Categoría: Andalucía

Nueva normalidad, vieja explotación.

Nueva normalidad, vieja explotación.

Antonio J.Gil Cunquero.

Sector Nacional de Hostelería del SAT

Este mes de mayo la actualidad informativa nos ha dejado tres noticias destacadas en relación al mundo del trabajo, unas más importantes que otras, aunque el ruido mediático se dio en relación inversamente proporcional a esta importancia.

Por un lado tenemos dos de ellas: la firma del «Acuerdo Social en Defensa del Empleo», del que no nos extenderemos aquí más ya que desde el sindicato se ha elaborado un artículo al respecto1, y la publicación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Muy brevemente, pues el asunto del artículo es otro, hay que señalar algo con respecto a este real decreto: supone una victoria para las posiciones de la patronal ya que, en su disposición adicional sexta, posibilita que en las empresas con alta variabilidad o estacionalidad del empleo y en aquellas que concurra riesgo de concurso de acreedores (de quiebra, vamos) no existirá obligación de mantener el empleo. Esto puede suponer, para el sector de la hostelería y el turismo, la salida en dirección a la cola del paro a numerosas trabajadoras y trabajadores.

Por otro lado, la tercera noticia: el ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificó al sector turístico como «estacional, precario y de bajo valor añadido». Es decir, dijo algo obvio, lo que motivó la petición de rectificación o dimisión de la Mesa del Turismo -que agrupa a unos cincuenta profesionales del sector y miembros de la patronal-. Por supuesto, ni cuestionamos la veracidad de sus palabras (ya conocemos el sector), ni consideramos que su declaración per se atente contra las y los trabajadores del sector, pero nadie podrá negar la pasividad del ministro en particular y del gobierno en general para erradicar la situación precaria que se viene sufriendo desde años en el sector del turismo y de la que son plenamente conscientes.

Pero sucede que la patronal es perfectamente consciente del recrudecimiento de la lucha de clases, y sabe salvaguardar sus intereses y mantener en la línea que a ella conviene a los gobiernos de turno. Más o menos a la par que Garzón, a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, por hacer otra obviedad, ordenar que las inspecciones de Trabajo velen por el cumplimiento de las condiciones laborales, en este caso en el campo (sector donde semana sí, semana también, encontramos casos de abusos de todo tipo y pelaje), la patronal agrícola también este mes le pide la cabeza.

Con respecto a la cuestión del turismo, y ya vamos entrando en la materia del artículo, muchas voces (léase voceros) salieron en defensa del sector (léase de la patronal del mismo): Juanma Moreno, presidente andaluz, presidentes de diputaciones provinciales… La cantinela es siempre la misma, el sector es muy importante para la comunidad y aporta «progreso». Lo que no está claro es para qué clase, si la trabajadora u otra.


Vivimos tiempos difíciles, en los que la lucha de clases nos deja tan a la defensiva que señalar lo obvio es motivo de ataque. No está en nuestro ánimo salir en defensa del ministro de Consumo (señalaremos rápidamente que la subida de precios en la cesta básica de alimentos es algo que entra dentro del campo de su ministerio. La campaña contra el juego se comenta sola, para muestra el botón de la línea de la revista digital de la patronal del Juego, https://www.azarplus.com/, bastante complacida con el mismo) ni de la ministra de Trabajo (hemos señalado arriba un gol que la patronal ha colado en la negociación al ministerio y a las centrales sindicales CCOO y UGT).

Eso sí, saludamos que gracias a estas noticias se ponga el foco en el sector. Nunca está de más relatar la situación de un sector, el turístico (y no hablamos del campo porque no es objeto de este artículo, pero podríamos estar largo rato), en el cual la precariedad y la estacionalidad son la norma. Por más mentiras que escuchemos al respecto, más o menos «documentadas». En el Granada Hoy del 17 de mayo, podemos leer en la columna «El balcón» de Ignacio Martínez (@imartinezcano en Twitter, síganlo para más chorradas) que, citamos:

«[…] el sector servicios aporta mucho más valor añadido que la industria, convirtiendo recursos en productos, sin tener en bastantes casos que comprar materias primas. Y precariedad o temporalidad son conceptos aplicables a otros sectores u otros países.»

Luego, en la citada red social, insistía en esa idea: turismo como motor económico, sector servicios como generador de mayor valor añadido que la industria.

Por falta de espacio, no vamos a entrar en la cuestión de la generación de mayor o menor valor añadido que la industria (aunque adelantamos que discrepamos profundamente de esa afirmación).

Respecto a la estacionalidad, podemos decir que en Andalucía la tasa de temporalidad2 no ha bajado del 45% en el periodo 2015-2018, en el que hubo una recuperación de la economía posterior a la crisis de 2008. Es por cierto, en estos cuatro años, que se produce la tasa de temporalidad más elevada de todo el periodo 2008-2018. Señal de que el crecimiento del empleo en este sector tiene su base en la estacionalidad del mismo, y en la vinculación a la demanda.


Y además de estacional, precario, y en fraude de ley, y… Sólo en nuestra provincia, unas 23.000 mujeres y hombres trabajan en el sector turístico. Calculamos que unos 19.500 de estos contratos están realizados en fraude de ley, y estaría por otra parte la cifra (incierta) de personas trabajando sin contrato. Todo esto se traduce en menores cotizaciones a la Seguridad Social, y en una pérdida para las arcas públicas que en otro artículo3 ciframos en unos 47.000.000 de € al año. Para 2018 un total de 399.200 personas se ocuparon en Andalucía en la industria turística. Hagan cuentas: una regla de tres da algo más de 800.000.000 millones de euros. Ochocientos. Millones. Sólo en Andalucía. Aparte de nuestra tierra, hay más lugares donde el turismo está «generando» riqueza.

Podríamos estar así largo rato. Tampoco es necesario. Quienes trabajamos mayormente sobrevivimos en este sector sabemos perfectamente cuáles son las condiciones. Y cualquiera con dos dedos de frente y un mínimo de conciencia social.

Ante un horizonte de horas extra sin cobrar, de horas sin cotizar (la Nueva Normalidad se parece mucho a la de toda la vida), y de previsión de bajadas salariales, podemos preguntarnos, ¿es el turismo 1) una fuente de riqueza o 2) un caldo de cultivo para la pobreza? La respuesta está en función del punto de vista (de clase) que adoptemos: para la patronal del sector es lo primero, y pretenden con uñas y dientes que siga siendo así, a costa de los y las trabajadoras. En nuestra mano, en nuestra organización para afrontar los ataques que vienen y organizar la ofensiva por nuestros derechos, está evitar lo segundo.

1 https://satgranada.wordpress.com/2020/05/13/otro-pacto-social-en-plena-crisis-el-acuerdo-social-en-defensa-del-empleo/

2 el porcentaje de población ocupada con un contrato temporal entre el total de población ocupada

3 https://kaosenlared.net/cual-es-la-rentabilidad-real-de-la-industria-de-la-hosteleria/

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ingreso Mínimo Vital: llega otro subsidio, no la Justicia Social.

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital ( https://satgranada.wordpress.com/ingreso-minimo-vital-guia/ ). El Gobierno ha aprobado esta medida en el Consejo de Ministros del viernes 29 de mayo, una iniciativa que se anunciaba como algo que pondría coto a las situaciones de “pobreza extrema en España” y que podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que el 30% son menores de edad. Además, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.

GUÍA DE FACILITACIÓN DE ACCESO A LAS MEDIDAS
 

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

El subsidio (hasta su definitiva publicación en el BOE, lo explicamos a continuación y siempre según fuentes del propio Gobierno) y, aunque muchos dirán que lo criticamos todo y que nada nos parece bien, lo cierto es que la cuantía aprobada y su concesión no cumple ni de lejos las promesas hechas y las esperanzas que muchos trabajadores y trabajadoras tenía depositados en esta medida y que podría haber contribuido a la aplicación de una mayor Justicia Social, cosa que, finalmente, no ha ocurrido.

La idea es que, con la medida, se asegure a todos los hogares una renta mínima que de media llegue a los 10.070 euros. En este sentido, la expectativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que el IMV medio anual que permita llegar a esa cantidad sea de 4.400 euros.

De esta manera, el IMV complementará las rentas de cualquier tipo que tenga un hogar hasta determinado umbral de ingresos, que dependerá del número de miembros y de la tipología de dicho hogar. En cualquier caso, estas rentas que saldrán de la aplicación del subsido, son bastante magras y difícilmente pueden ayudar a una familia a vivr dignamente en las zonas urbanas con precios de alquileres, servicos, etc, absolutamente disparatados e inaccesibles.

Cuantías por hogar

El Gobierno ha identificado hasta 14 tipos de hogares, cada uno con su propio umbral de ingresos mínimo. El umbral más bajo que se tendrá que asegurar, que es el corresponde a un solo adulto, es de unos 5.538 euros anuales, unos 460 euros al mes. Mientras, el máximo que se podrá percibir a través de esta prestación será lo correspondiente a hogares con cuatro adultos y un niño, con 12.184 euros, unos 1.015 al mes.

Al ser un nuevo derecho subjetivo, podrán ser titulares de la prestación todas las personas de entre 23 y 65 años (a partir de 18 si se tienen hijos) con un año o más de residencia legal y efectiva en España. Además, tienen que demostrar su vulnerabilidad: sus rentas de 2019 tienen que ser inferiores a los que garantiza el IMV, aunque en determinados casos se podrá recurrir a las de 2020. https://www.epdata.es/embed/8e15ef9f-bbc1-495d-bd78-24cb10af0552/450

En cualquier caso, en este cómputo no se tendrá en cuenta las rentas de inserción de las comunidades autónomas, que irán aparte. En este sentido, se entiende que el IMV fijará un “suelo común para los hogares” que cumplan los requisitos y las regiones podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.

Los hogares receptores también se tendrán que someter a un test de patrimonio en el que no se incluye la vivienda habitual. Eso sí, el patrimonio de una familia tendrá que ser inferior al triple de la renta que le garantice el IMC para poder recibir la prestación.

De esta manera, para la prestación más baja el patrimonio neto no podrá superar los 16.614 euros, mientras que en el caso de la prestación más alta tendrá que ser inferior a los 43.100 euros.

Solicitud

Durante el mes de junio, la Seguridad Social actuará de oficio y se estima que otorgará a 100.000 hogares sin que tengan que pedirlo. Las solicitudes se comenzarán a tramitar a partir del 15 de junio, con efectos retroactivos desde el 1 de junio, una condición que se mantendrá hasta mediados de septiembre.

Esta solicitudes se podrán hacer sin necesidad de acudir a centros físicos de las Administraciones Públicas. Se podrá tramitar a través de la web de la Seguridad Social o enviando la documentación  por correo ordinario. Habrá un teléfono 900 para informar a los interesados, que contarán con un asistente virtual y un simulador en la citada web.Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

Sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

En cualquier caso, la Seguridad Social cuenta con que el IMV se gestione también a través de ayuntamientos, una vez se firmen convenios previstos.

Obligaciones

El IMV también comporta ciertas obligaciones para los beneficiados. Si no tienen empleo, se deberán inscribir como demandantes de empleo.

Con todo, cuando encuentren trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación para incentivar la búsqueda de empleo. De esta manera, el Gobierno quiere evitar lo que los especialistas llaman la trampa de la pobreza: aceptar un empleo o tener prestación. 

Cantidades del Ingreso Mínimo VitalDescarga

En el caso de los hogares que trabajan, el objetivo de las políticas que acompañan al IMV es aumentar el número de horas trabajadas y que pasen a empleos mejor remunerados. Igual que en el caso anterior, solo habrá una ‘pérdida’ parcial de IMV para los beneficiarios si mejorar su situación laboral. De esta manera, “por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior”.

Para que esta estrategia de incentivos a la búsqueda del empleo tenga éxito, se quiere contar con el sector privado al que se le ofrecerá incentivos a la contratación de beneficiarios de la prestación y la creación de un sello social para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del IMV.

La expectativa del Gobierno es que el impacto presupuestario anual del IMV sea de unos 3.000 millones de euros, si se cumple el objetivo de llegar a los 850.000 hogares.

Por otro lado, cabe recordar que aunque la gestión del IMV va a ser cosa de la Seguridad Social, hay una excepción: País Vasco y Navarra. Las comunidades  forales autogestionarán su propia prestación y sus umbrales debido a las especificidades fiscales y tributarias de las comunidades forales, según ha explicado el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

¡ Contra la intolerancia y las agresiones fascistas!

Nuestro compañero Javi Cuesta que, junto a su familia, ha sufrido una agresión fascista con el allanamiento de su casa.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos denunciar:

1-Denunciar las agresiones fascistas como las que ha sufrido el compañero Javi Cuesta en su casa o un sindicalista de la UGT en Malaga, a lo que se suma que en la manifestación permitida a VOX se hizo apología del fascismo, se profieren gritos homófobos y en algunas de estas se agredió a periodistas.

En Granada esta impunidad no es nueva desde el SAT y más de 20 colectivos sociales solicitamos a la subdelegada de Gobierno hace más de seis meses información sobre qué medidas se habían tomado contra los grupos de ultraderecha que atacaron la mezquita de Granada o se contramanifestaron contra un acto convocado por movimientos sociales a favor del derecho a decidir sin tener a día de hoy respuesta de la misma, también se le solicito información sobre porque a nuestro sindicato y diferentes movimientos sociales como Stop Desahucios habían sido multados por hacer concentraciones de menos de 20 personas sin contar tampoco respuesta por parte de la subdelegada M. Inmaculada López Calahorro

2-La prohibición desde la subdelegación de gobierno de movilizaciones como las que realizábamos los viernes por la readmisión de nuestra compañera Vanesa donde éramos menos de 20 personas y podíamos cumplir las medidas de seguridad, mientras se ha permitido concentraciones ilegales de la ultraderecha en Puerta Real que no cumplía ni la comunicación a la subdelegación de gobierno ni las medidas de seguridad indicadas por los expertos.

3-Denunciar los abusos policiales durante la pandemia.

Nos consta a este sindicato de actuaciones policiales que se han saltado la ley alguna de ellas han sido grabadas en video como las cargas a chavales que llevaban carteles contra la manifestación de la ultraderecha el sábado o las identificaciones y multas a un grupo de personas que protesto contra la concentración ilegal que se produce todos los días en Puerta Real.

Ante este panorama hacemos un llamamiento a las personas que han sufrido abusos policiales o amenazas de la extrema derecha a organizarse y denunciar. Llamamos también a la dimisión de la subdelegada del gobierno M. Inmaculada López Calahorro por su persecución a los movimientos sociales y su permisividad ante los grupos de ultraderecha y los abusos policiales.

SAT Granada.

Unión Territorial.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DEL COVID-19 SOMOS LAS MUJERES TRABAJADORAS.

Hace años que venimos denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras la discriminación por cuestión de género en el mercado laboral.

Este es un problema que viene afectando a las mujeres trabajadoras y que hoy, se ve acentuado por la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Así nos lo revelan los alarmantes datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una tasa de empleo de las mujeres que se distancia de la de los hombres en 11,07 puntos porcentuales, con una tasa de paro de mujeres trabajadoras que supera en 3,5 puntos a la masculina mientras que la tasa de actividad está 10,6 puntos por debajo de la de los hombres.

Si nos ceñimos a los datos estadísticos, resultaría que casi un 47% de mujeres en edad de trabajar permanecen inactivas, porcentaje muy por encima al de los hombres. Pero, ¿engloban estas cifras a las mujeres que trabajan en economía sumergida?

Pundefinedorque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social.

Limpiadoras, camareras, cocineras, empleadas del hogar, jornaleras, fregantinas… mujeres que trabajan en negro, o con contratos fraudulentos cotizando muchas menos horas de las que trabajan y, que cuando pierden sus empleos debido a la pandemia desatada por el Covid-19, se quedan o bien sin ningún tipo de ingreso o con una miserable prestación.

Tampoco podemos olvidar en esta lista de mujeres “inactivas” a todas aquellas mujeres cuya actividad se centra en los cuidados del hogar y de sus familiares.

Entre los sectores más afectados por esta crisis, se sitúa a la cabeza el sector servicios que casualmente o no, es un sector muy feminizado. Tan solo en este sector se concentra un 97% de la pérdida de puestos de trabajo, siendo un 48,42% mujeres.

Pero no ha sido este el único sector feminizado que ha sufrido el impacto económico de la crisis sanitaria, destaca también el sector de servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas) y otros sectores donde la presencia femenina supera el 67% de los empleos.

Que la tasa de desempleo femenino haya aumentado en los últimos meses hasta superar el 56% con una tendencia a la alza no es sino una correlación que viene determinada por el hecho de que somos las mujeres quienes sufrimos peores condiciones en el mercado laboral: contratos a tiempo parcial y/o temporales, por circunstancias de la producción…

Trabajos precarios, peor remunerados y que se caracterizan por la inseguridad laboral recaen fundamentalmente en las mujeres que hoy engloban las listas del paro o que han quedado en una situación de vulnerabilidad, de hambre y necesidad, sin ningún tipo de cobertura social al trabajar en economía sumergida.

Si bien es cierto que la pérdida de empleo ha afectado a la clase trabajadora en general, también lo es que no debemos olvidar las desigualdades implícitas en el actual sistema económico que discriminan a la mujer en el ámbito laboral (entre otros). Como tampoco podemos obviar que la creación de empleo no atiende a una política de igualdad entre hombres y mujeres, siendo nosotras, las trabajadoras las que más dificultades tenemos a la hora de incorporarnos al mercado laboral.

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del covid-19 están siendo devastadoras para nosotras. Ya no solo perdemos nuestro empleo remunerado, sino que además el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres nos ha desbordado con el cierre de las escuelas y la atención a nuestros mayores en tiempos tan delicados para su salud y su bienestar. Un trabajo invisibilizado en condiciones cuasi esclavas que sin embargo es vital para el desarrollo de la economía.

Esta “nueva normalidad” es un atentado contra nuestros derechos y una negación de nuestras oportunidades para desarrollarnos en igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como personal.

No solo nos hemos convertido en víctimas quienes hemos perdido nuestros puestos de trabajo o quienes nos hemos visto afectadas por un ERTE o por la reducción de jornada, también han condenado a las trabajadoras de las empresas que han optado masivamente por la modalidad del teletrabajo

Es insostenible la sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres que tienen que compatibilizar teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia con las escuelas y los centros de día cerrados si no existe corresponsabilidad en los hogares o, si esta situación se da en hogares monoparentales (con un 82% de mujeres). Y es importante señalar, que la falta de responsabilidad compartida en el núcleo familiar es producto de una educación y una cultura que difícilmente vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y no debemos olvidar que esta cultura patriarcal ha sido alimentada por el propio sistema capitalista para explotar doblemente a la mujer, en su papel productivo, reproductivo y de cuidados.

Será pues, el propio sistema el que nos condene a las tareas del hogar para soportar su crisis económica y solo nos rescatará cuando necesite mano de obra barata.

No obstante, desde el Sindicato Andaluz de trabajadores y trabajadoras, creemos que la situación de la modalidad del teletrabajo no pasa exclusivamente por la corresponsabilidad, sino por una regularización de este sistema de trabajo: estableciendo mecanismos de control horario, de jornadas, calendario laboral, desconexión digital segura…y por supuesto, regularizando desde una perspectiva de género para que las mujeres podamos compatibilizar nuestros empleos con la vida, en general.

En este escenario de retroceso en los derechos y en la igualdad plena y efectiva de la mujer, hoy más que nunca se hace necesaria la lucha organizada donde las mujeres tengamos un papel protagonista.

La compañera despedida Vanesa Sánchez en un acto reivindicativo.

Y se hace necesario establecer lazos de solidaridad con las compañeras que luchan por nuestros derechos, como es el caso de nuestra compañera Vanesa, delegada sindical en el sector de la limpieza que fue despedida por defender los derechos de las trabajadoras en un sector altamente feminizado y por ende, precarizado. Una mujer trabajadora, madre de dos hijas que se enfrenta a las empresas RYDALCA, VERDIBLANCA y a la propia Junta de Andalucía, para defender su puesto de trabajo y dar dignidad a un sector en el que las mujeres no pueden ser sustituidas como fregonas ni se pueden barrer sus derechos.

En este contexto de crisis y de expolio a los derechos de las mujeres, que Vanesa recupere su puesto de trabajo y sus derechos es una batalla ganada en la guerra contra el sistema patriarcal y los gestores del capitalismo hacia nuestra igualdad.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

23 de mayo, 20’00 horas. Concentración en la plaza del Carmen.

Este 23 de mayo, a las 20 horas en la Plaza del Carmen de Granada, salimos a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras,

PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).


PARA QUE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES NO TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

…POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

La clase trabajadora, ya especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis de 2008, se ve doblemente golpeada con la llegada de la pandemia COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado casi 1.200.000 de nuevos desempleados, superando el total de 3.8 millones trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Es, por estos motivos y otros de similar importancia, por lo que las organizaciones firmantes – sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales – realizamos la primera concentración con respeto a legalidad vigente que se convoca desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, no sin hacer constar nuestra protesta ante la conculcación de derechos civiles y sociales promovida por el Estado Español contra las organizaciones obreras que han sido tratadas con distinto rasero al de otras de marcado carácter antidemocrático.

Por todo ello convocamos a la ciudadanía y a la opinión pública a secundar y a hacerse eco de nuestra protesta que comprende, como ideas-fuerza:

– Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

– Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

– Ni una persona dependiente desprotegida

– Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

– Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

– Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

– Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo

– Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

– No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el rescate bancario.

– Los miles de millones de beneficios al año de las empresas del IBEX 35 deben asumir los sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

– Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

USTEA – Educación, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Asamblea Interprofesional de Granada, Defender Granada, IZAR, Nación Andaluza y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA-PCPE).




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    23Mayo(2)Descarga

    Y si el SEPE no me paga mi prestación ¿Qué hago?

    Y si el SEPE no me paga mi prestación ¿Qué hago?

    Ministra de Trabajo
    Esta, de rojo, el vestido nada más.

    Muchos trabajadores y trabajadoras afectados por un  ERTE están teniendo problemas para cobrar la prestación.  A otros se les demoran las prestaciones que deben recibir por otros conceptos ¿Qué hago si no he recibido las prestaciones que me corresponden del SEPE? Aquí tenéis cómo proceder.

    ¿CÓMO SÉ SI MI SOLICITUD DE PRESTACIONES ESTÁ APROBADA O DENEGADA?

    Presentada la solicitud de prestaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está obligado a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla a la persona interesada. Una vez sea resuelta tu solicitud de prestaciones, recibirás en tu domicilio o en el que hayas facilitado para las notificaciones, la resolución del SEPE comunicándote si tu solicitud ha sido aprobada o denegada, indicándote los motivos en este último caso.
    No obstante, en cualquier momento, podrás informarte sobre el estado de tramitación de uu expediente:
    En la página Web del SEPE (si dispones de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.
    En el servicio de atención telefónica a la ciudadanía Granada 958 900 598 y en el resto de provincias consulta aquí ).
    En la oficina de prestaciones en la que presentaste tu solicitud, previa petición de cita (por teléfono o en la Web del SEPE).
    Si transcurridos tres meses desde la fecha de presentación de su solicitud, no has recibido la resolución, se podrá entender que te ha sido denegada por silencio administrativo. En este caso, podrás presentar una reclamación previa a la vía judicial. (Fuente: SEPE  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/comunicaciones-resoluciones-reclamaciones/informacion-aprobacion-denegacion-solicitud.html ).

    Chica sin pasta

    Cómo sabré si cobraré

    Aunque muchos sí que han cobrado su prestación, cerca de uno de cada cuatro trabajadores   todavía no lo han hecho y por lo tanto pueden consultar si su ERTE ha sido aprobado o no. Para hacer esta consulta se debe entrar en la sede del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE).

    En la pestaña de procedimientos y servicios aparecerá un desplegable en el que hay que seleccionar el apartado «Personas».

    Deberás seleccionar el apartado «Consulte los datos y recibo de su prestación» y pinchar en «Datos de contraste».

    Una vez dentro se debe introducir el DNI, las 10 últimas posiciones de la cuenta bancaria y el número de teléfono. En el caso de que la prestación ya esté reconocida aparecerá la cuantía y la duración de la misma.

    ¿Qué hago si no he recibido la prestación del SEPE?

    Cerca de cuatro millones de trabajadores fueron afectados por un ERTE y se  ha producido una demora del pago de la prestación para un gran número debido al colapso en el SEPE.

    Los que se encuentren en situación de impago por parte del SEPE pueden reclamar su prestación. En primer lugar, el trabajador deberá realizar una declaración formal a la empresa. En la declaración, que podrá enviar por e-mail, debe informar de que no ha recibido la prestación. La empresa que ha realizado el ERTE debe tener constancia del retraso en el pago a sus trabajadores.

    Después de informar a la empresa, debe presentar una declaración administrativa.

    En cuanto a la declaración administrativa: si se trata de una resolución del SEPE en la que deniegan la prestación al trabajador, o no estamos de acuerdo con la cuantía aprobada, debemos presentar una reclamación previa ante el propio SEPE dentro de los 30 días hábiles siguientes a la resolución.

    Si después de presentar esta declaración no recibiera la prestación podrá presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

    La reclamación puede realizarse por correo certificado o telemáticamente. Si en un plazo de 45 días hábiles desde la presentación de nuestra reclamación previa el SEPE no contesta nuestra solicitud, podemos presentar demanda ante los Juzgados de lo Social en un plazo de 30 días hábiles. El mismo plazo de 30 días es aplicable en caso de que obtengamos una resolución expresa desfavorable.

    La administración cuenta con un plazo de 6 meses para resolver, en caso de no hacerlo se entenderá desestimada por silencio administrativo. A partir de este momento puede realizar una demanda judicial.

    Para presentar demandas ante los Juzgados de lo Social contra el SEPE, no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador siempre que estemos en primera instancia. Aunque se recomienda contar con los servicios de la asesoría laboral del SAT ASESORIA LABORAL GRATUITA cuya gratuidad es para información y consultas para los no afiliados y de mucho mayor amplitud de servicios para las personas trabajadoras afiliadas al sindicato.

    Afiliate

    Humor paro no.

    El SAT de Motril – Costa Tropical ante los expedientes a empleados municipales.

    El SAT de Motril – Costa Tropical ante los expedientes a empleados municipales.

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    Para estos sí hay equipos de protección.

    El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Motril – Costa Tropical y la sección sindical de personal laboral del Ayuntamiento motrileño, quieren manifestar su profundo rechazo a causa de las sanciones que desde el consistorio se quiere aplicar a cuatro trabajadores municipales por verter críticas a la gestión municipal.

    El Ayuntamiento ha abierto expedientes disciplinarios a dos trabajadoras de limpieza por criticar la falta de material de equipos de protección contra el coronavirus por redes sociales. En los expedientes disciplinarios el Ayuntamiento indica que las publicaciones de Facebook de los empleados pueden «ser constitutivos de una falta disciplinaria, máxime cuando el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo por garantizar la seguridad de sus trabajadores».

    Además, el Consistorio ha abierto otros dos expedientes a conserjes que custodiaban el pabellón de deportes ,cuando era refugio para las personas sin techo, por criticar la decisión en grupos o perfiles públicos de la misma red social.

    Desde el SAT de Motril y la sección sindical, consideramos que el derecho a la libertad de expresión otorga a la personas el poder de expresar ideas y opiniones libremente, siempre que se haga de forma respetuosa con los límites constitucionales y que este derecho no se pierde cuando los trabajadores comenzamos nuestra jornada laboral.

    También queremos poner en conocimiento de la opinión pública que las lógicas y fundadas quejas de estos cuatro trabajadores (dos mujeres y dos hombres) se produjeron después de ser desatendidas por los responsables municipales.

    Desde el SAT estimamos que se ha producido una injustificada limitación del derecho de nuestros compañeros a la libertad de expresión y que un derecho fundamental, no puede conculcarse ante un supuesto «deber de lealtad» a la empresa que no se ajusta al sistema constitucional de relaciones laborales.

    Por lo dicho, exigimos la inmediata retirada de los cuatro expedientes disciplinarios y que el Ayuntamiento dote de medios y EPIs (equipos de protección individual) a sus trabajadores y trabajadoras y contemple medidas de amparo hacia las personas sin techo que se cobijaban en el pabellón.

    La decisión de abrir expedientes disciplinarios a cuatro trabajadores en momentos de emergencia como este pone en evidencia la actitud de la alcaldesa de Motril que acude a las medidas represoras para acallar las críticas a su muy mejorable gestión, críticas que parten de empleados públicos que están dando la cara y actuando con una entrega encomiable para contener la pandemia.

     

    Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT)

    Motril – Costa Tropical.

    Secretaría de Prensa e Información.

    (+ Info: 654753602 y 656319784)

    SAT Motril

    Sindicatos, partidos y asociaciones denuncian los hechos acaecidos en un desahucio en Fuente Vaqueros los pasados 8 y 9 de mayo.

    Sindicatos, partidos y asociaciones denuncian los hechos acaecidos en un desahucio en Fuente Vaqueros los pasados 8 y 9 de mayo.

    Los pasados días 8 y 9 de mayo, el alcalde de Fuente Vaqueros José Manuel Molino Alberto se embarcó en intentar desalojar a una familia sin recursos de una vivienda propiedad de una entidad bancaria en la que se habían refugiado al carecer de techo donde cobijarse, sin que para tal actuación mediara sentencia ni orden judicial alguna.

    El martes 12 de mayo, agentes de la Policía Municipal y la Guardia Civil protagonizaron un nuevo intento de desahucio ilegal en Atarfe.

    Para exigir el respeto a los derechos humanos básicos como son el derecho a una vivienda y a unos suministros básicos que la hagan habitable, así como para defender la legalidad vigente respecto y la moratoria de desahucios que se encuentra en vigor y que fue prorrogada con fecha 11 de marzo se publica en el BOE por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, que amplía el plazo y la casuística para poder acogerse a la moratoria, modificando la Ley 1/2013 y la prohibición expresa de lanzamientos durante el periodo de Estado de Alarma en el que estamos inmersos en la actualidad, diversos sindicatos, partidos políticos y asociaciones hemos redactado el presente escrito que os adjuntamos.

    Ante la total conculcación de los más básicos derechos humanos y constitucionales queremos hacer constar que los juramentos o promesas de acatar la Constitución que prestan los cargos públicos electivos están para algo. No vale todo en la gestión pública. Ser elegido democráticamente no es ser elegido para ser dictador o muñidor. Los procedimientos están para algo. El procedimiento y las formas garantizan intereses públicos o de terceros, sin que exista autorización para prescindir de ello bajo la particular interpretación del político de turno, ni menos bajo “cuestiones de estado” ( o mas bien, cuestiones de interés local personal).

    Todo esto lo ponemos en conocimiento de la opinión pública para que sea trasladado a los granadinos y granadinas y, de la misma manera, hacemos saber que el lunes 18 de mayo solicitaremos una reunión formal con la Subdelegada del Gobierno en Granada en la que hacerle llegar nuestra preocupación y determinación en que se acabe con estos abusos que se están produciendo.

    STOP Desahucios

    CONTRA LAS PRÁCTICAS ILEGALES Y MAFIOSAS DE JOSÉ MOLINO ALBERTO, ALCALDE DE FUENTE VAQUEROS.

    Las organizaciones, movimientos sociales, asociaciones, plataformas y partidos políticos abajo firmantes queremos manifestar nuestra absoluta condena y desaprobación a los hechos acontecidos el pasado 8 de mayo en la localidad de Fuente Vaqueros y los cuales fueron protagonizados por José Manuel Molino Alberto, alcalde de la localidad.

    1º.- El pasado 8 de mayo, el alcalde Molino Alberto se embarcó en intentar desalojar a una familia sin recursos de una vivienda propiedad de una entidad bancaria en la que se habían refugiado al carecer de techo donde cobijarse, sin que para tal actuación mediara sentencia ni orden judicial alguna.

    2º.- Para tal efecto movilizó a la Policía Municipal que amenazó y amedrentó a la familia que ocupaba la vivienda y al grupo de compañeros solidarios que los apoyaba.

    3º.- Tras constatar el alcalde y su cuerpo armado que la familia no deponía su actitud, intentó obligar a los operarios municipales a que tapiaran la vivienda con sus habitantes dentro, extremo que fue rechazado por los trabajadores del ayuntamiento que se negaron a hacerlo.

    4º.- Finalmente, por orden del alcalde se procedió a cortar el suministro de agua y luz de la vivienda para dejar a sus moradores sin suministros básicos.

    5º.- Todas estas cacicadas fueron ejecutadas por el alcalde Molino Alberto sin que existiera orden judicial alguna y durante un periodo en que están paralizados y afectados por una moratoria los desahucios.

    6º,. El alcalde Molino ha denunciado a varios de los participantes en el atropello cometido el pasado 8 de mayo.

    Ante la total conculcación de los más básicos derechos humanos y constitucionales queremos hacer constar que los juramentos o promesas de acatar la Constitución que prestan los cargos públicos electivos están para algo. No vale todo en la gestión pública. Ser elegido democráticamente no es ser elegido para ser dictador o muñidor. Los procedimientos están para algo. El procedimiento y las formas garantizan intereses públicos o de terceros, sin que exista autorización para prescindir de ello bajo la particular interpretación del político de turno, ni menos bajo “cuestiones de estado” ( o mas bien, cuestiones de interés local personal).

    Es por ello que reprobamos las actuaciones llevadas a cabo por José Manuel Molina Alberto, que cese en sus actuaciones ilegales y exigimos su dimisión.

    Granada a 17 de mayo 2020.

    Los firmantes:

    Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadores (SAT).

    USTEA. Enseñanza Granada.

    Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR)

    Defender Granada (DG)

    Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

    Granada Abierta.

    Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH – STOP Desahucios 15M.

    Unión Sindical Estudiantil (USE)

    Anticapitalistas

    Jaleo!

    Nación Andaluza (NA)

    #VanesareadmisionYA. CAMPAÑA POR LA READMISIÓN DE VANESA 15 de mayo.

    #VanesareadmisionYA. CAMPAÑA POR LA READMISIÓN DE VANESA 15 de mayo.

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    CAMPAÑA POR LA READMISIÓN DE VANESA Y POR UN TRABAJO CON DERECHOS EN EL SECTOR DE LA LIMPIEZA ✊

    Tras 11 años trabajando como limpiadora en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, nuestra compañera y delegada sindical Vanesa, en la última subrogación, quedó fuera de la misma. Es un claro caso de represión sindical: los patrones prescindieron ilegalmente de la compañera por haber plantado cara a los abusos en un sector altamente precarizado.
    🚨 *Hashtags y cuentas a las que dirigirse PRIORITARIAMENTE* 🚨
     #VanesaReadmisionYA
    @GustavoRodrigCs (Twitter)
    @JuanMarinCs (Facebook) / @JuanMarin_Cs (Twitter)
    1️⃣- Este viernes15  de Mayo seguimos ¡de 12 a 14:00! (si no puedes por trabajo o estudios puedes dejar tu mensaje más tarde)
    *Usa los hashtags*:
    #VanesaReadmisionYA
    #TrabajoDignoEnLimYApieza
    Dirige tus mensajes a:
    Gustavo Adolfo Rodríguez:
    – Twitter: @GustavoRodrigCs
    Juan Marín:
    – Facebook: @JuanMarinCs
    – Twitter: @JuanMarin_Cs
    Vídeos de apoyo (ESTA CAMPAÑA SERA PERMANENTE: PODÉIS MANDAR TODOS LOS VÍDEOS QUE PODÁIS): 

    🎥 Pedimos a todos los colectivos e individualidades que lo deseen que realicen un video de apoyo a Vanesa exigiendo su readmisión y explicando por qué apoyan esta lucha. *¡ Queda menos de un mes para el juicio, es el momento de apretar aún más fuerte !*

    Resistir, persistir..

    #Nopagamosmascrisis La vuelta al trabajo con todos los derechos.

    #Nopagamosmascrisis La vuelta al trabajo con todos los derechos.

    Copia de volvemos al trabajo con todos los derechos

    Resumen del RDL 18/2020 publicado el 13 de mayo en el BOE

    Coronavirus

    Se trata de un Decreto, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, cuya vigencia comienza el mismo día de su publicación, esto es, el 13 de mayo de 2020. Regula cómo serán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde hoy hasta, al menos, el 30 de junio.

    ERTE POR FUERZA MAYOR (ART. 22 REAL DECRETO-LEY 8/2020)

    1.- En empresas que no puedan reanudar su actividad hasta 30 de junio de 2020 continuarán en las mismas condiciones, esto es:

    • Para la empresa. Exoneración de pago del 100% de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados para empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para empresas de 50 trabajadores y más.
    • Para los trabajadores: Acceso a la prestación contributiva por desempleo aunque carezcan del periodo de cotización necesaria, así como que el periodo de suspensión no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.

    2.- En empresas que puedan recuperar parcialmente la actividad hasta el 30 de junio de 2020 se aplicarán las siguientes reglas:

    • La incorporación de las personas trabajadoras afectadas a la actividad la decidirá la empresa en la proporción que necesite.
    • La reducción de cotizaciones se aplicará del siguiente modo para los trabajadores que vuelvan a la actividad:
    • Empresas de menos de 50 trabajadores: a) en mayo la exención será del 85%; y b) en junio del 70%.
    • Empresas de más de 50 trabajadores: a) en mayo la exención será del 60%; y b) en junio del 45%.
    • La reducción de cotizaciones se aplicará del siguiente modo para los trabajadores que permanecen en ERTE:
      • Empresas de menos de 50 trabajadores: a) mayo la exención será del 60%; y b) en junio del 45%.
      • Empresas de más de 50 trabajadores: a) mayo la exención será del 45%; y b) en junio del 30%.

    3.- El Consejo de Ministros podrá aprobar una prórroga más allá del 30 de junio de 2020, también para sectores específicos, tras consultar a la Comisión Tripartita creada en la propia norma con patronal y sindicatos y que se reunirá, como mínimo, el segundo miércoles de cada mes.

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    4.- El compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad sólo se aplicará a las empresas que se hayan acogido a un ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RDLey 8/2020 (y no a otros ERTE), y se empieza a contar desde la reanudación de la actividad (aún cuando esta sea parcial). Las excepciones a esta regla de mantenimiento del empleo son las siguientes y sólo se aplican a las personas trabajadoras afectadas por el ERTE:

    – Extinción por despido disciplinario procedente.

    – Dimisión o baja voluntaria del trabajador.

    – Muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora.

    – Fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

    – Fin de contratos temporales que no estén en fraude de ley.

    Además, a este compromiso del empleo se le aplicarán las siguientes reglas:

    • Se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa aplicable, teniendo en cuenta, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
    • No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.
    • Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social.

    5.- Las empresas que se beneficien de exoneración de cuotas a la Seguridad Social y tengan 50 o más empleados no podrán repartir dividendos en 2020, excepto si devuelven primero esas exoneraciones.

    Resistir, persistir..

    ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS (ART. 23 REAL DECRETO-LEY 8/2020)

    • Se mantiene el procedimiento abreviado del artículo 23. También el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los sindicatos frente a la comisión ad hoc. Sólo desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y hasta 30 de junio de 2020.
    • La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de fuerza mayor.
    • Si un ERTE por causa ETOP se produce tras la finalización de un ERTE por causa de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste.
    • Los ERTES por causas ETOP vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley mantienen su vigencia hasta la fecha prevista en la comunicación final de la empresa.

    Asesoría(1)(1)

    NORMAS QUE SE APLICAN A LOS DOS TIPOS DE ERTE (FUERZA MAYOR Y ETOP)

    • La prestación de desempleo con reposición de prestaciones (contador a cero) y la no exigencia del período de carencia se extiende hasta el 30 de junio.
    • Las prestaciones aprobadas el 22 de abril de 2020 para fijos-discontinuos se mantienen hasta final de año.
    • Las empresas con domicilio en paraísos fiscales no pueden acogerse a ERTES de fuerza mayor regulados en este Real Decreto ley (empresas con ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas tienen prohibida la realización de operaciones directas o indirectas con empresas o personas residentes en paraísos fiscales).
    • Se mantiene, hasta 30 de junio, la prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas.
    • Se mantiene hasta 30 de junio de 2020 la previsión de que la suspensión de los contratos temporales por ERTEs, de fuerza mayor y ETOP vinculados al COVID 19, supondrá la interrupción del cómputo de la duración de estos contratos.

     

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