SAT Granada . SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO (693854017 y hoteleriayturismo@satgranadasindicatoandaluz.info )
El 28 de agosto del 2019 la inspección de trabajo de Granada obligó a la empresa Glovo a dar de alta en el régimen general de la seguridad social a ciento ochenta repartidores que trabajan como falsos autónomos.
Se trató de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.Puedes contactar con nosotros en el 693854017 (hosteleriayturismo@sindicatoandaluz.info )Se trató de la primera resolución de esta índole adoptada por la autoridad laboral en Andalucía y está en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona o Valencia. El procedimiento se inició el pasado mes de abril tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que acudieron varios repartidores para recabar asesoramiento y apoyo.
El informe de la Inspección de trabajo concluye que son trabajadores por cuenta ajena, al tiempo que ha abierto una acta de infracción a Glovo por falta de alta y cotización de todos ellos.
DESDE EL SECTOR DE HOSTELERÍA DEL SAT /que fuimos los que pusimos aquella denuncia) OS INVITAMOS A ORGANIZAOS EN LA LUCHA Y DEFENSA DE VUESTROS DERECHOS.
Puedes contactar con nosotros en el 693854017 (hosteleriayturismo@sindicatoandaluz.info )
El ataque a la Educación Pública lo seguimos sufriendo con el abandono de los centros educativos durante la pandemia y en medio del temporal Filomena. El deterioro de la Educación Pública andaluza al que venimos asistiendo, curso tras curso y bajo gobiernos de distintos signo, -mientras se favorece el incremento de la financiación de la red privada sostenida con fondos públicos- , se suman las condiciones deplorables en las que hemos trabajado alumnado, docentes y personal de administración y servicios con el paso del temporal Filomena y las borrascas que han venido detrás. Todo esto, en el curso de la pandemia, donde la Consejería de Educación ha optado por mantener aulas masificadas (con ratios ilegales en muchos centros) aumentando el riesgo de contagios al no poderse cumplir las medidas sanitarias adecuadas. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras insistimos en defender la educación presencial, pero preservando la seguridad y la calidad de la misma.
La presencialidad es necesaria porque el tipo de relación que establece el alumnado entre sí y con las docentes, al compartir el espacio de nuestros centros educativos, es insustituible. Lo es, además, porque el aprendizaje vía telemática no es accesible para todo el alumnado de igual manera, debido a la brecha digital que existe entre los hogares andaluces, consecuencia, a su vez, de la desigualdad social existente. Lo es, además, porque existen otras brechas producto de múltiples desigualdades, que hacen que el aprendizaje en casa no sea igual de fácil para todo nuestro alumnado. Y lo es, finalmente, porque la escuela pública es el principal espacio donde niñas y niños de Andalucía conviven en un espacio tan diverso como nuestra propia sociedad. (Son vergonzosas las declaraciones hechas por miembros del actual equipo de gobierno sugiriendo que la escuela es poco menos que un aparcadero de niñas y niños).
Por todo ello, desde antes del inicio de este curso y desde distintos sectores de la comunidad educativa, se le hizo saber a la Consejería de Educación y Deporte que queríamos presencialidad, pero no de cualquier forma. La alternativa que se reclamaba era una presencialidad en la que se garantizara, hasta donde fuera posible, la seguridad sanitaria. Esto pasaba, inevitablemente, por reducir las ratios de manera significativa, pues, a mayor ratio, menos distancia física dentro del aula, y mayor riesgo. El consejero Javier Imbroda lo dejó claro: de bajar las ratios, olvídense. Por supuesto, bajar las ratios requiere un aumento importante de la financiación en la pública. El ataque progresivo a la educación pública andaluza ponía a la comunidad educativa en una situación crítica ante la pandemia.
A esto hay que sumar la situación que estas dos últimas semanas se ha vivido en las aulas, especialmente la semana del 11 de enero, tras las vacaciones navideñas. Una calamidad que solo puede ignorar quien no la ha vivido de primera mano. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, la temperatura en los centros de trabajo durante el invierno, para actividades sedentarias, debe oscilar entre los 17 y los 27 grados. Sin embargo, en estos últimos días, se han registrado temperaturas inferiores a los 10 grados en gran parte de las aulas de los centros públicos andaluces, haciéndose realmente duro, no ya dar clase, sino estar en la clase. Sin duda, es una consecuencia de que las ventanas deban estar abiertas, única forma eficaz según las autoridades sanitarias de protección frente al Covid. Pero si los centros de la red pública andaluza estuvieran debidamente equipados, como establece la Ley de bioclimatización, aprobada en 2019 solo sobre el papel pues aún no se ha puesto en práctica, sin duda la situación habría sido muy distinta. ¿Qué se requiere para ello? Más inversión en la Educación Pública andaluza. Una vez más, el ataque de la administración a la pública andaluza pone a los centros educativos, a su alumnado y a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza a los pies de los caballos.
Ante esta situación desde el SAT seguimos insistiendo: la presencialidad es necesaria, pero se puede y se debe hacer compatible con la seguridad sanitaria y las condiciones que permitan una educación de calidad y en las condiciones dignas que merecen el alumnado, profesorado y personal docente andaluces. Nuestros centros no son aparcaderos de niñas y niños, sino un lugar para el aprendizaje y crecimiento, en todo su potencial humano. La situación de precariedad y abandono que estamos viviendo este curso en la Educación Pública andaluza habla por sí misma de cuáles son las consecuencias de una operación política de acoso y derribo a la red pública, por parte de una administración que defiende sus postulados neoliberales en favor de la privada financiada con fondos públicos.
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