero desarrollo de futuro y sostenible es absurdo. La globalización está condenando a Andalucía a seguir siendo un territorio “de segunda” donde el Capital elige qué, cómo, cuándo y dónde invierte y compra y, a causa de ello, irá arruinando y marginalizando cada vez más zonas de nuestro territorio.

El último informe de Autonomía Sur,[10] publicado hace pocos meses, indicaba cuál es el camino a seguir las “nuevas vereas” que debemos caminar dentro del campo y la economía andaluza para salir del marasmo que nos ahoga como pueblo trabajador: “Se trata de la construcción de otra economía desde lógicas distintas a las de la acumulación capitalista. En este sentido, se trataría de la generación de nuevas unidades económicas de producción basadas en el reparto, tanto del excedente como del poder, así como en la búsqueda de fórmulas de propiedad de los medios de producción no privadas. El nuevo modelo productivo podría guiarse por tres grandes valores de los jornaleros andaluces. Se trata en primer lugar de “el cumplir”: frente al parasitismo social del señorito andaluz, la dignidad del buen trabajo de quien cumple por respeto a sí mismo y a los demás. En segundo lugar, “la unión” que hace la fuerza posible de los estructuralmente desposeídos, condenados a alquilar su fuerza de trabajo bajo condiciones que los dominadores controlan. Y en tercer lugar “el reparto” como sistema legítimo de devolución de la tierra a aquéllos con los que realmente ésta mantiene un vínculo. Con estos valores podemos avanzar hacia un modelo productivo que pase de la acumulación al reparto (de riqueza, poder, tiempo y propiedad), de la competitividad al cumplir (ser competente), y del individualismo a la unión (cooperación)”.

De cara ya ante este 4 de diciembre que nos recordará cómo se han sucedido 40 años de traiciones, robos, falta de respeto y desatinos en la construcción de una nueva Andalucía, la voz de los trabajadores conscientes y organizados junto a las de todos aquellos que consideren que nuestra patria está por encima del beneficio de unos pocos y de que hay que revertir el sistema actual que nos conduce al desastre, debe volver a ser unánime. El Llano de Zafarraya, Albuñol, Andalucía entera, deben manifestar su compromiso con la justicia social y el fin de la injustica y la miseria cotidiana. Para ello, es imprescindible una gran movilización ciudadana que marque y dirija una lucha constante que nos lleve a la recuperación de nuestros derechos como andaluces y trabajadores.

Nos vemos en los campos, en los tajos y en las calles.

Paco cabello.

Portavoz Territorial del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Granada

[1] Producción primaria: Agricultura, ganadería, pesca y minería.

[2] ´Todavía, entre 1981 y 2011, las comarcas del Poniente Granadino y la Costa Tropical seguían registrando un crecimiento de población por debajo de la media andaluza.

[3] UNICEF cifra en un 51% el porcentaje de niños andaluces que viven en riesgo de pobreza y/o de exclusión social.

[4] La Rábita cuenta en la actualidad con 1985 habitantes censados y el Pozuelo con cerca de 700.

[5] Albuñol cuenta, en la actualidad, con 6971 habitantes censados (datos de 2016 INE).

[6] Los empresarios detraen entre 8 a 12 € diarios a los trabajadores agrícolas de su jornal para “hacer frente al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social”. Estas cotizaciones, que deberían correr de parte de los empresarios, son literalmente robadas a los trabajadores para, finalmente, no llegarles a cotizar más que unos pocos días por mes que, en la mayoría de los casos, no supera las 5 o 6 jornadas.

[7] La especulación inmobiliaria y la falta absoluta de una política de ordenación de la zona, que no el destino, y sus nefastas consecuencias en la zona ya se pudieron evidenciar en 197 en pleno “desarrollismo franquista”. con las inundaciones que causaron centenares de muertos y arrasaron 101 edificios principalmente en La Rábita, pero que afectaron a todo el municipio. Pese a ello, en 1982, 1987 y 1989 volvieron a producirse nuevas riadas que han ido obligando a redefinir partes del urbanismo, pero sin ninguna actividad re ordenadora y preventiva concreta.

[8] La Rábita era, a finales del siglo XIX y junto a Adra, el principal puerto de La Alpujarra y mantuvo una intensa actividad hasta bien mediado el siglo XX, pero hoy esta actividad se encuentra “en vías de extinción”

[9] En 1950 el municipio de Zafarraya superaba los 3000 habitantes, su valle más profundo se marcó en la década de los 80 con una población inferior a las 2000personas, para recuperar cierta población que, en datos de 2016 es de 2063 habitantes censados.

[10] Informe Sur 03. Las economías territoriales andaluzas. De junio de este año.