El día 15 de octubre, militantes y afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) pretendemos dejar claro, especialmente en Madrid, pero también en todo el territorio de Andalucía, que no vamos a parar de ocupar la calle hasta conquistar leyes que garanticen pensiones dignas, públicas y con garantías de futuro.
Plataformas de pensionistas y ciudadanas levantadas en multitud de pueblos y ciudades del Estado han decidido defender, con fuerza y tesón inquebrantable, un Sistema Público de Pensiones que garantice una vida digna a toda la población cuando seamos personas jubiladas o dependientes de una pensión.
En frente tenemos a las grandes entidades financieras de todo el mundo que han destapado las esencias de la codicia. No hay resquicio de riqueza que no quieran incautar para engordar sus finanzas y sus especulaciones millonarias. Por otro lado, la desigualdad aumenta, y la pobreza y el riesgo de exclusión social afecta en el Estado Español a más de un 25% de su población.
La estrategia para conseguir la privatización y la externalización de estos servicios públicos, esenciales para redistribuir la riqueza y disminuir tanta desigualdad: Sanidad, Enseñanza, Residencias, Pensiones, Red Eléctrica, y un largo etc., la conocemos. Consiste en recortar los recursos materiales y humanos para ellos, y favorecer desde los Gobiernos, Central, Autonómicos, Provinciales y Locales, los contratos de estos servicios a grandes empresas, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad.
El Movimiento Pensionista a nivel Estatal, junto a trabajadores, trabajadoras y estudiantes, y junto al Movimiento Pensionista Internacional, quiere ser un factor de transformación hacia una sociedad que ponga el cuidado de la vida en el centro y dé sentido común a tanta locura de pensar solo en el beneficio económico.
Pensiones en Andalucía.
El gasto total de pensiones en Andalucía fue de 1.567,71 millones de euros en abril de 2022, lo que supone un aumento del 6,77% con respecto al mismo mes de 2017. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 1.053,62 millones de euros, por encima de las pensiones de viudedad (282,22 millones de euros), incapacidad permanente (195,95), orfandad (28,95) y las de favor familiar (0,7).
En septiembre de 2022 se han registrado en Andalucía 1,62 millones de pensiones, lo que representa una variación de 0,92% comparado con el mismo mes de 2017.
Si se tiene en cuenta el número de pensionistas, este se eleva hasta los 1,47 millones de pensionistas. Por sexos, hay un total de 751.997 de hombres pensionistas y de 719.425 de mujeres pensionistas.
Por sexos, la pensión media de los hombres en noviembre de 2021 fue de 1.101,6 euros; en el caso de las mujeres, la cifra desciende a la de 767,19 euros. La pensión media de las mujeres solo supera a la de los hombres en el caso de la pensión de viudedad (de media, las mujeres recibieron 707,96 euros en noviembre de 2021, frente a los 476,24 euros que obtuvieron los hombres). En el resto de tipos de pensiones, los hombres reciben mayor cuantía de media.
Si se compara la pensión media de jubilación entre Comunidades Autónomas, el País Vasco es la que registra la de mayor cantidad, con casi 1.400 euros de media, mientras los extremeños, murcianos y gallegos son los únicos que registran datos inferiores a los de Andalucía. Nuestros vecinos de Extremadura son los que, de media, cobran menos: con 937 euros.
¿Cómo defender las pensiones públicas?
Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Granada proponemos al conjunto de la clase trabajadora granadina y andaluza lo siguiente:
1. No a pensiones de miseria y pobreza. Subida de las pensiones mínimas, incluidas las no contributivas, hasta igualarlas al salario mínimo interprofesional (SMI = 1.000 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas.), y ambos elevarlos el 60% del salario medio, cumpliendo lo determinado en el artículo 50 de La Constitución Española, y en la Carta Social Europea (mayo 1.996), que compromete a los países adheridos, entre ellos al Estado Español (en vigor desde el 1 de julio de 2021), a garantizar unos ingresos mínimos que aseguren una vida digna a sus ciudadanos y ciudadanas. Con el logro de esta reivindicación conseguiríamos:
a. Disminuir la brecha de género, ya que tres de cada cuatro personas a nivel estatal que perciben las pensiones más bajas (4.8 millones), son mujeres.
b. Combatir la desigualdad, y la pobreza.
c. La totalidad de esos recursos económicos se revertirían íntegramente en el consumo interno del país, lo que redundaría en un incremento del PIB.
2. NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, NI DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Las nuevas reformas de pensiones que el Gobierno actual pretende aprobar, presionado por las grandes corporaciones financieras internacionales y por la Comisión Europea, introducirán una casi obligación a empleados y empleadas a suscribir planes privados de pensiones de empresa, al estilo de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en la Comunidad Autónoma Vasca. Con ello, el sistema actual, que es público, de solidaridad entre generaciones y territorios, con caja única y de prestación definida hasta el fallecimiento, pasará, poco a poco, a ser de capitalización individual, administrada por fondos de inversión, y con prestación variable dependiendo de la capacidad de ahorro de las personas trabajadoras y de las fluctuaciones del mercado financiero.
3.- Mantenimiento real del poder adquisitivo de las pensiones. Jubilación anticipada con 40 años cotizados sin reducciones. Derogación TOTAL de la ley de reforma de las pensiones de 2011. Garantía y blindaje de unas pensiones dignas en la constitución.
Además de la revalorización real según el Índice de Precios al Consumo (IPC), el coste de la vida, la cesta de la compra, afecta a las pensiones más bajas en cuanto a que hay bienes y servicios básicos de primera necesidad y de obligado consumo que suben más que el IPC, por ejemplo en alimentación. Reivindicamos la intervención del Estado en los precios de esos productos básicos para su estabilización. También reivindicamos que no se recorten las pensiones por jubilación anticipada para quienes han cotizado 40 años o más; la derogación de la Ley de Reforma de las Pensiones de 2011, que supuso su mayor recorte, un 20%; y que, en una futura reforma de la Constitución se recoja el derecho a unas pensiones dignas, mínimas, igual al salario mínimo interprofesional, y revalorizadas anualmente al IPC para no perder poder adquisitivo, como un DERECHO FUNDAMENTAL, de obligado cumplimiento.
Hoy la amenaza de la privatización de la Seguridad Social es una realidad y la unidad de acción por encima de las organizaciones es más necesaria que nunca.
La mayor esperanza para el triunfo de la causa pensionista es la oposición firme y unida de la sociedad civil: de la población joven, de la población trabajadora, de quienes se han jubilado.
También de las organizaciones activas en la defensa de los derechos sociales, sindicatos y fuerzas políticas y apoyando a la COESPE y sus justas reivindicaciones.
El único camino es la movilización conjunta con esta confluencia de la lucha social en la defensa de las pensiones públicas. Un amplio espacio compartido y plural de coordinación en el que todos y todas puedan participar en pie de igualdad, sin exclusiones.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN…
Unión Territorial del SAT de Granada
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras - Granada 