Con los mismos recortes de la última década y sin medidas claras y efectivas que protejan a los alumnos en tiempos de pandemia, el gobierno andaluz se apresta a afrontar el curso que generalizablemente comienza hoy en Andalucía.

Después de varios meses de confinamiento, el curso pasado terminó con las aulas vacías debido a la pandemia del coronavirus. Con la necesidad de reanudar las clases presenciales aún con rebrotes de Covid-19 por todo el país, surgen cuestiones sobre la organización de las aulas para afrontar no solo una ‘vuelta al cole’ segura.

¿ Estarán seguros los escolares andaluces en las aulas, dispondrán de la indispensable educación presencial durante el curso 2020/2021? A esta respuesta y dado que ni la misma Consejería de Educación puede asegurarlo, habrá que concluir que no, que ni en todos los centros ni en todo el territorio andaluz.

A medida que las fechas de incorporación a los centros escolares se aproxima: el 10 de septiembre para Primaria y Educación Especial; y el 15 para Secundaria, FP, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente (el 1 de septiembre lo hicieron las Escuelas Infantiles), las protestas de la comunidad educativa se suceden. Madres, padres y el personal docente defienden la educación presencial, pero temen su mantenimiento en las aulas porque consideran que la administración educativa andaluza no ha proporcionado medidas que garanticen la seguridad en las aulas ante el coronavirus.

El drástico descenso de alumnos en los últimos años ha provocado una reducción progresiva de líneas en los centros educativos que dispara las alarmas entre sindicatos combativos y padres y madres y que exigimos el mantenimiento de la Educación realmente pública y que dónde se deben aplicar los ajustes es en los conciertos educativos con los centros privados.

Pero, al margen de la evidencia de que hay menos alumnos (que, en la parte que les toca, ha sido favorecida por los gobiernos de turno que han propiciado el trasvase de alumnos a la educación concertada) , lo cierto es que se ha acentuado el desmantelamiento de la enseñanza pública durante los más recientes gobiernos del PSOE y, ahora, con el gobierno del “trifachito”.

La primera dificultad que se encuentra cualquiera que quiera hacer un estudio comparativo mínimamente riguroso es la falta de homogeneidad de los datos que se esgrimen al comienzo del curso, dado que la información que ofrece año tras año la Consejería de Educación varía en función de las cifras que interesa destacar. Por ejemplo, en ocasiones se habla del número total de alumnos, profesores y centros (incluyendo los privados) y en otras se contabilizan solo los de los centros sostenidos con fondos públicos. Las estadísticas oficiales aún no ofrecen resultados para el curso que ahora comienza, pues el proceso de colocación de efectivos (personal docente) ni siquiera ha concluido. Habría que esperar por tanto unos meses antes de poder hacer una comparación rigurosa.

Con sus cifras en la mano, el consejero de Educación, Javier Imbroda, defiende que en el curso que hoy comienza habrá menos alumnos y más profesores.

Dice Imbroda que la caída de nuevas matriculaciones habría justificado la eliminación de líneas educativas (una línea es cada una de las clases de un mismo curso). Y que, dado que las líneas eliminadas han sido menos, es fácil concluir que no existe desmantelamiento sino sencillamente una adaptación a la nueva realidad (una adaptación amortiguada en cualquier caso).

Nada más lejos de la realidad, de hecho, el Gobierno de Susana Díaz eliminó 487 líneas para el curso 2018/19, más incluso que las suprimidas este año y las que se redujeron en el anterior De lo cual cabría concluir que el cierre de aulas está directamente relacionado con una política deliberada que comparten PSOE, PP y Ciudadanos y que se prolonga en el tiempo.

Este curso las niñas y niños andaluces afrontan con más inseguridad si cabe el inicio del curso escolar. La permanente práctica de los gobiernos autonómicos al servicio de las políticas privatizadoras y neo-liberales no ya sólo ponen en entredicho y en gran medida niegan el derecho fundamental a la Educación, sino que condena a los alumnos y sus familias a vivir con la inseguridad que dispone una disparatada política escatimadora de recursos ante el COVID-19.

¡ Por una enseñanza pública, andaluza, gratuita, laica y de calidad!

¡ No a los recortes, sí al derecho universal de la Educación!

SAT Granada.

Unión Territorial.