El martes 22 de diciembre a las 10:00 se desarrolló un taller virtual donde miembros del SAT-UGR expusieron las características del proceso de solicitud del contrato posdoctoral Juan de la Cierva- Formación e Incorporación. Además se expusieron algunas de las luchas del colectivo Juan de la Cierva para reclamar subidas salariales. @InvConDerechos.
Un año más, CGT, USTEA y SAT, salimos a la calle el 25N, Día Internacional Contra la Violencia Machista, para denunciar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.
Son múltiples los ámbitos donde las mujeres trabajadoras sufrimos la violencia de género ya que el patriarcado, en su alianza con el capitalismo, nos somete a condiciones precarias y de vulnerabilidad tanto laboral como social o familiar.
La conciliación familiar con el ámbito laboral que nos somete a dobles o triples jornadas, la normalización y aceptación de los trabajos precarios (que suelen ir de la mano con los más feminizados) y la falta de ayudas o prestaciones que permitan subsistir dignamente a las mujeres que por sus condiciones laborales o sociales lo tienen más difícil, también son formas de ejerce violencia patriarcal de manera sistemática. Todo esto se perpetúa con la falta de recursos en las políticas y servicios que actúan contra dicha violencia, poniendo al servicio de la ideología patriarcal todo el dispositivo del sistema judicial, de los medios de educación y cultural.
En el escenario al que nos enfrentamos a causa del COVID-19 la discriminación existente se ha visto agravada.
Los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres y que se adscriben a los cuidados, a la enseñanza, la limpieza o la atención de personas dependientes, trabajos que hemos visto como en estos tiempos de crisis se hacen más necesarios e imprescindibles que nunca, a su vez son los que implican un mayor riesgo de precariedad y de exposición al virus.
Es el sistema el que con sus políticas de recortes y de privatizaciones mantiene la desigualdad que sostiene la violencia machista. Esta violencia que sufrimos las mujeres no es individual, no es “violencia doméstica”, es una violencia estructural hacia las mujeres cuya máxima expresión son las muertes.
Nosotras, mujeres trabajadoras, sufrimos violencia en nuestros puestos de trabajo, somos víctimas del acoso sexual, de la brecha salarial, de la precariedad, de la incertidumbre laboral, de los abusos de poder, de la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Y este maltrato se acentúa aún más en los sectores claramente feminizados.
En el ámbito de la administración pública casi todas las solicitudes demandadas a riesgos laborales se han resuelto, por los centros de valoración correspondientes, como riesgo uno, lo cual implica que tendrán que incorporarse a sus puestos de trabajo con medidas básicas de protección a lo que hay que sumar las ratios excesivas y fuera de la legalidad en los centros educativos, que la Junta de Andalucía mantiene de forma sistemática.
La privatización progresiva de los servicios públicos, la no contratación del personal docente necesario para cubrir las necesidades mínimas de la comunidad educativa, la no cobertura de vacantes de personal laboral de la junta de Andalucía y todos los recortes llevados a cabo durante años y años en sanidad o educación, conlleva un aumento de la precariedad laboral, que afecta de manera más acuciante a la mujer.
En los últimos meses, el número de bajas médicas por depresión, estrés o ansiedad ha aumentado considerablemente. Sucede lo mismo con los cuidados y las tareas domésticas en el ámbito privado de las trabajadoras. A esto se añade la incertidumbre de no saber, en algunos casos, si volveremos a recuperar nuestros trabajos precarios.
Por otro lado, observamos sectores como la limpieza o el colectivo de las Kelly´s, donde las mujeres desempeñan una actividad atribuida por el sistema capitalista y patriarcal al género femenino y que, por ende, es infravalorada, convirtiendo a las trabajadoras en víctimas de unas insufribles condiciones laborales que atentan contra su salud y contra la propia dignidad humana.
O como el colectivo de las empleadas del hogar. Triplemente penalizadas por ser mujeres, por ser en gran parte mujeres migrantes y por ocuparse de tareas domésticas de limpieza y cuidado. Estas trabajadoras subsisten en condiciones de cuasi esclavitud que las sume en la pobreza y las somete a la más absoluta precariedad. Trabajadoras muy vulnerables ante laviolencia de género y que a menudo sufren en silencio los abusos y las agresiones machistas que viven en los hogares donde prestan sus servicios debido, ya no solo a la dificultad de presentar pruebas patentes, sino además al enorme miedo a ser despedidas.
Maltrato similar sufren las temporeras. No tenemos que remontarnos mucho en el tiempo para recordar la violenta situación que sufrieron y sufren las mujeres temporeras que viajan hasta Huelva, u otros destinos, para la recogida de la fresa. Abusos sexuales, impagos en sueldos y condiciones insalubres para vivir, son el día a día de muchas mujeres que se ven obligadas a emigrar para poder alimentar a sus familias.
Para muchas mujeres trabajadoras, andaluzas y extranjeras, defender su dignidad supone perder de un solo golpe trabajo y vivienda. Mujeres invisibilizadas, maltratadas por un sistema patriarcal y capitalista que nos necesita calladas y sumisas para soportar la doble, cuando no triple explotación a la que estamos sometidas.
Por último, es necesario hacer mención a la violencia que atenta directamente contra nuestros cuerpos: la explotación sexual de las mujeres, los vientres subrogados, la prohibición del aborto, el acoso laboral y sexual, las violaciones… son la forma más explícita de violencia a la que las mujeres nos vemos sometidas.
Durante la pandemia, muchas mujeres se han visto obligadas a convivir con sus maltratadores, siendo 30 de las 41 mujeres asesinadas a nivel estatal en lo que va de año las que se vieron en esta terrible situación. En Andalucía se han registrado 212 casos de violencia de género en 2020, siendo la región con más asesinatos machistas. En lo que va de año, dos menores y ocho mujeres, dos de ellas en Granada, han sido asesinadas en manos de las parejas o exparejas de éstas.
Por todo ello, hoy salimos a la calle para denunciar estas situaciones que estamos sufriendo y hacemos un llamamiento a la unidad de acción en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo. La violencia machista es un problema estructural que afecta al conjunto de la sociedad y nos corresponde a todas ponerle fin a esta lacra social.
Súmate este 25N a la Concentración contra las violencias hacia las mujeres. Te esperamos a las 12 horas en la Caleta.
¡DEMOS UN DURO GOLPE AL MALTRATO! ¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA MUJER TRABAJADORA, ORGANIZATE Y LUCHA!
#25NContraLaViolenciaMachista
#25NContraElPatriarcadoYElCapital
#25NLuchaFeministaYDeClase
El manifiesto en PDF:
Las familias del Andrés Segovia irán a la Plaza del Carmen ante el excesivo frío en las aulas del colegio. y exigen al Alcalde Luis Salvador que reciba a las familias del Andres Segovia y arregle inmediatamente el problema de las bajas temperaturas en el centro.
Tal y como ha ocurrido a lo largo del mes de Noviembre, el próximo lunes 16 la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Andrés Segovia ha convocado una nueva huelga de familias para exigir una solución urgente que evite el frío que están sufriendo 200 niños y niñas. En este caso acudirán a la Plaza del Carmen ya que el Alcalde de Granada, Luis Salvador sigue sin resolver el problema de las bajas temperaturas en las aulas.
Las movilizaciones de las últimas semanas han obligado a que la Junta de Andalucía inicie con celeridad el proceso para instalar una nueva caldera, pero mientras tanto las temperaturas de las aulas son excesivamente bajas, llegándose a medir 15 grados a primera hora, una temperatura inaceptable para niños y niñas de 3 a 12 años, y menos todavía para el alumnado de educación especial. Según la presidenta del AMPA, Patricia Rodríguez, “en la Junta nos han prometido que las obras se van a ejecutar en Navidad, pero necesitamos soluciones urgentes para evitar que en los dos próximos meses nuestros hijos e hijas enfermen o se contagien de COVID a causa del excesivo frío que hace en las aulas”.
El pasado miércoles representantes del AMPA se reunieron con el Concejal de Salud y Educación, el pediatra Carlos Ruiz Cosano, a quien exigieron que el Ayuntamiento actúe con urgencia para evitar el frío extremo en las aulas y el peligro de infección que conlleva. Las familias solicitaron al responsable de la salud y la educación en Granada la instalación de temporizadores para que las estufas eléctricas suministradas a la escuela puedan empezar a funcionar a las 7 de la mañana con la intención de que a las 9 cuando lleguenLas familias del Andrés Segovia irán a la Plaza del Carmen ante el excesivo frío en las aulas del colegio. los niños y niñas las aulas puedan estar caldeadas. Así mismo, las representantes de la AMAPA plantearon la posibilidad de utilizar otro tipo de estufas para evitar que con la ventilación la temperatura baje demasiado como ahora ocurre por la falta de capacidad de la instalación eléctrica. Según afirman desde el AMPA, “ambas soluciones, la instalación de temporizadores y estufas, son sencillas y baratas, así que no entendemos por qué a día 13 de Noviembre el Ayuntamiento aún no las ha suministrado a este colegio público. Estamos seguras de que en su despacho el Alcalde Luis Salvador no pasa frío, y eso es profundamente injusto para los 200 niños y niñas que acuden a una clase helada todas las mañanas. Así que el lunes vamos a ir al Ayuntamiento con nuestros hijos y nuestras hijas para exigir que el Alcalde nos reciba y solucione inmediatamente un problema del que es responsable junto con el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla”.
AMPA “AMANECER” Email: cpampandresegovia@gmail.com Teléfono: +34 644 57 98 37
Guillermo García-Contreras Ruiz es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Especialista en Arqueología Medieval, se licenció y doctoró en la Universidad de Granada y ha realizado estancias en distintas universidades europeas de Polonia, Italia y Reino Unido como parte de su experiencia postdoctoral.
Se presenta a la Junta de Facultad con el convencimiento de que es posible defender y mantener una universidad cien por cien pública en la que primen la alta calidad de una docencia digna con una investigación de impacto no exenta de derechos. Defiende el respeto a la diversidad como una de las insignias de la educación universitaria, aboga por la particularidad y la singularidad alejada de la globalización que pretende, bajo supuestos estándares de calidad, hacernos a todos iguales por abajo. Firmemente convencido de que la cooperación y la colaboración de grupos de trabajo docentes o de investigación es la única forma de mantener los elevados niveles de exigencia académica que nos demanda el avance de la sociedad actual, defiende la necesidad de una universidad crítica, reflexiva y combativa, alejada de la pretensión de convertirla simplemente en una fábrica de mano de obra más o menos cualificada para el mercado. Aboga por defender a toda costa los derechos laborales de todos los sectores que forman parte de la vida universitaria, exigiendo que se dote a estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios de los medios para el desempeño de una docencia y una investigación de calidad. La situación actual requiere de miradas críticas, actuaciones valientes, compromisos firmes y enorme generosidad en la negociación para hacer posible que todas las partes implicadas en la universidad hagan de esta el medio académico en el que se conjuguen la justicia, el respeto y la dignidad de todas las personas con la calidad docente, el impacto de las investigaciones y la transferencia a la sociedad.
POR UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS EN DEFENSA DEL EMPLEO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR UNA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA
En estos tiempos difíciles queremos mostrar, en primer lugar, nuestra solidaridad con las personas enfermas, así como transmitir nuestras condolencias a las familias de las víctimas. La pandemia de la Covid-19 nos ha enseñado muchas cosas en las que tenemos que basarnos para construir nuestro futuro. Nos ha vuelto a enseñar el valor de los servicios públicos, de la Sanidad, de la Educación, de los Servicios Sociales y las Pensiones Públicas, de los sectores agroalimentario, del comercio y del transporte. ¿Qué hubiera sido de la mayoría de la población sin esos servicios?
Desde el reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores públicos del sector sanitario por su entrega, esfuerzo y compromiso exigidos por la crisis de salud, así como al resto de personas trabajadoras de los demás sectores y servicios esenciales, que han demostrado quienes son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras sociedades, hacemos un llamamiento a la movilización, en esta ocasión, en defensa de la Sanidad y la Educación públicas, para que nunca más haya recortes, para recuperar todo lo que se ha recortado y devolver a lo público todas las privatizaciones para garantizar que los servicios básicos lleguen a toda la población.
La crisis de 2008 del sistema económico y social capitalista intensificó la explotación de las trabajadoras y trabajadores, con recortes en los sueldos, aumento de la jornada laboral, la extensión de la precarización del empleo y la pérdida de derechos laborales y sociales. Al mismo tiempo se desarticularon servicios públicos esenciales con recortes de plantillas y presupuestarios y con las privatizaciones. En definitiva, empeoraron todavía más las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora.
La nueva crisis derivada de la pandemia actual ha consolidado la precariedad laboral en la que se asentó la salida de la anterior crisis, ha incrementado el paro hasta porcentajes alarmantes, especialmente en los colectivos de mujeres y jóvenes, la mayoría sin ningún tipo de protección. Hay miles de andaluzas y andaluces al borde de la exclusión social, que se sumarían a todas las personas que ya se encuentran en esa situación, de ahí la importancia de blindar y hacer efectivas las medidas de protección social. Para combatir todas estas realidades exigimos la implantación de la Renta Básica y, de manera inmediata, la implantación de la Renta Básica de Emergencia.
La pandemia nos ha demostrado el valor de las personas trabajadoras para mantener a flote la sociedad. Por eso, el modelo económico y social que debe construirse tras la pandemia debe estar basado en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en primer lugar el derecho al trabajo y a un sueldo digno, en poner fin a la precariedad laboral, en la igualdad real de hombres y mujeres en salarios y condiciones laborales, en la eliminación de todas las normas que han recortado los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en la garantía de ingresos suficientes para todas las personas.
En nuestra tierra, es imprescindible que desde las instituciones se ayude a los municipios de acogida de trabajadores y trabajadoras temporeras a adaptar sus servicios públicos a la demanda estacional, y garantizar el acceso a una vivienda digna para la población migrante. Especialmente importante es exigir campañas de concienciación y medidas de sanción, denuncia y control para evitar abusos y agresiones sexuales a mujeres temporeras y exigiendo al gobierno central, con carácter urgente, la regularización de todas las migrantes, como primera medida que puede permitir garantizar su acceso a derechos sociales y laborales.
La pandemia nos ha demostrado también la debilidad de la estructura económica y los servicios públicos de Andalucía. Nos ha confirmado los graves problemas que supone la deslocalización de la producción en busca de mayores beneficios donde se paguen menos salarios y haya menos derechos laborales, la dependencia exclusiva de un sector servicios basado en bajos salarios, pocos derechos y gran desigualdad de trabajadoras y trabajadores, y la falta de una planificación económica que garantice la soberanía productiva de nuestra tierra. Apostamos por un desarrollo
industrial y agroalimentario andaluz basado en el desarrollo tecnológico y medioambiental, en la I+D+i. Rechazamos volver a un mundo donde los cierres de empresas se decidan en función del mayor beneficio de sus accionistas, y a costa de los puestos de trabajo.
La ciudadanía no puede permitirse una “reconstrucción” que genere más desigualdades, por tanto, el modelo económico y social debe basarse en los intereses de la inmensa mayoría de la población, basado en buenos servicios públicos de calidad y dotados de personal y presupuesto suficiente, en planes de empleo público, un orden que defienda a las personas mayores, que garantice la igualdad de hombres y mujeres y un futuro para la juventud. Un nuevo modelo que atienda la emergencia climática y respete la naturaleza. Y que financien este cambio los que más tienen, la minoría del 1% que tiene más del 30% de la riqueza del país. Todo ello desde una perspectiva de defensa de los intereses y el futuro de Andalucía.
Sin embargo nada de esto está ocurriendo ni en Andalucía ni en el conjunto del Estado. Los servicios públicos, y en especial nuestro sistema sanitario, están en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones. Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras siguen siendo prácticamente las mismas a las de la primera ola de la pandemia. Es inadmisible. Seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes a la vez que muchas niñas y niños están en nuestras escuelas sin que se cumplan las medidas básicas de distanciamiento físico, al igual que ocurre en la gran mayoría de los centros de trabajo y en los transportes públicos. Medidas llevadas a cabo por parte del gobierno central no han respondido suficientemente a las necesidades reales de la mayoría, en relación a la prohibición de los despidos, las enormes dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital, etc. Las cuantiosas subvenciones a empresas y una hibernación económica que apenas duró 9 días muestran una vez más que los beneficios de la patronal parecen valer más que las vidas de los y las trabajadoras. Y por si todo esto fuese poco, un horizonte preocupante con anuncios que ponen en peligro nuestras pensiones y nuestros salarios. Basta ya de concesiones a la patronal y al capital. Hay que enfrentarse a los intereses de los que acaparan las riquezas. No al pago de la deuda, devolución de los 65.000 millones del rescate bancario y todos los medios de la sanidad privada a disposición de la sanidad pública.
Defendemos una sociedad con energías limpias y sostenibles, cuya producción sea respetuosa con el medioambiente, que garanticen unos precios asequibles para todos y no sean un elemento más de lucro para los poderosos a costa de los más débiles. Exigimos una sociedad que ponga fin, de una vez, a todo tipo de violencia contra las mujeres.
Nada de lo que necesitamos nos lo van a regalar. Como con todos los derechos, hay que movilizarse para conseguirlo. Por eso llamamos a una movilización andaluza, descentralizada en las provincias, el próximo 7 de noviembre por la Sanidad y la Educación públicas y por el Empleo digno. Por una renta básica de emergencia.
Con las necesarias medidas sanitarias de protección, volvemos a las calles.
Aterroriza a la patronal,
organízate y lucha,
AFÍLIATE
Guillermo García-Contreras Ruiz es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Especialista en Arqueología Medieval, se licenció y doctoró en la Universidad de Granada y ha realizado estancias en distintas universidades europeas de Polonia, Italia y Reino Unido como parte de su experiencia postdoctoral.
Se presenta a la Junta de Facultad con el convencimiento de que es posible defender y mantener una universidad cien por cien pública en la que primen la alta calidad de una docencia digna con una investigación de impacto no exenta de derechos. Defiende el respeto a la diversidad como una de las insignias de la educación universitaria, aboga por la particularidad y la singularidad alejada de la globalización que pretende, bajo supuestos estándares de calidad, hacernos a todos iguales por abajo. Firmemente convencido de que la cooperación y la colaboración de grupos de trabajo docentes o de investigación es la única forma de mantener los elevados niveles de exigencia académica que nos demanda el avance de la sociedad actual, defiende la necesidad de una universidad crítica, reflexiva y combativa, alejada de la pretensión de convertirla simplemente en una fábrica de mano de obra más o menos cualificada para el mercado. Aboga por defender a toda costa los derechos laborales de todos los sectores que forman parte de la vida universitaria, exigiendo que se dote a estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios de los medios para el desempeño de una docencia y una investigación de calidad. La situación actual requiere de miradas críticas, actuaciones valientes, compromisos firmes y enorme generosidad en la negociación para hacer posible que todas las partes implicadas en la universidad hagan de esta el medio académico en el que se conjuguen la justicia, el respeto y la dignidad de todas las personas con la calidad docente, el impacto de las investigaciones y la transferencia a la sociedad.
Estamos en la segunda ola de la pandemia y lejos de haber prevenido lo que era evidente, nos encontramos ante un panorama similar al de la primera: En Sanidad tenemos una atención primaria colapsada, con profesionales agotados, saturados de trabajo, consultas sobrecargadas con esperas de10-15 días para un primer contacto telefónico con nuestro médico y centros de salud convertidos en bunkers donde es imposible acceder o contactar.De igual modo, en Educación nos encontramos con docentes dedicados a tareas de carácter sanitario y de prevención de riesgos laborales, con medios insuficientes, con aulas sin poder respetarse las distancias mínimas de seguridad, con el cierre de aulas matinales y comedores escolares. Y con más de 1300 informes de personal vulnerable para el que no se ha previsto ninguna medida real.Esta situación no es casual, tiene unos responsables: ni desde la Junta de Andalucía ni desde el gobierno central se han tomado medidas que reviertan la situación: ni aumento real de plantillas, ni bajadas reales de ratios, una prohibición de los despidos que no ha sido tal, dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital, ERTES pagados con el dinero de l@s trabajadores… políticas por las que esta crisis la pagamos l@s mism@s de siempre, pareciendo que los beneficios de la patronal valen más que nuestras vidas. Así, ante la situación de colapso del sistema sanitario y los centros de salud, ante la falta de respuestas por parte de los gobiernos central y autónomico, ante los problemas en el comienzo del curso y la reapertura de los centros escolares, invitamos a los vecinos y vecinas y a los trabajadores y trabajadoras de los centros escolares y de salud al encuentro que tendrá lugar este próximo jueves 29 de octubre a las 18 horas en la plaza Sol y Luna, junto a la Avenida de Dilar para poder dialogar sobre la situación que vivimos y las medidas a tomar para defender nuestros servicios públicos de educación y sanidad con la calidad que necesitamos en un barrio obrero como el nuestro. Y por las mismas razones, nos movilizaremos el día 7 de noviembre, de manera coordinada a lo largo de Andalucía y del Estado. EXIGIMOS:
1- En los centros de Atención Primaria: aumento de las plantillas, agilización de las citas previas y las bajas laborales, apertura de los centros de Atención Primaria mañana y tarde, cobertura inmediata de todas las bajas, permisos y periodos vacacionales.
2-En los centros educativos: reducción de las ratios, aumento de la plantilla docente y laboral, inversión en infraestructuras, coordinación con las administraciones locales para cesión de espacios.
3-Eliminación de los conciertos sanitarios y educativos para acabar con la transferencia de recursos públicos a manos privadas.
4- Aplicación estricta de la Ley de Prevención de Riesgos laborales.
5- Medidas COVID con el incremento de epidemiólogos y de rastreadores, agilización del servicio salud responde. 6- Transparencia económica e informativa sobre el destino de las partidas económicas implementadas y sobre los casos de contagio.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Granada ante las medidas excepcionales y la pandemia del Covid 19.
A propósito del toque de queda, el cierre perimetral y las medidas excepcionales que se impondrán hasta mayo del 2021.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores y trabajadoras (SAT) en el Territorio de Granada, mediante el presente escrito quiere hacer llegar a la Clase trabajadora granadina y a la ciudadanía en general un somero análisis de lo que vienen a significar el cierre perimetral que en la capital y en 33 municipios vamos a sufrir, así como la incidencia que el resto de medidas arbitradas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de Madrid tendrán sobre nuestros trabajos, vida y derechos.
Y decimos que “nos afectará”, porque, desde luego, no ignoramos ni las dramáticas consecuencias que conlleva la pandemia que padecemos ni que ante situaciones de riesgo generalizado debe ser la sociedad en su conjunto la que arrime el hombro en aras de superar la pandemia que efectivamente sufrimos. Pero a situaciones excepcionales deben aplicarse medidas excepcionales que, ante el caso que nos ocupa y como un sindicato de Clase que somos, entendemos deben de pasar por una defensa y salvaguarda de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de las personas más vulnerables y desfavorecidas. Los ricos y poderosos, los que siguen ganando más pese a la pandemia, son los que más deben de aportar y a ellos es a quien hay que exigirles un sacrifico mayor. Muy al contrario, las actuaciones emprendidas desde un inicio, tanto desde desde Madrid como desde el gobierno autónomo, han obviado que la actual crisis económica que padecemos y que se agravará con el paso de los meses no es resultado de la pandemia, sino que a causa de ésta ha venido la crisis a adelantarse en el tiempo, pues desde hacía años se nos venía anunciando.
Distintos gobiernos, similares medidas.
A nadie se nos debe escapar que el gobierno del trifachito de Sevilla ha venido para saquear los servicios públicos, a potenciar los intereses privados frente a los beneficios que otorgan al conjunto de la sociedad los servicios públicos en materia sanitaria, educativa, etc y que componen un elemento nivelador de desigualdades y conforman una serie de recursos indispensables para que la Clase Trabajadora pueda ver cubiertas sus necesidades básicas e indispensables sin tener que pagar por lo que es un derecho.
Las iniciativas legisladoras emprendidas por PP y Ciudadanos desde su llegada al poder – siempre con el indispensable visto bueno de Vox, su atípico socio de gobierno – no dejan lugar a dudas. Todas ellas han venido a desregularizar materias tales como empleo, medio ambiente y a limitar tanto la Enseñanza como la Sanidad públicas, tan sólo por poner unos ejemplos. Legislar para empresas y capitales es el verdadero leitmotiv del gobierno de Moreno que viene a acelerar las políticas similares que el PSOE impulsara durante los cuarenta años en que ejerció el monopolio del poder en la castigada, infradesarrollada y dependiente Andalucía.
Las iniciativas legisladoras emprendidas por PP y Ciudadanos desde su llegada al poder – siempre con el indispensable visto bueno de Vox, su atípico socio de gobierno – no dejan lugar a dudas. Todas ellas han venido a desregularizar materias tales como empleo, medio ambiente y a limitar tanto la Enseñanza como la Sanidad públicas, tan sólo por poner unos ejemplos. Legislar para empresas y capitales es el verdadero leitmotiv del gobierno de Moreno que viene a acelerar las políticas similares que el PSOE impulsara durante los cuarenta años en que ejerció el monopolio del poder en la castigada, infradesarrollada y dependiente Andalucía. Y si tales medidas privatizadoras ya se fomentaron desde antes de la aparición de la pandemia, poco o nada debiera sorprendernos que las nuevas medidas ejecutadas para frenar la extensión de la misma transiten por caminos similares.
Esto nos traería a, quizá, confiar en que las iniciativas del gobierno “progresista” de Madrid sí buscarían la defensa de trabajadores y desfavorecidos, pero desde un primer momento hemos podido observar de qué manera el monto fundamental de las ayudas, préstamos y regalías han vuelto mayoritariamente a los bolsillos de los mismos: empresarios, banqueros y grandes corporaciones. Así, las medidas de carácter finalista y que suponen una inmensa porción de la tarta que pagaremos todos y todas han ido destinas a mantener empresas, bancos y a tener contento al gran Capital y a sus garantes de la Unión Europea, mientras que las que han ido dirigidas hacia la Clase Trabajadora son más de lo mismo: subsidios, prestaciones por desempleo o aplazamientos de deudas – que no condonaciones como, por ejemplo hacen con los bancos – o lo que significa el trocito más ínfimo de ese pastel que poníamos como ejemplo.
Es más, la aplicación de los ERTEs ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo descomunal para trabajadores y trabajadoras y han evidenciado hasta qué punto hay un mayúsculo fraude en la contratación, se han producido centenares de miles de despidos, no se arbitrado ningún freno ni control efectivo contra los abusos patronales y la implementación de nuevos subidos anunciados a bombo y platillo – como el Ingreso Mínimo Vital- han resultado ser un fiasco.
Concluiremos que tanto el gobierno de Madrid como el de la Junta no han legislado para los más débiles, para los desfavorecidos, para los trabajadores y trabajadoras. Es más, el quebranto sufrido por la Sanidad Publica y su atención primaria en las últimas décadas, verdadera salvaguarda de la salud ciudadana, no se ve subsanado, al igual que persiste el progresivo cierre y descenso de camas hospitalarias por habitante. Los profesionales que integran los trabajadores de la Sanidad Pública (limpiadoras, celadores, sanitarios, médicos y enfermeras, etc) han sufrido y sufren un verdadero infierno en sus trabajos y nadie mejor que ellos para ilustrar este descalabro sanitario.
Cierre perimetral de Granada y su Vega y medidas excepcionales hasta mayo de 2021.
Cuando los gobiernos de turno priorizan los beneficios de las empresas y los mercados y esta prioridad es la que guía sus decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Es por ello que todas las medidas sanitarias y de control que ahora vuelven a generalizarse nos causen desconfianza por su falta de rigor y por venir de donde vienen.
Cuando los gobiernos de turno priorizan los beneficios de las empresas y los mercados y esta prioridad es la que guía sus decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Es por ello que todas las medidas sanitarias y de control que ahora vuelven a generalizarse nos causen desconfianza por su falta de rigor y por venir de donde vienen.
Ni Moreno ni el tándem Sánchez-Iglesias, ni los ayuntamientos granadinos han puesto en marcha las medidas que hacen falta para frenar al virus porque son las mismas que no son del agrado de los grandes podres económicos. Existen medidas para frenar la epidemia, medidas que nunca se aplicarán porque no son del gusto de los poderosos y porque los gobernantes entienden que los beneficios económicos de la clase empresarial y financiera deben ser salvaguardados a cualquier instancia. Tras los dos meses y medio de confinamiento se volvió a la “nueva normalidad” para que empresarios y banqueros no temieran por sus beneficios y, a partir de ahí, se sacrificó el interés general para priorizar las carteras de los poderosos. ¿Alguien podía pensar que una Granada llena hasta los topes de turistas en el puente del 12 de octubre no iba a traer consecuencias, que volver a la “normalidad” para no afectar a las empresas no aumentaría la tasa de contagios? ¿Alguien pensaba que la vuelta a las escuelas, con clases masificadas por los recortes no implicaría una mayor expansión del virus? ¿ Alguien cree que infradotando a la Sanidad Pública y haciendo oídos sordos a las medidas preventivas de carácter sanitario y social íbamos por buen camino? ¿ Qué sentido real y efectividad tiene encerrar a medio millón de granadinos y granadinas en una bolsa de la que no deben salir pero que forzosamente va a seguir comunicada y con desplazamientos constantes y diarios por su interior?
En marzo de este año, desde el SAT – y así lo hicieron otras organizaciones y movimientos sociales- ya advertimos que la salida de la crisis sanitaria que pone en peligro nuestras vidas exigía sacrificios reales dada la innegable existencia y amenaza de la pandemia, pero que estas medidas debían ejercerse desde el esfuerzo y compromiso de TODOS Y TODAS, no sólo por parte de la Clase Obrera. Volvimos a repetirlo coincidiendo con el 1º de Mayo y destacamos que es imposible luchar de forma efectiva contra la pandemia si no se arbitran medidas que orienten en otra dirección el sistema económico y político que padecemos, verdadera pandemia mundial que ya dura unos siglos. También dijimos que los derechos de trabajadoras y trabajadores deben ser respetados y que debiera huirse de medidas de control social más orientadas a evitar protestas ciudadanas que a combatir el virus.
Es por ello que entendemos que confinamientos, toques de queda, restricciones, etc o se aplican por igual para todos o no tienen utilidad ninguna ni para la Salud Pública ni para nuestro futuro.
Por ello, insistimos.
– Que hay que reforzar el sistema sanitario público, adoptando medidas urgentes para descongestionarlo y asegurar su futuro dotando de recursos a la atención primaria, hospitales, Ayuda a Domicilio y residencias. También hay que ampliar los fondos y el personal para rastrear y diagnosticar la COVID19.
– Hay que llevar a cabo una prevención y salvaguarda de la salud en los centros de trabajo y si ello no es posible, hay que cerrar los no esenciales, asegurando el 100% de los salarios. Igualmente, es necesario,proteger a las y los trabajadores del campo, eximiéndolos del requisito de las peonadas y hay que defender a los más desfavorecidos. Hay que atender urgentemente a los temporeros del campo.
– Hay que incrementar las frecuencias del transporte público en toda el área metropolitana de Granada con el fin de evitar aglomeraciones y masificación.
– Hay que aumentar presupuestos, dotaciones y enseñantes en el sector educativo público reduciendo la ratio a 12 alumnos por aula.
– Hay que cubrir económicamente a las trabajadoras y trabajadores que tengan que confinarse o se encuentren en situación de paro, velando por su derecho a la vivienda y a los suministros básicos (electricidad, agua, etc).
– No se puede abandonar a nuestros mayores, enfermos o personas en situación de riesgo, imponiéndose desarrollar todos los recursos necesarios para dar acompañamiento y apoyo en tareas cotidianas a estas personas.
Con el 4 de Diciembre, día Nacional de Andalucía muy próximo, debemos exigir la plena soberanía para nuestra maltratada tierra para, desde ahí, asegurar un futuro más justo donde se para mantener nuestras libertades y se produzca un cambio hacia un modelo productivo, económico y político que priorice la vida y el bienestar humano frente a los beneficios de los poderosos.
Si no tenemos soberanía no podremos exigir este cambio y sin este cambio no puede haber futuro en un mundo dirigido por una élite que quiere mantener a toda costa las cuentas de beneficios de empresarios y banqueros por encima de la vida humana. Hay que redistribuir la riqueza en manos de quienes la producimos.
Defendamos la vida y el futuro para nuestra tierra y nuestro planeta.
Dado en Granada el 27 de octubre del 2020.
Unión Territorial del SAT de Granada.
El portavoz territorial.
Paco Cabello.
Anoche, miércoles 14 de octubre de 2020 se publicaron en BOJA las medidas en relación con el desarrollo de la actividad académica de la UGR.
Desde la Coalición CTI-SAT observamos con indignación como se toman decisiones sin pies ni cabeza por parte de una clase política que no está a la altura.
-. ¿Por qué se cierran las cafeterías y Comedores universitarios si se cumplen todas las medidas de seguridad y prevención respecto al COVID-19?
Ahora el personal de la UGR tendrá que salir a desayunar y comer fuera de sus instalaciones, donde será más probable contagiarse del virus.
-. ¿Por qué se cierran laboratorios, bibliotecas y demás servicios donde se cumple con el aforo y de nuevo con todas las medidas higiénicas?
Ahora el estudiantado se tendrá que desplazar a Bibliotecas u otras salas de estudio ajenas a la UGR, donde será muy posible coger el virus.
El alumnado además de no poder asistir a clase se tendrá que buscar la vida para comer en otros sitios, donde la calidad de la comida dejará mucho que desear y seguro que no podrán comerse un menú que reúna todos los nutrientes necesarios por 3,50€.
Eso sí, tendrán que seguir pagando los alquileres y reactivando la economía de la ciudad, para eso no son contagiosos.
-. ¿Hay alguna ojeriza por parte de la Junta de Andalucía a nuestra institución?
En el correo institucional que nos han enviado desde la institución, nos trasladan lo siguiente:
“nuestra lealtad institucional nos lleva a aplicar estas medidas y a trasladar a la comunidad universitaria la siguiente información”
Pues bien, la coalición CTI-SAT, a las únicas personas que les debemos lealtad es a la clase trabajadora y a la comunidad universitaria.
Por lo que seguiremos expresando nuestro rechazo a las medidas tomadas y estaremos atentos para apoyar a LA INSTITUCIÓN en lo que nos necesite.
Saludos!!!
SAT y CTI en la UGR
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras - Granada 
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