18 de septiembre: TODAS/OS A LA HUELGA EDUCATIVA.

18 de septiembre: TODAS/OS A LA HUELGA EDUCATIVA.

Desde el SAT consideramos que la Consejería de Educación ha tenido tiempo sobrado para implementar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio de la COVID 19 no solamente en lo que a la comunidad educativa se refiere, sino también a todas las familias y sus redes de contacto. Precisamente, son los aspectos que el SAT y otras organizaciones han señalado desde los inicios de la pandemia: contratación de más profesorado con la consiguiente bajada de ratio (de cara a mantener la mínima distancia de seguridad, como recomiendan las autoridades sanitarias tanto estatales como internacionales), ampliación de las líneas existentes, cese de la precariedad laboral de colectivos ligados a los Centros e implicación directa de la Consejería de Salud y Familias en la supervisión de guarderías, colegios e institutos. Insistimos: ha habido tiempo.
Lo que nunca se ha mostrado ha sido interés; se trataba de una oportunidad histórica para apostar de una vez por la educación pública. En lugar de ello, la Consejería de Educación ha hecho gala de una desorganización, improvisación y dejación de funciones (disfrazada de
concesión de “autonomía” a los equipos directivos, y es sólo un ejemplo) propias de quien solamente concibe los Centros de enseñanza como meros aparcamientos de niñas y niños. Eso sí, lo que se califica de “inviable” en la pública (la bajada de ratio) se oferta en la privada.
Se mantienen ratios ilegales y se cierran líneas. Si ese modelo educativo (enseñanza pública asistencial- y enseñanza privada -negocio-) es explícitamente vergonzoso, supera lo denigrante en unos tiempos tan difíciles como los que padecemos hoy: se nos obliga a trabajar en un entorno no seguro, lo que significa que se está poniendo en un peligro tan próximo como real a la mayor parte de la población andaluza y, lejos de mostrarse conciliadoras o empáticas, las autoridades educativas amenazan a aquellas familias que se plantean optar por no mandar a sus hijas e hijos a sus respectivos Centros de enseñanza.


El señor Imbroda nos pide, hipócritamente, ilusión. Una vez más pierde el norte. Ilusión no falta en la comunidad educativa; lo que sobran son personas que, investidas de autoridad, supeditan el interés de la gran mayoría al de la inmensa minoría; y ello con el agravante de la existencia de contexto de morbilidad que se pondera de una u otra manera en
función de intereses que nada tienen que ver con la dignidad y la decencia que cabría esperar de los poderes públicos.
Por todo ello, el SAT apoya la convocatoria de huelga el próximo 18 de septiembre y emplaza a todos los miembros de la comunidad educativa a que la secunden y acudan a las movilizaciones que las diferentes plataformas han promovido. Solamente desde la unidad y la lucha podremos conseguir un entorno seguro para todas y todos. ¡Adelante!

EDUCACIÓN PÚBLICA: Entre el COVID y el desmantelamiento.

EDUCACIÓN PÚBLICA: Entre el COVID y el desmantelamiento.

Con los mismos recortes de la última década y sin medidas claras y efectivas que protejan a los alumnos en tiempos de pandemia, el gobierno andaluz se apresta a afrontar el curso que generalizablemente comienza hoy en Andalucía.

Después de varios meses de confinamiento, el curso pasado terminó con las aulas vacías debido a la pandemia del coronavirus. Con la necesidad de reanudar las clases presenciales aún con rebrotes de Covid-19 por todo el país, surgen cuestiones sobre la organización de las aulas para afrontar no solo una ‘vuelta al cole’ segura.

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¿ Estarán seguros los escolares andaluces en las aulas, dispondrán de la indispensable educación presencial durante el curso 2020/2021? A esta respuesta y dado que ni la misma Consejería de Educación puede asegurarlo, habrá que concluir que no, que ni en todos los centros ni en todo el territorio andaluz.

A medida que las fechas de incorporación a los centros escolares se aproxima: el 10 de septiembre para Primaria y Educación Especial; y el 15 para Secundaria, FP, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente (el 1 de septiembre lo hicieron las Escuelas Infantiles), las protestas de la comunidad educativa se suceden. Madres, padres y el personal docente defienden la educación presencial, pero temen su mantenimiento en las aulas porque consideran que la administración educativa andaluza no ha proporcionado medidas que garanticen la seguridad en las aulas ante el coronavirus.

El drástico descenso de alumnos en los últimos años ha provocado una reducción progresiva de líneas en los centros educativos que dispara las alarmas entre sindicatos combativos y padres y madres y que exigimos el mantenimiento de la Educación realmente pública y que dónde se deben aplicar los ajustes es en los conciertos educativos con los centros privados.

Pero, al margen de la evidencia de que hay menos alumnos (que, en la parte que les toca, ha sido favorecida por los gobiernos de turno que han propiciado el trasvase de alumnos a la educación concertada) , lo cierto es que se ha acentuado el desmantelamiento de la enseñanza pública durante los más recientes gobiernos del PSOE y, ahora, con el gobierno del “trifachito”.

La primera dificultad que se encuentra cualquiera que quiera hacer un estudio comparativo mínimamente riguroso es la falta de homogeneidad de los datos que se esgrimen al comienzo del curso, dado que la información que ofrece año tras año la Consejería de Educación varía en función de las cifras que interesa destacar. Por ejemplo, en ocasiones se habla del número total de alumnos, profesores y centros (incluyendo los privados) y en otras se contabilizan solo los de los centros sostenidos con fondos públicos. Las estadísticas oficiales aún no ofrecen resultados para el curso que ahora comienza, pues el proceso de colocación de efectivos (personal docente) ni siquiera ha concluido. Habría que esperar por tanto unos meses antes de poder hacer una comparación rigurosa.

Con sus cifras en la mano, el consejero de Educación, Javier Imbroda, defiende que en el curso que hoy comienza habrá menos alumnos y más profesores.

Dice Imbroda que la caída de nuevas matriculaciones habría justificado la eliminación de líneas educativas (una línea es cada una de las clases de un mismo curso). Y que, dado que las líneas eliminadas han sido menos, es fácil concluir que no existe desmantelamiento sino sencillamente una adaptación a la nueva realidad (una adaptación amortiguada en cualquier caso).

Nada más lejos de la realidad, de hecho, el Gobierno de Susana Díaz eliminó 487 líneas para el curso 2018/19, más incluso que las suprimidas este año y las que se redujeron en el anterior De lo cual cabría concluir que el cierre de aulas está directamente relacionado con una política deliberada que comparten PSOE, PP y Ciudadanos y que se prolonga en el tiempo.

Este curso las niñas y niños andaluces afrontan con más inseguridad si cabe el inicio del curso escolar. La permanente práctica de los gobiernos autonómicos al servicio de las políticas privatizadoras y neo-liberales no ya sólo ponen en entredicho y en gran medida niegan el derecho fundamental a la Educación, sino que condena a los alumnos y sus familias a vivir con la inseguridad que dispone una disparatada política escatimadora de recursos ante el COVID-19.

¡ Por una enseñanza pública, andaluza, gratuita, laica y de calidad!

¡ No a los recortes, sí al derecho universal de la Educación!

SAT Granada.

Unión Territorial.

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