Desde las 9’30 horas y en la puerta de los Juzgados de La Caleta de Granada, diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas manifestarán su apoyo a la delegada sindical del SAT Vanesa Sánchez, despedida por su actividad sindical en la delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada.
La trabajadora, con una antigüedad de 11 años en la empresa, fue despedida el pasado noviembre del 2019 y desde entonces lleva protagonizando junto al Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) y la Asamblea Interprofesional de Granada una lucha ejemplar en defensa de su empleo y derechos a la libre sindicación y la Libertad Sindical que se ha concretado en una treintena de concentraciones, manifestaciones y actos reivindicativos
Finalmente, este lunes 8 de junio y a las 11’00 horas en el Juzgado de lo Social n.º 5 de Granada, se llevará a cabo la vista de la primera de las tres denuncias que tienen presentadas la trabajadora y su sindicato.
La campaña en solidaridad con Vanesa Sánchez ha alcanzado una tremenda repercusión, concitando el apoyo de sindicatos, secciones sindicales y comités de empresa de todo el Estado Español y muestras de solidaridad llegadas desde Europa, América y África los cuales han suscrito un manifiesto en defensa de la trabajadora que fue remitido el pasado jueves 4 de junio al Vicepresidente de la Junta de Andalucía.
Desde el Sindicato Andaluz SAT se considera que “los tribunales de justicia deben reconocer las justas reivindicaciones de nuestra compañera Vanesa Sánchez y reparar definitivamente la injusticia cometida con esta trabajadora”.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ha remitido hoy un escrito al vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, exigiendo la readmisión de la delegada sindical despedida en la Delegación de Turismo en Granada.
La trabajadora y representante sindical, Vanesa Sánchez, fue despedida en noviembre del 2019 de la empresa encargada de la limpieza de las oficinas y dependencias de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, RYDALCA, tras el traslado de la sede la Delegación Territorial a unas nuevas dependencias en la Avenida de Madrid. Todos los trabajadores y trabajadoras que prestaban servicio en el edifico anterior vieron subrogados sus contratos por las nuevas empresas excepto la delegada sindical. El hecho de llevar once años trabajando en la Delegación de Turismo no ha sido motivo más que suficiente para que esta madre de familia siguiera trabajando como venía haciéndolo desde entonces.
Protesta en el interior de la sede de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada
Vanesa Sánchez como desgraciadamente suele pasar en sectores indispensables e invisibilizados como el de la limpieza, ha sufrido el ninguneo y se ha visto imposibilitada de ejercer su derecho al trabajo, a un trabajo digno, siendo impedido el derecho a la libre sindicación, a la Libertad Sindical y a la defensa de sus derechos y el de sus compañeros y compañeras. No debemos olvidar que estamos ante un sector altamente feminizado, donde el trabajo de las mujeres es infravalorado, mal remunerado y en desigualdad con el de sus compañeros, lo que no ha sido óbice para que la trabajadora junto a su sindicato y numerosos colectivos, partidos y asociaciones hayan desarrollado desde el día de su despido una intensa y ejemplar campaña reivindicativa consistente en una treintena de concentraciones, manifestaciones, numerosos actos públicos, difusión en foros estatales e internacionales de su caso, etc.
Ante la inminencia del primer juicio que afrontará Vanesa (lunes 8 de junio a las 11 horas en el Juzgado de lo Social n.º 5 de Granada), el Sindicato Andaluz ha hecho llegar hoy al vicepresidente de la Junta un escrito firmado por más de 300 entidades (sindicatos, partidos políticos, Ayuntamientos y alcaldes, asociaciones y personalidades, etc.) mediante adhesiones recogidas en el último mes.
El SAT tiene convocadas sendas concentraciones para el viernes 5 de y lunes 8 de junio , a las 12’00 horas en la Delegación de Turismo de Granada y a las 9’30 horas en los Juzgados de La caleta, respectivamente, para las cuales serán convocados oportunamente los medios de prensa granadinos.
CAMPAÑA POR LA READMISIÓN DE VANESA Y POR UN TRABAJO CON DERECHOS EN EL SECTOR DE LA LIMPIEZA ✊
Vanesa, delegada sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) en la empresa encargada de la limpieza de las oficinas y dependencias de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada RYDALCA, fue despedida (después de 11 años como fija) tras el traslado de la sede de la Delegación Territorial a la Avenida de Madrid de Granada. Todos los trabajadores y trabajadoras que prestaban servicio en las anteriores dependencias fueron subrogados por la nueva empresa concesionaria EXCEPTO VANESA.
El juicio de nuestra compañera Vanesa se celebrará el próximo lunes 8 de junio a las 11:00 horas en el Juzgado de lo Social n.º 5 de Granada. Se enviará una convocatoria con un cartel específico para esto con el horario de la concentración.
1️⃣- Esta semana volvemos a las calles. Este viernes 5 de Junio estaremos en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada (Avenida de Madrid, 7). Pero también os pedimos un último esfuerzo a quienes estáis fuera para la campaña por RRSS, así que también estaremos de 12 a 14:00 (si no puedes por trabajo o estudios puedes dejar tu mensaje más tarde) por Twitter y Facebook
🚨 Hashtags y cuentas a las que dirigirse PRIORITARIAMENTE 🚨
Juan Marín:
– Facebook: @JuanMarinCs
– Twitter: @JuanMarin_Cs
2️⃣- Vídeos de apoyo (ESTA CAMPAÑA SERA PERMANENTE: PODÉIS MANDAR TODOS LOS VÍDEOS QUE PODÁIS):
🎥 Agradecemos a todos las organizaciones sindicales, partidos, plataformas, asociaciones, colectivos y personas que han realizado un video de apoyo a Vanesa exigiendo su readmisión y explicando por qué apoyan esta lucha su aportación. Esta semana todavía podéis enviar quienes faltéis. El juicio es este lunes, empujemos en la recta final por ¡VANESA READMISIÓN YA!
Los seis trabajadores que conforman el Servicio de Atención y Soporte Técnico a Usuarios de la Universidad de Granada (con más de 11 años de antigüedad en sus puestos de trabajo) pueden ser despedidos si se produce el cambio de empresa que presta el servicio, dado que la UGR no ha incluido en el pliego de condiciones la obligatoriedad de subrogar los contratos de los trabajadores.
Los trabajadores que prestan un servicio fundamental de soporte y asistencia informática para la comunidad universitaria, cuyo servicio ya fue privatizado en su día, ven el futuro de sus empleos en la “cuerda floja” tras la redacción del pliego de descripciones técnicas que efectuó la Gerencia de la institución académica y en la que deja vía libre al despido de los trabajadores.
Estos seis informáticos que hasta ahora prestaban sus servicios para la contrata BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS (empresa granadina que, en su día, les estafó y obligó a renunciar a sus antigüedades en el servicio), podrían ser despedidos de no ser que la UGR interviniera e incluyera en el pliego de condiciones la obligatoriedad de que la sucesión de empresas traiga aparejada la subrogación de los contratos de los trabajadores.
GPIC (GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SL), la empresa sevillana que presumiblemente se quedará con el contrato ( con la aprobación y visto bueno de la UGR) ya ha manifestado su intención de despedir a todos los trabajadores dejando a seis familias sin ninguna fuente de ingresos, siendo esto una actuación impropia de una empresa que quiere quedarse con un servicio obtenido mediante contratación pública.
El pasado viernes 29 de mayo, el comité de empresa del personal laboral (PAS) adoptó por unanimidad el acuerdo de exigir explicaciones y responsabilidades a la gerente M.ª del Mar Holgado sobre el despido de estos 6 trabajadores, la cual hoy a manifestado a los representantes de los trabajadores que “se lavaba las manos” ante una decisión que se encuentra absolutamente condicionada por la manera en que se ha realizado el pliego de descripciones técnicas y que expresamente conculca el derecho de los trabajadores y la propia reglamentación impuesta por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que entró en vigor el 9 de marzo de ese año y en la que se recogen importantes instrumentos de la llamada Estrategia Europa 2020: la Directiva 2014/23, sobre la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24, sobre contratación pública, que impone a las empresas que quieran participar en estas contrataciones el cumplimiento de una serie de requisitos en los órdenes social, laboral, medioambiental, etc., cuya inobservancia conllevaría la prohibición para las empresas de participar en las adjudicaciones de contratos públicos.
Por todo ello, desde la sección sindical del SAT en BIOS Technology Solutions, como desde la secretaría jurídica del sindicato, se va a proceder a impugnar el contrato público antes referido, a la vez que van a comenzar las movilizaciones para que el derecho de nuestros compañeros sea restablecido y puedan seguir trabajando en la Universidad.
Este mes de mayo la actualidad informativa nos ha dejado tres noticias destacadas en relación al mundo del trabajo, unas más importantes que otras, aunque el ruido mediático se dio en relación inversamente proporcional a esta importancia.
Por un lado tenemos dos de ellas: la firma del «Acuerdo Social en Defensa del Empleo», del que no nos extenderemos aquí más ya que desde el sindicato se ha elaborado un artículo al respecto1, y la publicación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Muy brevemente, pues el asunto del artículo es otro, hay que señalar algo con respecto a este real decreto: supone una victoria para las posiciones de la patronal ya que, en su disposición adicional sexta, posibilita que en las empresas con alta variabilidad o estacionalidad del empleo y en aquellas que concurra riesgo de concurso de acreedores (de quiebra, vamos) no existirá obligación de mantener el empleo. Esto puede suponer, para el sector de la hostelería y el turismo, la salida en dirección a la cola del paro a numerosas trabajadoras y trabajadores.
Por otro lado, la tercera noticia: el ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificó al sector turístico como «estacional, precario y de bajo valor añadido». Es decir, dijo algo obvio, lo que motivó la petición de rectificación o dimisión de la Mesa del Turismo -que agrupa a unos cincuenta profesionales del sector y miembros de la patronal-. Por supuesto, ni cuestionamos la veracidad de sus palabras (ya conocemos el sector), ni consideramos que su declaración per se atente contra las y los trabajadores del sector, pero nadie podrá negar la pasividad del ministro en particular y del gobierno en general para erradicar la situación precaria que se viene sufriendo desde años en el sector del turismo y de la que son plenamente conscientes.
Pero sucede que la patronal es perfectamente consciente del recrudecimiento de la lucha de clases, y sabe salvaguardar sus intereses y mantener en la línea que a ella conviene a los gobiernos de turno. Más o menos a la par que Garzón, a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, por hacer otra obviedad, ordenar que las inspecciones de Trabajo velen por el cumplimiento de las condiciones laborales, en este caso en el campo (sector donde semana sí, semana también, encontramos casos de abusos de todo tipo y pelaje), la patronal agrícola también este mes le pide la cabeza.
Con respecto a la cuestión del turismo, y ya vamos entrando en la materia del artículo, muchas voces (léase voceros) salieron en defensa del sector (léase de la patronal del mismo): Juanma Moreno, presidente andaluz, presidentes de diputaciones provinciales… La cantinela es siempre la misma, el sector es muy importante para la comunidad y aporta «progreso». Lo que no está claro es para qué clase, si la trabajadora u otra.
Vivimos tiempos difíciles, en los que la lucha de clases nos deja tan a la defensiva que señalar lo obvio es motivo de ataque. No está en nuestro ánimo salir en defensa del ministro de Consumo (señalaremos rápidamente que la subida de precios en la cesta básica de alimentos es algo que entra dentro del campo de su ministerio. La campaña contra el juego se comenta sola, para muestra el botón de la línea de la revista digital de la patronal del Juego, https://www.azarplus.com/, bastante complacida con el mismo) ni de la ministra de Trabajo (hemos señalado arriba un gol que la patronal ha colado en la negociación al ministerio y a las centrales sindicales CCOO y UGT).
Eso sí, saludamos que gracias a estas noticias se ponga el foco en el sector. Nunca está de más relatar la situación de un sector, el turístico (y no hablamos del campo porque no es objeto de este artículo, pero podríamos estar largo rato), en el cual la precariedad y la estacionalidad son la norma. Por más mentiras que escuchemos al respecto, más o menos «documentadas». En el Granada Hoy del 17 de mayo, podemos leer en la columna «El balcón» de Ignacio Martínez (@imartinezcano en Twitter, síganlo para más chorradas) que, citamos:
«[…] el sector servicios aporta mucho más valor añadido que la industria, convirtiendo recursos en productos, sin tener en bastantes casos que comprar materias primas. Y precariedad o temporalidad son conceptos aplicables a otros sectores u otros países.»
Luego, en la citada red social, insistía en esa idea: turismo como motor económico, sector servicios como generador de mayor valor añadido que la industria.
Por falta de espacio, no vamos a entrar en la cuestión de la generación de mayor o menor valor añadido que la industria (aunque adelantamos que discrepamos profundamente de esa afirmación).
Respecto a la estacionalidad, podemos decir que en Andalucía la tasa de temporalidad2 no ha bajado del 45% en el periodo 2015-2018, en el que hubo una recuperación de la economía posterior a la crisis de 2008. Es por cierto, en estos cuatro años, que se produce la tasa de temporalidad más elevada de todo el periodo 2008-2018. Señal de que el crecimiento del empleo en este sector tiene su base en la estacionalidad del mismo, y en la vinculación a la demanda.
Y además de estacional, precario, y en fraude de ley, y… Sólo en nuestra provincia, unas 23.000 mujeres y hombres trabajan en el sector turístico. Calculamos que unos 19.500 de estos contratos están realizados en fraude de ley, y estaría por otra parte la cifra (incierta) de personas trabajando sin contrato. Todo esto se traduce en menores cotizaciones a la Seguridad Social, y en una pérdida para las arcas públicas que en otro artículo3 ciframos en unos 47.000.000 de € al año. Para 2018 un total de 399.200 personas se ocuparon en Andalucía en la industria turística. Hagan cuentas: una regla de tres da algo más de 800.000.000 millones de euros. Ochocientos. Millones. Sólo en Andalucía. Aparte de nuestra tierra, hay más lugares donde el turismo está «generando» riqueza.
Podríamos estar así largo rato. Tampoco es necesario. Quienes trabajamos mayormente sobrevivimos en este sector sabemos perfectamente cuáles son las condiciones. Y cualquiera con dos dedos de frente y un mínimo de conciencia social.
Ante un horizonte de horas extra sin cobrar, de horas sin cotizar (la Nueva Normalidad se parece mucho a la de toda la vida), y de previsión de bajadas salariales, podemos preguntarnos, ¿es el turismo 1) una fuente de riqueza o 2) un caldo de cultivo para la pobreza? La respuesta está en función del punto de vista (de clase) que adoptemos: para la patronal del sector es lo primero, y pretenden con uñas y dientes que siga siendo así, a costa de los y las trabajadoras. En nuestra mano, en nuestra organización para afrontar los ataques que vienen y organizar la ofensiva por nuestros derechos, está evitar lo segundo.
LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE AL USUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Son trabajadores que realizan un trabajo esencial para la Universidad de Granada y para toda la comunidad universitaria, pero ni la gerencia ni sus jefes les echan cuentas. Son 6 trabajadores con antigüedades de hasta 11 años que siguen viendo cómo la Universidad de Granada pasa olímpicamente de ellos y mantiene la privatización de este servicio esencial que realizan. En el año 2017 fueron engañados y obligados por una empresa granadina BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL a renunciar a sus antigüedades si querían seguir trabajando. Ahora, la Universidad pretende contratar a otra empresa. la sevillana GPIC, que quiere despedirlos a todos. Ni la gerencia de la Universidad, ni el director del CSIRC (estos con sus contratos fijos y muy bien pagados por la UGR) hacen nada para que se cumplan las leyes laborales y estos 6 trabajadores mantengan su empleo y puedan seguir sustentando a sus familias. Esto no se puede consentir: la Universidad de Granada debe comprometerse y llevar a cabo las actuaciones precisas para que los “6 de la UGR” no sean despedidos y para que sus contratos se subroguen. – Exigimos el mantenimiento del empleo público, de calidad y con todos los derechos. – No al mercachifleo de las vidas de trabajadores y sus familias por parte de la Universidad de Granada. – ¡ No al despido de los 6 de la UGR!
Sección Sindical del SAT en Bios Technology Solutions.
Hace años que venimos denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras la discriminación por cuestión de género en el mercado laboral.
Este es un problema que viene afectando a las mujeres trabajadoras y que hoy, se ve acentuado por la crisis sanitaria y económica del Covid-19.
Así nos lo revelan los alarmantes datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una tasa de empleo de las mujeres que se distancia de la de los hombres en 11,07 puntos porcentuales, con una tasa de paro de mujeres trabajadoras que supera en 3,5 puntos a la masculina mientras que la tasa de actividad está 10,6 puntos por debajo de la de los hombres.
Si nos ceñimos a los datos estadísticos, resultaría que casi un 47% de mujeres en edad de trabajar permanecen inactivas, porcentaje muy por encima al de los hombres. Pero, ¿engloban estas cifras a las mujeres que trabajan en economía sumergida?
Porque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social.
Limpiadoras, camareras, cocineras, empleadas del hogar, jornaleras, fregantinas… mujeres que trabajan en negro, o con contratos fraudulentos cotizando muchas menos horas de las que trabajan y, que cuando pierden sus empleos debido a la pandemia desatada por el Covid-19, se quedan o bien sin ningún tipo de ingreso o con una miserable prestación.
Tampoco podemos olvidar en esta lista de mujeres “inactivas” a todas aquellas mujeres cuya actividad se centra en los cuidados del hogar y de sus familiares.
Entre los sectores más afectados por esta crisis, se sitúa a la cabeza el sector servicios que casualmente o no, es un sector muy feminizado. Tan solo en este sector se concentra un 97% de la pérdida de puestos de trabajo, siendo un 48,42% mujeres.
Pero no ha sido este el único sector feminizado que ha sufrido el impacto económico de la crisis sanitaria, destaca también el sector de servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas) y otros sectores donde la presencia femenina supera el 67% de los empleos.
Que la tasa de desempleo femenino haya aumentado en los últimos meses hasta superar el 56% con una tendencia a la alza no es sino una correlación que viene determinada por el hecho de que somos las mujeres quienes sufrimos peores condiciones en el mercado laboral: contratos a tiempo parcial y/o temporales, por circunstancias de la producción…
Trabajos precarios, peor remunerados y que se caracterizan por la inseguridad laboral recaen fundamentalmente en las mujeres que hoy engloban las listas del paro o que han quedado en una situación de vulnerabilidad, de hambre y necesidad, sin ningún tipo de cobertura social al trabajar en economía sumergida.
Si bien es cierto que la pérdida de empleo ha afectado a la clase trabajadora en general, también lo es que no debemos olvidar las desigualdades implícitas en el actual sistema económico que discriminan a la mujer en el ámbito laboral (entre otros). Como tampoco podemos obviar que la creación de empleo no atiende a una política de igualdad entre hombres y mujeres, siendo nosotras, las trabajadoras las que más dificultades tenemos a la hora de incorporarnos al mercado laboral.
Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del covid-19 están siendo devastadoras para nosotras. Ya no solo perdemos nuestro empleo remunerado, sino que además el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres nos ha desbordado con el cierre de las escuelas y la atención a nuestros mayores en tiempos tan delicados para su salud y su bienestar. Un trabajo invisibilizado en condiciones cuasi esclavas que sin embargo es vital para el desarrollo de la economía.
Esta “nueva normalidad” es un atentado contra nuestros derechos y una negación de nuestras oportunidades para desarrollarnos en igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como personal.
No solo nos hemos convertido en víctimas quienes hemos perdido nuestros puestos de trabajo o quienes nos hemos visto afectadas por un ERTE o por la reducción de jornada, también han condenado a las trabajadoras de las empresas que han optado masivamente por la modalidad del teletrabajo
Es insostenible la sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres que tienen que compatibilizar teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia con las escuelas y los centros de día cerrados si no existe corresponsabilidad en los hogares o, si esta situación se da en hogares monoparentales (con un 82% de mujeres). Y es importante señalar, que la falta de responsabilidad compartida en el núcleo familiar es producto de una educación y una cultura que difícilmente vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y no debemos olvidar que esta cultura patriarcal ha sido alimentada por el propio sistema capitalista para explotar doblemente a la mujer, en su papel productivo, reproductivo y de cuidados.
Será pues, el propio sistema el que nos condene a las tareas del hogar para soportar su crisis económica y solo nos rescatará cuando necesite mano de obra barata.
No obstante, desde el Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras, creemos que la situación de la modalidad del teletrabajo no pasa exclusivamente por la corresponsabilidad, sino por una regularización de este sistema de trabajo: estableciendo mecanismos de control horario, de jornadas, calendario laboral, desconexión digital segura…y por supuesto, regularizando desde una perspectiva de género para que las mujeres podamos compatibilizar nuestros empleos con la vida, en general.
En este escenario de retroceso en los derechos y en la igualdad plena y efectiva de la mujer, hoy más que nunca se hace necesaria la lucha organizada donde las mujeres tengamos un papel protagonista.
La compañera despedida Vanesa Sánchez en un acto reivindicativo.
Y se hace necesario establecer lazos de solidaridad con las compañeras que luchan por nuestros derechos, como es el caso de nuestra compañera Vanesa, delegada sindical en el sector de la limpieza que fue despedida por defender los derechos de las trabajadoras en un sector altamente feminizado y por ende, precarizado. Una mujer trabajadora, madre de dos hijas que se enfrenta a las empresas RYDALCA, VERDIBLANCA y a la propia Junta de Andalucía, para defender su puesto de trabajo y dar dignidad a un sector en el que las mujeres no pueden ser sustituidas como fregonas ni se pueden barrer sus derechos.
En este contexto de crisis y de expolio a los derechos de las mujeres, que Vanesa recupere su puesto de trabajo y sus derechos es una batalla ganada en la guerra contra el sistema patriarcal y los gestores del capitalismo hacia nuestra igualdad.
Este 23 de mayo, a las 20 horas en la Plaza del Carmen de Granada, salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras,
PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…
…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.
La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.
La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.
Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.
Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:
– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad
– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras
– Ni una persona dependiente desprotegida
– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.
– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.
– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€
– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo
– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales
– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.
– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.
– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.
USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).
PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…
…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.
La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.
La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.
Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.
Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:
– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad
– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras
– Ni una persona dependiente desprotegida
– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.
– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.
– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€
– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo
– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales
– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.
– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.
– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.
USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).
Muchos trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE están teniendo problemas para cobrar la prestación. A otros se les demoran las prestaciones que deben recibir por otros conceptos ¿Qué hago si no he recibido las prestaciones que me corresponden del SEPE? Aquí tenéis cómo proceder.
¿CÓMO SÉ SI MI SOLICITUD DE PRESTACIONES ESTÁ APROBADA O DENEGADA?
Presentada la solicitud de prestaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está obligado a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla a la persona interesada. Una vez sea resuelta tu solicitud de prestaciones, recibirás en tu domicilio o en el que hayas facilitado para las notificaciones, la resolución del SEPE comunicándote si tu solicitud ha sido aprobada o denegada, indicándote los motivos en este último caso.
No obstante, en cualquier momento, podrás informarte sobre el estado de tramitación de uu expediente:
En la página Web del SEPE (si dispones de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.
En el servicio de atención telefónica a la ciudadanía Granada 958 900 598 y en el resto de provincias consulta aquí ).
En la oficina de prestaciones en la que presentaste tu solicitud, previa petición de cita (por teléfono o en la Web del SEPE).
Si transcurridos tres meses desde la fecha de presentación de su solicitud, no has recibido la resolución, se podrá entender que te ha sido denegada por silencio administrativo. En este caso, podrás presentar una reclamación previa a la vía judicial. (Fuente: SEPE https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/comunicaciones-resoluciones-reclamaciones/informacion-aprobacion-denegacion-solicitud.html ).
Cómo sabré si cobraré
Aunque muchos sí que han cobrado su prestación, cerca de uno de cada cuatro trabajadores todavía no lo han hecho y por lo tanto pueden consultar si su ERTE ha sido aprobado o no. Para hacer esta consulta se debe entrar en la sede del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE).
En la pestaña de procedimientos y servicios aparecerá un desplegable en el que hay que seleccionar el apartado «Personas».
Deberás seleccionar el apartado «Consulte los datos y recibo de su prestación» y pinchar en «Datos de contraste».
Una vez dentro se debe introducir el DNI, las 10 últimas posiciones de la cuenta bancaria y el número de teléfono. En el caso de que la prestación ya esté reconocida aparecerá la cuantía y la duración de la misma.
¿Qué hago si no he recibido la prestación del SEPE?
Cerca de cuatro millones de trabajadores fueron afectados por un ERTE y se ha producido una demora del pago de la prestación para un gran número debido al colapso en el SEPE.
Los que se encuentren en situación de impago por parte del SEPE pueden reclamar su prestación. En primer lugar, el trabajador deberá realizar una declaración formal a la empresa. En la declaración, que podrá enviar por e-mail, debe informar de que no ha recibido la prestación. La empresa que ha realizado el ERTE debe tener constancia del retraso en el pago a sus trabajadores.
Después de informar a la empresa, debe presentar una declaración administrativa.
En cuanto a la declaración administrativa: si se trata de una resolución del SEPE en la que deniegan la prestación al trabajador, o no estamos de acuerdo con la cuantía aprobada, debemos presentar una reclamación previa ante el propio SEPE dentro de los 30 días hábiles siguientes a la resolución.
Si después de presentar esta declaración no recibiera la prestación podrá presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.
La reclamación puede realizarse por correo certificado o telemáticamente. Si en un plazo de 45 días hábiles desde la presentación de nuestra reclamación previa el SEPE no contesta nuestra solicitud, podemos presentar demanda ante los Juzgados de lo Social en un plazo de 30 días hábiles. El mismo plazo de 30 días es aplicable en caso de que obtengamos una resolución expresa desfavorable.
La administración cuenta con un plazo de 6 meses para resolver, en caso de no hacerlo se entenderá desestimada por silencio administrativo. A partir de este momento puede realizar una demanda judicial.
Para presentar demandas ante los Juzgados de lo Social contra el SEPE, no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador siempre que estemos en primera instancia. Aunque se recomienda contar con los servicios de la asesoría laboral del SAT ASESORIA LABORAL GRATUITA cuya gratuidad es para información y consultas para los no afiliados y de mucho mayor amplitud de servicios para las personas trabajadoras afiliadas al sindicato.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Motril – Costa Tropical y la sección sindical de personal laboral del Ayuntamiento motrileño, quieren manifestar su profundo rechazo a causa de las sanciones que desde el consistorio se quiere aplicar a cuatro trabajadores municipales por verter críticas a la gestión municipal.
El Ayuntamiento ha abierto expedientes disciplinarios a dos trabajadoras de limpieza por criticar la falta de material de equipos de protección contra el coronavirus por redes sociales. En los expedientes disciplinarios el Ayuntamiento indica que las publicaciones de Facebook de los empleados pueden «ser constitutivos de una falta disciplinaria, máxime cuando el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo por garantizar la seguridad de sus trabajadores».
Además, el Consistorio ha abierto otros dos expedientes a conserjes que custodiaban el pabellón de deportes ,cuando era refugio para las personas sin techo, por criticar la decisión en grupos o perfiles públicos de la misma red social.
Desde el SAT de Motril y la sección sindical, consideramos que el derecho a la libertad de expresión otorga a la personas el poder de expresar ideas y opiniones libremente, siempre que se haga de forma respetuosa con los límites constitucionales y que este derecho no se pierde cuando los trabajadores comenzamos nuestra jornada laboral.
También queremos poner en conocimiento de la opinión pública que las lógicas y fundadas quejas de estos cuatro trabajadores (dos mujeres y dos hombres) se produjeron después de ser desatendidas por los responsables municipales.
Desde el SAT estimamos que se ha producido una injustificada limitación del derecho de nuestros compañeros a la libertad de expresión y que un derecho fundamental, no puede conculcarse ante un supuesto «deber de lealtad» a la empresa que no se ajusta al sistema constitucional de relaciones laborales.
Por lo dicho, exigimos la inmediata retirada de los cuatro expedientes disciplinarios y que el Ayuntamiento dote de medios y EPIs (equipos de protección individual) a sus trabajadores y trabajadoras y contemple medidas de amparo hacia las personas sin techo que se cobijaban en el pabellón.
La decisión de abrir expedientes disciplinarios a cuatro trabajadores en momentos de emergencia como este pone en evidencia la actitud de la alcaldesa de Motril que acude a las medidas represoras para acallar las críticas a su muy mejorable gestión, críticas que parten de empleados públicos que están dando la cara y actuando con una entrega encomiable para contener la pandemia.
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT)
orque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social.
Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras - Granada 
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