Hace pocas fechas fuimos testigos en Granada de una multitudinaria manifestación que reclamaba, más allá de la “capitalidad judicial” en Andalucía que recoge el Estatuto de Autonomía, la exigencia de que las nuevas salas que se crearán dentro del Superior de Justicia de Andalucía no tengan sede ni en Málaga ni en Sevilla.

Que estas manifestaciones se produzcan y que determinados colectivos hagan públicas sus exigencias entra dentro de la normalidad, lo que no es óbice para que nos sorprenda el ahínco y tesón que han puesto numerosas entidades y fuerzas políticas que se dicen de izquierda y progresistas en la reivindicación de la exclusividad en capitalidad judicial y de “salir en la foto” para no quedar empero rezagados en el viaje a ninguna parte que conlleva y significa este tipo de reivindicaciones.

¿En qué favorece a los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos de Granada ostentar esa “exclusividad “en la capitalidad judicial andaluza? ¿Acaso es progresista obligar a los malagueños y a los sevillanos a trasladarse obligatoriamente a nuestra ciudad para solventar cualquier asunto propio del TSJA? ¿Por qué narices un país como Andalucía que está actualmente administrado en base a sus ocho territorios debe contar con una única sede judicial para determinados asuntos y pleitos? ¿En base a qué política o razones de equidad debe obligarse a un onubense, a un almeriense o a un giennense a trasladarse a Granada cada vez que el peso de la Audiencia caiga sobre él?

Cabría recordar que la Real Audiencia y Chancillería de Granada comenzó a existir en 1505, cuando, por orden de Isabel I, fue arrebatada a Ciudad Real, [1]. Por ese motivo, y por los sucesivos ordenamientos de reparto y ordenación judiciales ocurridos durante el paso de los tiempos, es por lo que hoy, y recogido dentro del Estatuto de Autonomía vigente, Granada ostenta la sede del TSJA. Así comprobaremos, que no es porque los granadinos seamos más listos, más guapos o más inteligentes que los demás, si no por una Real Orden de 1505 por lo que “disfrutamos” de una sede judicial que bien podría estar ahora en cualquier otro lugar.

Durante este último año, los granadinos hemos sido testigos y protagonistas de diversas reivindicaciones que han desembocado en manifestaciones multitudinarias. La defensa de “dos hospitales completos” ha marcado un antes y un después en este fenómeno social que, en algunas ocasiones y en el que ahora nos ocupa, cuenta con el apoyo masivo de partidos y personas que no dudan en sostener en el poder a gobiernos que privatizan la sanidad y el resto de los Servicios Públicos. Otro tanto sucede con la reivindicación de la capitalidad judicial, pero no cuando se reivindica el muy necesario final del aislamiento ferroviario de nuestra ciudad y su territorio.

Favorecer y apuntarse a determinadas reivindicaciones “porque sí”, para no quedar fuera de la foto y sin reflexionar por qué se producen y a qué intereses favorecen esas movilizaciones no es muy edificante ni tan siquiera serio. Es por ello que, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), sindicato de izquierdas, andaluz, solidario y a pie de tajo analizamos cada una de ellas y, en función de este análisis y de la decisión adoptada por nuestras asambleas, actuamos en consecuencia. Desde el SAT entendemos que nuestra primera obligación como sindicalistas -empeñados en cambiar esta sociedad en que vivimos para conseguir las aspiraciones de justicia, trabajo y dignidad que demanda el pueblo andaluz- es la de conocer la realidad. Esta realidad nos muestra cómo muchos de aquellos que pusieron el grito en el cielo cuando, con la llegada de la Democracia, se crearon las diversas Universidades Andaluzas con la excusa de que se robaba a Granada su hegemonía universitaria en la Alta Andalucía (la Andalucía Oriental dirían ellos) ahora claman por un TSJA con todas las salas aquí, o defienden el mantenimiento de dos hospitales, los mismos que ellos privatizarían sin pestañear.

En el SAT conocemos muy bien cómo es aquello de “hacer el paseíllo” por Plaza Nueva y cruzar el umbral de la Chancillería para responder ante los magistrados a causa de luchar por la justicia social. Sabemos y padecemos las precariedades de los ocho juzgados de lo Social que existen en la provincia; sufrimos, como cualquier trabajador, los golpes de una justica viciada, politizada y falta de medios que no suele tratar por igual a ricos y a trabajadores.

Acompañar y tocar las palmas en campañas orquestadas por los elementos, partidos e instituciones más rancios, irracionales y conservadores de nuestra Granada, sólo conducen al “Sevilla nos roba” y otras zarandajas que no es otra cosa que la expresión histórica de la insolidaridad que siempre ha servido de excusa a gobernantes y burguesía granadina para justificar todos los males que nos aquejan y que suelen ser responsabilidad de ellos.

Del mismo modo que analizamos, debatimos, hicimos pública nuestra postura y participamos en las reivindicaciones por los “dos hospitales completos” en aras de la defensa de una Sanidad Pública andaluza y digna, ahora, desde el SAT, nos manifestamos públicamente diciendo que jamás nos van a encontrar en una manifestación que defienda exclusivamente la capitalidad judicial de Granada. Por cierto, tampoco estaría mal que aquellos que llaman a la ciudadanía a manifestarse en defensa de sus intereses particulares explicaran a los ciudadanos que, desde hace muchos años, existen salas de lo Penal y de lo Contencioso – Administrativo fuera de Granada y de su TSJA. Esto, obviamente, no lo van a hacer, pues ellos mismos firmaron sin rechistar la creación de estas salsas.

Paco Cabello

Portavoz Territorial del SAT de Granada

[1] La reina Isabel ordenó crear la Real Audiencia y Chancillería, el Tribunal Supremo de la época, con dos salas: una al norte del Tajo, en Valladolid, y otra al sur del rio, en Ciudad Real. En 1505, `pocos años después de la conquista del Reino de Granada, ordenó trasladar la sede de Ciudad Real a Granada, dada la relevancia otorgada por Castilla a la capital del reino conquistado y por el numerosísimo volumen de asuntos judiciales que se daban allí.