La Ayuda a Domicilio en Granada en situación crítica.

Por: Blanca Yaya Luna.

Trabajadora de ARQUISOCIAL S.L

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CARTA ABIERTA AL SR. ALCALDE DE GRANADA.

LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE GRANADA ESTAMOS EN LUCHA

Sr. Francisco Cuenca, alcalde de Granada, mediante este escrito me dirijo a usted para ponerle al corriente de una realidad vergonzosa: la realidad, las penurias y las dificultades que sufrimos a diario las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Tenga usted de cuenta que no soy una voz aislada, yo soy Blanca, Angustias, Ana o Raquel, soy una de esas trabajadoras que se desplaza y madruga a diario para, desde los barrios de Granada o desde uno de los pueblos de la Vega, incorporarse a su puesto de trabajo y desempeñar sus funciones como trabajadora profesional del SAD y, en mi caso/nuestro caso concreto, a través de una empresa externa al Ayuntamiento: ARQUISOCIAL S.L.

Somos cerca de 1000 profesionales de la Ayuda a Domicilio los que prestamos nuestro servicio desde esta empresa y en nuestras manos (y sobre nuestras quebradas espaldas) recae la responsabilidad de atender diariamente a las decenas de miles de dependientes que necesitan de nuestros servicios. Hace ya muchos años que el Ayuntamiento de Granada declinó la responsabilidad política, social y humana de atender directamente a estos miles de ciudadanos, en su mayor parte jubilados, pensionistas y personas mayores, nuestros mayores. Esta renuncia expresa del Ayuntamiento de Granada a prestar directamente este servicio fundamental para la comunidad y el bienestar de los usuarios ya se concretó hace años para entregarse a manos de la empresa privada y varias de ellas han sido las que han ido subcontratando este servicio fundamental. Y, así, lo recalcamos: un servicio fundamental puesto a que nosotras trabajamos en un sector desde el que se pretende cubrir un derecho fundamental de las personas: el de ser atendidas por el Estado y ver cubierta una parte de sus necesidades esenciales cuando la enfermedad, la exclusión social o el reloj inexorable del paso del tiempo les hace ser dependientes.

Es por ello, que los dependientes y las trabajadoras y trabajadores que les aportamos este servicio esencial hace ya mucho tiempo nos vimos doblemente excluidos y abandonados desde el consistorio granadino, un organismo dependiente y que conforma una parte del Estado Español, ese mismo estado que en el artículo 1,1 de la Constitución de 1978 nos indica que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.«.

Y, mientras que las grandes empresas transnacionales se apropian de los operadores del sector, ocupan para su lucro el espacio del SAD y se frotan las manos ante el millonario negocio que significa la gestión de unos Servicios Públicos que nuestros gobernantes -como usted, Sr. Cuenca- declinan gestionar directamente, somos los trabajadores y los usuarios a los que atendemos y, a la postre, la Sociedad en su conjunto, quienes pagamos las consecuencias.

Los trabajadores y trabajadoras del SAD somos profesionales del sector sociosanitario y nuestros servicios son y han sido considerados como esenciales, sin ir más lejos durante la última pandemia, en cuyo tiempo tuvimos que trabajar sin los Equipos de Protección Individual (EPI) apropiados, de la misma manera que, en la actualidad, somos muchos de los empleados del SAD que debemos llevar desde nuestras casas a las de los usuarios, bolsas de basura, papel higiénico, etc. Así que, nuestra precariedad laboral es doble: por un lado, nos vemos remunerados con salarios de miseria con los que es imposible mantener una familia; por otros, nos vemos obligados a lidiar cotidianamente con una precariedad vergonzante en cuanto a los medios.

Con un salario base de promedio en Granada de 984,65 € somos muchas las que echamos cuentas y vemos que el coste que impone trabajar en ARQUISOCIAL rebaja todavía más nuestros sueldos llevándonos a la indigencia, y es que los trabajadores del SAD somos trabajadores pobres, un fenómeno tan actual como cada vez más patente y por el cual, trabajadoras con nuestro empleo y plena dedicación a la empresa nos vemos diariamente sometidos por la realidad de no poder llegar a fin de mes.

No solo nuestro salario e miserable, sino que, además, debemos arrostrar una serie de gastos y tiempo de trabajo que ni se nos compensa ni se nos paga. A saber: la gasolina o el dinero invertido en el transporte público, el almuerzo diario, el tiempo de desplazamiento entre domicilios de usuarios, etc.

En la actualidad, las trabajadoras del SAD en Andalucía, debemos contender con dos lacras fundamentales, si bien existen muchas otras: estas son, la absoluta imposibilidad de sobrevivir decentemente con lo que se nos paga y la precariedad laboral a la que esto nos conduce. Con una patronal del sector que se niega en banda a repercutirnos el desmesurado incremento que ha sufrido el Índice de Precios al Consumo (IPC), prácticamente hemos visto «desaparecer», devorada por la inflación, una de nuestras pagas anuales. Con unas administraciones públicas andaluzas que parecen tener un nulo interés en el asunto ( léase gobierno de Andalucía y Ayuntamientos), pero que debieran ser los garantes en la prestación de un servicio público y de calidad que respete nuestros derechos como trabajadoras, nuestra y asegure la propia prestación del mismo, no nos cabe otra que dirigirnos a usted para que, desde su posición privilegiada, nos aporte una solución que, indefectiblemente, debe apoyarse en un compromiso claro, permanente y real para que el SAD, sus trabajadores y el propio servicio se apuntalen desde los pilares sólidos que, como poco, exige la Ley de Contratación Pública, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Esos pilares son los que pueden asegurar la equidad y la Justicia Social de la que tanto carecemos hoy en día, que se nos niegan en la práctica por mor de unas carencias socioeconómicas vergonzantes y que conculcan la Carta Magna que regula nuestro ordenamiento jurídico: La Constitución Española. La existencia de tales carencias socioeconómicas, vienen generadas por la negación, el incumplimiento o el falseamiento de nuestra Constitución, es decir, por la negación y violación de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Estamos muy cansadas, muy empobrecidas, muy desencantadas con un Ayuntamiento que ni se involucra ni aporta ninguna solución a los problemas padecidos en nuestro sector y esto mismo vale para el gobierno autónomo que padecemos y que nos condena a malvivir. Las trabajadoras de Granada y, por ende, las trabajadoras del SAD de Andalucía estamos a la cola en cuanto a salarios y derechos entre las diversas nacionalidades y comunidades autónomas que componen el Estado Español. Hace unos pocos días, la propia Junta publicaba en su web, a socaire de la implementación del Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, que «para preservar los servicios de ayuda a domicilio para las personas dependientes y mantener el empleo en este nicho laboral…( )» y es, a causa de esa misma consideración como «nicho» de nuestro trabajo esencial e indispensable para trabajadores y usuarios por lo que – nosotras entendemos – no se arbitran las tan necesarias y sencillas soluciones que deben de terminar con la ominosa situación que padecemos.

Ya le indicábamos más arriba que nos dirigíamos a usted Sr. alcalde y nos dirigiremos por todos los medios a nuestro alcance y, primordialmente, desde la lucha en la calle, explicando a los ciudadanos, a los usuarios y a todo aquel que quiera escucharnos que entre políticos y empresas multinacionales están clavando el rejón de muerte para un Servicio de Ayuda a Domicilio que es indispensable para el aseguramiento de una vida de nuestros dependientes y de un trabajo acorde a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras que, hasta ahora, se nos niega.

Blanca Yaya Luna

DNI.78109113 D